Desalinización del agua de mar: Alternativa tecnológica para actividad minera en zonas áridas y semi áridas

Una posición respecto al uso del agua por parte de algunas empresas mineras considera que está desbocado, descontrolado y deshumanizado. Refiere que su escasez se debe principalmente a eso y la implementación de las medidas necesarias para que se facilite su acceso es una deuda que estas empresas deberían pagar.

Un estudio difundido recientemente (2009) desarrollado por el Instituto Superior Técnico de la Universidad Técnica de Lisboa (Portugal) en cuencas hidrográficas de Perú (río Chili), Chile (río Elqui) y Bolivia (lago Poopó) - en el marco del proyecto Caminar - determinó que el agua destinada para el uso agrícola representa más del 75% del total del recurso hídrico utilizado por los diferentes sectores.

Los resultados del estudio confirmarían la tendencia en usos del agua a nivel mundial, donde la agricultura representa la actividad que más agua emplea en las cuencas, desmitificando la creencia de que la actividad minera es la que mayor uso hace del recurso hídrico; sin embargo, la actividad minera se encuentra explorando alternativas tecnológicas a fin de mejorar opciones de uso en la gestión del agua para regiones donde se desarrolla la actividad minera en zonas áridas y semi áridas, como las que caracteriza a la costa peruana.

Una de éstas opciones la constituye la práctica de desalinizar el agua de mar que ha funcionado como mecanismo preventivo de conflictos ante la competencia por el uso del agua superficial y subterránea entre la agricultura y minería.

Seguidamente se presenta el proyecto de Planta desalinizadora del futuro : Jardín del Eden y su teatro del Agua (produce 455 mil metros cúbicos por día). Crea agua potable a partir de agua salada del mar , sin necesidad de combustible pues aprovecha la energía del sol, mar y viento. El principio de esta planta  se sustenta en el ciclo hidrológico del agua reproduciendo el ciclo natural del agua. Se enfría tubos de plástico, haciéndose circular agua salada y por un proceso forma gotas de agua dulce que luego serán almacenadas y aprovechadas para diversos usos.
 

Un tema en el que se está trabajando, es la mejor forma de hacer manejable los costos del tratamiento de agua a gran escala, las plantas desalinizadoras convencionales  que requieren central eléctrica, calor y vapor, eventualmente irán evolucionando hasta alcanzar los niveles óptimos para su empleo masificado en el Planeta. 

Existe también otro proceso por lo cual se logra la separación de una cantidad de agua dulce del agua salada, denominada ósmosis inversa. Tecnología conocida y aplicada en Perú.

Justamente, la empresa minera Milpo S.A. construyó una planta desalinizadora para su unidad minera Cerro Lindo, ubicada a 240 kilómetros al sur de Lima -provincia de Chincha- en la costa de la región Ica, transportando el agua de mar desde su fuente marina en el océano Pacífico, recorriendo una distancia de 60 kilómetros hasta Cerro Lindo.

Esta acción permitió que en lugar de extraer agua de la cuenca del  río Topará , se procesara el agua de mar, desalinizándola y usándola en sus operaciones mineras. 

El rendimiento logrado por ésta planta es en el orden de producción de 40% de agua dulce por cada metro cúbico de agua de mar procesado. Es decir, por cada mil litros de agua de mar que entran a la planta desalinizadora, se obtiene cuatrocientos litros de agua dulce para ser utilizada en la industria minera y usos colaterales. El agua remanente, es devuelta al mar mediante emisario submarino y no impacta en el medio ambiente.

Esta experiencia, es el resultado de la aplicación de una normativa ambiental moderna sustentada en el desarrollo tecnológico, la cual fomenta las inversiones y protege de manera efectiva al medio ambiente, haciendo que el recurso escazo como el agua en éstas regiones, sea mejor aprovechado en un ambiente que armoniza el funcionamiento del sector minero con la agricultura, ganadería y otros sectores. 

Necesidad de planes y acciones consensuadas de responsabilidad social.

Un problema importante asociado al uso efectivo de los recursos financieros del canon minero es la poca preparación para elaborar propuestas participativas que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por el Estado peruano.

Este impase subsistente, deviene en una de las causas que el crecimiento económico e inversión social no se vean reflejadas en sustanciales mejoras de los estándares de vida en localidades donde se desarrolla la actividad minera. (Pese a importantes sumas de dinero destinadas a programas de relaciones y desarrollo comunitarios).

Proyectos integrales y de gran impacto social son escasos y en cambio, proliferan un conjunto de pequeños proyectos dispersos que generalmente no guardan mayor relación entre sí.

El país se encuentra en la necesidad de desarrollar mayores planes y acciones consensuadas de responsabilidad social, siguiendo las experiencias de los antiguos peruanos quienes demostraron capacidades para planear, ejecutar y gestionar infraestructura de gran impacto y sostenibles en el tiempo. 

Los antiguos peruanos demostraron capacidades para planear,ejecutar y gestionar
 infraestructura de gran impacto y sostenibles en el tiempo. 

En este contexto, no es accesorio, que la administración del Estado asuma su rol de tomar conocimiento de las capacidades socioeconómicas locales a fin de fijar ordenamientos territoriales en conexión con los múltiples actores locales.

Resulta más que una frase o proposición teórica fomentar  la identificación, elaboración  y ejecución de proyectos consensuados, tanto con la población beneficiaria, como con las autoridades regionales y locales.

Experiencias de proyectos que pudieran ser exitosos en algunas regiones, no necesariamente pudieran funcionar con la misma efectividad en otras, esto  en virtud a las múltiples diversidades existentes en territorio peruano. (Diferenciaciones marcadas por los distintos pisos altitudinales,cuencas,climas,poblaciones,etc)

Es importante pues que todas las iniciativas de proyectos, se realicen concordadas con la dimensión local.

Seguidamente se podrá apreciar un informe sobre una posibilidad del sector exportador en Agricultura y Turismo, dando cuenta en éste último una exitosa experiencia de asociación público-privada para poner en valor monumentos históricos, sustentado en un paquete legislativo aparentemente no concordado con las normativas locales que mereciera la disconformidad y protesta en la región Cusco (2008).

En analogía, las dificultades observadas para algunas zonas mineras, es que no se perciben agendas claras, consensuadas e incorporadas al desarrollo de espacios geosociales.

En el espectro de las discusiones sobre : calidad del gasto público, inversión privada, instancias de reclamo socio ambientales, conciliación del abanico de intereses, entre otras; la inversión social corporativa debe apuntar a dar soluciones a largo plazo con planes de desarrollo participativo, independientemente del inicio de los procesos de concesión mineros.

¿Quo Vadis, Mineria?

Los argumentos esgrimidos para cuestionar el actual modelo económico que sustenta el accionar del sector minero (2010), son entre otras:

• Modelo económico primario extractivo, exportador de materias primas y depredador del medio ambiente que genera conflictos socios ambientales por los resentimientos creados en poblaciones ante la desatención de sus expectativas insatisfechas.

• Desconocimiento de la real contribución fiscal del sector por la poca transparencia de la información sobre el impuesto realmente pagado al fisco y el declarado por empresas en sus estados financieros.

• Conveniencia para el país de los beneficios tributarios otorgados, tales como las exoneraciones de las regalías (28% del total de empresas mineras que operan en el país pagan regalías al fisco) por los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa y la exoneración del impuesto selectivo al consumo de combustibles (Diesel y residuales) en la generación eléctrica que consumen las empresas mineras.

• Debilidad de la regulación y fiscalización estatal.

Las actividades extractivas como la minería, son de importancia
 en la estructura económica del país. 

Una suerte de condición de trabajo son determinados por el siguiente escenario:

• Las actividades extractivas como la minería, son consideradas de suma importancia en la estructura económica del país.

