Fiebre del Oro & Minería ilegal - I

Pasados dieciocho meses desde que el Gobierno peruano publicara en el diario oficial - El Peruano - el Decreto de Urgencia N° 012-2010, que dispone el ordenamiento de la minería aurífera en Madre de Dios, se presentan algunos resultados, como el descrito por el informe periodístico publicado por el diario El Comercio, que difundimos seguidamente:

El traqueteo de motores que bombean el agua y remueven la tierra en busca de oro no se detiene de día ni de noche a la altura del kilómetro 103 de la carretera Interoceánica, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Donde hasta hace cinco meses había chacras o espesa vegetación ahora se levantan frágiles locales con paredes de plástico y esqueletos de madera: restaurantes, boticas, bares, bodegas, hospedajes, grifos, tiendas de repuestos de maquinaria, baños, peluquerías.

Nada falta en este lugar donde solo la venta de cilindros de combustible supera a la de cajas de cerveza. La presencia de estas tiendas nos recuerda que están allí para abastecer la demanda de los campamentos mineros, y que, si la demanda de servicios crece, es porque allá adentro los bosques que protegen a Tambopata se están convirtiendo en una enorme pampa de arena removida. La proliferación de estas tiendas fue desde un inicio el primer síntoma de la devastación en Madre de Dios.

Las autoridades dicen que es imposible conocer la magnitud real de la destrucción, pero se sabe, por ejemplo, que solo en el campamento del km 103, en el sector conocido como La Pampa, habría alrededor de mil mineros y 130 máquinas trabajando.
El presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, Luis Aguirre, calcula que desde julio más de 15.000 mineros ilegales han instalado sus campamentos entre los kilómetros 103 y 117. “Y todos los días llegan más personas, sobre todo desde La Rinconada, Puno”, dice. Según Aguirre, el alto precio del oro y el respaldo político a los mineros ilegales por parte de un grupo de congresistas liderados por el representante de Gana Perú en esta región, Amado Romero Rodríguez, han acentuado la destrucción en los últimos meses.

EL FACTOR POLÍTICO

La buena relación del parlamentario con los mineros de La Pampa quedó registrada en un video –al que El Comercio tuvo acceso– grabado el 11 junio de este año, cuando Romero ya era congresista electo por Madre de Dios. En el video se ve al congresista reunido con los mineros que invadieron la zona de amortiguamiento de Tambopata. Las imágenes no tienen buena calidad, pero es posible distinguir voces y rostros.

El que habla es Florentino Sucso, secretario de economía de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). Cuestiona la vigencia del Decreto de Urgencia 012, que suspende los petitorios mineros y prohíbe el uso de dragas en los ríos: “Tenemos un enemigo en común que es el Estado, el otro es la región y los ambientalistas”, grita en la reunión.

Amado Romero está sentado, rodeado por más de 30 dirigentes mineros, en un sector al que los representantes del Ministerio Público solo pudieron ingresar hace unos meses con el apoyo de casi 50 policías. Romero no habla, pero escucha. ¿Qué hacía el parlamentario reunido con unos mineros que han tomado la zona ilegalmente? “Romero intercede por ellos ante el gobierno”, denuncia Aguirre.

El congresista es muy cercano a la Fedemin, gremio que él también presidió durante 2 años hasta el 2010 y que ahora plantea el retorno de las dragas. “Con su presencia en esa reunión quiere legitimar la ilegalidad de los invasores”, dice en voz alta Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la reserva de Tambopata. Eulogio Amado Romero Rodríguez es un reconocido minero en Madre de Dios: tiene 12 concesiones en diferentes partes de la región.

El año pasado, la comunidad nativa de Tres Islas denunció que un grupo de mineros extraía oro ilegalmente de sus tierras. La Dirección Regional de Minería inspeccionó el lugar (concesión minera denominada El Paisano) y constató la presencia de 40 mineros. Ninguno cumplía las normas ambientales. Los trabajadores declararon que eran ‘invitados’ (una especie de inquilinos) de Amado Romero y que, por eso, le entregaban 30 gramos de oro a la semana cada uno. Las autoridades se sorprendieron porque oficialmente esta concesión está a título de Esther Pacamía Limpias.

El informe ha sido alcanzado a la fiscalía ambiental y esta investiga actualmente al parlamentario por delitos ambientales. Lo ha citado ya en varias oportunidades, pero el legislador ha apelado a su inmunidad parlamentaria.

Durante las última semanas, además, Romero se ha reunido con el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke para interceder por los mineros de Madre de Dios. Los vínculos de Romero con los mineros se hicieron aún más evidentes la semana pasada, cuando presentó dos proyectos de ley que pretendían derogar el Decreto de Urgencia 012.

Zambrano alerta que este año han ingresado 700 petitorios mineros a la región. “Cien ya han sido rechazados porque está vigente este decreto, pero si este se derogara los otros 600 podrían ser aceptados. Hay muchos intereses, derogar el decreto de urgencia supondría la pérdida de la zona de amortiguamiento”, señala.

TERRIBLE DEFORESTACIÓN

A primera vista parece un desierto. Hay lugares dentro del área de amortiguamiento de la reserva de Tambopata donde no queda nada. Ni rastro de flora y fauna, solo arena sedimentada. “Una comparación de imágenes satelitales nos revela que solo en el 2010 se habrían perdido en esta zona unas 1.000 hectáreas de bosques primarios”, afirma el jefe del área protegida, John Flores Leiva.

Actualmente, hay 134 derechos mineros en la zona de amortiguamiento: 35 poseen títulos y los 99 restantes son únicamente petitorios; pero ninguno cuenta con certificación ambiental.

Muchos han ingresado como ‘invitados’ y otros tantos han invadido concesiones agrícolas. La destrucción de esta área que protege la intangibilidad de la reserva de Tambopata ha derivado en una investigación fiscal en la que se ha incluido como supuestos agresores a Daniel Cutipa, Miguel Yupanqui, Dionisio Reffner Laulette y Juan Apaza Quispe.

En toda esta zona alrededor de 30 mil personas se encuentran involucradas con la actividad minera. Casi la mitad de este universo está compuesto por los mismos mineros. “En el 2007 solo había 90”, indica el presidente de la región. Las autoridades han identificado entre 2.000 y 3.000 motores trabajando en la zona.

Tiendas, grifos y todo tipo de servicios se encuentran a un lado de la carretera, pero el Estado está ausente. “Resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre en La Pampa, pues llegar a los campamentos mineros es muy peligroso”, dice John Flores. Cada campamento tiene tranqueras en los accesos y vigilantes privados armados.

A la gran circulación de armas de fuego se suman el reducido número de policías en la región (solo 400 resguardan todo Madre de Dios) y la poca capacidad de fiscalización y logística para ingresar e intervenir en estos lugares. Incluso, un grifo ha sido construido dentro de la zona de amortiguamiento, en el km 105 pero fue clausurado recién cuando se terminó de levantar.

