Silencio del discurso antiminero frente a una mineria ilegal - II

En Octubre del 2010, en este espacio nos referíamos a cerca del Silencio del discurso antiminero frente a una minería ilegal, mencionábamos en ese entonces los detalles de fondo que en la actualidad la revista Poder 360° expone con palpitante actualidad de la siguiente forma:

"La ficha que uno debe llenar para subir a un taxi colectivo en Puerto Maldonado es el último contacto que hay con la legalidad más elemental en varios cientos de kilómetros a la redonda. Dos horas y media después, el vehículo llegará a Mazuco, un pueblo que existe gracias a la carretera Interoceánica y a la minería informal, y que es como un gran centro comercial donde uno puede comprar desde sandalias de plástico hasta un tractor, pero nunca pescado. Aquí uno debe subirse a una mototaxi que, luego de cruzar caminos de piedras, llegará al pequeño puerto.

El río Inambari se puede cruzar en bote solo cuando no está ni muy bajo ni muy crecido, porque la cantidad de personas que lo atraviesa al mismo tiempo, más la carga de equipajes y bolsas llenas de productos de todo tipo, suponen un riesgo si se tiene en cuenta la fragilidad de la embarcación. A veces hay chalecos salvavidas; otras, no. Al otro lado del río hay un puerto similar, que también huele a petróleo donde esperan alineadas varias camionetas 4x4 especialmente acondicionadas para lo que sigue, es decir, para cruzar un río más pequeño con una decena de personas a bordo y para penetrar algo que antes fue selva verde y que ahora es un terreno lechoso, fangoso, sucio y desordenado aunque muy activo que, al final de la ruta, en su punto más crítico, se llama Huepetuhe.

En todo este recorrido uno ha podido escuchar, a veces sin siquiera preguntar, historias de todo tipo sobre una tal ‘Goya’. Los relatos más creíbles hablan de una mujer que, pese a su presencia casi invisible, controla todo el negocio de la minería informal en el pueblo y que ha acumulado una riqueza tal que hasta tiene una casa en Estados Unidos. Hay quienes dicen haberla visto pasear con una botella de gaseosa repleta de láminas de oro obtenidas en Huepetuhe, y que en las fiestas ella sacude y hace sonar a modo de matraca. De esto hay muchos testigos, incluidos antiguos choferes y guarda espaldas suyos. Pero también hay quienes comentan –pero sin que nadie más escuche– que hay varias mujeres jóvenes y foráneas que han desaparecido en sus concesiones mineras en ritos extraños relacionados con pagos a la tierra. De esto no hay testigos, y tampoco hay –por ahora– modo alguno de comprobarlo, pero es parte de la oscura leyenda que rodea a este personaje. Gregoria Casas Huamanhuillca, ‘Goya’, no se deja ver. A menos, claro, que ella quiera.

La historia de la minería informal en Madre de Dios es la historia de Huepetuhe, pero la historia de Huepetuhe es la historia de ‘Goya’. Y cada una es más sórdida que la otra.

LAS FIRMAS DE LA INFORMALIDAD

“Claro, aún hay mucha informalidad, pero eso es culpa del Estado, que no está presente”, se lee en una página del diario El Madrediosense de noviembre del 2007. La frase pertenece a Cecilio Baca Fernández, uno de los primeros pobladores de Huepetuhe. Cusqueño de nacimiento, Cecilio pisó Madre de Dios a mediados del siglo pasado para cumplir su servicio militar obligatorio. Atraído por la industria maderera, que por aquel entonces empezaba a tomar impulso en esta región del país, llegó a Huepetuhe, que en el dialecto arasaire-harakmbut significa ´río de tigre’.

Un día, Cecilio buscó a una mujer. Al principio fue su sirvienta, pero con el tiempo se convirtió en su esposa. Gregoria Casas Huamanhuillca no sabía –no sabe aún– leer ni escribir, pero era muy rigurosa con las cuentas. Poco a poco, ambos fueron adquiriendo terrenos que primero habían sido explotados para extraer madera, pero que debajo de la superficie estaban llenos de oro. Con el paso de los años, un pueblo entero se formó alrededor de las concesiones mineras. De hecho, la zona ‘urbana’ de Huepetuhe se estableció sobre lo que es una concesión minera de esta temida familia. Y el pueblo es suyo desde el punto de vista comercial, pero también político: Cecilio fue su alcalde cuando este lugar pasó de ser centro poblado menor a distrito.

El registro de concesiones mineras en Madre de Dios indica que ‘Goya’ maneja cuatro concesiones, que en total suman 700 hectáreas, mientras que Cecilio –de quien luego se divorció, aunque mantienen los mismos vínculos comerciales– es titular de otras cuatro concesiones que suman, en total, 845 hectáreas. Ambos, además, tienen otras concesiones en proceso de trámite por un total de 600 hectáreas. En Huepetuhe nadie entrega facturas ni boletas, no hay sucursales bancarias ni controles fiscales. No hay siquiera cajeros automáticos. Por esta razón nadie sabe exactamente cuánto oro extrae esta familia, la más poderosa de la región, ni cuánto dinero moviliza cuando se traslada de Cusco a Madre de Dios y viceversa en sus modernas camionetas, resguardada siempre por guarda espaldas, llevando el dinero –que no es poco– en efectivo. En un sector de la zona de trabajo minero, a la que ningún foráneo tiene acceso, ‘Goya’ mandó colocar una placa en la que se lee “Grupo Baca”. Hace pocas semanas, sus tractores ingresaron a un terreno que era ocupado por los llamados ‘mineros sin tierra’ (que vienen de paso, extraen oro y se van) y derrumbó sus campamentos para utilizar ella ese espacio. Este es su imperio. Huepetuhe se debe a ella y ella se debe a Huepetuhe, por más indigna que esta ecuación resulte.

No hay cifras exactas, decíamos, pero sí cálculos cercanos. Hace pocos meses, técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios tomaron, a modo de muestra, las concesiones ‘Cecilio Gregoria’ y ‘Aluvial 93’, pertenecientes a esta familia. Encontraron que al día en estas concesiones se moviliza un promedio de 960 metros cúbicos de tierra con un equipo básico conformado por un cargador frontal y un volquete. Extendiendo esta cifra a toda la maquinaria instalada en la zona, se dedujo que en Huepetuhe y sus alrededores se comercializa alrededor de 450 kilos de oro al mes. Si se calcula que 1 kilo de oro equivale a US$60.500 (cada onza se cotiza en US$1.716), deducimos que la cantidad de dinero que aquí se moviliza es obscena (unos US$27 millones al mes).