• El calentamiento global y sus consecuencias que afectan la disponibilidad de recursos naturales como el agua, fundamental para el desarrollo de la actividad minera.

• El blindaje existente de los contratos ley, según Artículo 62° de la Constitución Política del Perú (1993) que dice “ La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.

• La cartera existente del orden de 39 mil millones de dólares en proyectos de inversión minera para desarrollarlos en los próximos años

No se puede pactar sobre la soberanía nacional de los recursos naturales y
 la garantía del suministro de energía en el largo plazo.

En el proceso de revisión de la política sectorial minera existen algunas voces que claman por el incremento del porcentaje de regalías mineras y otras que se fomente en mayor grado la transformación y el valor agregado dentro de la estructura productiva del país.

Ante las protestas que generan en algunos ciudadanos la tributación minera y los convenios de estabilidad, los propietarios de acciones de empresas mineras (capitales nacionales o extranjeros) de la preocupación deben pasar a la acción, así como de las protestas a la negociación de acuerdos que garanticen el crecimiento del sector en armonía entre el estado, inversionistas y la población en general.

En suma, el debate sobre el modelo de desarrollo y el rol de las actividades extractivas, como es en esencia la minería, se debería centrar en grandes líneas maestras a seguir teniendo en consideración la premisa que no se puede pactar sobre la soberanía nacional de los recursos naturales y la garantía del suministro de energía en el largo plazo, que son elementos insustituibles para alcanzar un desarrollo sostenible.

Oportunidad y eficacia en la distribución del Canon minero

El gobierno , en sus diferentes niveles : central , regional y local, deben captar, distribuir y gastar adecuadamente los recursos que obtienen de la actividad minera.

La falta de oportunidad e inadecuados criterios de reparto han venido generando toda una polémica principalmente en las Regiones, por la ineficaz forma de distribución en el Canon minero. (Referido al reparto para el periodo comprendido entre Enero del 2007 a Julio del 2010). 

En los hechos, esta situación alimenta el discurso antiminero haciendo que prospere y en algunos casos las protestas escalen en hechos violentistas.  

Los argumentos que se presentan buscan generar el resentimiento de la población informándoles que existe un crecimiento sin equidad.

Seguidamente, podrán apreciar un pronunciamiento sobre el denominado repartimiento injusto del canon minero (2008) , que de algún modo , refleja lo que se ha estado difundiendo como mensaje recurrente a las poblaciones del interior del país.

                

Esta ineficacia generaría :

• 
  
  Que los recursos no lleguen oportunamente a la gran mayoría de la población y que las obras consensuadas con grupos locales como: escuelas, obras de irrigación, vías de acceso, etc. no podrían estar ejecutándose en los tiempos previstos.
• 
  
  Que el aporte minero siga aumentando hasta límites que pudieran afectar la competitividad del accionar de las mineras en el país, reduciendo de este modo que el país sea atractivo a capitales extranjeros de largo plazo.
• 
  
  Fomento en el debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo nacional, preguntándose ¿por qué el crecimiento económico de los últimos años ha favorecido a unos pocos y no a la mayoría de peruanos?
• 
  
  Riesgo que exista enfrentamiento entre los pueblos por la repartición del canon minero.
• 
  
  Aumento de la desconfianza en la población local sintiendo que la bonanza económica minera no ha tenido mayor efecto en el bienestar de la gente y que una vez concluida la explotación del mineral, quedará igual o peor que antes.

Las compañías mineras contribuyen - además del pago de impuestos, canon, regalías, aporte voluntario - mediante proyectos de apoyo a comunidades aledañas a su área de influencia con infraestructura de servicios básicos salud, electricidad, educación, carreteras, saneamiento : agua potable y alcantarillado, etc, en el marco de su responsabilidad social empresarial. Sin embargo, no pueden efectuar acciones de gran escala que supondría sustituir la labor que le corresponde realizar al Estado.

Las grandes obras con gran impacto en la población, requieren además del procedimiento estipulado por Ley, de un tiempo de planificación y la concurrencia de voluntades de ámbito macroregional, por consiguiente escaparía del área de influencia de una compañía minera en particular. 

El Estado debe asumir su rol para que los recursos lleguen oportuna y eficazmente a la población; de tal modo que se garantice la aplicación de proyectos de gran alcance e impacto social.

Además de impulsar una política de descentralización viable y efectiva, debe revisar la forma de distribución del canon minero para que se sigan realizando mas obras y exista real progreso en las localidades en búsqueda de un desarrollo nacional.

Es sustantivo revisar también los niveles de capacitación de los funcionarios públicos, pues hay la necesidad de un aprendizaje que debe ser sostenido y permanente en el tiempo hasta que se de muestras de eficiencia en la gestión .

El otro aspecto es, compensar a las regiones con menos ingresos que otras.

La consolidación de las macroregiones y proyectos comunes podría permitir desarrollar proyectos de gran impacto en la comunidad para revertir tendencias de resentimientos contra la minería y se pueda mantener condiciones de estabilidad social y política, de tal modo que las inversiones continúen fluyendo con la tendencia creciente y que generen un desarrollo sostenible .

¿Qué tipo de Minería genera los mayores impactos ambientales?

Diferentes estudiosos están desde ya hace algún tiempo atrás embarcados en un acalorado debate acerca de si es la gran y mediana minería o es la pequeña minería o minería artesanal quienes causan la mayor contaminación e impactos ambientales. 

Los pros y contras de las partes han creado una serie de “mitos” sobre los beneficios y perjuicios que arrastran, no sólo en la salud y en la economía, sino también en los ecosistemas donde se desarrollan.

Seamos claros, en la praxis, ésta confrontación de posiciones no ayudó mucho para aclarar el panorama  y sí mas bien generó confusión y temores en grupos poblacionales y diversos stakeholders.

Los impactos eventualmente producidos dependerán de la concurrencia de una serie de variables además del tamaño, porte o escalas, como: prácticas mineras, tecnologías e innovaciones tecnológicas utilizadas para la extracción, procesamiento y transporte del mineral, factores y condiciones inseguras, niveles de riesgo ambientales, existencia de planes de manejo y cierre, entre muchos otros más.

Entre tanto, poblaciones que se ven potencialmente afectadas por nuevos denuncios mineros, incrementan sus preocupaciones por las probables consecuencias que le estaría ocasionando “la actividad minera en sí misma”, repercutiendo las inseguridades en diversas dimensiones: cultural, económica, política, social y ambiental.

Las regiones sin tradición minera toman nota de los anuncios altamente simbólicos que presentan las posiciones encontradas sobre los efectos adversos de la desecación y contaminación sobre las fuentes de agua, contaminación sonora por detonaciones y otras actividades asociadas a la explotación; además de los metales removidos en el proceso de exploración que se mezclan con el agua; incremento de corrupción, enfermedad, dependencia, pérdida de valores , discriminación,  desplazamiento de familias enteras, aumento del alcoholismo, drogadicción y prostitución focalizada en áreas de influencia, así como el cambio de vocación agrícola por la “temporal minera”; en suma, disquisiciones sobre anarquía socio-ambiental.

La  controversia escaló entre la posición de titulares de derechos mineros vigentes y los mineros informales, logrando una consecuencia evidente: pérdida de la valoración de escala y posicionamiento a modo de metástasis en la imagen negativa percibida por la población sobre cualquier accionar de la actividad minera.

La minería formal no tiene control directo sobre el tiempo que demande la realización del proceso de formalización emprendida en el país bajo el régimen de concesiones mineras. Sin embargo, si responde por su reacción frente a un necesario fortalecimiento de la comunicación entre empresa minera y población.

El tema de la contaminación en el país es muy serio por lo que
no se debería entrar  en especulaciones ni en discusiones bizantinas.