“Hacen falta medidas inmediatas para proteger la reserva, de lo contrario acabarán con la zona de amortiguamiento y podrán ingresar a la reserva”, coinciden autoridades y ONG. Los representantes de la organización Aider, así como el propio jefe de la reserva y el presidente del gobierno regional coinciden en la necesidad de que se declara la emergencia ambiental en La Pampa cuanto antes.

LA FIEBRE SE DISPARA

La fiebre del oro se extiende aceleradamente en todo Madre de Dios, empujada por el precio del oro y la inexistente fiscalización. Lo que pasa en Huepetuhe, la ciudad del oro, resume la incapacidad del Estado: existen una veintena de grifos sin licencia y tiendas que venden armas, también sin licencia. Cada vez llega más gente a este lugar donde las monedas de 10 y 20 céntimos no se aceptan. La historia se repite en Delta 1, Alto Puquiri, Boca Colorado y Huancamayo.

La ilegalidad en Madre de Dios es generalizada y sistémica: hay hombres especializados en abrir trochas, en darle mantenimiento y en cobrar por el peaje, hay también asociaciones de mototaxis que ofrecen sus servicios en todos los campamentos y gremios de comerciantes que negocian con los cabecillas lugares donde instalar sus tiendas. La carretera Interoceánica –reconoce el jefe de la reserva Tambopata– aceleró esta devastación.

LAS CIFRAS

302.154 HECTÁREAS
Han sido deforestadas en Madre de Dios hasta el 2010 como consecuencia de la tala, quema y minería ilegal. Esta extensión equivale aproximadamente a unas 300 mil canchas de fútbol.

30 mil PERSONAS

Se encuentran hoy desarrollando trabajos relacionados directa o indirectamente a la minería en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Minería & Cabeceras de cuencas

El Proyecto La Zanja, se encuentra ubicado en la micro cuenca de la quebrada El Cedro. Políticamente, corresponde al caserío La Zanja - Llamada también La Redonda - en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz de Succhabamba, departamento de Cajamarca.

El área del proyecto comprende las zonas altas de este distrito (2 800 a 3 811 metros sobre el nivel del mar) limítrofes con los distritos de Catache (de la misma provincia de Santa Cruz de Succhabamba) y Calquis y Tongod (provincia de San Miguel de Pallaques).

La Zanja comprende dos yacimientos de oro con contenidos de plata denominados San Pedro Sur y Pampa Verde, los cuales serán trabajados a tajo abierto.
Los trabajos de exploración realizados en el área del proyecto, arrojaron que los yacimientos, contienen un recurso minable total de 17 414 000 TM con una ley promedio de oro de 0,88 g/TM y una ley promedio de plata de 6,6 g/TM.
Adicionalmente, se cuenta con un recurso de 10 066 254 TM con una ley de 0,56 g/TM, lo que representa 183 160 onzas de oro.
Luego de ser extraído de ambos yacimientos, el mineral será tratado mediante lixiviación,la solución rica será tratada mediante Adsorción/ Desorción/ Regeneración (ADR) con carbón activado para la obtención de plata y oro doré mediante un proceso final de fundición.
La inversión estimada es del orden de US $ 30 millones hasta el inicio de las operaciones y de US $ 20 millones adicionales durante la misma, totalizando de esta manera una inversión de US $ 50 millones.

Según una reciente ordenanza dictada por el Gobierno Regional de Cajamarca, se plantea de acuerdo a la zonificación ecológica, la protección de las cabeceras de las cuencas que demandaría estudios adicionales que permitan garantizar el recurso hídrico en el área de influencia del proyecto minero.

Con la aplicación de un programa de desarrollo sostenible por cuencas hidrográficas que articule la protección del medio ambiente a las demandas sociales y los intereses de los inversionistas, se podría efectuar el proyecto integral sin mayores dilataciones.
Con las reservas actuales, se estima una vida útil  del proyecto en cuatro años.

Javier Prado Blas _ Monitoreo de agua en cuencas

La agencia ANDINA, da cuenta (08.09.2011) que las cabeceras de las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro, en el norteño departamento de La Libertad, registran un alto grado de contaminación por metales producto de la minería que hacen de sus aguas no aptas para el consumo humano, según un estudio realizado por la sociedad civil.

La información, recogida por los campesinos de la zona, está plasmada en el libro “Vigilancia ciudadana de la calidad del agua. Una experiencia desde la sociedad civil en el departamento de La Libertad".

Según el estudio, las cuencas hidrográficas mencionadas registran metales pesados como manganeso, aluminio, hierro, níquel y cadmio en parámetros que oscilan entre 0.53 y 5.68 miligramos por litro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que, en el caso de esos metales, los parámetros permisibles para el consumo humano deben fluctuar entre 0.20 y 0.50 miligramos por litro.

De acuerdo al monitoreo ejecutado entre 2005 y 2010, la presencia de los metales se incrementó significativamente en los últimos dos años. En consecuencia, las aguas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro no son aptas para el consumo humano y, en algunos casos, tampoco para los animales ni el riego de cultivos de panllevar.

Es un informe que se realizó con la participación y vigilancia de las rondas campesinas de las zonas involucradas, cuya experiencia puede ser replicada en otras cuencas del país.

Los campesinos involucrados en la iniciativa fueron capacitados para que puedan hacer correctamente el monitoreo respectivo. La labor de monitoreo del agua se hizo a través de alianzas con entidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Trujillo, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Ipedehp) y otras.

El trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil permitirá reducir los niveles de contaminación de las cuencas mencionadas.

RSE & Mercurio

La teoría dice que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son esos compromisos,legales o éticos, que asumes por el impacto que causa tu empresa en el mundo que la rodea.
En la práctica, son las cosas buenas que puedas hacer por la sociedad para resarcirla por el daño que puedas causar con tu negocio.

Para empezar a hablar de RSE, la empresa debe ser lo que dice ser, es decir, debe presentar coherencia entre identidad e imagen, ser auténtica y con la capacidad de incorporar los paradigmas de  la calidad e innovación tecnológica, considerando a los recursos humanos como un activo importante de la empresa, tener como socios estratégicos a la población en la zona donde actúa, fidelizarlos y obtener su confianza, respetando sus costumbres y herencia cultural, no contaminando el medio ambiente y siendo una empresa competitiva y sostenible.

En ese orden de ideas, la minería informal de oro, que se está extendiendo rápidamente en Perú  y que utiliza mercurio para obtener el producto final , debe tomar las medidas correspondientes a los efectos de no repetir experiencias nada gratas, como la acontecida con la gran minería de oro en la localidad de Choropampa - Cajamarca.

Las cantidades apreciables de mercurio que vienen utilizándose sin una adecuada regulación, hacen altamente vulnerables los lugares donde se comercializa, transporta y se utiliza este metal pesado. 

La Organización de las Naciones Unidas espera reducir en un 50% el uso del mercurio en la minería artesanal de oro hasta el año 2015 y en ese horizonte se sitúa el ordenamiento legal en Perú, donde se acaba de promulgar una Ley de Consulta Previa que tiene por finalidad el desarrollo de los pueblos originarios y permitirá que éstos puedan expresar su voluntad libremente.