Todos los días, a toda hora, en algún rincón de este pueblo se está extrayendo, vendiendo y comprando oro. Y, según revela un funcionario –que prefiere mantenerse en el anonimato , por seguridad– de la oficina de Fiscalización de la Dirección Regional de Energía y Minas, en todo el proceso (extracción, venta, compra) se infringe una cadena interminable de normas ambientales, laborales y legales, cuyas sanciones resultan siendo parte del problema. Un ejemplo: en la resolución 031-2004 del Ministerio de Energía y Minas, promulgada el 3 de febrero del 2004, se da cuenta de una inspección llevada a cabo en tres concesiones pertenecientes a Cecilio Baca y Gregoria Casas, para verificar el cumplimiento de normas ambientales, laborales y de higiene minera. A modo de sanción, se exigió un pago de S/.10.602,04. Cuando el ministerio anunció que aplicaría un cobro coactivo por el incumplimiento del pago correspondiente, ‘Goya’ visitó personalmente la oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas y aseguró que ya había cancelado ese monto al Banco de la Nación, y hasta mostró los sellos de caja que le fueron entregados. Ella no podía leerlos por su condición de analfabeta, pero sí sabía exactamente para qué sirven estos papelitos. Un par de llamadas a los directivos del banco y un cruce básico del registro de ingresos demostraron que ‘Goya’ había falsificado los vouchers. Tiene suficiente dinero como para pagar multas aún mucho mayores, y lo ha demostrado más de una vez: antiguos funcionarios de la oficina de la Sunat en Madre de Dios cuentan que en una inspección llevada a cabo en Huepetuhe se exigió personalmente a ‘Goya’ el pago de varios cientos de miles de soles por concepto de multas por evasión, y que ella le pidió a un empleado suyo que le alcanzara un maletín y allí mismo, frente a los funcionarios estupefactos, contó cada billete y cada moneda y pagó su multa en efectivo. Pero en aquel caso, cuando ‘solo’ debía pagar S/.10.602,04, prefirió falsificar un papel. La resolución, firmada por el entonces ministro Hans Flury, dictaba iniciar acciones legales contra esta familia.

Esa fue la primera huella de ilegalidad que dejaron en su camino los magnates del oro en Madre de Dios. La primera, pero no la única.

LA SELVA YA NO ES VERDE

Había una piscina en Huepetuhe, la única del pueblo. Era parte de un hotel medianamente decente, de cinco pisos, de habitaciones con vista al río. El edificio ahora luce abandonado, torcido hacia un lado, y la piscina –que ocupaba el cuarto piso– está ahora en el primero. Los tres primeros pisos están enterrados bajo varias capas de relaves mineros que se han desplazado con el paso de los años. De hecho, ocurre cada cierto tiempo: los habitantes de este pueblo se dan cuenta de que el muro arenoso de contención, que años atrás fue levantado, está próximo a ser sobrepasado, lo que significa el inminente desembalse de los ríos de barro y mercurio seco. Y no hay cómo detenerlo. Hay comerciantes que, bajo lo que es ahora son sus tiendas, tienen acumulados productos –repuestos para camiones, motores, herramientas– que no pudieron recuperar. Y, ni modo, compraron un poco de madera y levantaron un piso nuevo. Y así. La vida no se acaba en Huepetuhe porque hay oro y porque ‘Goya’, el eje de esta economía infestada de ilegalidades, necesita que trabajen para ella. Hay que extraer oro y rápido; luego habrá tiempo para pensar en una nueva piscina.

Un periodista de un canal de televisión de Madre de Dios es uno de los pocos que ha logrado entrevistar a ‘Goya’. Ella lo citó, junto a un grupo reducido de personas, en uno de sus campamentos. Para llegar a este lugar se debe atravesar la carretera de Huepetuhe, que en realidad era el río, pero en vez de agua hay relaves mineros que el sol seca y por los cuales perfectamente se puede transitar, incluso en los camiones más pesados. No hay río y por lo tanto no existe aquí un solo pez. El periodista recuerda que ‘Goya’, para jugar un poco con la idea de hasta dónde puede llegar su riqueza, les sirvió camarones, un plato físicamente imposible de obtener en la zona. Ese mismo reportero, por criticar a los poderosos gremios mineros de Madre de Dios, ha sido agredido e insultado y ahora ‘colecciona’ mensajes de voz amenazantes en su celular.

Pocos son los dueños de Huepetuhe; dueños, se entiende, en sentido comercial, que es el único orden aquí. Algunas de las mayores fortunas locales pertenecen a las familias Cosme Quispe y Huaquisto, así como a la empresa Sur Amazónico –todos estos dedicados, también, a la extracción de oro informal–, pero en cantidades muy menores comparadas con la enorme porción de territorio que pertenece a las familias Baca Casas, Baca Fernández, Baca Gutiérrez y Baca Condori; es decir, a Cecilio Baca, Gregoria Casas y sus hijos. Uno de ellos, Marco Baca, llegó a ser presidente de la federación de mineros locales, y representante, casi al mismo tiempo, de la concesionaria de Volvo en el lugar. Es decir, el poder económico de esta familia no tiene límites. En sus dominios ocurre de todo: luego de una inspección llevada a cabo a finales de junio del 2010, y en la que participaron inspectores laborales y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, se sometió a investigación a 12 empresas locales, entre ellas ‘Baca Fernández Cecilio’ y ‘Goya’, que han acumulado denuncias por informalidad laboral. Esto, por cierto, es un eufemismo de lo que realmente ocurre en estos campamentos, donde la explotación y marginalidad y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad es lo más común.

Años atrás, cuando ya el imperio de ‘Goya’ marcaba un rumbo sostenido gracias al incremento en el precio internacional del oro, otros mineros informales y artesanales se desplazarían y buscarían nuevos territorios a los cuales ingresar sin ningún tipo de control. Huepetuhe era ya, y es y seguirá siendo, un enorme forado, un tajo mal abierto. Las fotos aéreas que acompañan estas páginas así lo demuestran. Por cierto, imágenes muy similares componen el póster que venden algunos ambulantes en la plaza de Armas de Puerto Maldonado, bajo el eslogan “Huepetuhe, capital peruana del oro”. En ellos aparecen, sin pudor alguno, los cerros ya pelados y las enormes máquinas y el pueblito reducido, casi escondido. Solo se han borrado, quizá por estética simple, las imágenes de los gallinazos que abundan en el lugar. Huepetuhe representa el inicio de la decadencia de Madre de Dios.

Aún queda la impresión de que en la capital de Madre de Dios, la capital de esta región, los problemas siguen siendo otros. Cuando Mick Jagger viajó de Cusco a Puerto Maldonado, en octubre del 2011, en medio de diplomas y medallas y llaves de la ciudad y otras condecoraciones folclóricas, él les comentó a algunas autoridades presentes un problema que vio desde la pequeña ventana de su avión: el lado oscuro y marrón y ya perdido de la selva.

Madre de Dios: la maldición de los recursos naturales

En la sede de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Madre hay una oficina amplia y silenciosa en la que están repartidas, como si de una reciente mudanza se tratara, varias cajas enormes de cartón, que dentro guardan expedientes del grosor de un ladrillo. Son los estudios básicos de impacto ambiental remitidos por los mineros de Madre de Dios. Un funcionario de esta oficina, que se pasa la vida –literalmente– leyendo estos documentos, comenta que desde el 2009 hasta la fecha a esta oficina han llegado 554 expedientes, de los cuales solo se han podido certificar 88. Antes eran dos las personas que debían revisar cada uno antes de poner el sello correspondiente; ahora son seis. En promedio, el expediente más sencillo y con menos errores demora entre tres y cuatro días en ser corregido. El minero informal, mientras espera, decide empezar a operar. Ocurre siempre, todo el tiempo, todos los días. ¿Quién lo va a sancionar?

Un estudio elaborado en el 2009 por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Ministerio del Ambiente indica que si los mineros de Madre de Dios pagaran impuestos por los S/.1.600 millones que se comercializa cada año, la región obtendría alrededor de S/.50 millones para obras públicas. Pero esta actividad solo reporta impuestos por una cantidad ridícula de dinero: S/.42 mil.

