Megaproyectos mineros en Perú

En el discurso presidencial de hoy 28 de Julio del 2014, el presidente peruano mencionó que "En Minería, con la ejecución de mega-proyectos mineros como Constancia, Las Bambas, ampliación Cerro Verde, ampliación de Toromocho, Tía María, entre otros, se duplicará la producción de cobre consolidándonos como el segundo productor de cobre en el mundo".

Ciertamente el Perú tiene un panorama minero positivo a corto plazo, con cuatro megaproyectos de cobre con inversiones ya programadas y que entrarán en producción en los próximos años: Constancia (US$1,700 millones), la expansión de Cerro Verde (US$4,400 millones), Toromocho (US$4,800 millones) y Las Bambas (US$5,200 millones, recientemente vendida a MMG por US$5,800 millones). Se espera que con éstos, el país pase de producir 1.3 millones de toneladas métricas (Tm) de cobre a 2.8 millones de Tm.

Sin embargo, luego de eso, no hay más.
Al revisar los datos del MEM, se observa que tenemos una cartera de inversiones de US$60,000 millones, pero lo concreto es que fuera de estos 4 megaproyectos, no hay otros garantizados.
Hay muchos que están avanzando en etapa de prefactibilidad, pero no es hasta que se tiene el estudio de factibilidad, en que la decisión de inversión se toma y eso podría llevar décadas como en el caso de Las Bambas. Este proyecto viene desde 1974 y hoy, 40 años después, recién se ha movido a la fase ‘en construcción’.
En estricto, muchas iniciativas mineras siguen manteniéndose en la categoría ‘proyectos’.
Estas inquietudes sobre el particular, se traducen en el reto de asegurar grandes proyectos mineros en el horizonte, tal como lo expresa Semana Económica en un reciente análisis: 

"De entrada, el gobierno de Ollanta Humala tuvo que enfrentar dos situaciones difíciles en minería: debía cumplir con su promesa electoral de gravar las sobreganancias del sector y debía decidir si tomaba o no partido por el desarrollo del proyecto Conga, con todas las implicancias políticas y sociales que ello significaba.Ambas tuvieron resultados distintos.
En el primer caso, se cambió el sistema tributario minero a uno más equitativo, con el objetivo -incumplido, eso sí- de obtener más ingresos para el fisco.
Y en el segundo, Conga continúa paralizado y a la espera de la decisión política que reafirme los mensajes dados por el gobierno a favor de su desarrollo.

Aún cuando la inversión minera en nuestro país continuó creciendo desde el 2011 y la inversión en exploración ha bajado a la par de la tendencia mundial, se le ha criticado al gobierno que haya permitido la caída del Perú en varios rankings que miden el atractivo de los países para los capitales del sector.
Para solucionar este y otros problemas, el MEF lanzó hace poco un paquete de medidas de estímulo a la inversión que así como presenta aspectos positivos, también comete errores en materia tributaria. 

EL GOBIERNO EN SUS TRES PRIMEROS AÑOS

La reforma al sistema tributario minero consistió en tres medidas: se modificó el esquema de regalías mineras que existía hasta el momento, se creó un Impuesto Especial a la Minería y se creó un Gravamen Especial a la Minería. La primera de ellas fue la que mejor impacto tuvo en la competitividad del país.

“Hasta el 2011, la regalía minera se calculaba sobre el valor de las ventas, independientemente de las utilidades. Dos compañías con el mismo nivel de ingresos tenían que pagar la misma cantidad de regalías, aún cuando una podía tener pérdidas y la otra utilidades. Eso lo hacía un sistema regresivo. A partir del 2011, la regalía pasó a gravarse sobre la base de utilidades, es decir, pasó a ser un sistema ligeramente progresivo. Esto lo hace un régimen más equitativo, lo que en general es percibido de manera favorable por los inversionistas”, explica Marcial García, socio de impuestos de EY.

Sin embargo, debido a la caída en el precio de los minerales -un factor externo-, el objetivo principal, que era aumentar la recaudación, no se cumplió. ”Con la reforma, el gobierno esperaba recaudar unos S/.3,000 millones adicionales provenientes de la actividad minera. El problema es que ésta se dio cuando los precios estaban bastante altos y el gobierno no contaba con que caerían a partir de mediados del 2012 hasta ahora.
En el 2012, se recaudaron sólo S/.1,968 millones, poco menos de dos tercios de lo proyectado, y en el 2013, la recaudación cayó 15% más, pasando a S/.1,644 millones”, señala García.

Por su parte, Conga_según los analistas_ sería el principal lastre del gobierno frente a las inversiones mineras. “Detener Conga no solo fue un golpe para el país por la envergadura de su inversión, sino porque se paró un proyecto que había cumplido con obtener todos los permisos que se le requerían (más de 100) sin sólidos argumentos”.
“Conga nos ha pasado la factura. La inversión ha caído de manera significativa en los últimos años, sobre todo en exploración, porque una vez que las compañías empiezan a desarrollar los proyectos ya es difícil que se paralicen. Sin embargo, se genera un desincentivo para la exploración porque ese un momento en el cual todavía pueden elegir a dónde irse”, dice García.

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM), las inversiones en el sector minero han pasado de US$7,243.4 millones en el 2011, a US$8,503.3 millones en el 2012 y a US$9,723.8 millones en el 2013. Lo que significa que el año pasado hubo una subida de 14.35%. Ahora, si vemos sólo la inversión en exploración, en el 2013 hubo una caída significativa de 14.51% a US$774 millones, lo que le costó al país bajar del puesto 6 al 7 en el ranking global de inversión en exploración minera del Metals Economic Group (fuimos desplazados por Rusia).

Sin embargo, es necesario mencionar que, a nivel mundial, la inversión en exploración tuvo una caída conjunta de 29%, lo que quiere decir que el Perú está por debajo de la media de una tendencia a la baja global.
Finalmente, está el Fraser Institute Mining Survey, que mide la competitividad de 112 países y territorios geográficos como destinos para el capital minero. Luego de una terrible caída desde la ubicación 27 a la 58 entre el 2007 y el 2012, por fin el año pasado el Perú pudo repuntar dos puestos hasta el 56, es decir, exactamente a la mitad.

EL PAQUETE DE ESTÍMULO ECONÓMICO: ¿ES POSITIVO?

Si bien el paquete tiene medidas correctas, salta a la vista que una de ellas en vez de favorecer a las inversiones -como es su propósito-, las desalienta. Esta tiene que ver con la modificación de los Contratos de Estabilidad Tributaria (CET), que sirven para que las empresas continúen con las mismas leyes e impuestos con las que empezaron sus operaciones. Estos contratos han facilitado el ingreso de más US$17,000 millones en las últimas tres décadas. Con el nuevo paquete, el monto mínimo de inversión para firmarlos a 10 años pasó de US$2 millones a US$20 millones, los de 15 años se redujeron a 12 y su monto se multiplicó por 5 (hasta US$250 millones), y se creó un nuevo CET a 15 años por US$500 millones.