Probablemente en la reglamentación de la precitada Ley, se contemple consideraciones que involucren temas referentes a las actividades extractivas que  requieran el uso del mercurio.

Gravamen a las utilidades mineras

Desde este primero de septiembre del 2011 entró en vigencia en Perú el gravamen a las utilidades mineras que recaudará el orden de 369 millones de dólares en lo que resta del año, según estimaciones del gobierno peruano.

Los fondos recaudados serán destinadas a financiar programas sociales en las zonas de extrema pobreza del país.

Dado que las empresas mineras dependen de los precios de los commodities que extraen y venden, cabe preguntarse ¿Qué va a pasar con las cotizaciones de las empresas mineras que cotizan en la bolsa?, pues el seguimiento de la utilidades mineras se hará  através de sus movimientos bursátiles y  sobre ésto se pondría la línea base de las utilidades que tendría cada empresa minera y de lo que le correspondería pagar a cada una de ellas.

Habida cuenta que las utilidades de las empresas mineras se han incrementado en casi 60% (segundo trimestre 2011 a segundo trimestre 2010), los ingresos estimados dependerán mucho de cómo se desarrolle la economía peruana en los próximos meses, de la reglamentación de leyes como la de consulta previa y de la manera en que se vaya a gestionar la inversión privada.

Minería & Grado de inversión

Perú es un país de antigua tradición minera, costumbre que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Cuenta con un elevado potencial de recursos minerales gracias a la presencia de la Cordillera de los Andes en su territorio.

A nivel mundial y en la región de las Américas, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales,lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y las capacidades de la minería peruana, sino de la estabilidad de sus políticas económicas.

En julio de 2008, la agencia de riesgo crediticio Standard and Poor´s otorgó el "Grado de Inversión" al Perú. Previamente, esta recategorización fue otorgada por Fitch rating en abril del mismo año y por la Canadian Agency DBRS Dominion Bond Rating Service a fines del 2007.

La agencia Standard and Poor’s subió (Agosto 2011) la calificación crediticia del Perú en un escalón más dentro del grado de inversión, al elevarla a “BBB” desde “BBB-”, debido a las medidas del gobierno peruano, para ejecutar un presupuesto sólido, con crecimiento e inclusión.

Anterior posición de Perú (BBB-) en la región que acaba de ser hacer elevado al grado de inversión BBB

La calificadora de riesgo, en un comunicado, indicó que la percepción positiva refleja la expectativa por la continuidad de una amplia política fiscal y monetaria bajo orientación del Gobierno Peruano, las cuales a su vez respaldarán una mayor flexibilidad de la política económica y del crecimiento.

Crónica de un acuerdo anunciado

Seguidamente presentamos detalles de la negociación - Agosto del 2011 - entre el Gobierno Peruano y las mineras formales,publicada por el prestigioso diario La República :

La negociación empezó a cobrar vida el lunes 15. Ese día los mineros soltaron su primera propuesta sobre el punto neurálgico en discusión, el monto de sus superganancias, dispuestos a compartir con el Estado peruano: “Mil millones de soles”.

La respuesta automática de Palacio de Gobierno fue: “No”. Entonces faltaban diez días para la primera presentación del premier Salomón Lerner y su gabinete ante el Congreso.

El lunes 22, el empresariado minero tentó una propuesta mayor: S/. 1.800 millones, monto que nos equipararía con Chile, se arguyó. Otra vez la réplica gubernamental fue: “Negativo”. Quedaban tres días para la comparecencia del gabinete Lerner.

El miércoles 24 las partes en negociación se movieron decididas a encontrar el punto de acuerdo o de equilibrio. “Esta es nuestra última oferta: S/. 2.500 millones”, comunicó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez Carlevarino, al premier Lerner.

Eran las 10 de la noche. Apenas restaban 11 horas para que el premier empezara a leer su discurso de rigor en el Congreso. Esa tarde, el Consejo de Ministros había hecho leves ajustes al documento en el que solo faltaba completar el párrafo referido a las sobreganancias mineras.

El premier Lerner salió a consultar personalmente a Palacio de Gobierno mientras en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aguardaban los negociadores. Por el Estado peruano: Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energía y Minas; y Miguel Castilla Rubio, titular de Economía y Finanzas. Frente a ellos: Pedro Martínez y Eva Arias Vargas de Sologuren, presidente y vicepresidenta de la SNMPE.

Hacia la medianoche, Lerner retornó a la PCM con la respuesta de Ollanta Humala bajo el brazo. Reunió a los negociadores y les trasmitió la decisión presidencial, también definitiva : “S/.3.000 millones, nada menos”.

Intercambió puntos de vista en la mesa de negociaciones y finalmente declaró: “Si no llegamos a un acuerdo llevaremos el asunto al Congreso y que allí se discuta y decida”.

Pedro Martínez y Eva Arias, de la Sociedad de Minería, pidieron un momento para consultar la posibilidad de un último esfuerzo.

No tardaron en volver para declarar: “Okey, firmamos”.

El reloj de la PCM marcaba las dos de la mañana en punto. Exactamente a esa hora se firmó el “Acta de Entendimiento”. El discurso de Lerner se había completado.

Alcanzado el acuerdo, Lerner visitó al presidente Humala, quien aguardaba en la residencia, en tanto que el ministro de Energía, Carlos Herrera, redactaba el acta con los mineros en la sala Ramiro Prialé de la sede de la PCM. Era la reunión número 15 de las sostenidas entre el gobierno y las empresas mineras, iniciadas a mediados de julio cuando Humala aún no había jurado al cargo.

Lo que sigue

Los representantes de la SNMPE insistieron en la denominación de gravamen y no de impuesto. “Porque el compromiso no se ha instituido en forma obligatoria por el gobierno, sino por acuerdo de las partes”, aclararon.

El gravamen se aplicará sobre las utilidades operativas, o sea, deducidos los impuestos. Los que más ganan, pagarán más. Y viceversa. Lo que falta precisar es el sistema de tasas aplicado a una canasta de minerales y metales que permitirá obtener el monto aprobado.

La obligación alcanza tanto a las empresas con Contratos de Estabilidad Jurídica, así como a los que no los tienen. El gravamen se ha acordado considerando los proyectos en ejecución y los que están por aprobarse. Ahora la pelota está en campo del gobierno. El acuerdo debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Congreso.

El pase de sombrero

El pase de sombrero representó 2.283 millones de soles en los cinco años del gobierno de Alan García.

El gravamen proyecta un ingreso de 3.000 millones de soles anuales. En un año se conseguiría lo que García obtuvo en un quinquenio.

¿El pago del nuevo gravamen sobre las utilidades operativas anularía el impuesto a la renta?

Negociadores

Nos habíamos acostumbrado a un alineamiento casi tradicional en las negociaciones sobre los temas de la minería. La división de la mesa en dos partes irreductibles: los pro mineros y los antimineros. No había término medio. El espacio para el diálogo era sumamente estrecho.