Ante este panorama comienza, entonces, el juego político. Aquiles Velásquez, presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), asegura que ellos, los mineros informales, sí quieren convertirse en formales, pero que el gobierno no se los permite y les impone leyes y normas imposibles de cumplir. La culpa, dice, la tienen ‘los otros’.

‘Los otros’ son las autoridades. Ernesto Montañez, el director regional de Energía y Minas, la tiene más clara, al parecer. “Este no es un tema social ni ambiental ni económico; es un ilícito penal el que se está cometiendo”, señala. El decreto 012 del Ministerio del Ambiente, promulgado en el 2010, prohibía el uso de dragas y otras herramientas de succión en los ríos, y autorizaba a las Fuerzas Armadas para que las destruyeran. Así se hizo. El problema es que esos mismos mineros ahora están en tierra firme, y no hay un decreto que ordene desplazarlos. A lo mucho, explica Montañez, los efectivos policiales y militares destruyen la bomba de inyección de los motores, pero estas se consiguen luego muy fácilmente. Agrega el funcionario: “Como el Gobierno Regional, entonces, decidió no entregar más concesiones, los mineros se movilizaron y compraron el kit de revocatoria del presidente regional, José Luis Aguirre”. Y ahí están, en una carpa en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado, recolectando firmas que valen oro, literalmente.

¿Hay alguna solución, siquiera parcial? César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ex asesor del ministro Antonio Brack, afirma que Madre de Dios sufre la “maldición de los recursos naturales”. El experto comenta que lo primero que debe hacerse para combatir la minería informal es saber realmente a qué se enfrenta el Estado, de qué tamaño es el monstruo. “Lo primero que se debe hacer es ponerlos en evidencia, demostrar que no son pequeños productores mineros, sino gente de mucho dinero. La Sunat y otros organismos deben desenmascararlos, primero, para evitar que se sigan acogiendo a los beneficios de la pequeña minería”.

El Ejecutivo ha anunciado recientemente que evalúa una serie de medidas para seguir combatiendo a los mineros ilegales, entre ellas la tipificación de esta actividad como delito sancionado con prisión efectiva. Mientras tanto, y como demuestran los mapas, los mineros ya se apostaron con sus máquinas y su mercurio y sus prostíbulos y su impunidad sobre la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de Tambopata. Esta reserva, curiosamente, fue el destino turístico amazónico más visitado por turistas extranjeros durante el 2011.

LAS CIFRAS

1.545 hectáreas tienen en concesión 'Goya' y su exmarido en Huepetuhe. Otras 600 hectáreas se encuentran en trámite

27 millones de dólares se mueven mensualmente en Huepetuhe. La mayor parte del dinero llega al imperio de 'Goya'

18.000 kilos de oro extraen anualmente los mineros informales de Madre de Dios

70 toneladas de mercurio y otros químicos son vertidos a los ríos de Madre de Dios anualmente, debido a la actividad minera en la región

1.100 adolescentes son explotadas sexualmente en los bares, cantinas y prostíbulos ubicados en zonas mineras como Huepetuhe, Guacamayo, Delta 1, La Pampa, entre otras".

Estado de derecho Vs Minería ilegal

El ministro del Interior, Daniel Lozada, dio detalles, en comunicación con Radio Programas del Perú _Noticias, de los sucesos ocurridos en Madre de Dios y confirmó que hay tres personas fallecidas y 60 detenidos tras los enfrentamientos registrados esta mañana (14/03/2012) entre la Policía y mineros.

No obstante, refirió que la situación está siendo controlada con los efectivos policiales destacados en la zona, haciendo esfuerzos para que los negocios y la actividad económica continúen ya que, según precisó, la ciudadanía quiere trabajar y está en contra de los disturbios propiciada por mineros ilegales.

A tempranas horas un grupo de mineros informales intentó bloquear el puente Guillermo Billinghurst, que pertenece al Tramo 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, pero fueron dispersados por miembros de la policía. Otro grupo de manifestantes intentó tomar el Aeropuerto Internacional Padre José Aldamiz. Confirmando los hechos expuestos, Lozada manifestó que los mineros están actuando al margen de la ley, utilizando explosivos y materiales en contra del orden público. ‘Quisieron tomar el aeropuerto, manifestantes tenían previsto cortar el puente Billinghurst. Quemaron un motocar y llantas’, detalló.

El titular del Interior lamentó la muerte de tres civiles adultos de 41, 46 y 30 años respectivamente. Además dijo que hay 26 heridos, entre ellos nueve policías y 17 manifestantes; así como un total de 60 detenidos.

Inversión minera & Regulación

En Perú, quienes cuestionan el modelo extractivista de desarrollo basado en el sector minero, sostienen que después de años de inversiones efectuadas en áreas con tradición minera, existen poblaciones locales que aún no cuentan con adecuados servicios de agua potable y alcantarillado, sin embargo, asumen secuelas de los daños ambientales, escalando así en los ya conocidos conflictos socio ambientales y oposición cerrada a nuevas inversiones mineras como es el caso de la Minera Conga en Cajamarca.
Entonces se responsabiliza a la minería porque supuestamente no distribuye ni comparte adecuadamente los beneficios que genera.

Ciertamente la conciencia colectiva percibe que la minería contribuye con sus impuestos al crecimiento y desarrollo del país, pero no tiene aún muy clara la imagen del porque no le llegan directamente los beneficios en saneamiento, salvo por acciones puntuales realizada en el marco de las actividades de responsabilidad social en el área de influencia de alguna determinada labor minera.

Trataremos entonces de explicar el porqué se da esta figura en el país.

Una determinada compañía minera, no va mas allá en la atención del tema de Saneamiento porque es labor que corresponde y ejecuta el Estado Peruano a través del Ministerio correspondiente y gestionada por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento  (EPS) a cargo de municipios provinciales , salvo en el caso de Lima y Callao que responde a gestión pública del Gobierno Central a través del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado_FONAFE  y la EPS (Aguas de Tumbes S.A) en Tumbes que responde a un servicio concesionado a partir del año 2005. De otro lado, estas EPS, independientemente de su carácter pública o privada son reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento_ SUNASS.  

Para ser más precisos, nos refereriremos al periodo 2006-2010.

Es así que en éste  periodo se invirtieron S/. 4,772.9 millones de nuevos soles para mejorar la prestación del servicio de agua potable y  alcantarillado.En el precitado periodo, se realizaron importantes inversiones para agua y saneamiento, lapso coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó con el progreso logrado en el desarrollo nacional.

Para ver cuan efectivo fue el aporte financiero en EPS, nos apoyaremos en el indicador Relación de trabajo que mide la situación económica-financiera de las EPS.

Este indicador financiero está definido como la relación que existe entre el Costo Operativo (Costo de Ventas, Gasto de Ventas y Gastos Administrativos) en el que incurre una empresa, sin incluir la Depreciación y Provisión de Cobranza dudosa del período, y los Ingresos Operacionales totales que obtiene.  Es decir, nos indica la proporción de los costos y gastos desembolsables que logran ser cubiertos por los ingresos operacionales que percibe la empresa.

Este indicador es de gran importancia para garantizar la sostenibilidad de los servicios, puesto que si es mayor que Uno (1), la empresa no estaría cubriendo la totalidad de sus costos y gastos desembolsables con la tarifa que estarían aplicando, lo cual pondría en riesgo las operaciones de la empresa, impidiendo asimismo la ejecución de inversiones con recursos propios, lo cual contribuye a la desmejora de la calidad de los servicios.

Ahora veamos el siguiente dato oficial publicado por el Organismo Regulador SUNASS.

