Precio y energía para el Cobre

En febrero del 2013, la agencia  Andina difundía proyecciones optimistas refiriéndose a las inversiones mineras previstas y su relación con el cobre: “Si Perú recibe todas las inversiones previstas para los próximos diez años, que suman cerca de 53,000 millones de dólares para 52 proyectos, el país producirá cinco millones de toneladas anuales de cobre a partir del 2025, cifra cercana a los 5.7 millones de Chile, el mayor productor mundial del metal”.

A inicios de Junio del 2013, el Ministerio de Energía y Minas daba cuenta de la meta para lograr duplicar  la producción de Cobre al 2016, sustentado en la dinámica impuesta a proyectos como Las bambas (Apurimac),Toromocho (Junín) y Constancia (Cusco), entre otros.

A fines de Junio del 2013, un interesante análisis de Wall Strett Journal contempla que los precios del cobre se están quedando sin piso, en razón que su precio ha caído 16% en lo que va de este año y se encuentra un 34% por debajo del máximo histórico de cierre que registró en febrero de 2011. Este no es simplemente un caso de desaceleración del crecimiento económico. Las fuerzas globales que impulsaron el asombroso aumento del metal en la última década están cambiando. El súper ciclo del metal rojo está empezando su etapa descendente.
De otro lado, Deutsche Bank y Macquarie esperan que la oferta de cobre entre 2013 y 2015 supere la demanda en un promedio cercano a las 500.000 toneladas métricas al año, por sobre el superávit de 2009, cuando el precio promedio cayó 26%.
En este contexto resulta ahora paradójico que en Perú se impulse mayor velocidad a los proyectos mineros de cobre, justamente cuando sus precios vienen cayendo y existe una mayor oferta mundial, la cual eventualmente será presionada por los otros grandes productores de cobre_Chile y Australia_que probablemente realicen coberturas en el mercado de manera más agresiva mediante la venta de producción futura de cobre. 
Para poner la cereza al pastel, en Perú se enfrenta otro riesgo, que a manera de ver de algunos, no se estaría atendiendo oportunamente : El abastecimiento de energía para las minas que entrarán en producción entre el 2013 y el 2016. 
Ante este panorama dejado por la filosofía antiminera _advertida en este espacio_ alentando discusiones bizantinas sobre las " futuras sobreganancias mineras" con el consecuente retraso en importantes proyectos, los conflictos sociales derivados,menores precios de materias primas y hoy en día el riesgo del adecuado abastecimiento de energía para futuros proyectos mineros, es imprescindible atender proporcionalmente las necesidades para que aterricen los precitados proyectos que en un 62% están ubicados en el sur del país y el restante 28%, en el norte del territorio peruano.

Panorama de la minería ilegal en Perú

Las externalidades hacia el sector minero producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico y corrupción en Perú fueron comentadas en Externalidades vs Inversión. 
La merma en la competitividad del país y minera en particular, subyace al inadecuado tratamiento de estos males. Esta realidad hace que el país no acceda a los niveles de crecimiento y desarrollo que debiera alcanzar.

El problema se hace mas complejo si a estas enfermedades endémicas en partes  de su territorio, se le añade la minería ilegal que avanza progresivamente haciendo metástasis.
Es un tema que ya no se circunscribe solo a regiones como Madre de Dios y Puno, sino que hoy en día se extiende a todas las regiones del país. El delito de la minería ilegal moviliza alrededor de 3 billones de dólares al año en Perú y genera unos 20 delitos conexos, pues no paga impuestos, no colabora con el desarrollo, no genera puestos de trabajo de calidad y, además, favorece la comisión de ilícitos, como el lavado de activos, contrabando, narcotráfico, trata de personas y la delincuencia organizada.

La actual administración del estado reconoció en Enero del 2013 que " la ley de formalización de la minería ilegal del 2001 fue un fracaso porque no ofreció los incentivos correctos para cumplir con los fines propuestos,sino por el contrario,hubo un crecimiento exponencial de esta actividad ilícita en el país".

Es así que_siguiendo el esfuerzo de iniciativas legales_ se dictaron una serie de normas para realizar una lucha frontal contra esta enfermedad representada por la minería ilegal, en tanto, instituciones del Estado asumen una actitud pasiva para hacer cumplir o revertir la ineficacia del orden jurídico ambiental menoscabando la legitimidad de la norma. Actuando por reacción, cuando existe la queja ciudadana por un daño ambiental presentado.

Un aspecto del drama expuesto, es editorializada por el diario El Comercio, de la siguiente manera:

"Las impactantes fotos que publicamos el domingo sobre cómo la minería ilegal sigue destruyendo todo a su paso en Madre de Dios son prueba de que el gobierno sigue sumando fracasos en este tema.

Y lo reconfirman los estudios que la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral ha realizado: se estima que en el 2012 la minería ilegal destruyó 1.973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que el año anterior. Y este año (2013) ya serían 872 las hectáreas devastadas.

Estos lamentables hechos no tendrían por qué llamar la atención si tenemos en cuenta que, para el gobierno, la lucha contra la minería informal no ha pasado en su mayor parte de declaraciones líricas.

Una muestra de ello es la reducida cantidad de recursos que se destina actualmente a las operaciones policiales en esta zona. De los 500 policías que llegaron a ella el año pasado para combatir esta lacra ambiental hoy solo quedan 80. Y este número de agentes es claramente insuficiente si se tiene en cuenta que en el campamento minero más grande de los que se han asentado en la zona de amortiguamiento (y al que ni la policía ni la fiscalía pueden ingresar) trabajan 5.000 personas.

De hecho, un informe de inteligencia señala que para ingresar a dicho lugar serían necesarios como mínimo 2.000 efectivos. Por esta razón, las operaciones que se realizan no tienen ninguna capacidad real de terminar con las actividades de los ilegales.

La reciente intervención policial de la que dio cuenta nuestro informe del domingo, por ejemplo, concluyó con la destrucción de solo 16 motores utilizados para las actividades extractivas. Un hecho que casi pasa desapercibido para los mineros, pues en toda la zona de amortiguamiento hay aproximadamente 1.500 motores y cualquier motor destruido puede ser reemplazado en un par de días sin mayor dificultad.

Otra muestra del poco compromiso del Estado con el combate a la minería ilegal es la falta de recursos para perseguir judicialmente a quienes cometen estos delitos.

Desde hace dos años la fiscalía ambiental que opera en Puerto Maldonado cuenta solo con un fiscal especializado y un adjunto, a pesar de que la carga procesal de la misma supera los 2.500 casos.

Asimismo, las normas dictadas para regular insumos como el combustible parecen solo estar pintadas en el papel, pues cada año aumenta la cantidad de diésel que se vende en Madre de Dios, 85% del cual se destina a la minería.

De hecho, solo en el 2012 se vendieron 60 mil galones más que durante el 2011. Por supuesto, la falta de decisión del Estado para hacerle frente a estos delitos no es novedad.