Esta vez fue diferente. De partida, las partes asistieron sabiendo lo que querían. Y con una anunciada voluntad de llegar a un acuerdo.

Dos líneas maestras fueron definiéndose:

1.- Que se llegara a un impuesto que no afectara la competitividad del país. Que no fuera tan alto que impidiera continuar el crecimiento de la economía.

2.- Que se respetara la estabilidad jurídica.

Fue un pulseo de fuerzas en el que primó el criterio técnico y la transparencia.

Gravamen a mineras por cinco años

El Congreso de la República otorgó su confianza al gabinete Lerner para aplicar las medidas del Ejecutivo que serán aplicadas en el país.
Durante su exposición, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Guitis, anunció hoy - 25 de Agosto del 2011 - que el gobierno de Perú y las empresas mineras que desarrollan labores en territorio peruano, llegaron a un acuerdo para que éstas paguen un gravamen de tres mil millones de nuevos soles por año.

Señaló que : "En cinco años, éste nuevo ingreso público a los niveles actuales de precio, alcanzará la cifra de 15 mil millones de nuevos soles.

Asimismo, consideró que éste gravamen no afectará ni la inversión ni la competitividad de las empresas mineras, facilitando la inversión en proyectos por 30 mil millones de nuevos soles en los próximos cinco años en el sector de minería.

Durante su exposición, Lerner aseguró que la política gubernamental tiene como objetivo mantener el crecimiento económico con inclusión social.

Mercurio & Mineria informal de Oro

Perú se convirtió en el mayor importador de mercurio en América del sur gracias a que sus importaciones han aumentado exponencialmente desde el 2003 por la "Fiebre del Oro" que se va extendiendo en el territorio nacional y a la inadecuada regulación respecto a la venta y uso del mercurio al interior del país.

Un estudio que relaciona la importación de mercurio en Perú, considera los siguientes datos de la importación de mercurio en toneladas por año siguientes :  94 (2003) , 85 (2006) y 165 (2009) y la conexión con el precio del Oro para los respectivos años.

La proyección estimada según el crecimiento exponencial obtenido, establecía para el año 2012 con un precio de Oro US $ 1580 la onza troy, una importación de mercurio mayor a 1000 toneladas.  

Dado el ritmo de los aumentos recientes del Oro, a la fecha (Agosto del 2011), el precio del oro es de US $ 1890 la onza troy, con lo cual existe una alta probabilidad que las importaciones de mercurio estarán en el orden de las un mil (1000) toneladas  para el año 2011.

Si gran parte del mercurio que ingresa formalmente al país se utiliza para la minería informal del oro,  consideramos que la tasa de contaminación por uso inadecuado del mercurio en el país ; agudizará los niveles de impacto en el medio ambiente y la salud de la población expuesta al uso descontrolado de este metal pesado también denominado azogue por los mineros peruanos.

Producción de Oro en Perú

La posición mundial del Perú en los rankings de producción minera de Oro bajó del quinto (5to.) al sexto (6to.) puesto en el 2010, coincidentemente cuando el precio internacional del oro en el mercado mundial alcanza niveles históricamente altos. 

La producción de oro en el año 2010 se redujo y en ENE-JUN del 2011 llegó a 79 millones de Gr. Finos

En el periodo comprendido entre Enero y Junio del año 2011, la producción nacional de Oro llegó a 79 millones de Gramos Finos (Gr.F) (100%).
A ésta cantidad se llegó acumulándose la producción realizada por siete (7) Empresas con 50 millones de Gr.F (63.24%) y Otros Productores con 29 millones de Gr.F (36.76%), todos ellos realizando labores mineras dentro del territorio peruano.
Está apropiadamente difundida la información sobre detalles que rodean a la producción de Oro registrada por las siete Empresas reguladas por el Estado peruano,sin embargo,nos merece un análisis más detallado respecto de la producción generada por los Otros productores de Oro, habida cuenta que se encuentra conformando éste grupo una parte de los mineros en proceso de formalización.   
Los esfuerzos mayormente legales que se hiceron para regular a estos Otros productores de Oro en Perú, como la Ley N° 27651  "Ley de Formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal" y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 013-2002-EM trataron de regular las actividades.Así mismo, existe el artículo once del Decreto Legislativo N°1040 que empodera a los Gobiernos Regionales para que propicien la formalización.De igual forma existe el Decreto Supremo N° 045-2010-PCM para formalizar la minería artesanal.En este contexto también se ubica el Decreto de Urgencia N°012-2010 que "declara de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios".
De allí que existe la creencia popular infundada que el Oro de procedencia informal sólo es de origen aluvial y se encuentra en los ríos de la selva peruana en la Región de Madre de Dios y eventualmente en la región Puno.
Para tener una mayor aproximación de lo que estaría sucediendo, recurrimos a datos oficiales de hace nueve años atrás, cuando la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas del Perú, reportaba datos correspondientes al  2000 en su registro Perú Digital 2002.

En el registro gráfico de unidades mineras metálicas y no metálicas de ese entonces,ya se identificaba,entre otras, a las unidades mineras auríferas debidamente localizadas - aunque no formalmente reconocidas - en el catastro minero oficial.

En el siguiente mapa se podrá observar que en 17 de 23 departamentos (Regiones) presentaban unidades mineras auríferas. Sólo 6 ; no registraban unidades mineras auríferas a las que se le unía la provincia constitucional (Región) Callao.

Reporte del año 2000 con las unidades mineras auríferas focalizadas en gran parte del país.

De otro lado, se cuenta con información fechada en el año 2009,de una franja de unidades mineras auríferas en proceso de formalización que se presenta en el siguiente mapa:

Reporte del año 2009 de la franja de unidades mineras auríferas en proceso de formalización.

Como queda demostrado, no solamente existen unidades mineras que producen Oro en Madre de Dios y Puno, sino que abarcan otros Departamentos (Regiones) y está en proceso de ocupación una gran parte del país, alentado por los precios atractivos del oro que le dan rentabilidad a esta actividad económica en particular.
La situación adversa, puede ser capitalizada como una gran oportunidad para incluir en los programas sociales del gobierno peruano a esta población históricamente desatendida, elevando las coberturas y niveles de salud, educación,vivienda,entre otros.  

Pareciera una contradicción saber que mientras la existencia de unidades mineras que producen oro se incrementa en el país, la producción nacional minera de oro disminuye.La respuesta puede encontrarse en la escala de extracción y producción de las unidades auríferas, también en el nivel de competencia entre la minería formal,informal e ilegal.

Asimismo, la competencia por el oro es una explicación que podría sustentar - en parte - el incremento de conflictos sociales que tienen como principal sustento a los espacios comunes concesionados y los derechos de explotación de reservas probadas del Oro, como es en el caso del Cerro Quilish en Cajamarca, donde se deberá probar que no genera problemas ambientales para continuar con su explotación. 