Hasta ahí, sólo estarían sincerándose cifras que tienen más de una década. Sin embargo, “la norma ahora dice que la estabilidad tributaria sólo alcanza a aquellas inversiones que se anticiparon en el programa de inversión original y que estuvieron contenidas en el estudio de factibilidad. Si se quiere que las inversiones posteriores estén comprendidas en la estabilidad, tienen que superar los US$250 millones y ser aprobadas por el MEM. Con ello, en lugar de facilitar el ingreso de mayores inversiones, se les está poniendo nuevos requisitos, lo cual es un contrasentido”, explica García. “Es muy difícil anticiparte a lo que vas a hacer de acá a 15 años”, agrega.

Ahora bien, el paquete del MEF sí ataca de manera significativa la burocracia o ‘tramitología’ -sobre todo en materia ambiental- que hacía que desarrollar una mina tomara “el inaceptable tiempo de 10 años”, en palabras de Igor González de Hudbay Minerals durante el XI Simposium del Oro y de la Plata. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas con fundamento por la comunidad ambientalista y se ha analizado que su impacto sobre la inversión podría no ser directo, sino sólo marginal.

Para empezar, se conmina al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a una labor preventiva más que fiscalizadora, y se limita su capacidad de sanción al 35% de la multa que le correspondería aplicar en un caso dado. Además, se traslada la responsabilidad de catalogar como zona reservada del Ministerio del Ambiente (Minam) al Consejo de Ministros, con lo que se corre el riesgo de quitarle carácter técnico a la decisión.
Finalmente, se acortan los plazos para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y se revalúa el concepto de estándares de calidad ambiental (ECA).

Responsabilidad social de la minería

Las empresas mineras ejecutaron S/. 4.468 millones en proyectos de desarrollo social entre el 2007 y el 2012, según publicación de La República y revelado por el estudio “el gasto social de las empresas mineras: entre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad social empresarial”, elaborado por el Grupo Propuesta Ciudadana.

Gustavo Ávila, investigador principal de la citada entidad, explicó que de dicha cifra, un 47% es ejecutado en el marco del compromiso de las empresas mineras por las Actividades de Desarrollo Sostenible (ADS), el 42% como parte del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) y el 11% restante corresponde a las inversiones de los Fondos Sociales (FS).

Y ¿hacia dónde se orienta la inversión de desarrollo social de las empresas mineras? El conjunto de los recursos, es decir, los casi S/. 1.594 millones se orientan a proyectos en infraestructura básica (35%), seguido por educación (16%), economía local (15%) y empleo local (12%). Es así que el conjunto de estos cuatro rubros concentran el 78% del total de recursos.  

El MEM debería hacer seguimiento al beneficio brindado por la minería a las localidades.

Entre las empresas que figuran adheridas al PMSP están la compañía minera Antamina, Minera Yanacocha, Sociedad Minera Cerro Verde, Xtrata Tintaya, Minera Barrick Misquichilca, Southern Peru Copper Corporation, Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad Minera El Brocal, Minsur, Compañía Minera Milpo y la Empresa Minera Los Quenuales.

Epifanio Baca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, informó que durante los años 2007 y 2012, el PMSP permitió contar con S/. 2.285 millones para desarrollar proyectos sociales transformando recursos que pudieron ser públicos en privados.

Mientras que los Fondos Sociales, que buscan generar un clima de confianza desde el inicio de la inversión minera, manejó recursos por cerca de S/. 500 millones durante los seis años referidos.

Las ADS, que son recursos de las empresas mineras, entre el 2007 y 2012 destinaron S/. 2 mil millones.

Al respecto, el Grupo Propuesta Ciudadana consideró necesario que el Gobierno regule el uso de los fondos públicos en el gasto social de las mineras en el FS y el PMSP que erróneamente puede ser calificado como Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).

Por su parte, el gerente de gestión social de Antamina, Darío Zegarra, manifestó que bajo ninguna circunstancia se debe reemplazar la responsabilidad del Estado. "Las mineras estamos apostando por una sostenibilidad con mejora de la calidad de vida para eso se debe trabajar de forma concertada", dijo.

URGE UN ROL MÁS PROACTIVO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana, sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe jugar un rol más proactivo en el seguimiento de los programas que implican inversiones sociales, ya que representan una oportunidad para las localidades donde se desarrollan los proyectos mineros.

"Es necesario un rol más participativo en cuanto a la toma de decisiones ya que dichas acciones se dan en el marco de la relación entre las autoridades locales y las empresas", refirió.

Por ello, tanto las empresas como el MEM deben hacer un seguimiento o análisis no sólo de la gestión de los proyectos y/o programas sino también el beneficio a las localidades.

Desmitificando la minería peruana

Semana Económica publica un mensaje ‘desmitificador’ sobre cuatro creencias en la minería peruana brindado por Roque Benavides _presidente ejecutivo de la minera Buenaventura_ en el foro “Proyecciones económicas y oportunidades de inversión”, organizado por Centrum Católica y Forexperú. Aquí sus argumentos. 

1. “La economía está ‘de bajada’ y el sector minero también”

Desde que el entró a trabajar en Buenaventura hace 35 años —dijo—, la compañía ha sobrevivido a todos los periodos de crisis. “De hecho, la mayoría de esos años hemos estado en crisis económica y aún así nos fue bien”, aseguró. 

Para el sector —precisó—, lo más preocupante es la retracción de la inversión en exploración y desarrollo minero, es decir, la búsqueda de nuevas fuentes de minerales. “Todavía no se conoce todo lo que queda por conocer”, destacó. A Benavides le preocupa que, mientras en el mundo la inversión en este rubro continúa en aumento, en el Perú “ha retrocedido en 13% entre el 2012 y el 2013”. 

2. “En el Perú, los proyectos mineros se ejecutan al instante”

La lentitud con la que se ejecutan los proyectos mineros sigue siendo unos de los grandes problemas del Perú. La situación en el 2014 es la siguiente: desde que se descubre el mineral hasta que entra la mina en operación, “en promedio pasan 18 años”, dijo Roque Benavides. Ello se contrasta con los tres o cuatro años que, en palabras del ejecutivo, demoraba en 1995. Pero podría ser peor: en los siguientes años el lapso se podría ampliar considerablemente. 

“El Perú no se puede dar el lujo de tener inversiones mineras sin realizarse durante tanto tiempo”, señaló Roque Benavides. Antamina se descubrió en 1950 —recordó—, “¡y empezó a operar en el 2001!”. La mina de fosfatos de Bayóvar se descubrió en 1927 y en el 2005 entró en operaciones. Lo mismo ocurrió con Las Bambas, que  se descubrió en 1974. ¿Cuáles son los principales impedimentos? Los de siempre: los trámites engorrosos, la dificultad para conseguir talento de calidad y los conflictos sociales. 