Hace poco más de un año el presidente y sus ministros anunciaban entre bombos y platillos su decidida intención de encabezar una guerra sin tregua contra la minería ilegal. ¿Qué sucedió en ese entonces? Bastó un paro bien organizado para que el gobierno recule y firme una tregua de dos años.

Durante este período, los ilegales no serían incomodados por la ley o la fuerza pública y –con su buena voluntad mediante– deberían convertirse en legales empresarios. Teniendo en cuenta que estamos hablando de individuos que con su actividad destruyen el medio ambiente, envenenan poblaciones enteras y no pagan tributos, esa medida (además de irresponsablemente ingenua, siendo generosos) tenía tanto sentido como permitirle a un secuestrador que siga secuestrando gente por dos años mientras se reforma.

En esa ocasión, además, intimidado por las protestas de los mineros ilegales, el gobierno tuvo otra genial idea. Como si no hubiese sido suficiente tolerarlos por dos años, decidió encima asegurarles el negocio. Resucitó la empresa estatal Activos Mineros para que ella compre el mineral a los individuos que –supuestamente– deseen formalizarse. A nadie le debería extrañar que las actividades de los ilegales hayan aumentado.

La minería ilegal es una de las principales enfermedades que el Perú padece. Y todas las declaraciones que el Estado haga en su contra de nada sirven si es que no existe voluntad política de disponer de los recursos necesarios para que la ley se cumpla. Una voluntad que, lamentablemente, parece no existir en el gobierno".

Minería en Perú

A la Minería en Perú se le atribuye actualmente que es origen de una serie de conflictos entre los que extraen los recursos mineros y quienes administran dichos recursos.
Uno de los principales problemas  se suscita con el tema sobre derecho de propiedad, cuando la administración del Estado permite que las empresas mineras puedan extraer minerales en tierras de propiedad de las comunidades locales.

Las leyes peruanas reconocen el derecho de estas comunidades a poseer la superficie de la tierra, sin embargo, también consideran que el subsuelo es propiedad del Estado.

En relación a esta dicotomía, generada por la división del "derecho de propiedad legal" de la tierra en suelo y subsuelo, con la asignación de los derechos entre ambas partes, se han provocado conflictos sociales y los denominados conflictos socio ambientales derivados de las labores mineras.

De la misma forma, se le reconoce un rol protagónico en el crecimiento y desarrollo de éste país que presenta una de las economías de mayor crecimiento en la actual coyuntura de crisis económica mundial. 

Tendencia en exportaciones mineras

Continúa la tendencia negativa de las exportaciones mineras peruanas en lo que va del año 2013, que ya fuera registrada en mayo del 2013 en los siguientes términos:

"Las exportaciones mineras en marzo del 2013 ascendieron a US$ 2,027 millones, cifra 18.1% menor a la registrada en el mismo mes del 2012 (US$ 2,476 millones). De esta forma, al cierre del primer trimestre del año 2013 los envíos sumaron US$ 5,673 millones, lo que representó una caída de 20.9% en comparación con el mismo periodo del 2012 (US$ 7,170 millones)".

Del mismo modo, el diario Gestión continúa difundiendo la noticia actualizada al cuarto mes del año:

"Las exportaciones mineras cayeron un 16.4% interanual entre enero y abril (del 2013) debido a los menores precios de los metales y a una baja de la producción, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Perú, un importante productor mundial de minerales, exportó 7,436 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año, lo que se compara con 8,897 millones de dólares del mismo período del año pasado.

En abril, el valor de las exportaciones sumó 1,657 millones de dólares, un retroceso del 4.1% frente al mismo mes de 2012, dijo la sociedad minera en un reporte estadístico.

El gremio dijo asimismo que entre enero y abril, el valor de las exportaciones de cobre cayó un 11%, mientras que las ventas de oro bajaron un 21.5%. Sin embargo, las exportaciones de plata repuntaron un 63.7%, mientras que los envíos de zinc crecieron un 6.6% entre enero y abril".
Por otro lado, es tarea pendiente de la actual administración del estado, el poder regular los factores internos que provocan la baja de la producción minera, a los efectos de revertir la tendencia negativa presentada globalmente en el sector minero del país. 

Due diligence & Compras de minas

En Due Diligence & conflictividad minera (Julio del año 2011), presentábamos algunas reflexiones sobre propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la ley minera.
Transcurridos casi dos (02) años, con una importante agenda minera pendiente aún por cumplirse en Perú, se presenta una coyuntura que fue prevista y es graficada por el suplemento especializado Dia1 del diario El Comercio, en los siguientes términos:
La industria minera sufre lo indecible ante el doble embate de los declinantes precios de los metales;y los crecientes costos en el sector.
Sin embargo, los mineros peruanos no han considerado retraer sus inversiones en el exterior; por el contrario, vienen evaluando nuevos objetivos, desde el desierto mexicano de Sonora hasta la Patagonia argentina.
Día_1 ha conseguido documentar la incursión de empresas mineras con capitales peruanos en casi toda Latinoamérica.
Las inversiones conjuntas de estas compañías ascenderían a más de US$2.000 millones, solo en adquisición de activos y construcción de minas y proyectos al 2015.
Dicha inversión está concentrada en cinco jurisdicciones: Chile(más de US$1.200 millones),Brasil(US$470 millones),Argentina(US$150 millones),Colombia(US$65 millones). A los países mencionados cabría agregar un sexto:Panamá, nación que viene registrando “un ‘boom’ exploratorio sin precedentes en donde participan capitales peruanos”, según reveló Leopoldo Monzón, gerente general de la consultora minera Proesmin.
También hay mineras de capitales peruanos explorando activamente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y EE.UU, a pesar de la crisis que remece fuertemente al sector minero.

TIEMPO PARA COMPRAR

Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines, productor canadiense-peruano que opera la minas San José (México) y Caylloma(Perú), sostiene que “ya es tiempo de que los mineros se sacudan la resaca de los altos precios de los metales”.
No solo venimos trabajando con precios más bajos, sino que la inflación de costos en la minería peruana ha sido la más dramática de toda Latinoamérica en los últimos 3 o 4 años.
Las mineras experimentan inflaciones de costos de 20% a 25% al año. Esto es insostenible, pues están destrozando los márgenes de las empresas”, exclama.
Si la situación es tan adversa, ¿por qué entonces los mineros peruanos se arriesgan a invertir fuera del país? Diego Benavides, presidente de Minera IRL, productor australiano-peruano que desarrolla el proyecto Don Nicolás en Argentina, considera que “es ahora cuando las mineras deben aprovechar las oportunidades que se les presentan, para crecer una vez que los precios de los metales vuelvan a repuntar”.
De igual opinión es Miguel Cardozo, presidente de la (minera) junior peruano-canadiense Alturas Minerals, que explora los proyectos La Corina, Quispe y Marilin, en Chile.
Él sostiene que la minería peruana confía en que los precios de los metales volverán a subir, “a pesar de los problemas en Europa, EE.UU. y la desaceleración de la economía china”. Con igual claridad, Monzón asegura que este es el “momento perfecto para los ‘due dilligence’, es decir, para evaluar la compra de minas y proyectos". 
“Cuando los precios de los metales caen, los mineros están obligados a bajar sus costos de capital (CAPEX) y de operaciones (OPEX). Por tanto,es el momento ideal para comprar minas y proyectos. Además, podemos usar los precios actuales de los metales para determinar el valor presente de un proyecto y ganar con su adquisición si los precios se mantienen o suben. Esa es la razón por la cual este es un mercado de compradores”, sentenció.