Perú tiene facilmente como recuperar espacios a fin de ser uno de los primeros paises productores de oro a nivel mundial, pero para ello , deberá aterrizar con una política de Estado para la aplicación del ordenamiento jurídico, tomando distancia de la anarquía que representó "la fiebre por el Oro" en otras latitudes  y resolver con meridiana precisión el orden que debe asignarle a su territorio para no afectar el medio ambiente y la calidad de vida de las personas asentadas en los espacios donde se encuentra el oro del territorio que ocupó el antiguo imperio de los Incas.

Formalización de la extracción minera

Un tema de actualidad constituye la formalización de la extracción minera, y en especial del mediano y pequeño extractor minero para reducir los conflictos sociales que tienen , en esencia , un problema de inadecuada gestión del Estado más que en rigor un problema ambiental. 

En el país se mantiene escalando, bajo la forma de una minería informal, un nivel de contaminación inadmisible que es la explotación ilegal de pequeños extractores mineros de oro que no toman en cuentan las disposiciones emanadas por la autoridad competente y que termina afectando su propia integridad física y del medio ambiente en la proximidad de sus rudimentarias labores mineras.
Los mineros artesanales de oro, que de algunos cientos en el corto plazo se han logrado multiplicar y contarse ahora por miles, generan una carga social que la administración del Estado no debe soslayar, ni dejar de atender.

Miles de peruanos, alentados por el sostenido incremento del precio internacional del Oro, que en los últimos cinco años aumentó en trescientos por ciento (300 %), se convirtieron en pequeños extractores de oro que necesitan ser agrupados,entrenados,educados,capacitados y financiados,de tal modo que puedan extraer oro formalizados, con todas las garantías y seguridades para mantener una adecuada salud ocupacional.

La nueva administración del Estado peruano planteó el reflotamiento del Banco minero y probablemente con la formalización de la extractores mineros, se podrá también ampliar la base tributaria para incrementar la cobertura de los programas sociales que tiene previstos implementar para mejorar la calidad de vida de miles de peruanos excluidos, entre los cuales se encuentran los propios mineros informales y sus respectivas familias.

Competitividad y minería: más allá de los mitos

Seguidamente trascribo un interesante punto de vista, que comparto, sobre la actividad minera escrito por María Nilda Bernedo y Marco Antonio Shiva  en el espacio Punto de Equilibrio promovido por la prestigiosa Universidad del Pacífico - Perú.

La actividad minera en Perú ha producido innegables beneficios durante la última década. No obstante, en los últimos años, el debate parece haber dejado de abordar temas como el logro de mayor competitividad en este sector, dentro de un plan de desarrollo nacional, para enfocarse en una discusión abierta sobre la inviabilidad de la minería en Perú y una supuesta escasa capacidad de generar mayor bienestar. En este sentido, es preciso evitar algunas simplificaciones sobre la verdadera importancia de la minería para la economía peruana.

Una actividad con condiciones especiales

El programa económico de inicios de los noventa enfatizó el carácter de interés nacional de la promoción de la actividad minera (D.L No. 708). Claramente, el Estado reconoció que la participación del sector privado en esta actividad permitiría, junto con una legislación promotora, elevar considerablemente el nivel de exportaciones y de divisas de la economía. En la actualidad, la minería representa la principal fuente de divisas para Perú (66.3% del total exportado en 2001). A pesar de su importancia para el crecimiento económico, esta actividad no está exenta de críticas sobre el escaso nivel de empleo que genera, el impacto de los proyectos mineros sobre el medio ambiente, y los escasos encadenamientos y valor agregado de su producción.

Según datos del Ministerio de Trabajo, la minería genera 60.000 empleos formales directos y, adicionalmente, se calcula que contribuye en la generación de 240.000 empleos indirectos. Estas estadísticas motivan a algunos críticos a asegurar la inviabilidad del modelo pro-minero, implementado en la última década. Ellos resaltan la aparente incompatibilidad del desarrollo minero con un programa político cuyo objetivo principal es la generación de empleo.

Si bien el aspecto más notorio de la actividad minera es la existencia de empresas modernas, intensivas en capital, con políticas innovadoras en materia de responsabilidad social y con salarios superiores a los del mercado, la otra realidad de la minería en Perú está representada por la minería artesanal, actividad en la que aún existen muchas tareas pendientes.

La competencia por inversión extranjera
Dada la naturaleza de la actividad minera: elevados costos hundidos y largo período de maduración de la inversión, la competitividad en este sector depende, de manera importante, de los factores naturales y geográficos, de los costos de extracción y transferencia, de la infraestructura, de los precios internacionales, y del marco normativo económico y ambiental. En este sentido, tanto las empresas como los Estados promotores de la inversión tienen un papel importante en la competitividad minera. Así, desde la década de los noventa (exceptuando los mayores incentivos otorgados por Chile en los ochenta), se apreció una fuerte competencia entre los países de América del Sur con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para la inversión extranjera. En la actualidad, el sector minero es uno de los sectores que goza de mayores beneficios en materia de incentivos tributarios y legislación específica.
Cuantificando impactos
Según la publicación del INEI: Multiplicadores de la economía peruana, la minería es uno de los sectores con mayor multiplicador de remuneraciones. Así, un incremento de un dólar en las exportaciones mineras genera un aumento indirecto e inducido de US$ 0,55 en las remuneraciones de toda la economía. Por otro lado, el multiplicador referido al empleo del sector minero, en términos de personal ocupado, es bastante menor en comparación con los sectores agrícolas y de servicios. Finalmente, como se esperaba, la minería es el segundo sector más importante en la generación neta de divisas. Específicamente, según los cálculos del INEI, si las exportaciones mineras aumentan en US$ 1, la balanza comercial aumenta en US$ 0,62 aproximadamente. Esto permite, en cierta forma, desmitificar la creencia de que la minería es un sector que, en términos netos, deja pocos dólares al país, como consecuencia de sus elevados niveles de importación.

Las compras anuales del sector minero representaron, aproximadamente, US$ 1.400 millones en el año 2000. Además, los mecanismos de subcontratación involucraron transacciones por cerca de US$ 500 millones. Del total de compras del sector minero, un 60% corresponde a compras a proveedores locales, mientras que el 40% restante corresponde a importaciones. De esta manera, los encadenamientos hacia atrás, si bien están altamente concentrados en sectores manufactureros de menor valor agregado, no son tan limitados como se cree. La tabla insumo producto permite identificar a los proveedores de servicios, químicos, petróleo, transporte y maquinaria, como los principales proveedores de insumos para la minería.

Las empresas mineras muestran mayor relación con los proveedores de servicios, que con los proveedores de bienes de la región donde se sitúan. Este hecho se explica por la formación de asociaciones o empresas de servicios que se localizan alrededor del enclave minero; así como por las políticas de compra en escala que implementan las empresas, las que los proveedores de bienes de la región, en ocasiones, no pueden atender de manera satisfactoria. Este patrón ha llevado a algunos autores a sugerir que el concepto apropiado para los denominados “enclaves mineros” no es el de cluster, sino el de network, pues no se requiere de proximidad geográfica para que la empresa establezca relaciones de algún tipo con otras empresas e instituciones.