3. “Apurímac y el país son mineros, y ya no necesitan de Las Bambas”

Hay que tomar con pinzas esta afirmación, dijo la cabeza de Buenaventura: “Apurímac sí es una región minera, pero de minería informal. Las Bambas es el primer proyecto minero formal que llega a operar allí”. 

Pero hay otro mito escondido en la frase y que es uno de los más difundidos: según información oficial, “sólo el 1.37% del área del Perú tiene exploraciones o explotaciones mineras”. Es decir, el potencial del país continúa siendo inmenso. 

4. “La minería no genera valor agregado y tampoco empleo a la gente”

Este es tal vez el mito más conocido. Si se analiza sólo el valor de la transferencia del metal, podría ser verdadero. Sin embargo, la minería “brinda mucho empleo y valor agregado de manera indirecta”. Por ejemplo —destacó—, a través de la construcción, una actividad económica que se mantiene ascenso.

“El proyecto Sulfuro Primario de Cerro Verde ha demandado una gran cantidad de concreto y en Arequipa se está generando un cluster alrededor de la minería”, dijo. Más allá de los minerales —concluyó—, el sector genera oportunidades de desarrollo en las regiones.

¿Opositores a la minería al poder?

Para las elecciones de nuevas autoridades Regionales y Municipales de octubre próximo en Perú, se están presentando opciones democráticas válidas como las que representan a pueblos originarios y asociaciones indígenas , entre otros hechos curiosos como los que son descritos por el diario Expreso:

"A la insólita presentación de la candidatura a la reelección del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, pese a la prisión preventiva que afronta por presuntos malos manejos durante su gestión, se suman otras en esta y otras regiones del país donde las asonadas de los opositores a la minería hicieron noticia.

Uno de ellos es el dirigente Walter Aduviri Calizaya, recordado por haber liderado en mayo del 2011 una revuelta en oposición a las concesiones mineras en Puno en la que se atentó contra las sedes de Sunat, la Contraloría y otras instituciones en la capital de la región, dejando cuantiosos daños. Busca presidir Puno por Democracia Directa, el partido de los fonavistas.

El exalcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca da el salto y en estos comicios tentará la presidencia regional de Cusco. Este personaje saltó a la palestra tras poner reparos a las operaciones de Xstrata Tintaya aduciendo contaminación ambiental por parte de la minera, lo que desató un enfrentamiento que dejó como saldo cuatro muertos. La Fiscalía pidió para él diez años de prisión por liderar estas protestas.

Cabe resaltar que Mollohuanca es candidato de Tierra y Libertad, agrupación que lidera el exsacerdote Marco Arana, uno de los más férreos opositores al proyecto Conga en Cajamarca. Este último ha anunciado ya que postulará a la presidencia de la República en el 2016.

Pero la influencia de Arana Zegarra no dejará de sentirse en Cajamarca.

Sergio Sánchez Ibáñez, quien hasta inicios de este año fue director ejecutivo de la ONG del excura, Grufides, es candidato del Frente Amplio –al que pertenece Tierra y Libertad– a la alcaldía de la provincia de Cajamarca.

Antes Gregorio Santos lo invitó a formar una alianza y ser candidato de su partido, Movimiento de Afirmación Social (MAS), según el mismo Sánchez declaró.

También en esta región del país, el presidente del Frente de Defensa del poblado de Bambamarca, Edy Benavides, se lanza a la alcaldía de la provincia de Hualgayoc por el movimiento regional Luchemos por Cajamarca. Cabe recordar que el dirigente amenazó en su momento con iniciar acciones de fuerza para el cierre definitivo de emprendimientos mineros en la región, como Gold Fields La Cima, La Zanja, entre otros.

Santos Guerrero, por su parte, no ha dejado de posicionar candidatos en Cajamarca. Jorge Luis Urquía Sánchez, un exconsultor del gobierno regional, postula hoy por el MAS a la alcaldía de Celendín. El experto en temas mineros Miguel Santillana ha señalado que Urquía es uno de los principales operadores del encarcelado presidente regional.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región Cajamarca es en la actualidad la región más pobre del Perú, con el 52.2% de su población en dicha condición.

Diversos análisis atribuyeron este bajón en los indicadores a la oposición que diversos dirigentes y frentes de defensa mostraron hacia los emprendimientos mineros que se anunció en la región, como el proyecto Conga. Este debió empezar a operar en el año 2011, con una inversión de 4,800 millones de dólares".

Evaluación Ambiental en Linea

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó ayer domingo 13 de Julio del 2014 _en el diario oficial El peruano _ la Resolución Ministerial N° 314-MEM/DM que implementa el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) para la presentación y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), correspondientes a la categoría III, para los proyectos mineros de mediana y gran minería.

El diario Gestión  difunde características de la medida que estará vigente desde hoy lunes 14 de Julio del 2014 , disponiendo que la presentación de los EIA-d, correspondientes a la Categoría III y sus modificaciones, se realizará exclusivamente a través del SEAL.

Sin perjuicio de ello, durante el procedimiento de evaluación y a requerimiento expreso, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) podrá solicitar información cartográfica y/o material gráfico impreso específico, sin contenido distinto a la ingresada vía el SEAL.

Asimismo, la tramitación, el ingreso de información, el traslado de las observaciones y su levantamiento, así como las notificaciones a los titulares mineros, se realizará únicamente a través del SEAL.

El SEAL_ implementado desde el 1 de julio de 2011_ está a cargo de la DGAAM y tiene por objetivo  uniformizar vía Internet los procedimientos de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables a las actividades de mediana y gran minería, promoviendo con ello la transparencia y facilidad en el acceso a la información, el ahorro de papel y la celeridad en la tramitación y evaluación de los estudios ambientales.

Desde el 1 de julio del 2011, la presentación de los instrumentos correspondientes a las categorías I y II, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y EIA Semidetallados (EIA-sd) se realizan exclusivamente a través del SEAL.

El MEM estableció incorporar a la categoría III en la norma arriba indicada, indicando que es responsabilidad del titular minero o de su representante legal, debidamente acreditado, el contenido, registro y/o modificación de la información que se consigne en el SEAL y que se le sea requerida durante el procedimiento de evaluación.

Percepción de cara a COP20

En Perú, se vienen presentando situaciones paradójicas en la segunda mitad del año 2014 buscando armonizar el crecimiento económico con el respeto a la naturaleza. Los esfuerzos realizados son de naturaleza mayormente legal e involucra tanto a recursos naturales, como a recursos humanos.