Precios & producción de minerales

En un lapso corto se produjeron variantes relacionadas directamente con los índices de producción de minerales y su comercialización en los mercados internacionales en función a los precios vigentes y las expectativas comerciales de las empresas mineras que tienen labores en territorio peruano.

Por ello, en Perú se viene evaluando la variable que corresponden a los precios de minerales y los volúmenes de producción, de modo tal que se ajusten a los planes de expansión empresarial,toda vez que la inseguridad dada por la variabilidad de las cotizaciones internacionales podría influir en las decisiones de "reservar" concentrados en tanto puedan sostener sus operaciones con la recaudación a precios actuales.

La baja sostenida en los registros de los volúmenes de minerales exportados, responde a una consecuente baja en la producción de los mismos, causada por los ya conocidos conflictos sociales y baja en los precios internacionales de los metales, entre otros factores.

Esta caída en la producción y exportación de minerales, amén de sus precios internacionales, hacen pensar que impactará sustantivamente en los recursos económicos proporcionados por el sector minero a favor del presupuesto Nacional.

Así mismo, los beneficios colaterales producto de la minería se verían afectados en términos de empleos directos y el factor multiplicador familiar, además de los servicios conexos e indirectos que tienen que ver con la minería.

También se verían afectadas las inversiones en exploraciones y prospecciones para determinar nuevos yacimientos mineros.
A modo de ejemplo citaremos el caso del Oro, que después de una década de progresiva subida en quinientos noventa y seis por ciento (596%) _en Mayo del 2011 alcanzó su mayor precio de $ 1,782.50 dólares/onza_ para que en el transcurso de dos (02) años cayera $ 393.55 dólares/onza a su precio actual $ 1,388.95 dólares/onza (13 Junio 2013). Por otro lado, a pesar de la reducción del precio del oro se mantenga en mínimo de dos años, la demanda de oro físico se ha disparado en las economías emergente y está presionando los precios del oro físico. Un análisis similar aplica en términos de minerales como Cobre, Plata,entre otros. En este contexto, se visualiza un proceso de orden inverso presentado cíclicamente cuando existen- como en el presente_ variaciones significativas en los precios de los minerales que es “A mayor valor en precios, menor producción de minerales” o dicho del otro modo  “ A menor valor en precios, mayor producción de minerales”.

Entonces la compensación de los menores precios _demandan al país _ sostener mayores volúmenes de producción, es así que dentro de las alternativas para contrarrestar los efectos negativos  que estaría ocasionando una distorsión en la perspectiva productiva, es necesario una rápida capacidad de respuesta, la cual entre otros elementos, se encuentra la tecnología apropiada a las características geosociales donde se encuentre asentada las labores mineras.
Para el caso de movimiento de tierras, el adelanto de la ingeniería da lugar al cargador mas grande del mundo, el cargador Frontal Le Tourneau 2350 (L2350).
El Cargador Frontal mide dos pisos de alto, levanta 80 toneladas, pesa más de 737 toneladas, es usada en Perú atacando frentes de roca minada en algunos lugares situados a 4500 msnm. que presentan épocas con temperaturas de -10 °C a 15 °C, temporadas de lluvias persistentes  y eventuales tormentas eléctricas.

¿Minería ilegal y/o minería informal?

En Perú se están realizando grandes esfuerzos para poder distinguir y separar la minería ilegal de la minería informal, pues de la confusión existente entre ambos conceptos, nace la reacción en cadena para alimentar las protestas sociales y las denominadas protestas "socio-ambientales" de una población que vive atendiendo estas actividades al interior del territorio nacional.

Con el transcurrir del proceso,se escuchan iniciativas proponiendo crear un Acuerdo Nacional del Ambiente, como una suerte de continuación de las políticas fijadas por el Acuerdo Nacional en un documento de política elaborado el año 2002.

El planteamiento central de la política de Estado Nº 19 del precitado documento del Acuerdo Nacional, fue “Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales del país, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú, promoviendo la institucionalidad de la gestión ambiental pública y privada que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en la población más vulnerable del país.”

Tras el mensaje declarativo, se convino en la urgencia de tender puentes de diálogo entre el gobierno,el empresariado y la sociedad civil; así como en la necesidad de tomar medidas urgentes,drásticas,caras y seguramente impopulares,con grandes costos sociales en el corto plazo pero que a largo plazo significaría al país una importante ventaja competitiva y de desarrollo humano.

En este contexto, alguna voces indican que la solución a estos problemas tiene una clave y esta consiste en fijar impuestos,multas e incentivos, e invertir en fiscalización.
En nuestra opinión, reducir gran parte del problema dirigiéndolo al enfoque "contaminador-pagador" no sería necesariamente lo más óptimo, pues la dinámica generada por el explosivo crecimiento de la minería informal posicionada en casi todo su territorio, superan largamente al aparato burocrático utilizado para confeccionar la línea base de la Minería ilegal y/o informal posicionada en las regiones del Perú   
Ciertamente para actuar, el impase subsistente continúa radicando en la linea base, y por supuesto en la desinformación generada por el propio Ejecutivo, lo cual es trasladado al gran público por una parte de la prensa peruana.
Con fecha 25 de Diciembre del 2011 , la oficina de prensa e imagen institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, indicaba que la minería informal involucra a unas cien (100) mil personas.
Hasta el 28 de julio del 2012 se había formalizado 20 mil mineros artesanales. En febrero del 2013, la cifra de mineros informales que presentaron su declaración de compromiso para formalizarse subió a 77 mil.
El 09 de junio del 2013, el diario El Comercio, publica " según José Alvarez Alonso, del Ministerio del Ambiente, se calcula que hay cerca de 70 mil mineros informales. Entre 20 mil y 30 mil están en Madre de Dios". Se evidencia entonces muchas especulaciones en torno a las cifras y no información producto de un rigor científico, a que estamos acostumbrados por el adelanto de la modernidad que dan las imágenes satelitales, globalización de la información, entre otros.
Para lograr entender las diversas cifras emitidas oficialmente por las autoridades ambientales competentes y el organismo rector del ambiente en Perú, recurriremos a la terminología legal que para algunos estaría considerando a la “minería ilegal”, “ilícita” o similar, como minería informal.
Mientras las disquisiciones sobre la denominación continúan, el impacto generado por este tipo de minería continúa, medido en términos económicos,sociales, ambientales y políticos, como el caso de la deforestación en parte de la amazonía peruana que dan cuenta los reportes en imágenes siguientes.