Con el objetivo de propiciar mayores encadenamientos y mejoras en la actividad minera, es necesario involucrar más a la población de la región con el proyecto minero, mediante la continuación de la generación de infraestructura vial, del mejoramiento en los niveles de salud y educación. Asimismo, se requiere orientar esfuerzos hacia la mejora de las normas de eficiencia y seguridad por parte de las empresas que prestan servicios a las compañías mineras. Además, se precisa que las empresas que deseen asociarse con la actividad minera dispongan, de manera anticipada, de información sobre la demanda y necesidades de este sector.

Situación actual y perspectivas

Después de haber experimentado una ligera alza en el año 2000, los precios de los minerales cayeron durante el año 2001, lo cual afectó a las empresas mineras y a aquellas relacionadas con el sector, como son las comercializadoras de maquinaria pesada, consultoras de ingeniería, empresas exploradoras, entre otras. En gran medida, esta situación es consecuencia de la actual recesión mundial que ha afectado a la industria de los países de Europa, Asia y Norteamérica. La menor producción industrial en el mundo generó una menor demanda por minerales, que tuvo inmediatas repercusiones en las cotizaciones internacionales.

Al respecto, cabe resaltar la disminución de alrededor de 20% que sufrió el precio del cobre en diciembre de 2001, con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el zinc experimentó una caída del orden de 28% en el mismo período. Por su parte, el precio del oro, principal producto exportador peruano en la última década, no experimentó una reducción sistemática. A pesar de estas tendencias en los precios, el sector minero reaccionó aumentando el volumen exportado. El crecimiento en las exportaciones de cobre y zinc tuvo su origen, principalmente, en el inicio de las operaciones de Antamina a fines de año 2001. Por su parte, la demanda por oro creció por razones especulativas, es decir, por la mayor incertidumbre mundial luego del atentado del 11 de setiembre, lo que impidió, además, que el precio siga el mismo patrón que los otros metales.

Sin embargo, la recesión mundial no es la única razón que explica la sobreoferta de minerales. Los mayores stocks de metales pueden explicarse, también, por la ola de inversiones que se dirigió a América Latina en la última década, así como por los avances tecnológicos que permitieron aumentar la rentabilidad de la actividad, mediante la reducción de costos de explotación en los yacimientos mineros.

La reciente caída de los precios de los minerales responde a la tendencia decreciente que se ha registrado en las cotizaciones en los últimos años, la cual se debe a las características propias de los commodities como, por ejemplo, una demanda ciertamente inelástica y la escasa diferenciación de los productos. Ante esta realidad, además de orientar sus esfuerzos en la búsqueda de proyectos mineros más ambiciosos, los inversionistas extranjeros priorizan un entorno político y económico estable para la toma de sus decisiones.

La minería exige que tanto las autoridades como los mineros pongan en práctica medidas orientadas a incrementar la competitividad del país que, según un informe de la Universidad de Minas de Colorado, se encuentra entre el sexto y octavo puesto de la clasificación de países más atractivos para la inversión minera en materia tributaria, de un total de 52 países analizados.

Durante los años 2000 y 2001, el país ha atravesado un período de inestabilidad política, jurídica y tributaria, que ha impactado negativamente en el sector minero y ha provocado la paralización de proyectos de inversión. Los industriales mineros exigen reglas claras y el compromiso de las autoridades de mantenerlas en el mediano plazo, porque el proceso que se sigue desde la exploración hasta la explotación es de larga maduración. En ese sentido, la introducción de un régimen de regalías mineras en la carta de intención acordada entre Perú y el Fondo Monetario Internacional para el período 2002-2003, podría considerarse como una señal negativa en un entorno de crisis internacional. Si bien es cierto que países vecinos han instaurado esta clase de dispositivos tributarios, con precios tan bajos como los actuales, es conveniente evaluar si es el mejor momento para que Perú adopte medidas que podrían desalentar el flujo de inversiones al sector.

Con tan solo 10% de su territorio explorado, Perú tiene todavía un gran potencial en la industria minera. Lamentablemente, en los últimos tres años, el 30% de las empresas exploradoras se ha retirado del mercado peruano por falta de inversión. De esta forma, los cambios en la legislación deben considerar el actual estancamiento de los precios internacionales, así como el ritmo de las nuevas exploraciones. Si bien existen procesos de privatizaciones y concesiones mineras en espera, se debe procurar promocionar, de manera paralela al desarrollo de la actividad, la exploración de proyectos de mayor vida útil y con mayores requerimientos de inversión.

Avance de proyectos mineros

Si todo continúa de acuerdo a lo programado, una serie de proyectos mineros se estarán ejecutando en Perú en el corto plazo. Uno de ellos es el Proyecto de cobre Toromocho de la empresa Chinalco.

En el año 2009 se daba cuenta del inicio de operaciones previstas para el año 2012 , donde se tiene estimada una inversión de  USD $ 2200 millones.

El año 2010, se propalaba la reubicación de ocho mil familias de la localidad de Morococha, una localidad ubicada en Junín, a un costo de cincuenta millones de dólares.
La fecha de inicio de las actividades seguía consignándose para el año 2012. 

Para agosto del 2011, se continúa  con el cronograma de actividades previstas para la reubicación del Distrito de Morococha ubicado a una altura de 4,500 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 142 kilómetros de la ciudad de Lima.

Sector minero & manejo de cuencas

Una experiencia exitosa del sector minero como aporte a la economía nacional es el haber tendido puentes para actividades humanas en las diversas cuencas hidrográficas del país donde tiene presencia y haber tejido redes en industrias emergentes en los sectores que acompañan al desarrollo minero del país.

Por citar algunos datos, hoy en día Perú desarrolla plantas mineras, elabora celdas de lixiviación y exporta molinos mineros a China hechos por la industria peruana.

Estos logros  van de la mano con el esfuerzo legislativo realizado en los organismos públicos e instituciones del Estado que deberá ajustarse en función de las actuales necesidades y futuros retos que se presentan en búsqueda de su destino.

Se podrá obtener una mayor dinámica en este crecimiento y desarrollo si logramos articular los protocolos y procedimientos  a seguir en la dinámica positiva que viene teniendo el país en el presente siglo.

En esa labor se encuentra el Instituto geológico Minero y metalúrgico del Sector Energía y Minas, que otorga Títulos de Concesiones Mineras, administra el Catastro Minero Nacional y el Derecho de Vigencia y Penalidad ; así mismo, administra y difunde la información geocientífica del territorio nacional.

Otro tanto, realiza el Instituto Nacional de Cultura (INC) dependiente del Sector Educación, que otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)  certificando tal estado en una zona determinada.

En este contexto se presentan dos situaciones paralelas: existe un sustantivo incremento de solicitudes de evaluación arqueológica en diferentes cuencas del país para obtener el CIRA sobrepasando la posibilidad de respuesta del INC y a la par, como producto de estos estudios de evaluación un importante número de sitios arqueológicos han sido registrados y delimitados, permitiendo que las evaluaciones arqueológicas lleguen a lugares remotos del territorio nacional, siendo un aporte adicional de la minería para con la cultura del Perú.