Por citar algún caso, mientras se modifica la Ley 29783 _Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo_ la percepción en el exterior es como Ecoportal presenta seguidamente:

"El gobierno de Perú, país anfitrión de la próxima vigésima Conferencia de las Partes sobre el cambio climático COP20, a realizarse en diciembre de este año, no ha sentido la necesidad de guardar aunque sea mínimas apariencias de responsabilidad ambiental ante esta cita histórica que le toca organizar y hace unos días ha presentado públicamente un paquete de medidas que debilitan la incipiente institucionalidad ambiental y permiten mayores niveles de contaminación del medio ambiente, violando de paso normativas internacionales y nacionales que obligan al estado peruano.

Como en los tiempos de la época colonial, en que los pueblos originarios compartieron la suerte de la naturaleza, sufriendo igual explotación y saqueo, el gobierno ha argumentado estas medidas bajo el eufemismo de “flexibilización ambiental” para incentivar las inversiones, de manera idéntica a la “flexibilización” laboral que argumenta para anular derechos a los trabajadores.

Más allá de los eufemismos y los discursos políticamente correctos, el mensaje es inequívoco. La preocupación ambiental es un decorado aceptado de mala gana, que el gobierno considera de suyo opuesto al crecimiento económico, el cual a su vez se erige como verdad incuestionable, que se busca legitimar además como solución a la pobreza, a pesar de los datos de la realidad, tan paradojales como las medidas del anfitrión de la próxima COP.

En el año 2013, el Perú tuvo un crecimiento macroeconómico de 5,2%, con el cuarto lugar entre más de treinta países latinoamericanos (CEPAL, 2014). Contradictoriamente, según propias cifras oficiales del INEI, este mismo año la pobreza aumentó -sí, leyó bien, aumentó- en ocho regiones del país.

Cajamarca, una de las más emblemáticas de entre muchas con graves y persistentes conflictos ambientales, que incluyen varios ciudadanos muertos por la represión policial durante este gobierno, es la más empobrecida del país, a pesar y en contra del discurso oficial de la inversión y el crecimiento, ya que es en esa misma exacta región donde la cuestionada minera Yanacocha lleva más de diez años “invirtiendo”.

No cuesta mucho adivinar que probablemente veamos aumentar los conflictos sociales a futuro en el Perú. Más desalentador aún, es que el Perú oficial, desde su lugar de anfitrión de la COP20, haya dado este objetivo golpe de debilitamiento a los ya de por sí difíciles resultados que la humanidad necesita y espera de la Conferencia.

En ese mar de paradojas, resulta triste, pero también de lo más lógico, reconocer la realidad de que el Perú no avanza, sino que literalmente retrocede, hacia la COP20". 

Estrategia para actividades extractivas

El grupo Organiza da cuenta de los alcances de la conferencia “Sobrevivencia de la Industria Extractiva frente a los líderes ideológicos” desarrollada en las instalaciones del  Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; donde el expositor Rafael Valencia – Dongo  Cárdenas  se refirió a las estrategias utilizadas por las empresas del rubro extractivo.

Indicó que actualmente las organizaciones desarrollan una estrategia que está mal enfocada, es decir quieren cambiar creencias dando contra-argumentos. Sin embargo, el efecto real difiere radicalmente del objetivo inicial.

Para re-enfocarla, propone asociar a la minería con otro concepto, es decir no combatir el concepto preasociado.

Explica que primero se debe generar mensajes promoviendo otro concepto (Minería y Familia); segundo, lograr que los trabajadores y sus familias se comprometan con el desarrollo; tercero, alcanzar una masa crítica que combata a los opositores de la inversión privada.

Otra alternativa mencionada; fue el mecanismo de Obras por Impuestos. Esta modalidad permite desarrollar obras en vez de pagar el Impuesto a la Renta; con ello se otorga una oportunidad a la entidad privada para que pueda ejecutar proyectos que el Estado ha priorizado.

Permisos y plazos en minería peruana

En permisos y autorizaciones mineras, indicamos que para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas.

En ese orden de ideas, el diario Gestión publica que en los proyectos mineros en el Perú demoran hasta ocho años en tener todos los documentos que el Estado les exige.

“Para cumplir con estos 400 permisos, un empresario requiere de seis a ocho años”, declaró Alfredo Remy _de la firma PwC_ en el programa de TV Rumbo Minero.

Remy sostuvo que si bien por el momento no se aprecia un proyecto minero grande hacia el 2017 y 2018, la puesta en marcha de Constancia, Las Bambas y ampliación de Cerro Verde permitirán que los niveles de producción mineral sean importantes y debería sopesar la baja de precios.

Uno de los problemas que actualmente enfrenta el sector minero es el financiamiento, situación que complica con los conflictos en Siria, Ucrania e Irak han impactado en el precio del petróleo y en los valores del oro y del cobre, metal que se utiliza para apalancar financiamiento que proviene de Estados Unidos para luego prestarlo en China.

“En el 2013, la utilidad neta de las 40 principales empresas bajó cerca del 72%. El primer cuarto del 2014 ya se ve una estabilización en términos de capitalización de mercado”, precisó.

Nueva calificación crediticia peruana

Según publicación de Reuters , la agencia Moody's subió el miércoles la calificación soberana de Perú por expectativas de que se acelere el crecimiento de la economía, se fortalezca su posición fiscal y que reformas estructurales mejoren su potencial de expansión.

Moody's subió la calificación a 'A3' desde 'Baa2' con una perspectiva estable, convirtiéndose en la primera agencia en otorgarle una nota 'A' a la deuda de largo plazo en moneda extranjera del importante productor de materias primas.

La nueva nota peruana de Moody's, en la categoría de grado de inversión, se colocó al mismo nivel de México y sólo por debajo de Chile dentro de los países de Latinoamérica.

La mejora llega en momentos en que la economía de Perú se está desacelerando por una menor demanda de minerales de grandes consumidores como China.

"El principal factor que impulsó la decisión de Moody's de subir la calificación soberana del Perú es el sostenido fortalecimiento del balance del Gobierno", dijo la agencia en un comunicado.

"A pesar de la desaceleración cíclica de la actividad económica y de la caída de los precios de exportación de 'commodities' (materias primas) clave, la diversificación de ingresos tributarios ha contribuido a fortalecer la salud fiscal del país", agregó.

Una calificación de deuda más alta permite a los emisores obtener mejores condiciones de financiamiento cuando acuden a los mercados.

La agencia destacó asimismo los esfuerzos del Gobierno del presidente Ollanta Humala para frenar la desaceleración de la economía, con el envío al Congreso de un paquete de reformas en busca de reducir la burocracia y fomentar las inversiones. "Moody's considera que estas medidas impulsarán la producción potencial y la inversión del sector privado, al mismo tiempo que también se ocuparán de las preocupaciones en la comunidad empresarial sobre temas burocráticos que han afectado negativamente a la confianza de los inversionistas", afirmó.