El Dato

Minería ilegal 

Decreto Supremo N° 006-2012-EM

Comprende todas las actividades que se realizan sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas actividades, las que son llevas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de personas organizadas para tal fin.

Minería informal

Decreto Supremo Nº005-2009.EM

Artículo 4.7 .-El presente reglamento también es de aplicación a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividad minera sin contar con los permisos, licencias, u otras autorizaciones que resulten necesarias para tal efecto. Esta definición comprende a todas aquellas personas que realicen la actividad minera en las condiciones establecidas en el párrafo anterior en cualquier parte del territorio nacional, sea que la realicen en derechos mineros propios, de terceros (sean concesionarios mineros de la gran, mediana, pequeña minería o minería artesanal) o en áreas de libre disponibilidad. Toda mención a “minería ilegal”, “ilícita” o similar, se entenderá incluida en esta definición.

Decreto Supremo N° 006-2012-EM

Es aquella actividad que teniendo características de minería ilegal, se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la materia. 

Protestas contra minería de oro

Una publicación en el diario La República da cuenta que más de 200 ronderos de las provincias de Sánchez Carrión, Otuzco y Quiruvilca, en la región La Libertad, bloquearon una carretera como acto de protesta en contra de la contaminación minera.
Los manifestantes,  colocaron vehículos en medio de la carretera con la finalidad de impedir el acceso a las ciudades de Trujillo, Otuzco, Pataz, Santiago de Chuco y Bolívar.
No solamente el libre tránsito de personas son afectados, sino que también las mismas labores de la minería formal de oro, puesto que posteriormente El Comercio difundió el comunicado de la empresa minera Río Alto, quien informó la suspensión temporal de sus operaciones en la mina de oro La Arena, ubicada en el departamento de la Libertad debido al bloqueo de las vías de acceso a la mina por parte de la Central única de Rondas Campesinas (CURC).
De acuerdo con un comunicado de la empresa, la CURC inició el 29 de mayo (2013) un bloqueo indefinido de todas las vías públicas de acceso en la provincia de Sánchez de Carrión. Desde ese momento, la mina operó con normalidad utilizando sus reservas de combustible. “Sin embargo,las reservas de combustible han bajado a un nivel en que las actividades de minería y de construcción civil deben detenerse".

La Arena en La libertad_Minera canadiense Río Alto Mining

Baja reservas de combustible generó reducción de actividades en mina La Arena

"La producción total de oro de Río Alto podría ser impactada negativamente debido a esta situación”, refirió la compañía en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores. (Río Alto Mining estimó en febrero que la producción de oro en su mina La Arena se mantendría en el 2013 estable entre 190.000 y 210.000 onzas.)
De otro lado, inforegión informa de acciones de protestas realizadas en contra de la minería informal de Oro , cuando pobladores del caserío El Banco, hundieron (el 04 de mayo del 2013) equipos de Chupadora y caranchera de mineros informales que pretendían extraer oro del río Marañón, en el territorio de la comunidad El Banco. (Región Loreto).
Las autoridades competentes del nivel central deberían tomar nota y actuar en consecuencia, a los efectos de evitar hechos absolutamente previsibles para el sector minero,que acontecen y muy probablemente sucederán en otras regiones políticas del territorio nacional.
La suma de acciones preventivas son largamente recomendables a las acciones reactivas con que se estaría enfrentando la colisión de una minería formal e informal de oro en Perú, que parte de la incertidumbre creada en una población sensibilizada con los plazos de formalización a la minería informal y que tiene una metodología de respuesta anteriormente comentada en Minería ilegal y toma de Carreteras.

Capacitación en Minería & CAMIPER

La minería es una actividad de la cual muchos países sudamericanos basan su economía. Es una actividad importante, y eso lo saben muchas de las empresas mineras las cuales invierten cantidades de dinero en proyectos de exploración para la obtención de materias primas en el mundo.

Es importante la minería para un país en vías de desarrollo, ya que mediante el canon minero se realiza inversiones a favor de las comunidades.

En actualidad muchas de las mineras necesitan profesionales de alta competitividad y a su vez comprometidos con una minería responsable.

Una minería responsable, tiene un mejor impacto en las comunidades y de esta manera un país con materia prima para su extracción tiene un mejor crecimiento, ya que no es interrumpida por conflictos sociales y todo lo contrario, esta es bien recibida por las comunidades.

Para obtener profesionales comprometidos con una minería responsable, la Cámara Minera del Perú (CAMIPER) ofrece Programas de Capacitación en Minería, con la finalidad de obtener profesionales de alta competitividad del sector.

CAMIPER ofrece dentro de sus Programas de Capacitación: Programa de Diplomados en Minería, Programa de Especialización en Minería y Programas de Maestrías.

Estos programas son respaldados por convenios internacionales, aplicando metodologías presenciales-virtuales de acceso a nivel global, con expositores de experiencia nacional e internacional.

Los países necesitan para su economía a la Minería, hagamos de ella una Minería Exitosa, pero con Responsabilidad Social y cuidando el medio ambiente.

Sanciones a Minería formal e Informal

El Estado peruano, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha impuesto multas por infracciones ambientales en el orden de los 61 millones de soles en lo que va del año 2013 y que de las 121 empresas sancionadas, cincuenta (50) pertenecen a la actividad minera.

Este escenario se presenta a la luz de la Ley N° 30011 dado el 25 de Abril del 2013, que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En la práctica, tiene un mes de vigencia la nueva escala de multas que se incrementó tres (3) veces el monto máximo de 10 mil UIT (S/37 millones) a 30 mil UIT (S/ 111 millones).

La discrecionalidad y tipificación en la determinación y aplicación de las multas navegó sin llegar a buen puerto hasta la fecha desde el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin,Ministerio del Ambiente y actualmente reposa en OEFA.

Los principios y criterios legales para darle seguridades jurídicas a los procesos sancionadores son incorporados, de tal forma que se establezca la mayor predictibilidad y razonabilidad en la ejecución de las sanciones de la mineras formalmente constituidas en el país.

Mientras este tratamiento discurre con las empresas de las denominadas gran y mediana minería, por otro lado se tiene el tratamiento al universo de la minería informal o la que estaría inmersa en el proceso de formalización prevista por la actual administración del Estado.

El desbalance en el tratamiento sancionador se hace cada vez mayor con el crecimiento de la minería informal pues, pues el 9 de Marzo de 2012 en el diario oficial El peruano se precisaba "hace cinco (5) años la cantidad de regiones que tenían problemas con el tema de minería ilegal no llegaba a diez (10), hoy son veintiún (21) regiones".