El tema de la contaminación en el país es muy serio por lo que no se debería entrar en especulaciones ni en discusiones bizantinas, es preciso mejorar - en algunos casos- la comunicación entre empresa minera y población para limpiar la imagen generada en el pasado.

Instituciones como la Sociedad Nacional de Minería están trabajando para mejorar la comunicación entre el sector minero y la población, sin embargo, es un esfuerzo de largo aliento en el cual el Estado y sus instituciones desempeñan un rol fundamental para que en el nuevo escenario donde el cumplimiento de las leyes explore los iconos de la cultura de la libertad y se pueda armónicamente responder a la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de minería genera mayor crecimiento y desarrollo de los pueblos?.

Para dar una respuesta consistente, se requiere de  la conjunción de voluntades y justa retribución en términos de mejoramiento de calidad de vida de la población de un país que continúa floreciendo en razón a la grandeza de su historia.  

Justicia social, responsabilidad social y medio ambiente

Otro discurso que se difunde en el escenario nacional es que "La Minería es perjudicial económica y socialmente para las Regiones".

Para indagar el impacto económico en el espacio geosocial donde influye el sector minero en los últimos años, haremos un poco de historia de nuestro ordenamiento territorial.

En Perú, Regiones y Departamentos son circunscripciones territoriales con gobierno autónomo política y administrativamente. Los Departamentos fueron creados en 1821, en reemplazo a las intendencias virreynales. Bajo sucesivas escisiones de estos, se crearon nuevos Departamentos y Provincias de régimen especial. Las Regiones aparecieron con la constitución de 1979, fueron creadas en 1989 y disueltas en 1992 . En el año 2002 , se volvió a añadir las Regiones al texto constitucional y se crearon Gobiernos Regionales para cada circunscripción Departamental con el propósito de que éstas dirigiesen la conformación de nuevas Regiones mediante la fusión de Departamentos a iniciativa de estos propios Gobiernos.

Perú cuenta (A partir de Enero del 2003) con 25 Regiones, éstas continúan correspondiendo a las circunscripciones territoriales de los 24 departamentos más la Provincia Constitucional del Callao.

De otro lado, consideraremos los recursos económicos susceptibles de ser captados por las Regiones :

• La Regalía Minera es una contraprestación económica establecida por ley, mediante la cuál los titulares (también cesionarios) de concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.
• Canon Minero, es el dinero que los gobiernos regionales y locales reciben como transferencia periódica del Gobierno Nacional, en base a diferentes criterios de distribución, que permite a los gobiernos regionales o locales, que están dentro del área de influencia directa o indirecta de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables, participar del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras, por los beneficios que obtienen de la extracción y comercialización de los recursos minerales. Está constituido por el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta que pagan las empresas al Estado, es decir, el impuesto que grava las utilidades de las empresas mineras que realizan de manera efectiva operaciones de extracción y comercialización de recursos naturales minerales.

El sector minero entonces genera además de la Regalía Minera el denominado Canon Minero, que según informes difundidos por Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el periodo comprendido entre Enero del 2007 a Julio del 2010 (Considerando Gobierno Regional mas Gobierno Local) se distribuyó la suma de 16 mil 336 millones de nuevos soles (100%), de los cuales el 76 % fueron entregados a Seis (6) Regiones : Ancash (29%),Tacna (13%),Cajamarca (9%),Arequipa (9%), La Libertad (8%) y Moquegua (8%).

Bajo este sistema centralizado donde todo lo recaudado por el canon minero va al tesoro público y en virtud a diferentes criterios de reparto en el periodo precitado, resultó distribuido en la práctica que 76% del canon minero fue destinado a 6 regiones y el 24% restante para las otras 19 Regiones, ésta sería la sencilla razón por la cual pueda explicarse el porque existe la percepción en la población que la minería no es beneficiosa económicamente para la mayoría de Regiones.

Para tratar de explicarnos desde otro ángulo el motivo de esta percepción, nos focalizaremos en los niveles del gasto público para el año próximo pasado.

El año 2009, en total , fueron gastados 20 mil 259 millones de nuevos soles, de los 31 mil 414 millones de nuevos soles presupuestados para el país . El Gobierno Nacional ejecutó 76% de su presupuesto,los Gobiernos Regionales ejecutaron 57% y los gobiernos Locales lograron ejecutar el 60%.

La región Áncash, ejecutó sólo el 21,6% de su presupuesto para el año 2009 y es la Región que más recibe por canon minero en el país. ( Si consideramos 29% del total captado entre Enero del 2007 y Julio del 2010, es decir recibió 4 mil 669 millones de nuevos soles )

El indicador de los niveles de ejecución por Regiones, evidencia que existiría un problema de ejecución y unido a los criterios de distribución del canon minero aplicados, dan una muy buena aproximación respecto a lo que estaría sucediendo con la opinión sobre el sector minero en no pocas Regiones del país.
Apesar de que tanto el tema de distribución, como el de niveles de gasto son regulados por aplicación estricta de la Ley, allí donde las empresas mineras sólo les compete acatar lo dispuesto por Leyes peruanas, se conoce que los conflictos ocurren cuando las empresas mineras no han hecho bien la tarea inicial de informar y construir relaciones de confianza, razón por la cual habría un tema pendiente de revisión vinculada a una adecuada información.

En este contexto nacen las posiciones encontradas sobre a quien compete atender las solicitaciones de los pueblos con Justicia social (que debe ser para todos) y/o responsabilidad social (que podría ser voluntaria) en las Regiones sin y con presencia minera. ¿ A quién correspondería compensar por el impacto ambiental generado por la actividad minera y a quién tocaría compensar por la reducida participación económica del canon minero a algunas Regiones?.

Cuando se presentan reclamos sociales generados por demandas ambientales, el discurso político como respuesta es muchas veces reactiva y sustentada en decisiones a ciegas pudiendo éstas estar acertadas o erradas, no hay evaluación, ni aprendizaje sobre innovaciones.
El desafío que se plantea entonces pasa por desarrollar el espacio social Regional en que se construye un proyecto educativo de responsabilidad social transversal generando capacidades para generar alerta temprana que evite conflictos sociales de origen ambientales, sin perjuicio de la capacitación en la administración de la cosa pública.
En Perú pues, debe establecerse los ámbitos de libertad, responsabilidad, confianza y autonomía técnica en las instituciones Regionales. Por ello que la enseñanza, aprendizaje, evaluación y trabajo en equipo debe ser una norma a seguir.
En este sentido, la Responsabilidad Social debe verse como una herramienta de gestión en las Regiones que otorga a las empresas mineras ventaja competitiva y comparativas frente a otras actividades extractivas :

• Considerando al ambiente como un bien común en el marco de la sustentabilidad de los ecosistemas.
• Autorregulando la ética empresarial a través de códigos de conducta para conservar y preservar el medio ambiente.
• Respetando el principio transversal de la sustentabilidad y una clara definición de los sujetos pasivos de las normas ambientales.
• Promoviendo el uso de canales de participación pública y acceso a la información ciudadana.
• Aplicando consideraciones ambientales en base a la factibilidad y consecución gradual de metas, otros instrumentos de gestión y a un presupuesto que las operativice.
• Adoptando fundamentos ambientales en un marco eficiente de rentabilidad a largo plazo.

De modo tal que, la principal responsabilidad social de una empresa minera es la producción, mantener las operaciones de seguridad y cuidado con el medio ambiente. Esto se puede realizar si son eficientes.Lo concreto es que existe desbalance en las cifras que tiene que ver con el éxito de muchas inversiones mineras que se han ejecutado en el país.

Es en ese sentido se debe buscar consensos de aptitudes para enfrentar los desafíos hacia el futuro buscando que el país continúe por la senda de desarrollo que viene logrando con la participación de todos.