Como resultado de estas reformas, Moody's espera que la actividad económica de Perú se acelere hacia el 2015 y el 2016 a aproximadamente un 6 por ciento; mientras que para este año pronostica una expansión de "poco más de un 5 por ciento".

Faltas y delitos ambientales en Perú

Los casos más comunes con delito ambiental en Perú corresponden a las empresas petroleras y mineras. Este hecho tiene que ver con lo establecido por los límites máximos permisibles (LMP) para industrias, así como el ajuste de los estándares de calidad ambiental (ECA), por parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y otras autoridades competentes.

También tiene marcada influencia la filosofía anti industrias extractivas que induce presiones mediáticas debido a su dimensión vinculante con la política económica sustentada en un modelo primario exportador que caracteriza al país de los Incas.

Según las normas peruanas, en caso de infracciones ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental _ OEFA, puede imponer hasta 30,000 unidades impositivas tributarias (UITs)  a la empresa infractora. Para el año 2014, el valor de una UIT  es S/. 3,800 nuevos soles. Asimismo, la pena por un delito de contaminación es de hasta seis años de privación de la libertad o cárcel.

Contaminación Industrial no petrolera , ni minera;

impactando  la Napa freática en humedal peruano.

En este escenario, el diario Gestión indica que “el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de Piura abrió 323 procesos por presuntos delitos contra el ecosistema en diversas regiones del norte del país. Según informó, 23 de los casos están relacionados a la minería informal y cinco de estos fueron cometidos en el distrito de Tambogrande, Piura. El órgano jurisdiccional fue creado hace cinco meses y sus competencias alcanzan a los distritos judiciales de Piura, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque y Sullana”.

Recordemos que el primer proyecto de grandes inversiones paralizado en el país por conflictos sociales fue en Tambogrande, en el año 2002. La oposición de grupos antimineros llevó a que se retire la empresa Manhattan; sin embargo, los daños ambientales se realizaron por intervención de otras industrias productivas, las cuales se mantuvieron en operación , sin una marcada oposición de ONGs ambientalistas y laxa participación de las autoridades ambientales competentes.

Inversión sectorial en saneamiento

En Saneamiento & minería difundimos algunas cifras de nuestras investigaciones en inversión sectorial en Perú, como que en el periodo 1985-2005 (veinte años), las inversiones en Saneamiento fueron del orden de los tres mil millones de dólares; en el periodo 2006-2010 (cuatro años), se invirtió en Saneamiento el orden de los dos mil millones de dólares y de otro lado, entre Enero y Noviembre del 2011 (11 meses), las inversiones en minería ascendieron al orden de los 6 mil millones de dólares. 71.9 por ciento más respecto al mismo período del 2010.

Para ver algún nivel de contraste, seguidamente citamos parte de la publicación "Políticas e institucionalidad enmateria de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe.  CEPAL donde las investigaciones de Franz Rojas Ortuste indican que "la ejecución presupuestaria en saneamiento fue de 840 millones de dólares en el año 2009 y de 845 millones en 2012, que en comparación con el periodo 2000-2005 (167 millones) ha sido mucho más alta, como parte del impulso otorgado con el Programa Agua Para Todos (PAPT) durante el quinquenio 2006-2011. Sin embargo, muchas obras del PAPT han quedado inconclusas o sin financiamiento o personal para su operación y mantenimiento. Las fuentes de financiamiento han sido fundamentalmente recursos del Tesoro Público y empréstitos y recursos no reembolsables de la cooperación internacional, con baja contraparte de las Empresas Prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).

En efecto, si bien las EPS se formaron entre 1994 a 1996, recién en 1999 se emitió la Resolución 1200-99-SUNASS con la cual se dio inicio al proceso de reordenamiento tarifario, y para fines del año  2006, con la Ley 28870, se efectuaron los primeros ajustes tarifarios —salvo algunas excepciones—, dado que ya no se requería del aval municipal para el efecto. Por su parte, el Plan Bicentenario 2021 considera estratégicos tanto el Programa Nacional de Saneamiento Rural que contaría con un presupuesto de 640 millones de dólares, como el Programa Nacional de Saneamiento Urbano con un presupuesto de más de 1,8 mil millones. Dicho plan plantea avanzar hacia el acceso universal de la población a servicios adecuados de agua potable y saneamiento,  para lo cual fija la meta de 85% de la población con acceso a servicios regulares de agua potable y 79%  con cobertura de alcantarillado para el año 2021. De manera complementaria, se cuenta con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del MVCS, como instrumento orientador de la gestión  institucional y sectorial, con objetivos estratégicos, institucionales y sectoriales así como la  programación multianual institucional y sectorial. Adicionalmente, la Ley de modernización de los Servicios de Saneamiento_ Ley 30045 establece un impulso redistributivo en la inversión sectorial, e indica que a partir del año 2013 el Gobierno Nacional destine al menos 3% de los recursos previstos en inversión de obras de agua potable y saneamiento, a los gobiernos regionales y locales que no reciban canon, sobre-canon o regalía minera, para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión en estos servicios. Estos recursos se distribuyen entre las provincias tomando en cuenta  factores tales como población sin servicios, niveles de pobreza y capacidad financiera de la provincia".

Asimismo, de acuerdo con esta Ley 30045, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  podrá intervenir en aquellos proyectos que se encuentren paralizados y que hayan sido financiados con recursos del Ministerio, a fin de realizar las acciones que correspondan para la culminación de las obras. 

De otro lado, el gobierno peruano dictó el Decreto Supremo N° 015-2013-Vivienda, que reglamentó la precitada Ley 30045, asignando funciones específicas al  Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS); organismo cuyo desempeño es comentando en sendas publicaciones : Proceso de inversión privada en EPS y Reformas en gestión del agua en EPS. También emitió el Decreto Supremo N° 009-2014-Vivienda donde aprobó el procedimiento para la aplicación de aportes no reembolsables (ANR) en los Servicios de Saneamiento.

Reformas en gestión del agua en EPS

Continuando con el análisis expuesto en Proceso de inversión privada en EPS y el desarrollo de Semana Económica sobre las reformas previstas para la gestión del agua por parte de las EPS, reproducimos parte de lo que estaría considerando establecer el ejecutivo de cara al futuro:

"Más de cincuenta empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en el Perú –entre ellas Sedapal– enfrentarán una reforma en los próximos años. SEMANA económica conversó con el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Milton von Hesse, para entender los pormenores de dicha reforma. ¿Qué hará el gobierno para arreglar la pobre gestión de estas empresas? Y… ¿qué rol tendrá el sector privado?

El primer paso de la reforma es que el Gobierno Central reemplace a los municipios como entes encargados de la gestión de las EPS. Para ello el gobierno apelará a la voluntad de los alcaldes de ceder voluntariamente la gestión de las EPS de sus localidades.

