Canon minero & obras públicas

En Descentralización & botín minero citamos que :Las regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. La Contraloría General de la República, que tampoco tiene un plan de control de gobiernos locales o regionales; contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes cubiertos por un manto de impunidad.
En este orden de ideas, en Gasto público & Proveedores consideramos que el porcentaje de infracciones que cometen los proveedores del estado peruano, específicamente en la presentación de documentos falsos o información inexacta en los procesos de selección convocados por las entidades públicas, se incrementó en un 45% durante el 2012 y el 2013; según lo informado por el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
OSCE especificó que, las infracciones pasibles a resolución del contrato u órdenes de compra se incrementaron en un 64.15% en el período 2012-2013. Señala que en el 2012, se ingresaron 2148 expedientes al Tribunal del OSCE, mientras que en el 2013 fueron 3925, lo que representó un aumento de 1777 expedientes en comparación al año anterior.
Esta vorágine de hechos incontrolables por el Estado peruano, penetra, inficiona y perjudica tanto a personas naturales como a jurídicas, donde las amenazas, amedrentamientos y extorsiones desarrolladas por bandas organizadas y sicarios relacionados a las obras públicas y construcción civil, demandan la aplicación de una política de Estado con la participación activa de todas las fuerzas vivas del país. 
En este contexto, el prestigioso diario The New York Times mira el Estado de violencia en Perú que lo arrincona a un nivel de mini-dictadura en espacios locales y regionales; parte de su punto de vista, se presenta en los siguientes términos :
"Uno por uno, los altos funcionarios de la capital tomaron el micrófono y pidieron disculpas a un auditorio repleto de gente enojada, que durante mucho tiempo ha vivido con miedo. Los funcionarios admitieron que no lograron impedir el asesinato político anunciado por la propia víctima. La integridad de cada uno de ellos ha quedado en duda.
El fiscal jefe del Perú, el Contralor y el jefe del comité de investigaciones del Congreso, que está llevando a cabo una audiencia pública, ignoraron la evidencia que Ezequiel Nolasco, ahora asesinado, les presentó durante meses. Después de haber sobrevivido a un intento de asesinato en 2010, tras denunciar actos de corrupción en el gobierno, Nolasco advirtió en repetidas ocasiones que su localidad natal, Áncash, está dirigida por un sindicato criminal que saquea el tesoro público, asesina gente que no puede comprar o intimidar, interviene a sus enemigos. utiliza a la policía como espías y a los periodistas como asesinos mediáticos.
Áncash ha vivido bajo la rigurosa ley de un Presidente Regional que es comparado con la leyenda de la mafia norteamericana Al Capone; a través de una maquinaria política supuestamente financiada por los ingresos millonarios del canon minero, que hicieron de Áncash el estado más rico del Perú.
“Es una mini-dictadura“, dijo Christian Salas, procurador encargado de ordenar las cosas. Él ha pedido encarcelar a César Álvarez mientras son reactivados más de 100 casos de corrupción que involucran a su administración; agregando que la procuraduría y las cortes han sido “tomadas por los delincuentes”.
Un juez local prohibió la salida del país durante cuatro meses a Álvarez, a su principal asesor de prensa y a cuatro periodistas, mientras son investigados por los delitos de asociación ilícita y malversación de fondos.
Feudos personales impregnados de corrupción no son poco comunes en las democracias de América Latina, pero los politólogos dicen que Áncash es extraordinario en su gran alcance y brutalidad.
Este personaje fue demasiado lejos, asegura Edward Gibson, profesor de la Universidad Northwestern, que ha denominado a este fenómeno  como “autoritarismo subnacional”. Steven Levitsky de la Universidad de Harvard, dijo: “No sé de otros casos donde haya habido tanta  violencia“, salvo tal vez en el sur de México.
En una entrevista realizada el martes con The Associated Press, después de anunciar que no se presentaría a un tercer mandato en las elecciones de octubre, Álvarez negó cualquier responsabilidad por el asesinato de Nolasco o por cualquier otro delito. La gente me mira como si yo fuera un asesino. Pero, ¿quién es el perdedor aquí?

"El único perdedor con la muerte del señor Nolasco soy yo“, asegura Álvarez. Lo he perdido todo, añade mientras un guardaespaldas en ropa de civil, con una maltratada pistola en su cintura, se encuentra de pie en frente de su modesta casa. Si los asesinatos continúan, yo voy a ser culpado, explica Álvarez. Sugirió que un rival político podría estar orquestando todo.