Actualmente no hay región política que no presente problemas con la minería ilegal, en estricto, las veinticinco (25) regiones políticas cuentan con algún problema derivado de la minería ilegal. 

A fin de tener una mayor aproximación de las formas utilizadas para desarrollar labores mineras bajo el radar de la legislación peruana, citamos el informe preparado por Willax Televisión.

En el precitado reporte, se mencionaba que 2,400 Tn/día del producto de labores mineras informales desarrolladas por diez mil mineros artesanales que extraen oro y cobre de la región Apurimac y se traslada para el procesamiento del concentrado en diversas Plantas existentes en Nazca. 

El ministerio de trabajo, detecto a las empresas mineras: Planta de Beneficios Jesús S.A.C., Consorcio Minero Antares S.A.C., Mercurio E.I.R.L., Compañía Minera Mercurio S.A.C., Minera  y Exportaciones S.A.C., Cean Minera del Sur S.A.C., Agropex S.AC., Planta Concentradora San Fernando S.A.C., Perú Metal Trading & Process SAC., Minera Chauchilla SAC., Minera Santa Maria SAC., DWL Corporation SAC, entre otras, que venían operando en la jurisdicción de Nazca (Localidad situada al sur de Lima).

En el informe se explica las formas de formalizar el mineral extraído, una de las cuales pasa por registrar como parte de la producción legal y la otra, por sacarlo por las fronteras para proceder a su legalización en otro país. 

Cuando hay minería ilegal, las posibilidades de corrupción son muy altas porque alrededor de la minería ilegal se generan otros delitos, como la prostitución ilegal, evasión tributaria, explotación infantil, depredación ambiental,entre otros; asimismo, los trabajadores captados por este tipo de minería no reciben ningún tipo de seguridad, beneficios y mucho menos un sueldo digno.

Esta ilegal actividad, que hoy en día es un problema nacional, demanda un accionar conjunto,donde los poderes Ejecutivo y Judicial son los llamados a aplicar la frondosa legislación ambiental existente para no continuar segregando _ directa o indirectamente _a los capitales (nacionales y extranjeros)  que, en cumplimiento de leyes vigentes, fortalezcan a las inversiones  actuales y potenciales en el sector minero peruano, el cual continúa siendo uno de los motores  del crecimiento y desarrollo nacional.

Futuro de proyectos mineros

Perú es un país de contrastes, donde dos de cada diez niños sufren desnutrición crónica por un lado y por otro, se supera los $ 68 mil millones de dólares en Reservas Internacionales netas, suma nunca antes acumulada para esta nación latinoamericana, en la cual hoy en día las inversiones privadas significan el ochenta por ciento (80%) de las inversiones totales registradas en el país.
Justamente este año 2013, denominado como "Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria", se presenta como hecho curioso lo que significaría el relanzamiento de la promoción de inversión en el Sector Minero para los anales de la historia en el país de los Incas.
Según lo estimado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la inversión retrasada en Perú es el orden de $ 41,750 millones (20% del PBI) en un total de sesenta (60) proyectos, de los cuales un tercio representan los proyectos mineros postergados, los cuales equivalen a veinte (20) proyectos que suman $ 25,600 millones.

Los principales proyectos retrasados se ubican geográficamente en Cajamarca (Conga,Galeno,La Granja) que en total suman $ 7,800 millones; Piura (Ampliación Bayóvar) con $ 520 millones, Apurimac (Haquira) por $ 2,800 millones; Arequipa (Pampa de Pongo) con $3,280 millones , Moquegua (Quellaveco) por $ 3,300 millones, entre otros.

El presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, explicó que _en Perú_estructurar un proyecto y adjudicarlo debería tomar dos años, en promedio, pero actualmente demora hasta seis años.
Este problema es real y de palpitante actualidad, tiene impacto directo en el sector minero y es reconocido por el propio presidente Ollanta Humala, quien hace unas semanas atrás anunció la creación de una comisión multisectorial, liderada por el Ministerio de Economía, para monitorear los proyectos de inversión y dinamizarlos.

En este orden de precisiones, la administración Humala refirió _ en el marco de la VII Cumbre de Alianza Pacífico, realizada en Cali (Colombia) _que su gobierno ha venido luchando contra la inercia burocrática del Estado que paraliza inversiones del sector privado.
Asimismo, para asegurar el futuro de los proyectos de inversión, su gobierno ha declarado de interés nacional la promoción de inversiones a efectos de procurar el crecimiento económico sostenido que viene presentándose en el país.

Cabe señalar, que en Perú se promulgó ya antes el Decreto Legislativo N° 708  "Ley de promoción de Inversión en el Sector minero" que data del año 1991 y el pasado jueves 16 de mayo (2013), se publicó el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que establece disposiciones para facilitar la inversión privada,considerando:

-Simplificación del procedimiento para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

-Disposiciones ambientales, referidas a ampliación de componentes auxiliares o mejoras tecnológicas que no impliquen impactos ambientales significativos.

-Facilitación de servidumbre en predios del Estado a través de la posesión provisional del predio.

Estas medidas se suma al reciente proyecto de ley de Promoción del Mercado de Valores,aprobado por el Consejo de Ministros  el viernes de la semana pasada y la Ley que Facilita la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras de Infraestructura, que permitirá adquirir o expropiar terrenos y edificaciones, sin afectar los derechos de los propietarios de estos bienes, con la finalidad de construir obras de infraestructura de interés nacional.

En minería , además de los conflictos sociales que paralizaron proyectos , se suma el retraso por la implementación de la Ley Consulta Previa y su reglamentación, que aún no publica la lista de comunidades indígenas y originarias con derecho a ser consultadas antes de que se realice un proyecto de inversión minera.

Sin perjuicio a los resultados de la consulta _según el ordenamiento legal vigente en Perú_  será el Estado peruano quien finalmente decida si el futuro proyecto de inversión minera se ejecute en su territorio o no.
Una lectura del proceso seguido, es que se estaría buscando promover nuevos grandes proyectos sin previamente dar muestras de seguridades jurídicas a las actuales operaciones y proyectos mineros en cartera que eventualmente pretendan ampliar sus operaciones vigentes.
Los denodados esfuerzos que realizan los inversionistas devienen en resultados infructuosos para alcanzar el inicio de operaciones comerciales, tiene su impacto expresado en la reducción de exportaciones mineras, los cuales ya se están dejando apreciar.
La caída de los precios de los metales en los mercados internacionales influye también en la reducción de inversiones en nuevas exploraciones, sin embargo, lo que reduce sustantiva y decididamente la competitividad peruana en el sector minero es la burocracia estatal que en sus diversos niveles de gestión, ponen en riesgo el futuro de proyectos mineros en Perú.
En este contexto, el futuro de proyectos mineros atractivos a inversiones de capitales_tanto nacionales o extranjeros_pasa no solamente por dictar nuevas normas que forman parte del esfuerzo legal de largo aliento en el país, sino por cumplir con las normas existentes y ordenar el sector, respetando los acuerdos y plazos fijados para la formalización de los mineros, consolidando la autoridad real para neutralizar la posición maximalista de la filosofía antiminera que en buena cuenta resultó siendo un buen complemento de la crisis económica internacional para desacelerar el crecimiento y desarrollo de la minería peruana.