De momento, el gobierno no tomará control de estas empresas a través de los mecanismos que establece la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamento, según reveló Milton von Hesse. Con esta ley, el gobierno central puede tomar control de las EPS en situación de insolvencia, entre otros supuestos, tras una evaluación.

Sin embargo, el ministro asegura que ya existen dos regiones donde todos sus alcaldes estarían dispuestos a ceder el control de sus EPS. Tras obtener el control de las EPS, se ejecutarían procesos graduales de ingreso de la inversión privada.

Primero se buscará promover la inversión y gestión privada en las plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamiento de agua potable a través de modelos de asociaciones público-privadas (APP) y del mecanismo de obras por impuestos. De acuerdo a la evolución de cada EPS, la participación privada se extendería al manejo comercial de la empresa, como la microfacturación, el cobro de los servicios y hasta la gerencia misma.

Por ahora, no se privatizarán –transferir en su totalidad a una empresa privada– estas empresas, como se hizo con la EPS de Tumbes, que se privatizó a la Empresa Aguas de Tumbes y que hoy constituye la única EPS privatizada en el Perú. Pese a ello, el objetivo de la reforma es implantar modelos de gestión basados en criterios de eficiencia en estas empresas.

Autoridad Nacional = ANA_Ley 29338

La "Autoridad Nacional" mencionada en la Ley 29338-Ley de Recursos Hídricos, es precisada como una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la sentencia del Tribunal Constitucional: STC Nº 0001-2012-PI/TC ; la cual declaró a inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional de Cajamarca N.° 036-2011-GR.CAJ-CR, que declara inviable el Proyecto Minero Conga. Asimismo, sobre la explotación de recursos naturales_ señaló que,no es una actividad que se encuentre desregulada, y tampoco cuenta con licencias especiales que la eximan de la compensación o indemnización de los daños que esta origine. El Colegiado hace referencia al deber que tienen las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales de establecer mecanismos para prevenir daños ambientales y conflictos sociales. Dicho de otro modo, las empresas tienen la obligación y responsabilidad social de desarrollar su actividad empresarial en armonía con los intereses de la comunidad. Seguidamente hace referencia al conjunto de obligaciones que asume el Estado frente a las actividades extractivas de recursos naturales. El Estado debe fiscalizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección del medio ambiente; asimismo, implementar políticas públicas que beneficien de manera especial la principal actividad económica de las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos. Posteriormente desarrolla la atención a situaciones de daño o afectación de derechos de terceros que deben observar las empresas. Si la actividad empresarial, genera daños estos no solo deben ser sancionados por la Administración, sino que deben generar una reparación directa, justa, inmediata y proporcionada a las personas directamente perjudicadas.Los órganos jurisdiccionales deben convertirse en garantes de estos intereses, debiendo para ello considerar de manera objetiva y responsable los daños provocados a fin de establecer un pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos. Tanto el Estado, como la empresa,tienen el deber de plasmar el principio de co-participación de la riqueza (empresa-comunidad). Seguidamente se presenta el resumen de la sentencia publicada el 17 de Abril del 2012:

STC Nº 0001-2012-PI/TC

"El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Fiscal de la Nación contra la Ordenanza Nº 036-2011-GR.CAJ-CR del Gobierno Regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga al determinarse que el Gobierno Regional de Cajamarca se extralimitó en sus funciones y contravino la repartición de competencia establecida por la Constitución, pues los gobiernos regionales no son competentes para regular aspectos relativos a la gran y mediana minería. Por tal motivo, señaló, que corresponde al gobierno nacional elaborar planes de control de la actividad económica de las empresas dedicadas a la extracción de minerales, pues si bien la inversión privada es necesaria para crear riqueza, corresponde al Estado el ineludible rol de fiscalizar que tales actividades no se encuentren reñidas con el medio ambiente, principalmente en el caso de actividades extractivas.En el presente caso, el Colegiado advirtió de los considerandos de la Ordenanza Regional bajo examen dos tipos de argumentos: Aquellos dirigidos a sustentar la conservación e intangibilidad de la protección de cabeceras de cuencas como de interés público regional, y aquellos dirigidos a sustentar la inviabilidad de la ejecución del proyecto Conga al cuestionar el EIA de tal proyecto minero aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MEM.Señaló también que este proceso de inconstitucionalidad era en esencia un conflicto de competencias que debe ser tramitado según lo ordena el artículo 110º del Código Procesal Constitucional debido a que la Ordenanza Regional tiene rango legal (art. 200º, inciso 4, de la Constitución). Precisó, por otro lado, que en este caso en particular, no analizaría la legalidad o constitucionalidad de actos administrativos como el EIA referido, por no ser competente para ello en el presente proceso, avocándose exclusivamente a determinar las competencias establecidas por la Constitución y otras normas (LBD, LOGR, Ley Nº 28273 - Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales,Decreto Supremo N°052-2005-PCM o el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, entre otros),tanto para los gobiernos regionales como para el Gobierno Nacional en el ámbito del sector minero, teniendo en consideración la protección del medio ambiente, específicamente, los recursos hídricos (las cabeceras de cuenca). Asimismo, para determinar los límites concretos de las competencias de los gobiernos regionales y el Gobierno Nacional, el Colegiado apeló al test de competencia, el cual está estructurado según determinados principios constitucionales: principio de unidad, principio de competencia, entre otros, desarrollados en las STC Nº 0020-2005-PI/TC (FF.JJ. 34-79) y otras (0024-2006-PI/TC, 006-2010-PI/TC y 008-2010-PI/TC). Así, refirió que la Constitución (art. 192º) ha establecido que las regiones son competentes para regular las materias relativas al ámbito de minería. Por su parte, la LBD (art. 36 c) y la LOGR (art. 10º inc 2 c), en su calidad de normas interpuestas, han establecido que estas competencias son compartidas. Sin embargo, aclaró que estos artículos no presentan una lista específica de cómo se reparten tales responsabilidades normativas,pero que ello se podría deducir de lo establecido en el artículo 59º de la LOGR, que complementando y desarrollando las disposiciones previas, establece que son funciones específicas de los Gobiernos Regionales, en materia de energía y minas e hidrocarburos: “a) Formular,aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región,en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. […]” y “f)Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional” (énfasis agregado). De lo expuesto advirtió que los gobiernos regionales están encargados de regular y fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal, no contando con competencia expresa en el ámbito de la gran y mediana minería, cuya competencia corresponde al Gobierno Nacional. Por tanto, siendo esto así, concluyó el Tribunal que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería,como es el caso del proyecto Conga; y que, con la Ordenanza Regional impugnada, estaría excediendo sus funciones y contraviniendo la repartición de competencia establecida por la Constitución y las normas antes citas. Por todo ello, consideró que el artículo segundo de la Ordenanza regional bajo estudio debía ser declarado inconstitucional. De otro lado, en la Ordenanza Regional impugnada se planteó también proteger a determinado sector de la población cajamarquina de un proyecto minero cuyo EIA tenía, supuestamente,serias deficiencias. El Colegiado, expresó al respecto, en consonancia con lo señalado en el punto anterior, que la determinación y autorización del EIA para proyectos de mediana y gran minería era competencia del Gobierno Nacional. A mayor abundancia, citó que tal relevancia ha sido, asimismo, reconocida en la LRH, que en su artículo 75 establece: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Además, puntualizó que del artículo 4 de la LRH se lee que la Autoridad Nacional es una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por lo tanto, es el ANA el organismo encargado de determinar la intangibilidad de una zona de cabecera de cuenca y no el Gobierno Regional, que no interviene en tal procedimiento. Consecuentemente, determinó que atendiendo al principio de taxatividad y de subsidiariedad, el Gobierno Regional de Cajamarca no era competente para declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca en su región, deviniendo también en inconstitucional el artículo 1º de la ordenanza impugnada".