Relación de trabajo en EPSs en el año 2006 (0.65 ó 65%) es similar para el año 2010.

Del gráfico se desprende que pese a la importante inversión realizada por el estado peruano en el periodo 2006-2010, el indicador de la relación de trabajo de las EPS no avanzó y registra el valor 0.65 (65% visto en términos de porcentaje como lo expone el regulador) tanto para el año 2006 como para el año 2010.

Sin duda, el panorama durante el periodo evaluado, no fue muy alentador ya que el alto nivel de endeudamiento de algunas EPS las ha llevado en muchos casos a procesos de insolvencia.

El punto es que la prestación de los servicios de saneamiento brindados por las EPS no mejoraron pese al mayor aporte através de los impuestos de las diferentes empresas mineras  que desarrollan actividades en territorio nacional.

Algunos indican que la precaria situación obedece a un tema de corrupción y al empoderamiento del regulador por parte de la administración del Gobierno Central, porque la Contraloría General de la República detectara irregularidades en la ejecución de obras de Saneamiento a cargo del programa "Agua para Todos", las mismas que generaron pérdidas por más de 6 millones de nuevos soles , pero éstas conclusiones de las auditorías a las gestiones realizadas en esa institución fueron para el periodo 2009-2011 y la mayoría de obras observadas fueron ejecutadas en dos regiones : Junín e Ica.  

Otras voces indican que el organismo Regulador simplemente no realizó eficazmente su trabajo y no reguló lo que debió regular , limitándose a realizar una labor similar a la desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática pero en el área de saneamiento.  

Indistintamente de lo que fuera la causa, alguien no ejecutó bien su trabajo en el desarrollo del modelo para el referido periodo de análisis  y que el aporte del sector minero, independientemente que sea o no el apropiado, no tiene ingerencia y mucho menos responsabilidad funcional en el tema regulatorio del sector saneamiento, dicho de otra forma, el sector minero no es responsable de la precaria situación del sector saneamiento que pese al importante crecimiento económico de los últimos años el Perú ocupe el puesto catorce (14) en el acceso a agua potable de dieciocho (18) países de América Latina, ni que en nuestro país cuatro (4) de cada diez (10) niños menores de cinco (5) años no tengan acceso a agua limpia y esos cuatro (4) niños son de familias rurales, tal como lo reconoce el índice de oportunidades Humanas (IOH) publicado en el libro " Midiendo y entendiendo la evolución de las oportunidades para los niños en el Perú" (Elaborado por el Banco Mundial).

Deuda de EPS y el sector minero

Ante la serie de consultas respecto a la forma y el alarmante nivel de acumulación de la deuda que presentan las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) en Perú ( deben el orden de los tres mil millones de dólares) y la influencia del aporte minero, debemos decir que de un lado se encuentra la ineficaz acción de cumplimiento de normas existentes para con el  organismo regulador y de otro, los incentivos perversos  en la política tributaria aplicada en el sector Saneamiento. ( A SUNAT las EPS le deben unos US$750 millones por Impuesto a la Renta). Respecto a la influencia del aporte minero, éste contribuye a que la situación crónica no se agudice.

El tratamiento de esta problemática es un tema de actualidad que justamente el día de hoy (07 de marzo del 2012), el decano de la prensa peruana, se ocupa refiriéndose en este caso desde la perspectiva del fútbol.

Parte del Editorial de "El Comercio", menciona que el salvavidas lanzado esta semana a los clubes tiene hueco: crea todas las condiciones para que nunca se reforme su crónica problemática.

Lo que los clubes necesitan no es solo cambiar a sus dirigentes, sino cambiar los incentivos bajo los que hoy operan irresponsablemente estos y los asociados encargados de elegirlos y fiscalizarlos. En cambio, lo que se ha logrado es enviar el mensaje de que, sin importar lo que hagan estas organizaciones en el futuro, no tienen motivos para preocuparse por gestionarse responsablemente porque el Estado no las dejará quebrar.

Continúa refiriendo que el decreto es una legalización más de la peruanísima práctica del perro muerto, mediante la que se perdona sin empacho a los incumplidores, sin importar que los acreedores cobren tarde, mal o nunca. Esto, aunque ‘los acreedores’ seamos todos los peruanos encarnados en la Sunat, la principal estafada con esta norma.

En este contexto,entendemos que tanto la gestión empresarial de las EPS y el futbol profesional peruano requieren de cirugía mayor para revertir la caótica situación por la que están pasando.

Entre tanto, los medios de comunicación daban cuenta que el Gobierno, mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, invertirá 90 millones de dólares en el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado en las localidades con mayores índices de pobreza y que asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó un crédito suplementario por S/. 135 millones 53,474 con la finalidad de continuar con las acciones de mantenimiento de sistemas de agua potable y desagüe a cargo de Ministerio de Vivienda.

Javier Prado Blas _ Subsidios en Saneamiento & Minería

Para ver la correlación existente entre los subsidios en el sector Saneamiento y el impacto que tiene la Minería en Perú en este importante sector que se ocupa del agua para consumo humano y el alcantarillado sanitario, nos apoyaremos en dos detalles que se vienen sucediendo y , exponen seguidamente.

La primera, es una figura que planteamos tiempo atrás cuando formábamos parte del consejo directivo de un organismo regulador y que hoy lo expresa con marcada lozanía la doctora Cecilia O´Neill de la Fuente, Jefa del departamento académico de Derecho de una importante Universidad del país , quien refiere el caso en los siguientes términos:  

"Soltero exitoso de San Isidro (zona de usuarios con altos ingresos económicos en la ciudad de Lima) subsidiado por familia pobre de carabayllo. El mundo al revés. Esto es lo que pasa cuando la regulación no mira la realidad. La estructura tarifaria de las Empresas de Saneamiento (EPS) tiene un esquema de precios escalonados por categorías de consumo. A mayor consumo, mayor es el precio por metro cúbico ( de agua para consumo humano) o dicho en buen cristiano, paga más quien consume más. 

Con ello se espera racionalizar el consumo de agua y, de otro lado, se espera que quienes consumen más subsidien a quienes consumen menos. Esto último supuestamente está alineado con uno de los principios de la regulación de tarifas : la equidad social.

El error de este esquema es relacionar nivel de consumo con nivel de pobreza. Resultado, fatales errores de inclusión (filtración) y de exclusión (subcobertura) , pues los no pobres  terminan subsidiados por quienes sí lo son ; o sea, Dios le da barba a quien no tiene quijada.

Se han hecho esfuerzos normativos para corregir este error, solo falta que se implemente la solución: que la tarifa subsidiada se aplique a usuarios residenciales con bajo consumo, pero de hogares calificados como pobres por el Sistema de Focalizaciónde Hogares (sisfoh), administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para evitar excesos en el beneficio, sólo se subsidiaría el consumo de "subsistencia" , que permite cubrir las necesidades básicas de agua sin afectar la capacidad de pago. Esto es importante, pues uno de los objetivos del milenio, planteado por las naciones Unidas es que ninguna familia gaste más del 3% de sus ingresos para cubrir las necesidades de agua.