Glencore Xstrata PLC & Las Bambas

Las Bambas se constituye en uno de los proyectos mineros más importantes previstos a desarrollarse en Perú; según estimaciones iniciales representaba una inversión total de US$ 4,200 millones para producir 324,000 toneladas/año de cobre durante 18 años.

Su inicio de producción comercial estaba prevista para el año 2014, tal como lo comentamos en esfuerzos para viabilizar un proyecto.

El proceso

La empresa minera Xstrata, en el marco de sus actividades de responsabilidad social empresarial de su proyecto Las Bambas, trabajó en favor de las comunidades de la zona de influencia directa, ejecutando programas de desarrollo básicamente en las áreas de educación y salud; fomentando la conectividad al construir carreteras que los unen con otros pueblos; y brindar capacitación técnica a los pobladores, a fin de reducir los niveles de conflictividad social trasladada de otros escenarios mineros afincados en el territorio peruano.

En tanto se sucedían los denominados conflictos sociales y socioambientales que postergaban el inicio de operaciones de diferentes proyectos mineros en el país; tras quince (15) meses de negociaciones, el grupo de minería y metales Glencore International PLC completó su fusión con Xstrata PLC para formar la nueva empresa  : "Glencore Xstrata PLC" que sería la cuarta minera más grande del mundo. 

Es así, que llegado el año 2013 , el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, garantizó la entrada en producción de Cobre del proyecto Las Bambas para el primer trimestre del 2015, pese a su  venta y al conflicto en Espinar, hacia donde transportarán los concentrados. "No hay ninguna razón para que se retrase", dijo a Gestión.

De otro lado, el ministro Jorge Merino indica que se ha invertido US$5200 millones,  brindando empleo a miles de personas.

"Ello confirma que Las Bambas es un proyecto bandera para el Perú y va a mover otras iniciativas de inversión minera en la región", subrayó el ministro Merino. Además, destacó que el proyecto va de mano con los compromisos asumidos por la empresa Xstrata Copper con las comunidades de la zona.

Localización

El Proyecto Las Bambas, se encuentra a 900 kilómetros aproximadamente  del Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a más de 4.000 m.s.n.m.
Comprende las concesiones mineras de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas. 

Descenso en exportaciones mineras

El diario Gestión explica los factores que generaron un impacto negativo en las exportaciones mineras peruanas, de la siguiente manera:

Las exportaciones mineras en marzo del 2013 ascendieron a US$ 2,027 millones, cifra 18.1% menor a la registrada en el mismo mes del 2012 (US$ 2,476 millones), informó la Sociedad nacional de minería y Petróleo (SNMPE).

De esta forma, al cierre del primer trimestre del año 2013 los envíos sumaron US$ 5,673 millones, lo que representa una caída de 20.9% en comparación con el mismo período del 2012 (US$ 7,170 millones).

El descenso registrado en marzo del 2013 se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, plomo, estaño y molibdeno, metales que explican el 87.4% del total de exportaciones mineras.

Sólo las exportaciones de hierro, plata y zinc presentaron un comportamiento positivo.

En el caso del oro, el valor exportado fue de US$762 millones, cifra menor en 21.2% con relación a marzo del 2012 (US$ 967 millones). Esto se debe a un menor volumen exportado (-17.2%) y una menor cotización (-4.9%). A su vez, las exportaciones auríferas cerraron al primer trimestre del 2013 en US$ 2,072 millones, monto que significa una caída de 28.2% en comparación con el mismo período del 2012 (US$ 2,887 millones).

En el caso del cobre su valor exportado en marzo fue de US$ 849 millones, lo que significa una reducción de 14.9% respecto al mismo mes del 2012 (US$ 998 millones). Este desempeño negativo se debió a una caída en el volumen (-6.6%) y una menor cotización (-8.9%). Las exportaciones cupríferas de enero a marzo del presente año fueron de US$ 2,382 millones, cifra que muestra una caída de 13% al compararse con los US$ 2,737 reportados en igual período del año 2012.

Por su parte, las exportaciones de plomo reportaron una caída de 41.2% durante el primer trimestre del 2013, pues las ventas ascendieron a US$ 342 millones en comparación con los US$ 582 millones registrados en el mismo período del 2012. Sólo en marzo último se lograron ventas por US$ 113 millones, es decir US$ 96 millones menos de los reportados en igual mes del 2012 (US$ 209 millones). Ello por un menor volumen exportado (-46.7%) a pesar de una mayor cotización (+1.2%).

Situación similar se vio reflejada en el caso del estaño, cuyas exportaciones cayeron en 50.6% al lograrse ventas por US$ 29 millones en comparación con los US$ 58 millones reportados en marzo del 2012. Este metal muestra una reducción de su volumen exportado (-51.7%) y aumento en su cotización (+2.1%). En el primer trimestre, las exportaciones de estaño fueron de US$ 135 millones, reflejando una caída de 25.7%.

En el caso del molibdeno, en marzo sólo se exportaron US$ 18 millones versus los US$ 33 millones que se vendieron en el mismo mes del 2012, lo que significó una reducción de 44.4%. Factores como el volumen (-28.9%) y cotización (-21.8%) impactaron negativamente en las exportaciones de este producto minero. Al cierre del primer trimestre las exportaciones de molibdeno reportan una caída de 43.8 %.

En marzo del 2013, las exportaciones de hierro ascendieron a US$ 89 millones, las de plata a US$ 30 millones y las de zinc a US$ 133 millones.

Mineria ilegal & Trata de personas

En el sector minero esta sucediendo un proceso interesante para el análisis académico respecto a la implementación de la Política de control, supervisión y fiscalización de actividades mineras desarrolladas en territorio peruano. 

Minería formal

Por un lado, visualizamos el balance y resultados de la supervisión a la gran y mediana minería formal arroja que en los últimos dieciséis (16) meses (2012 y lo que va del 2013) se produjo 44% de procesos sancionadores ocurridos en cinco años anteriores (periodo 2007-2011). El porcentaje sale de comparar el número de sanciones 265 y 599 respectivamente.
Ciertamente en las cifras se distingue cierta distorsión generado por instituciones del propio Estado peruano  que no terminan por armonizar sus roles de juez y parte en el tema regulador de la dimensión ambiental.