Proceso de inversión privada en EPS

En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial.

En este contexto, Semana Económica presenta un análisis de lo que representaría un nuevo modelo de gestión del recurso agua en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los siguientes términos:

"Las empresas prestadoras de agua y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio —estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura —número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.

Como si esto no fuera suficiente, el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión podría ser autosuficiente y rentable.  ¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales, que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar favores políticos.

Recientemente el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización  de los servicios de saneamiento y su reglamento.  ¿Qué establece esta ley (y su reglamento) al respecto?

CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS

Las EPS que tengan una gestión y situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre tales empresas.

Para las EPS que tienen una mala gestión,  es decir, que incumplen con las metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS—  como expandir sus conexiones, o que tienen una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.

Las EPS con una gestión incluso peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales EPS tras su proceso concursal.

Al 2012, existían al menos 10 EPS con pérdidas de más de S/.1 millón  y otras 11 con pérdidas menores.  Entonces, ¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas por el Gobierno tras una reforma?

PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS EPS

La ley indica que durante el régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.

Pero, ¿bajo qué condiciones entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría, como ya se mencionó,  máximo 15 años. Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un eventual proceso de inversión privada en las EPS.

Asimismo, aún persiste la interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—.  Actualmente, la ley y su reglamento sólo contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas (APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LAS EPS?

La ley y su reglamento únicamente dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones. Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para hacerlo".

Permisos y autorizaciones mineras

Para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas.

Así lo observó Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, que advirtió que las empresas mineras deben contratar un ejército de abogados y demorar varios años en trámites, por un excesivo control de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste sector productivo.

Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2% del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la minería, y tramitar esto le toma años.

En tal sentido, remarcó que no existe uniformidad en la aplicación de las normas, y más aún, existe falta de predictibilidad en los procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto hacer minería en el país.

Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA).

Modificación del sistema tributario

El diario Gestión difundió el anuncio del  presidente de la República, Ollanta Humala, que el Consejo de Ministros aprobó un grupo de medidas que abordarán prioritariamente la modificación del sistema tributario, impulso a la inversión en sectores claves y la reducción de sobrecostos al sector privado.

“Aún existen una serie de limitaciones para que la inversión privada se ejecute a la velocidad que necesitamos los peruanos, por eso en los próximos días presentaremos al Congreso de la República una serie de medidas que permitirán impulsar el crecimiento económico y las inversiones de las pequeñas, medianas y grandes empresas”, señaló.

Indicó que las medidas constituyen una “nueva etapa” dentro de las reformas que ha venido implementando el gobierno para agilizar las inversiones y abordarán prioritariamente tres frentes.

El primer frente será la modificación al sistema tributario para reducir costos de transacción y darle predictibilidad al contribuyente.

“El segundo es el impulso a la inversión en sectores que, por la magnitud de sus inversiones, son generadores de crecimiento y empleo como son minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros”, dijo.

Mientras que el tercer frente es para la reducción de sobrecostos de la economía, a través de la simplificación de trámites, procedimientos exigibles al sector privado y la eliminación de incentivos perversos en la aplicación de sanciones.

“Además para que los procesos de contrataciones en el Estado sean más rápidos y eficientes, se modificará la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de acelerar los procesos de contratación, generar incentivos para la competencia y reducir los riesgos de fraude y la corrupción”, enfatizó.

¿ Informe del estado de la diversidad biológica para la acción?

Perú es un país mega diverso, reconocido mundialmente por su privilegiada biodiversidad que se ve reflejada en la atención internacional de lugares como la Zona Reservada de los Pantanos de Villa que a partir del 20 de enero de 1997 la Convención RAMSAR reconoce esta zona como Humedal de Importancia Internacional para Aves Acuáticas.

Resulta paradójico mencionar que según datos de la antigua Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en 1943 los Pantanos de Villa registraban una extensión de dos mil (2,000) hectáreas y según estimaciones actuales (2014), se estaría considerando un área aproximada de doscientos cincuenta (250) hectáreas para esta zona reservada.

En este contexto, el diario oficial El Peruano, difunde una entrevista didáctica que nos estaría dando mayores elementos de análisis para lograr entender lo que viene sucediendo: 

"Más allá de la devastación intensa y focalizada que se registra en Madre de Dios, el manejo de conservación de la biodiversidad avanza. Se diseñó una estrategia y el esfuerzo involucrará en este proceso a gobiernos regionales y locales.

¿Cuál es la situación que muestra el Perú? Se habla de una biodiversidad impresionante que podría verse afectada por acción propia de la población.

En el Perú no hemos tenido una intervención histórica tan agresiva con el medioambiente. Los Andes son un modelo de gestión sostenible tradicional de un ecosistema de montaña. Los antiguos peruanos domesticaron la montaña y la mejoraron en comparación con otros lugares donde la degradaron. Las montañas muy empinadas, sometidas a una erosión tremenda y a un estrés hídrico, fueron domesticadas con sistemas de andenes, de mofedales (¿ bofedales?) y de otros asociados. En el caso de la biodiversidad ocurre lo mismo, no la disminuyeron, sino que la aumentaron, diversificando plantas. La papa, por ejemplo, de nueve especies sacaron 3,600 variedades.

¿El peruano es consciente de esta realidad y de lo que implica conservar el medioambiente?

–El peruano antiguo fue amigable. Hoy más bien sí tenemos agresiones; hay ecosistemas un poco más amenazados que otros. Los sistemas acuáticos son los más afectados por el tema de una minería ilegal incontrolada. Los ecosistemas de agua dulce (ríos) están muy contaminados; y el mar peruano tiene zonas bastante afectadas, tanto por contaminación de los desagües de las ciudades como por la sobreexplotación de recursos, como algas marinas, mariscos, peces de roca. Hay otros ecosistemas que sí están bien conservados, como la Amazonía.