Con los subsidios cruzados en el sector saneamiento, incluso con las recientes correcciones normativas para que se focalicen adecuadamente, no se solucionará el problema del acceso digno a agua y desagüe, pues en un contexto en el que las EPS no pueden ni pagar los impuestos por las donaciones que reciben, una solución de fondo debería pasar por un sistema de concesiones en que el sector público y el privado hagan alianzas que permitan al estado cuidar que los sectores más vulnerables de la población no les falte acceso continuo a agua potable (para consumo humano) de calidad y que permitan a los concesionarios hacer negocio"

La segunda,tiene que ver con fallas presentadas en los subsidios cruzados y la necesidad de lograr el mejoramiento de la gestión empresarial de las EPS , pues no es suficiente una mayor inversión para lograr la cobertura adecuada de los servicios.  

Las EPS tienen una deuda del orden de los US$3,000 millones, de los cuales, a SUNAT le deben unos US$750 millones por Impuesto a la Renta, en tanto que los pasivos del FONAVI, ascienden a unos  US$1,942 millones.

Números mas o menos, lo concreto es que algunas EPS están técnicamente quebradas y muchas de ellas no pueden ciertamente cumplir con pagar a SUNAT por Impuesto a la Renta que se cobra en razón a obras donadas por empresas privadas de diversos sectores, entre las que se encuentra el sector minero.

A mayor abundamiento, citaremos el caso de la nueva Planta de tratamiento de Agua Potable en Arequipa, cuya construcción demandó el orden de trescientos millones de nuevos soles, y que fuera un aporte de una empresa minera  que opera en la zona. 

El hecho es que ésta EPS de Arequipa deberá afrontar por lo menos el costo que implica el concepto de Impuesto a la Renta y no está en condiciones de cubrir este pago por la donación recibida; lamentablemente en esta situación también se encuentran las otras EPS que son administradas por los gobiernos locales del país.

Quienes mencionan que pese a la tradición minera en una determinada zona de influencia, no  aprecian sustantivas mejoras en las coberturas de los servicios de saneamiento, pueden ver en el precitado ejemplo de ineficiencias en la gestión empresarial de las EPS  una de las causas que generan distorsiones  en el sector saneamiento; otras pueden estar en la captura y empoderamiento del organismo regulador por parte de las sucesivas administraciones de turno del gobierno central peruano y otras más, que permiten la existencia aún de millones de peruanos sin el acceso a los servicios de agua para el consumo humano y alcantarillado sanitario.

Código Penal & Minería ilegal

Después que el Poder Ejecutivo Peruano aprobara el presente año la primera norma dirigida a combatir la minería ilegal, el Decreto Legislativo N° 1100 (19 Feb. 2012), que declaró “de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones contra la minería ilegal en todo el territorio nacional”, se publicaron nuevos Decretos Legislativos, uno consagrando las sanciones que acarrea esa actividad, y otro que busca fortalecer la fiscalización a la pequeña minería y minería artesanal.

Con ello, fueron incorporados al Código Penal los delitos de minería ilegal, el que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho, sanción que podría llegar a ser de ocho a 10 años de prisión para sus formas agravadas.

El Decreto Legislativo N° 1102, publicado en el Diario Oficial El Peruano, anota que minería ilegal se relaciona con la realización de actividad minera en zonas no permitidas, áreas naturales protegidas, tierras de comunidades campesinas, nativas o indígenas, usando dragas, artefactos o instrumentos capaces de poner en peligro, la vida, la salud o el patrimonio de las personas.

Asimismo, el precitado Decreto Legislativo plantea que los titulares de operaciones de pequeña minería y minería serán responsables por los impactos ambientales de las actividades a su cargo, incluida la rehabilitación ambiental, siéndoles de aplicación la legislación sectorial y transectorial que existe sobre el medio ambiente.

Los titulares deberán cumplir con las medidas administrativas dispuestas en el ejercicio de la fiscalización ambiental, facilitando la realización de estos procedimientos teniendo la obligación de brindar la información que se les requiera en cumplimiento de esas funciones.

Los casos agravados se tipifican cuando el responsable, de ejercer minería ilegal, se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público, emplea para esa actividad a menores de edad u otra persona inimputable y afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano.

Igualmente, se tipifica a la minería ilegal como aquella actividad de exploración, extracción y explotación de recursos minerales que no cuente con autorización, y que cause perjuicio, alteración o daño al medio ambiente o a sus componentes, la calidad y salud ambiental.

La norma sanciona los casos de financiamiento de la minería ilegal, la obstaculización de la fiscalización administrativa, así como los actos preparatorios, que incluyen la venta, distribución de insumos y maquinarias destinadas a la minería ilegal.

El funcionario responsable por el otorgamiento ilegal de derechos de concesión minera tendrá una pena de cárcel de entre tres a seis años de prisión.

EIA Conga:Peritos Internacionales

El Poder Ejecutivo presentó oficialmente a los expertos Rafael Fernández Rubio, Luis López García, de nacionalidad española, y al portugués José Martins Carvalho, quienes tendrán a su cargo la realización de un peritaje al Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- Recurso Hídrico del proyecto minero Conga, tarea que realizarán por espacio de 40 días contados a partir de la fecha.

Los expertos tendrán tres tareas que cumplir: primero, realizar un análisis de toda la documentación relacionada con el proyecto que se realizará en la provincia de Celendín, Cajamarca; segundo, evaluar las medidas de prevención, mitigación y compensación ante su impacto ambiental; y tercero, proponer alternativas para generar mayor disponibilidad de agua en Cajamarca.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, al presentar a los expertos dijo que el Gobierno busca la solución, en el marco del estado de derecho, del conflicto social surgido por la implementación del proyecto Conga.

En la ceremonia de presentación participaron estuvieron presentes también los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, y de Agricultura, Luis Ginocchio Balcázar.

Tras los 40 días que demandará el peritaje, los expertos alcanzarán un informe integrado con sus conclusiones principales.

SIN PRESIONES

Por su parte, en representación de los expertos Rafael Fernández Rubio, adelantó que su labor en este peritaje se abocará a estudiar todo lo vinculado a la calidad del agua; en tanto que los otros peritos revisarán lo relacionado, con el impacto del proyecto Conga, a las aguas subterráneas y superficiales de su entorno.

Relató que en su experiencia profesional ha participado en más de 850 misiones que tenían que ver con la temática del agua, la minería y el medio ambiente, por lo que ya antes pudo colaborar en la solución de conflictos sociales a través de su trabajo como experto.

Fernández agregó que desde el domingo los peritos comenzaron a realizar coordinaciones de cara al peritaje que realizarán a exclusividad plena, dejando a un lado cualquier otra obligación en la que estaban inmersos.

“No tenemos ninguna imposición por parte de nadie, seremos plenamente independientes en nuestro quehacer”, subrayó asegurando la plena independencia en sus labores,

Señaló que los peritos asumen la responsabilidad de la tarea buscando ser lo más constructivos posibles, trabajando con toda honestidad y contando con el apoyo científico y técnico a fin de que el estudio beneficie fundamentalmente al pueblo de Cajamarca.

"Las exigencias que queremos transmitir en el dictamen final que vamos a elaborar es puntualizar que hay tecnologías disponibles para que las cosas se hagan bien”. Asimismo, indicó que no tendrán ningún reparo en señalar si hay algo que precise ser modificado.

Javier Prado Blas _ Inversión: Agua & saneamiento

Al presentar datos históricos indicábamos  que el país ejecutó las mayores inversiones en agua y saneamiento en los últimos años, lapso coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó decididamente con el avance logrado en el desarrollo nacional.

Es así que para el periodo 2006-2010 - en las ciudades del país -  se invirtieron S/. 4,772.9 millones de nuevos soles para mejorar la calidad de agua y disponer adecuadamente las aguas residuales.

Actualmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) reportó que se están promoviendo y/o ejecutando un total de 274 proyectos de agua y saneamiento, de los cuales el sesentisiete por ciento (207 proyectos) se localizan en áreas donde el déficit de este servicio es mayor.

Mencionó que en el total de proyectos se está invirtiendo más de S/. 1,941 millones de nuevos soles.

Indicó que según la Encuesta Nacional de Hogares - 2010 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 23.2 por ciento de los hogares no cuenta con el servicio de agua potable (Agua para consumo humano).

Mientras que el 35.2 por ciento no cuenta con el servicio de saneamiento a nivel nacional, las áreas que superan los valores nacionales son: la sierra y selva.

El MVCS precisó que 41 proyectos se están desarrollando en la selva peruana y otros 97 proyectos están en la sierra.

Ya en la costa centro, sur y Lima Metropolitana se están ejecutando 29 proyecto y otros 40 proyectos están en la costa norte.

En este contexto, es importante mantener los niveles de inversión apropiados a efectos de no solamente atender en el menor tiempo que fuera posible el déficit de cobertura de los servicios de agua para consumo humano y saneamiento en el país, sino que debiera mejorarse en la gestión del servicio, de tal modo que la mejora se extendiera en la calidad,cantidad,continuidad y en el costo adecuado de la prestación del servicio.

La sostenibilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento dependen de los niveles de inversión y la mejora en su gestión, entre otros ; en tanto, el sector minero cumple su rol en el marco de las políticas de Estado que demandan la necesidad de desarrollo sostenible del Perú. 

Javier Prado Blas _ Origen del agua & cabecera de cuenca

Recurso Hídrico en Cuenca Amazónica - Perú

Ante la eventualidad que proyectos extractivos transformen de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, es decir las fuentes altas de recursos hídricos, que eventualmente causaría la desaparición de varios ecosistemas y fragmentar los restantes, de modo tal que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales sean impactados irremediablemente; presentamos una experiencia reciente realizada por la Sociedad Geográfica de Lima, que usando imágenes satelitales de alta resolución confirmaba que  la quebrada de Apacheta, en la provincia de Caylloma, en Arequipa, era el origen del río Amazonas, que desemboca en el océano Atlántico.

Esta experiencia ratifica la tesis que formuló la expedición Amazon Source de 1996, tomada entonces en base a criterios geográficos, hidrográficos e hidrológicos a más de cinco mil  metros sobre el nivel del mar.

Esta investigación descartaba así a la quebrada de Carhuasanta y el nevado Mismi como la naciente del Amazonas, como había planteado anteriormente en el año 2001 la prestigiosa institución de renombre mundial National Geographic, otorgándole ese papel a Apacheta, que brota del nevado Queishua.

Las imágenes satelitales dan cuenta que el flujo que discurre de Apacheta es constante y tiene un mayor volumen comparado al de Carhuasanta. Además, precisa que este último sólo se alimenta de las lluvias y el deshielo.

La quebrada Apacheta es más larga que Carhuasanta (7,994 metros de longitud frente a 7,303 metros), la cual, incluso, está cerrada por una pared vertical de granito de 100 metros de altura. El informe de National Geographic se basó en datos cartográficos y en una expedición que hizo un periodista suyo a Sudamérica, pero no en elementos científicos como volumen del flujo, actividad hidrológica o morfología del terreno, entre otros.

Respecto a la protección de la cabecera de cuenca del amazonas y la teoría popular que solamente allí se originan las aguas,no representan necesariamente valores científicos, porque probablemente se refieran sólo al período en que fueron realizadas "las medidas y el espacio mensurado".

No obstante, de estas disquisiciones legítimas y válidas dentro de un proceso de conocimiento, el hecho científico es que  las cabeceras de Río Apurímac constituye la fuente del río de Amazonas  y  la tesis de que "sólo en las cabeceras de cuencas se origina el agua", deviene en una leyenda urbana creada para tratar de sustentar la nueva tesis del “ origen del agua en Perú" o una "nueva forma de mirar" al ciclo hidrológico del agua.

A mayor abundamiento presentamos imágenes de los grandes volúmenes de agua dulce que discurren en territorio peruano - la mayor parte sin antes haber sido puesta en valor - por parte de la cuenca amazónica que constituye una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.

Recurso Hídrico de la Amazonía en camino al Brasil.

Grandes Volúmenes de Agua que no son adecuadamente aprovechadas.

Grandes  áreas de drenaje incorporan importantes masas de agua.

Microcuenca que descarga al río Huallaga, que a su vez alimenta al Amazonas

En este sentido, en Perú no es mas ajena a la verdad que no cuente con el recurso agua, sino que esta mal distribuida dentro de su territorio y tiene problemas de gestión del recurso hídrico en los lugares donde es escaza.

Peritos de Conga

Seguidamente transcribimos el artículo de Martín Hugo Bustamante que describe los entretelones que rodearon al proceso de selección de los peritos de Conga:

“Ya tenemos los tres nombres de los peritos de Conga, incluso ya están trabajando” (Premier Óscar Valdés. TVPerú. 08/02/2012)

Esa frase del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, causó gran conmoción en su oficina de prensa, quienes al instante recibieron decenas de llamadas de medios de comunicación pidiendo los nombre de los peritos que el primer ministro había anunciado “ya están trabajando”. Ninguno en esa oficina supo dar respuesta de los nombres. Incluso eliminaron la nota y el video de las declaraciones del Premier.

A partir de ese día, el premier Valdés no volvió a aparecer en prensa, ni siquiera en el primer día de la captura del camarada “Artemio”. ¿Qué pasó? Según fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Valdés Dancuart se adelantó a anunciar a los peritos designados cuando en el Ejecutivo se quería llevar el proceso en reserva y cuando aún no se tenía la buena pro para el tercer perito. Sin embargo, el premier llevaba el peso encima de haber prometido ante la prensa que el jueves 19 de enero daría a conocer los nombres, cosa que no hizo.

La demora del nombramiento pasaba porque los peritos tenían que inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), un proceso que duraba unos diez días. Sin embargo, otras fuentes indicaron que los peritos fueron exonerados del papeleo, debido a que la PCM dijo que tramitaría los registros en un proceso denominado “Proceso de Selección Exonerado N°001-2012-PCM”.

Este lunes tuve acceso, para La República, a dicho documento del proceso de selección donde, tras una evaluación técnica sobre la base de cinco expertos cotizantes, la PCM concluyó que por “razones de especialidad y monto de presupuesto”, los especialistas que cumplían los requisitos requeridos son: Rafael Fernández Rubio, Luis López García y Jhon Sharp Jr.

Rafael Fernández, quien cobrará S/. 267,840.00, se encargará del “Estudio de calidad de las aguas (superficiales y subterráneas) e impacto ambiental”; Luis López, con un monto de S/. 161,708.40, estará a cargo del “Estudio de aguas superficiales y embalses”; mientras que John M. Sharp cobrará S/. 183,215.95 para el “Estudio de aguas subterráneas”.

¿Quiénes son?

Fernández Rubio es un ingeniero de Minas, catedrático-profesor emérito por la Universidad Politécnica de Madrid (España), y primer catedrático de Hidrogeología de la universidad española. Según el documento de la PCM, en su haber tiene más de 800 misiones internacional de Minería, Ingeniería Ambiental e Hidrogeología, en cincuenta países de los cinco continentes. Asimismo, se presenta como fundador y presidente de International Mine Water Association (IMWA), presidente del Club del Agua Subterránea (CAS) y parte del grupo español de la Asociación Internacional de Hidrogeología.