En otro extremo se tiene Organismos Públicos como :

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Verifica el cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales y jurídicas.  Asimismo, supervisa que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del Estado, se realice de acuerdo a lo dispuesto en la Política Nacional del Ambiente. Es un organismo adscrito al Sector Ambiente.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional. Es un Organismo adscrito al Sector Agricultura.



Visión de cuencas para la relación armónica de minería con otros sectores.

Entre otros reguladores del recurso agua , se encuentra la Autoridad del Sector Salud de nivel nacional, y la ejerce a través de la Dirección General de Salud Ambiental.En tanto, que la autoridad a nivel regional son las Direcciones Regionales de Salud  o Gerencias Regionales de Salud o la que haga sus veces en el ámbito regional, y las Direcciones de Salud en el caso de Lima.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está facultado a generar las condiciones necesarias para el acceso a los servicios de agua para consumo humano en niveles de calidad y sostenibilidad en su prestación.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento está facultada para la gestión de la calidad del agua para consumo, entre otros a: Informar a la autoridad de salud de su jurisdicción, los incumplimientos en los que incurran los proveedores de su ámbito de competencia, a los requisitos de calidad sanitaria de agua.

Los gobiernos locales (municipios) provinciales y distritales están facultados para la gestión de la calidad del agua para consumo humano velando por la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento.
El complejo escenario que se muestra ante el abanico de autoridades competentes en Perú, implica la necesidad de fortalecer capacidades de gestión en espacios geosociales donde existen experiencias integradoras en el proceso de regionalización del país, motivo por el cual deviene en indispensable articular el accionar de organismos competentes bajo una mayor y mejor interacción con el conjunto de actores sociales y económicos involucrados por cuencas para actuar siguiendo las políticas de Estado en beneficio de las grandes mayorías nacionales.

Proceso de negociación minera

El proceso seguido en la negociación que involucra a la denominada sobreganancia minera, constituye hoy en si mismo,un conjunto de actividades realizadas bajo ciertas circunstancias con el fin de compartir la bonanza económica que viene lográndose con el soporte de mejores precios internacionales de los metales.
Como un indicador se toma a las exportaciones mineras que sumaron 10,327.59 millones de dólares entre los meses de enero y mayo del 2011, cifra mayor en 26.32 por ciento a los resultados del mismo período del año 2010. Sin embargo, esta coyuntura del crecimiento es producto de las iniciativas y esfuerzos privados y no armonizan con los registros históricos que se sucedieron en Perú, habida cuenta de la multiplicidad de negociadores por parte del Estado y la Nación.

El proceso de desconcentración y regionalización del país genera marcada expectativa respecto de una mayor y más eficiente  atención de servicios básicos como salud, educación,vivienda,conectividad, entre otros y las comunidades ven en ello una suerte de incumplimiento del contrato social para con ellos.
Mejoraría el panorama de contarse con la autoridad real al momento de la negociación, sin embargo, a la autoridad formal nacional,regional y local se le añade un interlocutor difuso llamado a otorgar la licencia social para un adecuado desarrollo de las actividades del sector minero de cara al futuro.

El lento y sostenido incremento de conflictos sociales, no pocos de ellos promovidos por ciertas ONGs y las propias autoridades regionales y locales en franco enfrentamiento con la autoridad nacional y el ordenamiento jurídico vigente, dan cuenta que es condición sine qua non identificar y empoderar a los interlocutores válidos para avanzar en el proceso.

Si algunos idealistas pensaban que con la negociación minera que generó el famoso aporte voluntario llamado "obolo minero" durante la anterior administración del Estado peruano, toda reclamación acabaría, se equivocaron. 

Los hechos se encargarían de demostrarles que siempre habrá discrepancias, sin embargo las controversias entre las partes podrán ser manejadas correctamente si es que se consideran a los socios estratégicos locales como pilares fundamentales para llegar a buen puerto en las negociaciones y la autoridad del Estado que mantenga permanente diálogo y atención oportuna para resolver antes y no después de generado el conflicto social.

Dos cosas caracterizaron las protestas antimineras post acuerdo político-económico, la clásica demanda socioambiental por el recurso agua (cantidad y calidad) y la inadecuada redistribución de los anhelados recursos provenientes del sector minero.

En consecuencia, la voluntad de armonía social en localidades próximas a las actuales y futuras labores mineras a la que el nuevo gobierno central apela y que para su proyecto de aplicar a los recursos provenientes de las sobreganancia minera, contempla un escenario sistémico donde es preciso argumentar y concordar sobre consideraciones, que podrían ser entre otras, las siguientes:

1. La soberanía nacional y el principio de autoridad no deben ser negociables. Es inadmisible negociar bajo presión, con carreteras tomadas, con personas naturales o jurídicas actuando sin control por encima de la Ley o bajo el radar de la supervisión o fiscalización, pues  ninguna actividad, por legítima que ésta sea, puede desarrollarse a costa del medio ambiente peruano.
2. La estabilidad jurídica y el respeto irrestricto a los contratos entre las partes son la base fundamental para el avance del proceso de negociación minera, detalle que es reconocido por prestigiosas instituciones a nivel mundial para el caso del Perú.
3. Despolitizar la actividad minera, el sector minero no es enemigo del crecimiento y desarrollo del país. No se ajusta a la verdad el dicho popular que la minería formal no pague los suficientes impuestos al fisco. Paga los impuestos que las leyes tributarias peruanas establecen.
4. Separar por un lado la aspiración del país por tener una mayor parte de las sobreganancias mineras y por otro, mantener a una parte de la fuerza laboral y a la población en general expectante sin obtener tangibles beneficios directos de la minería, dan como resultado inexorables fluctuaciones en la estabilidad social, con mayor énfasis en las áreas de concesiones mineras.
5. El problema central no es la falta de dinero proveniente de los impuestos captados del sector minero, el desequilibrio subyace en las dificultades de gestión en la captación,distribución y calidad del gasto de los recursos generados en el sector minero. El país deja de captar recursos de la minería informal y en el extremo no combate adecuadamente a la mineria ilegal. Las regiones y localidades que no son merecedoras de los conceptos de canon y regalías mineras sienten que no es justa la distribución de los recursos mineros de propiedad de todos los peruanos según la norma constitucional.
6. Las capacidades de las regiones beneficiadas con mayores recursos mineros deben fortalecerse para que mejoren en su capacidad y calidad de gasto.
7. El país pensar debe, si desea aprovechar la coyuntura de los actuales altos precios internacionales que se obtienen por los metales en el mercado. Si considera que es oportuno el momento, deberá impulsar el incremento de los niveles de producción.
8. El estado peruano debe presentar normas claras respecto al ordenamiento territorial a efectos de promover la captación de mayores capitales en inversiones de riesgo para exploración de nuevos yacimientos mineros.
9. La opción de dinamizar nuevas concesiones mineras deben pasar por generar la confianza de futuros inversionistas y aplicar criterios para optimizar la competitividad minera del país.
10. No puede soslayarse en las conversaciones el tema de los pasivos ambientales,adecuados cierres de minas, entre otros, bajo los impactos generados por los cambios climáticos en un país megadiverso como es el caso peruano.