La zona amazónica, Madre de Dios específicamente, es la más afectada por la contaminación, ¿qué tan grave es?

Es grave e impactante ver una imagen de la afectación de la minería ilegal en Madre de Dios, pero habría que decir que en el contexto de los 70 millones de hectáreas de bosques que hay en el Perú, 40,000 hectáreas han sido afectadas. Si usted me pregunta cómo están los bosques amazónicos, le diría que tienen una afectación intensa, pero localizada por la minería aluvial. Otra menos grave pero también preocupante es la que genera la tala insostenible, que afecta a varios millones de hectáreas. En lo que corresponde a bosques, conservamos el 85% o el 90% de bosques nativos, lo que es muy bueno.

Existen esfuerzos privados, muy comprometidos en este trabajo de conservación.

–Ese es una de las grandes noticias en los últimos años: la incursión de la iniciativa privada en la conservación de bosques naturales por medio de varias modalidades, de proyectos vinculados con el ecoturismo, por simple iniciativa de conservación o mediante empresas que han visto en la conservación una forma de mejorar su competitividad. Una empresa que brinda un cuidado especial al medioambiente mantiene una mejor relación con la población local, que depende de sus ecosistemas, logra una mejor imagen y menos gastos a la hora de hacer el cierre, por mitigar impactos ambientales.

¿Este estudio que elabora el Minam ha permitido esa identificación que describe o ya se conocía?

–En el quinto informe del estado de la diversidad biológica se hace una consultoría que nos pone en relieve mucho de esto, y también en el informe anual del estado del ambiente. En el Minam hacemos periódicamente una especie de corte y evaluación. En el quinto informe, que lo estamos terminando, la consultora acopió información de diversas fuentes, y con eso tenemos indicios y datos de qué cosas nuevas han surgido entre 2010-2013 en cuanto a biodiversidad. Esa es la línea base para la estrategia nacional de diversidad biológica.

Esto sirve para fines internos, de la estrategia nacional, ¿pero también para cumplir metas internacionales?

–Exacto. Tenemos las famosas metas Aichi, que es el plan de acción que se firmó en Nagoya, Japón. Son 20 metas globales que en buena medida se incorporaron a nuestra estrategia nacional de biodiversidad.

En cuánto a cumplimiento de metas, ¿cómo vamos?

–Mire, esa es una buena pregunta para la que no tengo respuesta. Y se lo digo porque recién la tendremos en pocos años. La anterior estrategia de biodiversidad no contaba con un sistema de monitoreo. Eran lineamientos para la acción, pero no había forma de medir su nivel de cumplimiento. Esta estrategia sí ofrece un plan de acción con metas objetivas y medibles.

¿Cuánto beneficia esta biodiversidad a estas zonas privilegiadas?

–Se calcula que entre el 3% y 15% del PBI del Perú depende de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, en términos de provisión, regulación, aprovisionamiento. Para un poblador de Lima no representará mucho, pero sí para uno que vive de sus ecosistemas

¿Cómo contribuye el Perú a la seguridad alimentaria mundial?

–Mucho. Es uno de los países que más han contribuido, No somos uno de los mayores exportadores en volumen, pero sí de genes. El tomate, por ejemplo, que se cultiva en el mundo, el 90% de sus genes son del Perú. Así ocurre también con la papa y con los granos andinos. Probablemente, la quinua reemplazará al arroz en 20 o 30 años, pues en términos nutricionales no hay comparación.

Trabajo con las regiones

El director de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente (Minam), José Álvarez, asegura que a pesar de lo que se dice de las debilidades de las regiones en términos de gestión, en lo que respecta al manejo de biodiversidad, su sector encuentra un avance. Sostiene que desde Lima se pueden dictaminar políticas, pero no es posible responder a la demanda sentida de la gente de un valle, de un cultivador de café. “Trabajamos con diez regiones para implementar sus políticas de mejoramiento de la gestión de la diversidad biológica. Las apoyamos en la actualización o elaboración de su estrategia regional. Hay un vínculo, pero ahora ellas deben trabajar con las autoridades locales antes de llegar a los campesinos, agricultores, pescadores. En muchos casos, estos últimos no están interiorizados con el tema y no poseen las capacidades suficientes.”

En relación con los trabajos para mitigar la afectación a la biodiversidad, afirma que el Minam aporta básicamente lineamientos, políticas, estrategias e instrumentos de gestión, pero que sí tienen competencia –por el convenio Ramsar– en la protección de humedales.

Así se aprecia en la actualidad (Junio del 2014) parte de los Pantanos de Villa.

OTRAS ACCIONES

Tras cuatro años de trabajo, la Dirección General de Diversidad Biológica elaboró el Quinto Informe Nacional del Perú sobre Aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Aquí se mostrará la situación de los ecosistemas, especies y genes, así como las amenazas que pesan sobre estos, destacando el trabajo para revertir la pérdida de biodiversidad.

El objetivo es que brinde oportunidades reales para el desarrollo nacional y el bienestar de las poblaciones.

Con el Ministerio de Economía, el Minam trabaja la herramienta ‘Lineamientos para proyectos de inversión pública verdes’, dirigida a gobiernos regionales y alcaldes de todo el país".

¡Feliz día del Ingeniero en Perú!

Desde inicios de siglo, los primeros Ingenieros formados en universidades del Perú, comenzaron ha reunirse en Asociaciones y Juntas.

Mediante la Ley 14086, el 8 de junio de 1962

Así se creo el “Colegio de Ingenieros del Perú”. Han transcurrido 51 años y los ingenieros venimos recordando, cada 8 de junio, a nuestro Colegio Institucional, a la Ingeniería y a los Ingenieros.

El rol que cumplen los Ingenieros en el país, hoy, es resaltado en todos sus confines. Este se refleja principalmente en las obras de infraestructura física, puesto que la ingeniería es una profesión identificada, principalmente, con la construcción en armonía con el medio ambiente.

Los ingenieros deben combinar la explotación de los recursos naturales con la tecnología y el conocimiento, para ayudar a la sociedad. Combatir la pobreza es su principal aporte.

“La ingeniería es la profesión, en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales se aplica en beneficio de la comunidad”.

Para tí Ingeniero o Ingeniera

Que construyes un mañana mejor, que participas en el desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los pobladores, a lo largo y ancho de nuestro país. 

Que sigas trabajando con mucho entusiasmo, proponiendo y analizando las mejores soluciones técnicas para el crecimiento sostenible.

¡ Feliz día Ingeniero (a) ! seas peruano de nacimiento o nacido en cualquier otro país del planeta y que desarrollas actividades en territorio peruano.