Panorama minero a inicios del tercer milenio

Desde la década de los noventa se aplica en Perú un sistema de gestión ambiental para el ejercicio de la actividad minera con el fin de cambiar la mala imagen que se tenía de la minería en el pasado siglo.

Con el proceso de cambios, el país ingresó a una nueva era en la que el Estado aplica instrumentos de gestión para alcanzar el desarrollo sostenible de la industria minera.

Pidió Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) a empresas mineras en operación y exigió a los nuevos proyectos realizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA), audiencias públicas, títulos de concesión minera, Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) , Límites Máximos Permisibles (LMPs), Plan Ambiental de Cierre (PAC), entre otros, que coadyuven a garantizar una armónica relación con la naturaleza.

Asi tenemos la siguiente distribución espacial de la actividad minera en el territorio peruano :

Perú apostó claramente por abrir e integrar su economía al mundo y por una estrategia exportadora, donde el sector minero jugó un rol preponderante.

Esta opción le permitió estar preparado para hacer frente a la última crisis económica mundial, pues además de dejar de ser deudor neto, logró ser considerado con mayor grado de inversión.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con Estados Unidos de Norteamérica,China,Japón y Corea del Sur, le permitieron crecimientos consecutivos de su economía al estilo de las economías del sud oeste asiático.

Seguidamente la localización geográfica de los nuevos proyectos mineros en cartera.

Pese a la caida del precio internacional de metales como el cobre, la minería peruana pudo mantener su tendencia al crecimiento con nuevos proyectos, algunos de ellos con contrapartes de empresas Chinas como Chinalco Aluminium Corporation de China, Zijin Mining Group, entre otros, que permiten ver con optimismo el panorama minero en el país de cara al futuro.

Desinformación que no desalienta a la Inversion Minera

Para darnos una idea de la confusión generada en las comunidades locales por la desinformación sobre los probables impactos ambientales de actividades y proyectos mineros, revisemos algunas cifras (Presentadas por la Defensoría del Pueblo en su 71° Reporte sobre conflictos sociales al 31 de enero de 2010) de los conflictos enfrentados en el interior del país como resultado de la preocupación que les angustia.

Los conflictos socioambientales ocupan el 47% (121 casos) del total de 260 conflictos sociales registrados.

Del total de conflictos socioambientales, 64% (77 casos) corresponde a conflictos por actividad minera.

Según el tamaño de las empresas que son parte en los conflictos, 83% corresponden a Gran o Mediana actividad minera.

Esto ocurrió a pesar que durante la última década la minería formal mejoró ostensiblemente en su desempeño ambiental.

La actividad extractiva en gran y mediano porte es competencia del Gobierno Central y sus entidades públicas, en tanto que la pequeña y artesanal ; de los gobiernos regionales.La acción contaminadora principalmente está referida a la pequeña minería y artesanal, la que resulta difícil de regular, fiscalizar y sancionar, dado el alto grado de informalidad con la que actúan.

De otro lado existen pasivos ambientales en el País que afectan negativamente la imagen del sector minero. El Ministerio de Energía y Minas sostiene que sólo en el distrito de Hualgayoc - Cajamarca - , existen 969 pasivos mineros. La mayor parte datan de la época del virreinato.

Trabajos de remediación ambiental de los pasivos ambientales mineros constituyen una necesidad del sector minero para mejorar en su relación con las poblaciones locales.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) recibió (periodo comprendido entre enero y junio del 2010) 4.222 petitorios o solicitudes para buscar minerales, 34% más que en ese mismo período del 2009.

El aumento de solicitudes es un indicador que la desinformación no desalienta el interés que despierta el país en los inversionistas.

Problemas de percepción y difusión sobre uso del agua y niveles de contaminación

Luego de agradecer vuestra acogida y los múltiples comentarios recibidos en nuestro primer mes de exposición sobre el tema minero, paso a tratar de analizar el porqué "La gente percibe que el marco legal es profundamente asimétrico, favorable para las inversiones (mineras) y desfavorable para los derechos de las poblaciones", que constituyen uno de los factores generadores de los problemas sociales y ambientales típicos en Perú.

Para tratar de explicar esta percepción me apoyare en lo que sucede con los datos estadísticos y el cambio climático.

En el gráfico siguiente se podrá apreciar una presentación de datos que luego deberán ser procesados e interpretados sobre la temperatura en el planeta.

Según esta serie de datos climáticos estimados en 65 millones de años, el planeta entra a una etapa de enfriamiento.

De otro lado, tenemos registros fotográficos realizados del retroceso o encogimiento de los glaciares en el mundo - entre los que se encuentran Los Andes peruanos- que sustentarían un indicador del calentamiento global del planeta. No está en discusión la validez de toma de datos, tampoco el procesamiento de los mismos hasta manejarlos como información técnica; lo que hace la diferencia es la interpretación de los resultados.

Los datos sueltos por si mismos no constituyen información, deben ser situados en el contexto de la investigación realizada. Los datos son conocidos como información cruda y no como conocimientos en sí. La secuencia que va desde los datos hasta el conocimiento es: de los Datos a la información, de la información a los hechos, y finalmente de los hechos al Conocimiento.

Los datos se convierten en información, cuando se hacen relevantes para la toma de decisión a un problema. (El caso de la medición de datos puntuales que exeden los Límites máximos permisibles en la determinación de daño ambiental para la sanción a las mineras).

La información se convierte en hecho, cuando es respaldada por los datos. Los hechos son lo que los datos revelan. Sin embargo el conocimiento instrumental es expresado junto con un cierto grado estadístico de confianza.

Los hechos se convierten en conocimiento, cuando son utilizados en la complementación exitosa de un proceso de decisión. Una vez que se tenga una cantidad masiva de hechos integrados como conocimiento, entonces comprenderemos la naturaleza y la relación de la humanidad con la naturaleza.

Todo lo que no es comprobable con el método científico podría ser considerado como propaganda y genera confusión en las gentes.

En este contexto, es razonable la posición que indica no haber problema de economía,tecnología y políticas públicas en el sector minero peruano, cuando de derechos de las poblaciones se trata, pues su existencia son susceptibles de mejoramiento .

La minería formal en Perú tiene un problema de percepción de los peruanos sobre uso del agua y niveles de contaminación de sus recursos naturales, lo cual incide en las consideraciones sobre el supuesto sesgo en el marco legal que favorecería a las inversiones mineras en menoscabo del derecho de poblaciones.

También presentan un evidente problema de comunicación de masas, en especial en poblaciones situadas en areas sin tradición minera.

Es necesario que las mineras construyan y fortalescan - donde exista - una relación de confianza y de comunicación sustentada en una eficaz, efectiva y eficiente difusión sobre los proyectos en marcha y en especial sobre los nuevos.

Población beneficiaria por mineria en Perú

Otro mito siempre de moda y que circula recurrentemente por los medios, es aquel que señala: “La actividad minería beneficia solo a unas pocas personas en el país”.

La contraparte señala que la minería formal representa no sólo una oportunidad económica a través de regalías, pago de impuestos, compras locales, desarrollo de servicios e infraestructura, y de la generación de cadenas productivas, locales y regionales, sino que viene constituyéndose en el complemento armónico de las actividades realizadas por las poblaciones asentadas en su zona de influencia.

Asimismo, se indica que el aporte de la minería a la economía peruana nacional es importante, pues equivale al 6.4 % del PBI nacional, el 60% de las exportaciones totales del país y el orden del 40% del Impuesto a la Renta de Tercera categoría en el Perú.

Para contrastar las aseveraciones vertidas alrededor de este mito, verificamos los datos poblacionales presentados por diversas fuentes en relación con la actividad minera y encontramos una información - "Contribución de la Minería al Desarrollo Económico y Social del Perú"- publicada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Ministerio de Energía y Minas (2008), que nos parece consistente para referenciar datos en el extremo de la materia en análisis.