En estricto, se busca evitar y/o reducir la contaminación así como manejar adecuadamente el control de riesgos de accidentes mineros; sin embargo consideramos que el incremento del número de sanciones que acaban en multa, abre un espacio discrecional a la autoridad administrativa que podría actuar arbitrariamente al priorizar la recaudación de la multa en perjuicio de la remediación ambiental.

Minería informal y minería ilegal

De otro lado, se cuenta con un sector que desarrollan labores mineras que no cuenta con supervisión y fiscalización. 

El ejecutivo peruano otorgó un plazo para la formalización de la minería informal, este plazo para la presentación de las declaraciones de compromiso de formalización ya venció; sin embargo, se considera que el proceso de formalización a nivel nacional vence en Abril del año 2014.

Hasta el 28 de Julio del 2012 se habían formalizado 20 mil mineros artesanales, En febrero del 2013, la cifra de mineros informales que presentaron su declaración de compromiso para formalizarse subió a 77 mil.
Se presume que el universo de mineros informales que vienen operando en el territorio peruano es el orden de cien mil, otras fuentes no oficiales estiman que ese número crece hasta superar 500 mil mineros informales.

Trata de personas

Es preciso integrar a la Política de control, supervisión y fiscalización de actividades mineras los temas vinculados a la trata de niños y mujeres en los campos mineros que surgen como una acción colateral de la condición de ilegalidad con que actúan en diversos puntos del país. 

Tanto la comunidad local como internacional están atentas a la reacción que pueda tener el gobierno peruano ante una realidad latente que surge como una externalidad de la minería ilegal,particularmente relacionada al oro. 

El Análisis Teórico

Partimos de las premisas siguientes para el precitado análisis:

-En teoría, el esfuerzo que realizan las empresas mineras formales en el cumplimiento de normas ambientales modifica la distribución de probabilidades de ocurrencias de contaminación o de accidentes.

-Mediante multas, el regulador logra teóricamente la disuasión de las empresas y la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

Modificatoria del SINEFA

Con la promulgación de la Ley N° 30011, modificatoria de la Ley N°29325 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental_SINEFA), tras cuatro años de vigencia de una Ley que no logra estructurar un sistema, el ejecutivo peruano busca el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Aspira lograr el equilibrio entre el ejercicio de una potestad sancionadora y la garantía a favor del administrado para que subsane de modo voluntario aquellos incumplimientos leves que no perjudican el ambiente ni la vida y salud de las personas.
La Ley N° 30011 regula aspectos como:
-Fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo.
-Promoción de la subsanación de infracciones que no generen riesgos o daños al ambiente o a la salud,evitándose el inicio de un procedimiento administrativo sancionador si dicha subsanación se realiza en el plazo otorgado por la autoridad.
-Fiscalización a ilegales e informales. Asimismo, la intervención del OEFA en los casos que una actividad de acuerdo a las condiciones en que opera ya no corresponda ser fiscalizada por los gobiernos regionales.
-Precisiones en la regulación del Régimen Común de Fiscalización Ambiental para que las entidades de fiscalización cumplan efectiva y eficazmente con su tarea.
-Transparencia en la información para que el público pueda acceder a información técnica y objetiva de la fiscalización ambiental.
-Eliminación de trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales.
-Establecimiento de un tope máximo de sanciones de 10 mil UIT a 30 mil UIT.

El diario Gestión , da cuenta de los pormenores de la precitada ley en los siguientes términos: De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, la nueva ley permitirá,por ejemplo, reducir las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales, pues establece que la sola interposición de una demanda contencioso-administrativa (como ocurría hasta hace poco) no interrumpirá ni suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva.

OEFA estimó que, a la fecha, los jueces del Poder Judicial han paralizado los cobros de sanciones ambientales por S/. 92 millones. Agregó que este monto equivale al 81% del total de multas impuestas por la Entidades de Fiscalización Ambiental.

Para que el juez admita a trámite una medida cautelar se requiere presentar una contracautela (carta fianza) personal o real, por un monto equivalente a la multa que se quiere cobrar”, precisó.

Otro de los cambios que introduce es el fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental, con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo; anteriormente eran a tiempo parcial.

Según Hugo Gómez, en un mes estarían decidiendo el número de salas, aunque prevé que pueden ser tres e implementadas progresivamente; puede haber una sala para minería , otras dos para energía y producción, respectivamente.Sostuvo que a la fecha falta resolverse 104 procesos.

Reveló que en lo que va del 2013 se han aplicado 50 sanciones en el sector minero por 3,252 UIT (Cada UIT equivale a S/. 3,700), 17 sanciones en el sector energía por 393 UIT y 54 sanciones en el sector pesquero por 546 UIT.

Recordó que en el 2012 aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT, 43 sanciones a empresas de energía por 13,995 UIT y 31 sanciones a pesqueras por 439 UIT.

Asimismo, la Ley 30011 faculta al OEFA fiscalizar a las medianas mineras que operan bajo la fachada de minería artesanal. El OEFA será competente para fiscalizar las actividades bajo el ámbito de los gobiernos regionales si se incumplen condiciones para calificar las actividades de menor escala”, señaló, aunque no especificó cuántas empresas “artesanales” estarían involucradas. Igualmente, un punto importante es que OEFA podrá instalar equipos en empresas fiscalizadas para verificar los límites de contaminación y aplicar las “papeletas ambientales” en caso de infracciones leves, y una reducción de 50% de la multa por pago voluntario. 

Interdicción & Minería ilegal

Con el nombramiento del señor Enrique Wilfredo Alvarez Mendoza como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería,Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, el ejecutivo peruano buscará ordenar las acciones dispersas y sin mayor impacto que se vienen desarrollando en aplicación de la Política de lucha contra la minería ilegal en Perú.

Mediante Resolución Ministerial N° 116-2013-PCM (Publicado el 8 de Mayo del 2013 en el diario oficial El Peruano), el ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a un asesor del despacho ministerial de la PCM para asuntos de interdicción de la minería ilegal en el país.

El asesor, será el representante titular de la PCM ante la Comisión Multisectorial permanente de seguimiento  de las acciones del gobierno frente a la minería ilegal y del desarrollo del proceso de Formalización.

Asimismo, asumirá las funciones de coordinación y supervisión de la estrategia Nacional para la interdicción de la Minería ilegal.
La tarea del señor Alvarez será ardua en la medida que existen plazos perentorios para formalizar a miles de mineros ilegales que vienen realizando labores mineras en territorio peruano,particularmente en la minería de Oro.  

El ejecutivo, a través de la PCM y las autoridades competentes, cuenta con información documentada de presencia de minería ilegal en localidades como Madre de Dios, Puno y otros.
El mismo titular (anterior) del la PCM conjuntamente con cinco ministros de estado conformaron una comisión de alto nivel que verificó in situ el problema de contaminación generada por la minería ilegal en el caso de Puno_río Ramis.
Del mismo modo, existen diversas comisiones del ejecutivo_en otros niveles_ que dan cuenta del ilícito penal que se estaría cometiendo en diferentes partes del país, una de las cuales se focaliza en los ríos Pachitea y Negro en la localidad de Puerto Inca, región Huánuco que precisa el siguiente informe en imágenes.