López García, por su parte, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con especialidad en Hidraúlica e Hidrología en la Universidad Politécnica de Madrid. Además cuenta con más de 35 años de ejercicio como Consultor en gestión de recursos hidráulicos, hidrología e hidráulica.

De otro lado, Sharp es ingeniero geólogo con distinción en la Universidad de Minnesota con un Ph. D. Hidrología en la Universidad de Illinois. Al igual que López, es consultor internacional de Hidrogeología, pero con más de 40 años de ejercicio.

Hasta allí todo bien, pues según el documento de la PCM, estos serían los tres peritos elegidos. Sin embargo, existió un cambio de último hora respecto a la designación de Jhon Sharp Jr. Esto según el documento de “Proceso de Selección Exonerado N°002-2012-PCM”.

Cambio en el entretiempo

Este último documento señala que a través del informe N°002-2012-PCM/OGCS-WOL del 26 de enero del 2012 se informó del desistimiento de Jhon Sharp Jr. mediante del memorando N°064-2012-PCM-OGA. Ante ello, se presentó la convocatoria para cinco especialistas donde solo tres hicieron llegar su propuesta: José Martins Carvalho (Portugal), Everton de Oliveira (Brasil) y Alan Mayo (EE.UU.). Estos dos últimos provenientes de la primera convocatoria donde salieron electos Rafael Fernández y Luis López.

De los presentados para esta segunda convocatoria, salió victorioso José Martins Carvalho con un monto superior al que pidió Jhon Sharp. Mientras este último exigía S/183,215.95, Carvalho cobrará S/.217,620.00. Aunque un monto inferior, teniendo en cuenta lo que pretendían cobrar Oliveira (S/361,584.00) y Mayo (S/.265,161.60).

Sobre Martins Carvalho, quien se encargará del área de “Aguas subterráneas” del peritaje internacional, se sabe que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Porto, así como Doctor en Geo ciencias por la Universidad de Aveiro además del primer geólogo portugués que obtuvo el título de Euro Geólogo por la Federación Europea de Geólogos.

Al final, la resolución ministerial N°024-2012-PCM otorgó la buena pro a Rafael Fernández Rubio y Luis López García el 27 de enero pasado, mientras que José Martins recién recibió el visto bueno recién el 08 de febrero mediante la resolución ministerial N°032-2012-PCM. Curiosamente, el mismo día que Valdés salió a anunciar que los peritos “ya están trabajando”, pero que su prensa se encargó de negar. Según el acta, este proceso fue aprobado a la 01:24 de ese miércoles. La pregunta cae por sí sola. ¿Carvalho ya estaba trabajando con Fernández y López el mismo días que recibió la buena pro?

Los objetivos y tareas

Estos peritos tendrán 40 días para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y presentar un informe. Su labor principal, según el proceso de selección exonerado, es “identificar y proponer medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto minero Conga”. Es decir, de ninguna manera este peritaje declarará inviable el proyecto que se trajo abajo un gabinete ministerial y que ocasionó La Gran Marcha Nacional del Agua.

Para justificar esto último, el documento señala como parte de “conceptualización” del peritaje que “no hay afectación cero”. Para ello establecen “tres tareas” que van desde recomendar alternativas técnicas y económicamente factibles que mejoren las medidas de prevención, mitigación y compensación; a su vez proponer opciones para el incremento de la disponibilidad de agua en las subcuencas involucradas. Los resultados los tendremos en 40 días, aunque muchos aseguran que solo será un saludo a la bandera.

Marcha Nacional del Agua : A favor o en contra de supuestas motivaciones

Ante los pedidos para que me pronunciara públicamente sobre si estaba a favor o en contra de la denominada "Marcha Nacional del Agua", procedo a transcribir la publicación del día de Hoy 11 de Febrero del 2012, en el decano de la prensa nacional, que por sí sola se explica:
El mitin de cierre de la denominada marcha del agua reveló las verdaderas motivaciones de los dirigentes y organizadores de esta manifestación de nueve días, que empezó en Cajamarca.
El presidente regional Gregorio Santos Gregorio admitió al Diario EL Comercio que la protesta tiene contenido político y que está motivada por Conga.
Cientos de personas, en el segundo día de la marcha en Lima, se concentraron en la plaza San Martín desde las seis de la tarde para hacer público su rechazo al mencionado proyecto.
El mitin fue encabezado por Marco Arana, coordinador nacional de la protesta; el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra y Gregorio Santos, máxima autoridad de esta región.Al encuentro llegaron ocho (08) congresistas de Gana Perú, entre ellos, Javier Diez Canseco, Claudia Coari, Jorge Rimarachín y Jaime Valencia.
Ellos apoyaron la causa y recibieron dos proyectos de ley para impulsarlos en el Congreso. El primero plantea la conservación de las cabeceras de cuenca; y el segundo, la prohibición de cianuro y mercurio en las explotaciones mineras.Rimarachín, legislador nacionalista por Cajamarca, tomó la palabra y exigió al gobierno del presidente Ollanta Humala cumplir las promesas de la campaña electoral. “La autoridad tiene la obligación de ponerse al lado del pueblo que le dio el voto”, dijo. Agregó que el “modelo primario exportador se debe acabar”.Luego, por más de dos horas, alcaldes de diversas provincias de la sierra norteña expresaron su rechazo a la minería y sirvieron de antesala a la participación de los organizadores de esta protesta.
Saavedra fue el primero en pronunciarse. “La lucha es contra [Óscar] Valdés. Le pedimos hoy que se vaya a su casa”. Y fue el discurso de Gregorio Santos el que terminó de confirmar las verdaderas razones de este mitin, que –admitido por él mismo– estaba cargado de contenido político, más que ambientalista.“Si no levantamos un programa de nuevo país, con una nueva Constitución y un nuevo Congreso, no habrá cambios de fondo, solo serán de forma”, sostuvo.
Luego cuestionó el diálogo iniciado y los peritos nombrados por el Ejecutivo. “Es un engañamuchachos, hasta ahora son peritos sin alma, sin rostro, son fantasmas que nadie conoce y no sabemos a dónde pertenecen”, dijo.Santos aseguró que seguirán contra el proyecto Conga y que no le teme a la vacancia.“El pueblo no va a aceptar otra estafa electoral”, expresó.
Evidentemente, no compartimos estas motivaciones que generaron la Marcha, sin embargo la legítima protesta respecto a la mejor administración y gestión del Recurso Hídrico en el territorio peruano, si cuenta con nuestro solidario respaldo. Las razones técnicas, las alcanzaremos en los siguientes comentarios. 

Marcha Nacional del Agua en Lima

La agencia EFE,publicó hoy Jueves 09 de Febrero del 2012, la siguiente información:

Unas 1.500 personas llegarán a Lima procedentes de ciudades del interior del país para reclamar por el derecho a la preservación del recurso hídrico frente a la gran minería, informó Irma Pflucker, una de las coordinadoras de la "marcha nacional del agua".