Hay dos millones y medio de personas en Perú (2008) - 8.7 % de la población peruana- que se benefician de la actividad minera desarrollada en el país, alimentada por el potencial de puestos de trabajo generados.

Sobre la Población Beneficiaria Directa (empleo directo), el número de trabajadores mineros en el país (2008) fue de 127220, cuyo ingreso per cápita mensual fue de US$ 911 para los trabajadores de origen local, para los de procedencia regional fue de US$ 953 y US$ 1169 respectivamente para los de ámbito nacional. (Tipo de cambio 2.9 nuevos soles por dolar americano)

Respecto a la Población Beneficiaria Indirecta (empleo indirecto), a 508 mil personas que tienen como dependientes a 1´908,420 personas, las que también se benefician con el efecto en cascada por el impacto positivo que produce.

En el país existen compañía mineras pioneras como volcán y SPCC que operan desde 1943 y 1958 respectivamente - sirviendo desde ese entonces como fuente laboral en el sector- , a las cuales se les unieron importantes compañias de prestigio mundial.

Haciendo un estimado de números, tenemos que para el 2008, operando en 1.2 % del territorio nacional se beneficiaron a 8.7 % de la población peruana y tomando en consideración que 13.8 % del territorio nacional han sido concedidas a la actividad minera, esperaríamos que cuando lleguemos a cubrir esta proyección se estaría multiplicando por diez la población potencialmente beneficiaria por la actividad minera en el país.

En suma, se puede comprobar objetivamente que la actividad minera beneficia cada vez a más peruanos en razón al crecimiento potencial del sector en el tiempo.

Minería: Uso del agua respetando la Naturaleza

Las no pocas discrepancias que existieron dentro del territorio peruano por el uso del agua, con mayor incidencia entre los usos minero,pecuario,agroforestal y pesca, impulsaron que se establesca un nuevo tipo de relación con los recursos hídricos : La gestión racional del recurso agua basado en una relación de respeto con la naturaleza.

Sin embargo, aún subsiste en algunas mentes la percepción que minería con : ganadería, agricultura,silvicultura,agroforestería y pesca como actividades productivas, no pueden desarrollarse en forma conjunta.

Para comprobar este mito, sustentado en una dimensión ambiental carente de responsabilidad e innovación tecnológicas, recurrimos a la experiencia cercana efectuada por una compañía minera que viene operando en el país.

El agua usada por Antamina en su mineroducto para transportar los concentrados de mineral desde el distrito de San Marcos en Ancash (Sierra) a Huarmey (Costa), es disipada aprovechándola, previo tratamiento, para transformar el desierto en bosque.

Luego de separar el agua con que bajan los concentrados desde la mina hasta el puerto (Punta lobitos), esta agua de proceso pasa por una planta de tratamiento que la convierte finalmente en agua con calidad apta para riego siguiendo la norma peruana.

Seguidamente se podra apreciar el estado en que se almacena el agua tratada recuperada.

Con el uso de sistemas de riego tecnificado se procedió a la forestación con plantas nativas y exóticas en una extensión aproximada de 170 hectáreas de terrenos, convirtiendo en bosques provistos de algarrobo, acacia, huarango, eucalipto, pacae, molle, casuarina, tara, ciprés, sapote, laurel, ciruelo, entre otros.

Hoy, en lo que antes era un desierto, gracias al uso responsable del recurso agua y la aplicación de la inovación tecnológica, el desierto quedo convertido en bosque con sus múltiples beneficios tanto al ecosistema como a la población en particular del área de influencia.

En la siguiente vista se puede apreciar al fondo, el bosque antes señalado formado parte ya del ecosistema de oasis propio del desierto costeño.

En esencia, esta experiencia de no arrojar a un cuerpo de agua (mar, rio o lago) los efluentes líquidos con sus concentrados, reciclando el agua , tratándola y aprovechándola para darle un nuevo uso real y ambientalmente beneficioso, demuestra que es viable la convivencia entre la mineria y otras actividades productivas en el Perú.

¿En gran parte del territorio peruano esta presente la minería?

La riqueza polimetálica del subsuelo localizado en territorio peruano, impulsada por la estabilidad política y económica del país, alimentaron un mito que viene circulando con mucha fuerza desde hace un buen tiempo atrás. Se afirma que en gran parte del territorio peruano está posecionada y actuando la minería.

Un factor adicional que contribuye a difundir esta leyenda son los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que mantienen sobre todo la gran minería en Perú, que permitieron a las empresas mineras obtener ingresos de exportación por más de US$ 83,904 millones durante el periodo 2004-2009.

Para ver cuan aproximada a la verdad se encuentra esta leyenda, indagamos en la base de datos institucionales del País respecto a la minería formal, es decir, aquella que está sujeta a regulación, fiscalización y control.

Más de cien empresas exploradoras provenientes de Estados Unidos, China, Canadá, Inglaterra, Australia, entre otros, vienen realizando actividades de exploración minera en territorio peruano. Asimismo, existe el orden de 276 prospectos y proyectos mineros, y 398 unidades mineras en explotación.

La cartera estimada de inversión en minería a la fecha, se encuentra compuesta por 38 proyectos principales, los cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en suma ascienden a US$ 39,323 millones. Existen otros proyectos en etapa de exploración que no se encuentran en cartera, pues ésta es sólo de carácter referencial ya que recoge las expectativas de comunicaciones formales de los titulares mineros.

Cabe precisar que de los treinta y ocho proyectos antes mencionados, algunos no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aun se encuentran en etapa de estudios y permisos, sin embargo son válidas para nuestros fines de medir la expectativa de seguir actuando o desarrollar actividades en el futuro dentro del espacio geográfico que ocupa el territorio peruano.

Seguidamente podremos notar con una mejor aproximación los espacios asignados a las actividades mineras dentro de la distribución territorial del país:

De su lectura y en el contexto de las inversiones estimadas, podemos precisar que 13.8% del territorio nacional significan las áreas concedidas a la actividad minera, sin embargo, se explota o explora 1.23% del total del territorio peruano.

Del significado de ésta verdadera dimensión del territorio nacional destinado a las actividades mineras se desprende que no sólo es una exageración pensar que en gran parte del territorio peruano actúa la minería, sino que ya no tan sólo del exterior es que se aprecia al Perú como un país atractivo por su potencial minero, ahora también su población valora con más énfasis los recursos mineros y siente que debe participar de los beneficios del proceso de desarrollo generado por la minería a nivel de todo el territorio peruano.

Rol de los medios de comunicación frente a la judicialización de temas ambientales

No debería estar escribiendo este tema en el presente espacio destinado a los mitos que se transmite por los medios de comunicación del país.

Lo hago porque constituye noticia considerada de interés nacional que viene siendo cubierta y propalada no sólo por conocidos medios sensacionalistas y alguna prensa interesada, sino que también viene comportándose como peligrosa caja de resonancia en serios e importantes espacios televisivos, escritos y radiales del país.

Periodistas han ventilado el hecho cubriéndolo desde diversos ángulos y tomando puntos de vista de los funcionarios de instituciones competentes que desean salir en la foto, como OSINERGMIN, INDECI, MINSA, MINEM, MINAM-OEFA, MINAG-ANA, defensoría del pueblo…por citar algunas del nivel nacional, así como de entidades locales del Gobierno Regional y municipales tanto provincial y distrital de Huancavelica.