Incertidumbre minera 2011_2013

Transcurridos veintiún (21) meses de asumida la administración de Estado peruano, el ejecutivo _ al parecer_ estaría haciendo esfuerzos por resolver la incertidumbre y expectativas mal fundadas generadas con la Ley de Consulta Previa (Aprobada por el Congreso en Agosto del 2011).
La consulta previa, planeada para que haya mayor paz social, terminó siendo  todo lo contrario y tiene a la administración Humala arrinconada tanto por empresarios como comuneros presionándolo, unos para invertir y los otros para defender el agua que alimenta a sus bosques y forma de vida.
En vista que pasado este lapso _21 meses_ no se cuenta con la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la precitada Ley de Consulta Previa, el ejecutivo decidió aceptar la renuncia de un funcionario de nivel viceministerial y sin embargo, mantiene las mismas dificultades primigenias, de la propia administración del estado peruano y las empresas_Mineras_ para dirimir intereses y tensiones con las comunidades.
El prestigioso diario El Comercio, grafica lo expresado en los siguientes términos:  
La tensión acumulada durante los últimos meses entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas(MEM) estalló esta semana. Un día después de la entrevista dominical dada por el presidente Ollanta Humala, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, presentó su carta de renuncia y el viernes el Ejecutivo la aceptó. Su salida no solo pone en evidencia las irreconciliables posturas en el Ejecutivo sobre cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados y la necesidad de asegurar nuevos proyectos mineros, marca también el inicio de una feroz lucha de poderes y visiones sobre dónde y cuándo hay que impulsar la consulta previa en el Perú. En la entrevista, Humala recogió la visión del MEM, cuestionó la existencia de pueblos indígenas en los Andes y señaló: “En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”. De ese modo Humala marcó distancia de la propuesta del Viceministerio de Interculturalidad, que había incluido en su base de datos de pueblos indígenas -aún sin publicar- a comunidades aimaras y quechuas de Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco, regiones donde se sitúan los principales proyectos mineros.

Localización de proyectos mineros auríferos en Perú.

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las declaraciones de Humala no fueron aisladas. Se produjeron en la misma semana en la que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que 14 proyectos mineros ubicados en la sierra no pasarían por la consulta previa, a pesar de que desde inicios de este año el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de su sector incluye la necesidad de realizar la consulta antes del proceso de exploración minera y luego para la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que no se consultarán? Solicitamos la información al MEM, pero no respondieron. Uno de los problemas respecto de las comunidades campesinas es la ausencia de cifras claras. Mientras el último censo hecho por Cofopri (2010) señala la existencia de 6.069 comunidades campesinas en la costa y la sierra, Sunarp tiene registradas 6.234. “No entendemos estas diferencias, hace falta un censo actualizado de comunidades campesinas”, señala Pedro Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible, afirma que el MEM no debería oponerse a los procesos de consulta previa porque ya están normados y porque se podrían generar más conflictos sociales. “En lugar de unificar procesos eligieron saltarse la consulta, no se dan cuenta de que hubieran podido hacer más viable la negociación”, dice. Las últimas semanas, el viceministro afrontó las críticas no solo del Ejecutivo (que se resiste a publicar la base de datos), sino también de algunas ONG y dirigentes campesinos que cuestionaban el uso de la lengua originaria para identificar a los pueblos indígenas con derecho a la consulta. La falta de ese respaldo político del gobierno y de la sociedad civil aceleró su renuncia. Sin embargo,El Comercio conoció que entre agosto y noviembre del año pasado el MEM envió dos oficios en los que solicitaba información sobre la existencia de pueblos indígenas en 32 proyectos mineros. El Ministerio de Cultura identificó pueblos indígenas con derecho a consulta previa en 14 proyectos. Lo que llama la atención, además de la coincidencia con el número de proyectos anunciados por el MEM, es que en un informe interno elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de diciembre del año pasado, se menciona que en Apurímac ya se había iniciado un proceso de consulta previa con el proyecto Angostura, en tierras de la comunidad campesina Nueva Esperanza de Mollepiña, en el distrito de Curpahuasi (Apurímac). “La etapa de evaluación para el proceso de consulta del proyecto Angostura se inició el 5 de diciembre del 2012”, se lee en el informe. ¿En qué situación se encuentra este proceso? El MEM aún no responde, pero este caso permite conocer que por lo menos hasta el año pasado el sector sí reconocía a las comunidades andinas como pueblos indígenas con derecho a consulta.

LA BASE DE DATOS 

A esto se suma que no todas las comunidades están registradas y que de las registradas no todas tienen claros sus linderos. “Estamos elaborando una nueva directiva pensada en las comunidades campesinas, en respetar sus costumbres y su cosmovisión”, dice Javier Anaya, abogado especialista en comunidades campesinas de Sunarp. ¿Todas las comunidades campesinas son pueblos con derecho a la consulta previa? No. Y precisamente la base de datos que había elaborado el Viceministerio de Interculturalidad las identificaba. A un sector del Ejecutivo le pareció que eran demasiadas y que podían poner en riesgo los nuevos proyectos de inversión. Con la renuncia de Lanegra y de parte de su equipo técnico, la base de datos queda a la deriva. En la entrevista del domingo,Humala recordó que había una demanda pendiente sobre esta y luego argumentó que “lo que está habiendo es un proceso de revisión de comunidades, no se trata de publicar la base de datos y de que mañana se tenga medio Perú con comunidades”. Si la base de datos está operativa desde setiembre del año pasado (como informó este diario el 17/2/2013) y que esta incluso ya ha sido presentada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿a qué se refiere el presidente cuando menciona que “hay un proceso de revisión de comunidades”?.En el Ministerio de Cultura no lo saben. 

CONFLICTOS 

Cada vez que una empresa busca ingresar a explorar en el territorio de una comunidad campesina debe contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros. Si la comunidad es considerada pueblo indígena, la ley señala que deberá, además, iniciarse un proceso de consulta previa para discutir la declaración de impacto ambiental de la exploración. “El gobierno debió haber unificado los dos instrumentos en un solo proceso de consulta en lugar de saltarse la consulta”, sostiene López. La decisión del gobierno de no consultar los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas respondería a un cambio en el sector minero. “Hace un año la consigna era que no importaban los costos [financieros, ambientales, sociales y tecnológicos] si los precios estaban altos; ahora los cuatro costos se han incrementado, hay más conflictos, más exigencias ambientales y mayor precio de la tecnología. Hay cierta incertidumbre, caen algunos precios y las empresas tienen más precaución”, explica López Follegati.