Según Pfluker, este jueves ingresarán a la capital unos 850 manifestantes que saldrán de la ciudad de Huacho después de haber recorrido gran parte del norte del país durante ocho días.
A ellos se sumarán en la carretera Panamericana Norte otras delegaciones de ciudades como Huancayo, Arequipa, Ica y Loreto y de regiones como La Libertad y Cajamarca.
Entre los pedidos esenciales de los manifestantes se encuentra la anulación del proyecto minero Conga, en la región nor-este de Cajamarca; que se considere el agua como un derecho humano, la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y la prohibición del cianuro y el mercurio en la actividad minera.

El líder de la movilización, Marco Arana, le dijo hoy a Efe que con su llegada a Lima los manifestantes buscan un cambio de actitud del Ejecutivo.

"Esperamos que el Gobierno entienda que el reclamo de Cajamarca es justo y que no se debe seguir destruyendo las cabeceras de cuenca ni se debe promover la minería tóxica. Nosotros esperamos en términos prácticos para Cajamarca que se declare la inviabilidad del proyecto Conga", sostuvo Arana.

Conga, con una inversión de 4.800 millones de dólares y desarrollada por la minera Yanacocha, la principal productora de oro en Sudamérica, contempla drenar cuatro lagunas, dos de ellas para extraer oro y las otras para depositar los relaves.

Actualmente, el proyecto aurífero se encuentra suspendido tras la huelga de 11 días que hubo en Cajamarca en noviembre pasado, la cual concluyó después de la declaración del estado de emergencia (excepción) en tres provincias, producto del diálogo infructuoso entre el Gobierno y los manifestantes.

Arana también dijo que los que critican la movilización "viven de espaldas a la realidad de los pueblos".
La marcha del agua espera recorrer Lima desde este amanecer, con movilizaciones a pie y caravanas, y los manifestantes tienen previsto desplazarse por la Plaza 2 de Mayo para reunirse con la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) y luego hacia la Plaza Bolognesi.

Finalmente llegarán al local del colegio De Jesús, en el distrito de Pueblo Libre, donde se realiza un foro sobre agua, minería y desarrollo.

Este foro, que se celebra hasta hoy, se inició ayer miércoles con discusiones sobre el agua y su relación con conflictos sociales, su calidad como bien escaso y la gestión de la minería en el país.

Interdicción contra minería ilegal

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Decreto Supremo que permitirá ejecutar la nueva estrategia contra la minería ilegal y sus delitos conexos, y recuperar aquellas zonas del país que están siendo afectadas por una grave contaminación ambiental.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, explicó que la interdicción empezará en las cuencas de los ríos Ramis y Suchis, en el departamento de Puno, de manera concertada por varios sectores del Ejecutivo.

Mencionó que el decreto amplía las facultades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para que realicen tareas de interdicción, represión y de comiso de máquinas e insumos empleados en la minería ilegal.

Señaló que es una medida dictada por el Gobierno con la cual empieza la nueva estrategia de lucha contra la minería ilegal en el país. "Vamos a comenzar en Puno y después seguiremos en todo el país" indicó.

Facultades legislativas

El decreto legislativo se aprobó en el marco de las facultades legislativas concedidas al Ejecutivo por el Congreso de la República para legislar en materia de lucha contra la minería ilegal.

Según estudios medioambientalistas, la minería informal tiene efectos catastróficos en las aguas de los ríos, así como en los bosques y las tierras ribereñas.

Facultades especiales para la Policía

Entre las facultades aprobadas está incluida la posibilidad de destruir cualquier infraestructura si es que afecta el medioambiente.

La norma incluye, también, el rescate de aquellas personas que trabajan en condiciones infrahumanas y que están sujetas a abusos, como la trata de personas.

La minería informal o ilegal trae consigo actividades nefastas de prostitución y virtual esclavitud de niños y mujeres. Es una labor que se desarrolla al margen de las condiciones sanitarias.

La minería ilegal explota oro, arcilla, mármoles, sin control ni regulación social y ambiental. Los que la promueven y realizan disponen de medios y formas de organización, que actúan al margen de la ley, con grandes inversiones y utilidades.

Marcha Nacional por el Agua

La “Marcha Nacional por el Agua” se inició ayer en Cajamarca con música, una ceremonia especial y una reverencia al agua en la laguna Cortada, aledaña al proyecto minero Conga.
Convocada por organizaciones sociales, Frente de Defensa Ambiental, entre otros, pretende hacer planteamientos para cambiar la política de la actual administración del Estado en relación a las industrias extractivas, sensibilizando al gobierno de evitar la minería en cabeceras de cuenca y  presentar una medida de reclamo en defensa del recurso hídrico.
Es así que cientos de pobladores de Bambamarca, San Miguel, del distrito de La Encañada y la provincia de Celendín, en Cajamarca, llegaron a las lagunas Cortada y Namacocha para dar inicio a la precitada marcha, que durará diez días recorriendo  varios distritos y provincias, y que una vez juntos, los manifestantes emprenderán la marcha en dirección a Lima, con previas paradas en Chimbote y Huacho.

La concentración final será el próximo 9 de febrero en la Plaza 2 de Mayo y el Congreso de la República.

En tanto, se informó que diversas organizaciones sociales de Lambayeque se plegarán hoy a la marcha iniciada en Cajamarca. También se sumarán agrupaciones que arriben de Tumbes y Piura.
Como se puede apreciar, la planificación de los eventos simultáneos son dignos de resaltar por la calidad mostrada en la organización de la marcha que sería el ejemplo a seguir de muchas organizaciones políticas existentes en el país. Si bien es cierto que los organizadores de la precitada marcha, tienen acogida en la sociedad civil por el tema del reclamo referido al recurso Hídrico, algunos agitadores pretenden limitar este acto legítimo ciudadano para satanizar la existencia de la minería en cabeceras de cuenca del país, lo que equivaldria decir "no a la minería en el país" pues gran parte de minería en Perú se realiza en cabecera de cuenca.
De otro lado, se persiste en la desinformación generalizada pretendiendo hacer creer que el sistema de drenaje solamente se focaliza en la cabecera de cuenca donde - según el mensaje propalado - se  "origina el recurso hídrico".

El otro detalle soslayado militantemente es el nivel de contaminación del agua que se genera en otros sectores productivos y extractivos del país, como es en el caso de los efluentes industriales localizados en las ciudades y las aguas residuales municipales o domésticas que sin tratamiento alguno van a parar a los distintos cuerpos de agua del país como son ríos, lagos o el mar peruano.

Datos oficiales en Perú dan cuenta que sólo se estaría tratando el orden de 32.7% de aguas residuales producidas y el resto forman parte del universo que contamina los cuerpos de agua del país.

De otro lado, datos históricos confirman que el país ejecutó mayores inversiones en agua y alcantarillado sanitario en los últimos años, lapso coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó en forma sustantiva con el avance logrado en el desarrollo nacional. 

La protección del recurso hídrico, en el extremo de mitigar los daños generados por la contaminación de las aguas mediante el tratamiento y disposición sanitaria de los efluentes, pasan por mejorar la gestión y mantener los niveles de inversión para hacerlas sostenibles .

Si tomamos como referencia los últimos cinco (05) años de inversión (2006-2010) podemos indicar que en las ciudades del país se invirtieron  S/. 4,772.9 millones de nuevos soles para mejorar la calidad de agua y disponer adecuadamente las aguas residuales.

En este contexto, el aseguramiento de las inversiones deviene en fundamental para lograr la descontaminación de los cuerpos de agua en Perú, y la “Marcha Nacional por el Agua” debería estar por encima de intereses personales y levantar como banderas los elevados intereses de la Nación para que se consoliden las Políticas de Estado sobre el Recurso Hídrico.