Fuente:Prensa Libre - America TV.
La forma de presentar la “Noticia” además de tratar de alcanzar el objetivo de una loable “aceleración en la respuesta inmediata” a un hecho sucedido la tarde del Jueves el 25 de Junio del 2010 no hace más que señalar en el sentido más estricto del término que se trata de proteger el medio ambiente judicializando el tema ambiental...minero, eso es en buena cuenta todo lo que buscan los sectores radicales en el país. A eso es lo que conduce tal despliegue periodístico,muy probablemente, en los próximos días pondrá sus micrófonos , cámaras y titulares indicando cómo corre la denuncia penal en los pasillos de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, policía ecológica y el poder judicial peruano.

Con Resolución Ministerial N°117-2010-MINAM de fecha 05 de Julio del 2010, pasados 10 días del evento, se formalizó la Declaración de Emergencia Ambiental del área afectada por el derrame de relaves mineros, aprobándose con ello, el Plan de Acción Inmediato y de corto plazo para la recuperación de la zona. Asimismo, se dejó pendiente por 5 días la aprobación de las precisiones del Plan de Acción Inmediato y de Corto plazo, previa coordinación con instituciones competentes que se precisa en la RM. ¿Tenía acaso algún sentido aprobar un Plan de Acción inmediato y de corto plazo que debería hacerse pero ya, sin aprobar las precisiones de dicho plan? El tiempo lo dirá.

Lo que sí es científicamente demostrable afirmar, que de continuar esperando la acción administrativa de los organismos competentes, el impacto generado en las aguas que discurren por la cuenca afectada se habría multiplicado exponencialmente, por ello -toda vez que las medidas preventivas fallaron- se hace imprescindible accionar las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada tal como corresponde realizar a la Compañía Minera bajo la atenta mirada de la autoridad sectorial correspondiente, como prescribe la norma peruana y que los encargados de la administración de la cosa pública están obligados hacer cumplir.

Fuente : Canal N

La diligencia con que el periodismo ha presentado la noticia conmovió a la opinión pública nacional que viene quedando subliminalmente escandalizada de ver como toda la minería, sin distingos de ninguna clase, contamina los ríos, demandando con justicia que hechos como los mostrados no deban volver a repetirse, por ello en su lógica priorizan la investigación de las causas del accidente y la determinación de delito ambiental en la ocurrencia; en desmedro de las medidas correctivas inmediatas y restauradoras que debe tomar la minera, bajo las ya concebidas responsabilidades administrativas y penales.

Por ello, las noticias refieren que las instituciones involucradas en el hecho producido, se avocan entonces a investigar las causas del posible accidente, definir si el colapso de las estructuras se produjo por inundaciones o malas prácticas y ver si existió supuesta negligencia o dolo en la minera. Lo que concordamos debiera hacerse técnicamente, en forma paralela, en la instancia correspondiente y sin duplicar funciones, ni esfuerzos en la tarea que finalmente tiende a complicarse con las enmarañadas pruebas preconstituidas por esa forma de hacer periodismo.

Periodistas que cubrieron la "noticia", salvo honrosas excepciones, han perdido la noción de un hecho fundamental: Este no es un caso aislado de contaminación de minas presentada en el país y tampoco es el primero presentado que mereciera la cobertura periodística que se le viene dando. Recordemos el caso de MARSA el siglo pasado, al cual seguimos muy de cerca y que en aplicación de la responsabilidad ambiental empresarial pudo superar con éxito un evento similar.

Esto no es lo que el periodismo ha etiquetado como “Desastre Ambiental” y si constituye un drama ocasionado por la ineficiencia, irresponsabilidad e indolencia de las autoridades ambientales competentes que resulta proverbial, por decir lo menos.

Nos preguntamos ¿porqué las informaciones sobre minas abandonadas que producen aguas acidas de minas y contaminan recursos naturales del país no merecen atención de la prensa en igual dimensión? , la respuesta es obvia, esta noticia no vende y no tiene a un público cautivo que sigue con detenimiento el periodístico desenlace.

Si prosperara la posición ambiental extremista con tribuna maximizada en los medios, no solamente serían pasibles de procedimientos administrativos, civiles y penales aquellos funcionarios públicos que no ejercieron diligentemente su función y relegaron las leyes sustentadas en principios preventivos y precautorios que debieron aplicar en su debida oportunidad siguiendo el ordenamiento legal vigente.

La punible pasividad con que se actuó daría pie a que la autoridad del nuevo ministerio del ambiente y su flamante organismo OEFA también sean cuestionados.

Las normas ambientales en el país están establecidas para que todos sigan las mismas reglas, tanto reguladores como regulados, y no se satanice las actividades de un determinado sector.

¿Si mañana un extremista decidiera denunciar penalmente a todas las empresas municipales de agua potable y alcantarillado del país que arrojan sus efluentes sin tratamiento alguno a los cuerpos de agua del país, también merecería inmediatamente abrirse múltiples procesos por delito ambiental y recibiría el mismo despliegue periodístico de los medios? . Menuda tarea para jueces y fiscales especializados en materia ambiental.

Lamentablemente en el país se ha hecho una suerte de costumbre el buscar sancionar administrativamente faltas ambientales con fines crematísticos sin antes haber identificado daño ambiental alguno y lo que es aún más grave sin haber previamente tipificado si se encuentra frente a un Delito ambiental.

Es fundamental atender criterios que permitan formas de convivencia entre los sectores productivos que desarrollan al país como es el caso de la agricultura y la minería, de tal modo que se logre prevenir tanto los conflictos ambientales como los impactos en el ambiente.

La ponderación y responsabilidad en el manejo de la información periodística es lo menos que se podría pedir en estos casos para no fomentar los conflictos ambientales activos subsistentes que podrían verse incrementados atizados por los próximos procesos electorales que se avecinan en el país.

Javier Prado Blas _ ¿Afecta la minería al agua de consumo humano?

Un mito de moda y que circula por Internet es aquel que señala: “La mega minería a cielo abierto acabará con el agua de consumo humano”, es decir que el agua potable en localidades donde se encuentran ubicadas las grandes mineras en Perú como son: Cajamarca, Arequipa, Ancash, Cusco, entre otros; estarían en inminente riesgo de quedarse sin fuentes de agua que alimenten el servicio de agua potable pues se encontrarían siendo afectados los recursos hídricos que garantizan el actual y futuro abastecimiento de agua potable a sus poblaciones.

Para poner a prueba este mito, verificamos los indicadores de gestión, así como informes de Fiscalización de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) que están siendo reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

Indagamos por el Plan Maestro Optimizado - que es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un horizonte de treinta años que contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la EPS- ; en especial las situadas en zona de influencia de las grandes mineras.

El resultado que arrojó fue más que sorprendente, la cobertura de agua potable en las EPS ubicadas en las zonas de influencia de las actividades desarrolladas por la minería formal cuenta en promedio superior al 90% de cobertura del servicio de agua potable, cifra que es mayor al 85% del promedio nacional, esto es, considerando las cincuenta EPS formalmente reguladas por SUNASS.

Existe ciertamente un impacto positivo en la cobertura de agua potable generada probablemente por un mayor impulso en actividades conexas a la minería formal, tal como la construcción de diques y reservorios para almacenar agua y descargar el recurso hídrico en épocas de estiaje, las que redundan finalmente en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable de las ciudades.

Un detalle adicional son los reservorios familiares construidos para las poblaciones ubicadas en las zonas rurales como en Cajamarca.

Al parecer, este mito también resulta distante de la realidad.

Cumplimiento de Leyes Ambientales

Existe una serie de mitos urbanos sobre la gran minería o “Mega Minería” relacionados a la inversión de grandes capitales y al uso de la tecnología moderna. Creencias populares sobre leyes mineras permisivas y los procesos unitarios que causan destrucción ambiental, daños sociales y económicos.