La negociación minera debe verse como un proceso y no una mesa de diálogo después de los conflictos.



La discusión técnica del "sinseramiento minero", sin apresuramientos, como paso previo a la aplicación de medidas por parte del ejecutivo, de manera tal que se escuchen las posiciones divergentes y se discutan distintas fórmulas para llegar a un consenso con las mineras respecto a las sobre ganancias en el marco del desarrollo sostenible que demanda el país, es en estricto, un clamor del país que camina en búsqueda de su futuro.
En este extremo -por parte de algunas mineras- se han escuchado voces indicando que el marco de impuestos a sobreganancias mineras debe hacerse sobre la renta bruta y no sobre el proceso de extracción o el valor de venta para no elevar los costos de producción.
Sin perjuicio a los acuerdos que se tomen, consideramos que en el dialogo deba definirse e implementarse estrategias para mantener el liderazgo como país con oferta de inversiones social y ambientalmente responsables.
Es imprescindible que el  país  recupere  su capacidad  de  regulación pública, no se trata única y exclusivamente de hacer que la actividad minera tenga una mayor contribución al desarrollo nacional, ésta debe lograrse en desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza.

Due diligence & conflictividad minera

El proceso de investigación y análisis para desarrollarse en minería ante la posibilidad de inversión en el país deberá tener presente un eventual futuro escenario en el marco de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.

Para superar la situación de conflictividad minera, parte de la sociedad civil organizada en ONGs , lanzó las siguientes alternativas de trabajo.  

Por un lado, presentan propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.

Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas,realizar una reforma tributaria y fiscal minera, atender la problemática de la pequeña minería informal y artesanal.

Lo antes mencionado , constituye parte de la siguiente agenda mínima que se está proponiendo:

1. El  país  necesita  recuperar  capacidad  de  regulación pública.   El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
2. En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice y que interactúe con las autoridades regionales y locales.
3. Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
5. Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
6. Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
7. Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
8. Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

De otro lado, ciertas autoridades regionales, como en el caso de Junín, apuntan a modificar el escenario actual y plantean normas de nivel local para construir un nuevo rol a la minería. Tal es el caso del reglamento para regular los alcances de la Ordenanza Regional Nº 108-2011-GRJ/CR, que declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en el departamento de Junín. Considera que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias que desarrollan sus actividades económicas en el departamento de Junín, deberán suscribir compromiso previo en forma de Declaración Jurada, mediante el cual se compromete entre otras cosas a fomentar preferentemente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal. También plantean que las empresas del sector privado y/o sucursales que desarrollan sus actividades económicas en el área de influencia del departamento de Junín, deben señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento.

La nueva administración del Estado peruano, que inicia labores a partir del 28 de Julio del 2011, tienen una agenda pendiente por atender y hacemos votos por que se desarrollen en los mejores términos para mantener el crecimiento del sector minero y del país en general dentro del marco de un desarrollo sostenible.

¿Cómo se ejecutó el Fondo minero?

Nos referimos al Fondo (óbolo) minero que se creó en el año 2006, como resultado de un convenio entre el Ejecutivo peruano y treinta y nueve (39) empresas mineras, en vista de la presión de la campaña electoral de los entonces candidatos presidenciales Alan García y Ollanta Humala, quienes proponían gravar las sobreganancias mineras.

En ese acuerdo, las empresas extractivas se comprometían a donar el 3,75% de sus utilidades para inversiones sociales.
Es así que desde enero del 2007 (inicio de su vigencia) hasta la fecha, las mineras han depositado voluntariamente S/. 2.274,9 millones por este concepto, según el informe de la Comisión de Transferencia de Gobierno.

Mencionábamos antes, que las inversiones ejecutadas representarían el 62% del total depositado.
Un informe del Ministerio de Energía y Minas menciona que la ejecución del Fondo minero se concentró en proyectos de infraestructura (32.94%), cadenas productivas (15.66%) y educación (15.23%), seguidos de inversiones en salud (11.95%) y nutrición y alimentación (11.01%).

Seguidamente presentamos una exposición que realiza el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Antamina, cuenta cómo es la operación del Fondo Minero Antamina.
Confirma que financiado con el 3,75% de los ingresos después de impuestos generados por la operación de Minera Antamina en Perú, el Fondo financia el desarrollo local en Ancash, en los Andes peruanos.
El Fondo ha dirigido contribuciones por más de US$ 262 millones desde 2007 a inversiones en cuatro areas principales: salud y lucha contra la desnutrición crónica infantil,mejora educativa, promoción del emprendedurismo y de fortalecimiento de capacidades institucionales de los estados locales.

Lo antes expresado, es un ejemplo de lo que se ha estado realizando con la participación de ONGs e instituciones locales para atender en parte, las múltiples necesidades existentes en las localidades próximas a las labores mineras.

El sector minero creó en los últimos años una mayor dinámica económica en algunos gobiernos regionales y locales, de tal suerte que se generaron indirectamente deficiencias en la ejecución de los presupuestos descentralizados por la falta de capacidad de gasto local.

Las demandas que originan los conflictos mineros se podrían ver atenuadas  de tomarse conocimiento sobre cómo es que se ejecutarían los Fondos destinados a las localidades que la minería venía atendiendo bajo el concepto de aporte voluntario, una vez que eventualmente se sustituya por gravar el impuesto a las denominadas sobreganancias mineras , si éste fuera el caso.

Hoja de ruta en la minería peruana

Siguiendo la línea de difusión de los planes globales previstos por la nueva administración en Perú que lleve a ser sostenible la inversión privada en las actividades mineras, presentamos una secuencia de datos que mencionara el presidente del partido nacionalista peruano Ollanta Moisés Humala Tasso , en dos escenarios consecutivos.

El primero - en su rol de candidato presidencial - considera como una opción adecuada la creación de macroregiones, donde el uso del ordenamiento territorial como instrumento de gestión sería aplicado para viabilizar las inversiones.

La Hoja de Ruta indica la reactivación del Banco Minero en Perú.

De otro lado, contempla la reactivación del Banco Minero y a la formalización y ordenamiento de la minería artesanal como una tarea pendiente por realizar.

El segundo - en su papel de presidente electo - comenta  varias inquietudes acerca de los planes que tiene para su gobierno. Citó, por ejemplo, su intención de dialogar con el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR, que es el ente que ve la política monetaria y la estabilidad macroeconómica del país) para explorar la posibilidad de ratificarlo,cosa que posteriormente hizo através de los medios masivos de comunicación. De ésta manera, podría considerarse que el futuro mandatario está dando señales claras de estabilidad y adecuadas para mantener los niveles de inversión privada previstos para el país.