Para desmitificar algunas de estas leyendas, revisaremos ciertas afirmaciones, poco informadas por cierto, sobre la dimensión ambiental situada en el ejercicio de la gran minería formal y que no necesariamente corresponden al caso de la pequeña minería y a la minería artesanal, éstas últimas muchas veces informales – ergo – exentas de regulación y control en el uso responsable de los recursos, sin perjuicio de mencionar el tema tributario de impuestos.

Uno de estos mitos refiere que “No hay leyes ambientales que protejan el medio ambiente o, si existen, son muy antiguas” permitiendo la contaminación de los recursos naturales, por lo que las aguas de los ríos se ensuciaran y terminarán por agotarse, los suelos dejarán de ser productivos y el aire no podrá respirarse, afectando no solamente a los ganados, las cosechas, a los niños y a toda la comunidad en general.

En la primera década del presente siglo y hasta la actualidad se verifica todo lo contrario en Perú, puesto que se han presentado una serie de esfuerzos legislativos ambientales que en forma aislada trataron de aportar su cuota en la solución de problemas ambientales, con un precario nivel de acatamiento en la población, que de algún modo dieron sustento al origen del mito que persiste en forma recurrente para ciertas poblaciones dispersas asentadas en el interior del país, las cuales generalmente son las menos informadas.

Los dispositivos legales, conformados por más de cinco mil normas con carácter ambiental registradas desde 1900 a la fecha, crearon espacios políticos para nuevas demandas sociales, como es el caso de las demandas ambientales, constituyéndose en tema de reflexión a fin de evitar la destrucción del ambiente por los efectos nocivos de la contaminación y el uso irracional de los recursos naturales.

Algunos de los argumentos que nos facilitan valorar el ordenamiento legal ambiental peruano, reconciliando la realidad con los intereses nacionales, podrían ser los siguientes:

La dificultad de la ciudadanía del país para poder acceder a información jurídica ambiental a través de los medios masivos de comunicación, hecho que merman su deber de impedir la violación de la Ley o su incumplimiento, y limitan su derecho a demandar el cumplimiento del orden jurídico a las autoridades y el derecho a participar en el procedimiento de elaboración y aplicación de las normas ambientales.

Factores, como la distribución de la población rural en territorio peruano, el lenguaje y la educación, influyen en la ejecutoriedad de la norma en el extremo de la recepción de la notificación de las normas legales ambientales haciendo que sea escasa, inapropiada y en algunos casos nulos. Para apreciar su magnitud, pasemos a revisar algunas cifras (al año 2007): De 98 mil centros poblados a nivel Nacional, 73 mil correspondían a poblaciones menores a 100 habitantes. Existían doce familias lingüísticas agrupadas en sesenta y cinco pueblos indígenas de la Amazonía Peruana y otro tanto de poblaciones Quechua y Aymara hablantes de la Sierra; considerando la población analfabeta total del país era el orden del 7,1% y la tasa de analfabetismo en las áreas rurales representaban el 19,7 por ciento.

De otro lado, la efectividad de la aplicación de las leyes se ven afectadas por las múltiples definiciones empleadas en la construcción y gradación del orden jurídico de leyes ambientales, que están planteadas en un lenguaje de difícil comprensión para el consumidor jurídico final.

Asimismo, instituciones del estado asumen una actitud pasiva para hacer cumplir las normas o revertir la ineficacia del orden jurídico ambiental menoscabando la legitimidad de la norma. Actuando básicamente por reacción, cuando existe la queja ciudadana por un eventual daño ambiental presentado.

En suma, la restricción al acceso de información Jurídica ambiental afecta la actitud activa por parte del estado para la aplicación y el cumplimiento de las normas ; la escasa, inapropiada y en algunos casos nula recepción de normas legales ambientales resta legitimidad, efectividad y ejecutoriedad de la norma ; y , las definiciones empleadas en Leyes ambientales planteadas en lenguaje de difícil comprensión para el ciudadano, limitan su accionar para impedir la violación o incumplimiento de la ley ambiental .

Un bajo acatamiento de las Leyes Ambientales en Perú es una consecuencia de una legislación ambiental dispersa y que no toda la sociedad civil peruana conoce, es más, el detalle del desconocimiento alcanza a mucho de los funcionarios públicos de las autoridades ambientales competentes encargadas de aplicar y hacer cumplir leyes ambientales, ya sea influidos por la inestabilidad de las normas ambientales marco o por la discontinuidad de los cargos en la función pública. En este sentido, el Ministerio del Ambiente - de reciente creación en Perú- tiene una agenda ambiental pendiente por desarrollar.

En otro extremo, algunos creyentes de los mitos no acatan las leyes ambientales porque simplemente desconocen, no se sienten notificados, no la entienden o no les interesa por el descrédito que rodea al sistema jurídico ambiental peruano desde el punto de vista de este público urgido de políticas de Estado que promueva la interacción de la sociedad, la economía y el ambiente en el marco de un desarrollo sostenible.

Capital y Tecnología puestos a disposición del desarrollo del país.

Resulta interesante poder compartir con ustedes el análisis desde un nuevo ángulo los mitos históricos, estudiar su significación de acuerdo a lo que éstos representaron en el momento en que estuvieron en pleno apogeo para recordar a los desmemoriados que sostienen la narración situada fuera del tiempo : “La minería en Perú no paga”.

Ya que toda actividad industrial humana es susceptible de producir un impacto en el medio ambiente, resulta pertinente citar los términos en que John Yeates (1870) definió el significado de recursos: "Al hablar de los recursos naturales de un país cualquiera, nos referimos al mineral en la mina, la piedra en la cantera, la madera en el bosque (etc.) ‘‘. En esta mirada, la naturaleza se convertía en un depósito de materias primas que esperan su transformación en insumos para la producción de mercancías. Los recursos son desde entonces concebidos por muchos, como "cualquier material o condición existente en la naturaleza que puede ser capaz de explotación económica que requieren la creatividad y diligencia humanas las que impartirán valor a la naturaleza”. Por ello, los recursos naturales requieren ser “desarrollados” y sólo esto sucederá cuando el capital y la tecnología han sido puestos a su servicio. De acuerdo a esta premisa, los recursos naturales mineros no pueden desarrollarse por sí mismos; es solo a través de la aplicación del conocimiento y la destreza humanos que se puede hacer algo con el mineral en la mina, y la mayor parte del trabajo necesario requiere una pericia de un nivel elevado y capaz de lograr un desarrollo sostenible.

Perú no está, ni estuvo ajeno a las contradicciones presentadas en el proceso histórico de aprovechamiento de recursos naturales- mineros, podemos citar el caso de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC) una corporación constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos de América y su sucursal del Perú. Nos remontaremos al año de 1958 , fecha en que se emitieron sendas autorizaciones para la instalación y funcionamiento de la Planta de Fundición de Minerales de Cobre en Ilo y la Planta de Concentración para minerales de cobre en Toquepala. Sumergidos en su ya conocida actuación, el congreso peruano constituyó una comisión para evaluar los daños producidos en la agricultura en los valles de Ilo y Tambo, con Ley N° 16583 de Junio de 1967; veintidós años después se actualiza, adecua y reglamenta esta Ley N° 16583,mediante Decreto Supremo N°022-89/EM/CAN. El 19 de Diciembre de 1969 el estado peruano y SPCC suscribieron un contrato bilateral para la puesta en marcha y posterior explotación del Yacimiento Cuprífero de Cuajone, denominado “Contrato Cuajone”.

Sumergidos en una serie de contradicciones, el 12 de Agosto de 1991, mediante Decreto Supremo N° 129-91-PCM se creó una Comisión de Alto Nivel encargada de negociar con SPCC la solución definitiva de conflictos existentes en relación al Contrato Cuajone. La negociación directa y el espíritu de buena Fe entre las partes se pusieron de manifiesto para que la comisión llevara a cabo las negociaciones cuyo acuerdo de bases quedaron aprobadas con Decreto Supremo N° 177-91-PCM.

Entre otros acuerdos, se logró materializar una transacción por un monto de US$ 300 millones (MM) con el siguiente detalle: US$ 200 MM, distribuidos de la siguiente manera: Instalación de una Planta de ácido sulfúrico en la Fundición de Ilo. Desarrollo de un proyecto sobre disposición de relaves mineros procedentes de las minas de Cuajone y Toquepala. Instalación de una planta de tratamiento de las aguas servidas de la población de SPCC en Ilo. Desarrollo de dos proyectos de lixiviación de los óxidos y sulfuros de baja ley contenidos en las canchas de Cuajone y de Toquepala, respectivamente. US$ 100 MM en otras inversiones, entre las cuales está la aplicación de nuevas tecnologías y/o adquisiciones de reemplazo en las unidades operativas de SPCC. Estas acciones se desarrollaron en el marco de una política de Estado sobre promoción de la inversión privada como vehículo para el desarrollo sostenido del país y la mejora de las condiciones de vida de su población.

En la actualidad, la empresa SPCC constituye uno de los pioneros de la minería de cobre en el sur del país que viene generando progreso y desarrollo en los pueblos de la zona de influencia, así que, la ambigüedad del discurso mítico sobre el dicho que la minería en Perú no paga quedaría rebatida por los hechos históricos expuestos.

Confianza de los agentes económicos en el sector minero

La cordillera de los Andes en el Perú ha sido por excelencia una fuente de recursos mineros que producen diversos minerales tales como: Oro, Plata, Plomo, Zinc, Molibdeno, Estaño y recientes yacimientos descubiertos de Hierro y Uranio, reflejan una parte del inmenso potencial minero del país.

El esfuerzo de largo aliento para consolidar un flujo de inversiones sostenibles hacia el sector minero en el país está dando sus frutos. Una muestra son las cifras registradas en el periodo 1998-2008 donde se ha invertido US$ 13,092 millones (MM) en desarrollo minero.Perú, en el mundo, actualmente es el 1er. productor de Plata y Teluro, ocupa el 2do. lugar en Zinc y se coloca como 3er.productor de Cobre.

Las exportaciones mineras en una década (1999-2008) se incrementaron de US$ 3,008 MM a US$ 18,656 MM manifestando la confianza de los agentes económicos en el sector minero.

Organismos de prestigio internacional dan cuenta que el impulso de la minería incide positivamente en las cuentas nacionales del Perú, por lo que el proceso de regulación ambiental se adecúa a las necesidades del país, priorizando las políticas mineras de estado a las coyunturales políticas de gobierno en sus diferentes niveles.

Importancia de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar

El balance y resultados 2007-2009 de la supervisión a la gran y mediana minería formal dado a conocer por el regulador, arrojan un aumento de 370% en los procesos sancionadores -para evitar y/o reducir la contaminación así como manejar adecuadamente el control de riesgos de accidentes mineros- esto, considerando los 122 casos ocurridos en el 2007 y los 450 procesos en el 2009.

Un incremento de posibles sanciones que acaban en multa abre un espacio discrecional a la autoridad administrativa que con facilidad puede actuar arbitrariamente priorizando la recaudación de la multa en menoscabo de la remediación ambiental.

Este riesgo se incrementa si es que no se tipifica y caracteriza las dimensiones y forma en que debe repararse el daño ambiental, una sanción de multa -difusa en sus márgenes de aplicación- resulta inadecuada, pues no constituye un elemento que ayude a ordenar y regular el sector minero, más bien se constituye en un elemento de distorsión pues en el ordenamiento legal peruano existe el incentivo de generar “mayores multas” para así repartir el 30% de las mismas entre los beneficiarios locales, con un plus que premia la puntualidad en el pago del supuesto infractor –por supuesto éste debe desistirse previamente de su derecho a impugnar administrativa y judicialmente la resolución que la impuso- así alcanzará ahorrar un 25% del monto multado.

En estas condiciones, el orden de US$ 13 millones que han dejado de pagar las empresas mineras en tres años en multas por supuestos “daños ambientales y operaciones inseguras” -probablemente reclamadas- se reduciría a pagar US$ 9.75 millones, de los cuales US$ 2.9 millones irían a parar a la Oficina de Administración y Finanzas del regulador para su repartición en la circunscripción donde se realizan actividades de pequeña minería y minería artesanal; el resto de dinero captado se quedaría en Lima. Si a esta cifra por captar le sumamos los US$ 3.7 millones ya cancelados por las mineras multadas llegaremos a obtener una cifra nada despreciable para el Fiscalizador.

Este ejercicio con los números nos da algunas luces del porque se habría engrosado la carga burocrática del regulador después de Enero del 2007, fecha que por Ley N° 28964 se transfirió competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG; actualmente el regulador se llama OSINERGMIN y cuenta con 302 servidores que representan el 40% del total de servidores que están en planilla en la totalidad de los cuatro organismos reguladores de la inversión privada del país bajo jurisdicción de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El efecto de este impacto generado podría ser discutible, sin embargo, llama poderosamente la atención del porque el regulador no ejerció diligentemente sus facultades para realizar la cobranza coactiva de sus acreencias -como son en el caso de las multas- más aún si estas facultades contaron con el soporte del Art. 8 del D.S. N° 078-2009-EM dado en Noviembre del 2009, que consideraba la presentación excepcional del Estudio Ambiental por parte del titular minero que no contaba con la certificación ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente siempre que haya cumplido con el pago de las multas impuestas y con las medidas correctivas y cautelares dispuestas por la Autoridad a cargo de la Fiscalización Minera.

Ahora, en que el regulador se queda sin las funciones de supervisión y Fiscalización Minera que estarán a cargo del nuevo Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, nos queda la sensación que con esta demora, se ha soslayado el requisito de cumplimiento de obligaciones, puesto que la imposición de una sanción no exime del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad sancionada- suponiendo que ésta fuera sancionada cumpliendo con los principios de legalidad y razonabilidad, entre otros; muy probablemente relegados.

Pues bien, este desfase refuerza nuestra impresión de que tal vez no se estaría identificando plenamente el daño ambiental generado que motive las sanciones. Es importante tipificar claramente el daño generado que debe ser remediado por el sancionado, más aun si es que la supuesta falta cometida es considerada Grave, si no se procede así, se perderá no solamente tiempo al entrar en todo este trámite burocrático que representa un proceso administrativo sancionador, sino que también se perderá la opción de reparar oportunamente el daño eventualmente generado si es que efectivamente se hubiese presentado.

Cabe anotar aquí, que el solo hecho de pasar un límite permisible en una muestra puntual no constituye necesariamente incumplimiento sistemático de compromisos y obligaciones ambientales, más aun si es que en los procesos se desarrollan respetando protocolos estandarizados con certificaciones internacionales de calidad. Considerar un hecho aislado como falta grave implica no solamente el hecho de sancionar administrativamente, sino que en estricto implicaría un proceso penal por consideraciones ambientales y por ende mantener pendiente -como una espada de Damocles- el riesgo de judicializar a todos los casos registrados con multa grave por el regulador hasta la fecha.

Lo que se constata, entonces, en este tema que consideramos central de la agenda pendiente de la nueva entidad encargada de las funciones de supervisión y fiscalización minera es que, de un lado, revise las fortalezas y debilidades de los instrumentos de regulación ambiental, y, de otro, que la necesaria rigurosidad técnica se instaure para identificar la gradualidad del daño ambiental generado previo a la sanción que el caso amerite. Cuál será su impacto en el Ministerio de Ambiente, las nuevas inversiones y el estado del medio ambiente en el país, veremos que sucede en el próximo Balance.