El congresista Modesto Julca, solitario aliado político de Nolasco en Lima,exigió en julio del año pasado que se declare Áncash en Estado de Emergencia. Contó casi una docena de asesinatos políticos, incluyendo la de un alcalde, un ex alcalde, un fiscal, un periodista y un testigo clave en el caso Nolasco.

"Les dije a todos y cada uno de los ministros: escucha, la gente está siendo amenazada de muerte. La gente está siendo asesinada.”, asegura.
Ese mes, un niño de 9 años de edad entregó a la fiscal anticorrupción de la localidad, Nancy Moreno, un sobre con una bala en su interior. “Ya basta“, decía la nota adjunta.
Por elegir ser una de los pocos funcionarios que no se someten a Álvarez, Moreno es una prisionera en su propia casa. Constantemente acompañada de guardaespaldas, ha sido advertida de no pasar más de una hora en un mismo lugar. Ella toma pastillas para poder dormir, dijo su esposo, Ismael García.
El Reverendo Luis Palomino, ex alcalde de la ciudad de Yungay, fue uno de los más de 130 testigos que declararon ante el panel, sobre las contrataciones de sicarios, la obstrucción de la justicia por parte de los jueces, el abuso policial y la sumisión de los medios locales.
En el año 2010, matones lo golpearon y le rompieron algunos dientes, dijo; luego,tres pistoleros trataron de matarlo. Desde entonces, vive en la clandestinidad.Estoy en constante movimiento,aseguró. Me hacen seguimiento y mi teléfono está intervenido. Palomino no fue a la policía , dijo, debido a que el jefe de policía local estaba a favor de Álvarez. Como otros, había sido alentado a hablar después de que el espectáculo mediático desatada por el asesinato de Nolasco.
El presidente de la asociación de economistas locales, Luis Luna, asegura que las consecuencias de la corrupción han sido devastadoras. Áncash apenas tiene 5 millones de dólares en sus arcas, después de una orgía de gastos en obras públicas que incluyó fantasmas y proyectos inconclusos.
Entre estos últimos, se encuentra el coliseo deportivo de Chimbote que costó 11 millones de dólares. La construcción se detuvo hace más de dos años, por razones que no han sido explicados satisfactoriamente, según Moreno. Ahora, el proyecto es un páramo solitario de hormigón parcialmente derramado y acero corrugado oxidado, alzándose por encima de la arena como un Stonehenge enfermizo".

US$ 5850 millones por Las Bambas

El diario Gestión difundió que Glencore Xstrata vendió la totalidad de su participación en la mina peruana de cobre Las Bambas por cerca de US$ 5,850 millones en efectivo.

La compañía reveló que vendió su participación a un consorcio formado por las firmas MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp; el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la firma de inversiones Citic.

Las Bambas, ubicada en la región Apurimac, es una de las minas más grandes de la cartera de proyectos de Xstrata.

Glencore recibirá cerca de US$ 5,850 millones en efectivo al momento del cierre de la operación. Además, todos los gastos de capital y los costos de desarrollo relacionados con la mina desde el 1 de enero de 2014 hasta el cierre de la venta también estarán a cargo del consorcio.

Los gastos de capital y otros costos incurridos desde inicio de año ascendieron a cerca de US$ 400 millones al 31 de marzo.

El acuerdo, que se espera se cierre antes del final del tercer trimestre, está sujeto a la aprobación del Ministerio de Comercio de China, así como al visto bueno de los accionistas de MMG Ltd, que encabeza el consorcio.

China Minmetals Corp, que posee alrededor del 74% de MMG Ltd, se ha comprometido de forma irrevocable a votar a favor del acuerdo.

El CEO de Glencore, Ivan Glasenberg, dijo que procedería a buscar oportunidades para reinvertir el capital obtenido por la venta y que los excedentes serían devueltos a los accionistas.

“El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso por maximizar el valor para nuestros accionistas. Desde que adquirimos Xstrata, el 2 de mayo de 2013, nuestro equipo ha tomado medidas decisivas para reducir el riesgo de Las Bambas, que ha culminado en esta oferta atractiva del consorcio”, indicó.

BMO Capital Markets y Credit Suisse asesoraron a Glencore en la venta de Las Bambas.

Descentralización & botín minero

En contradicciones del canon minero  anotamos las cifras concernientes a transferencias de canon minero a nivel nacional para el periodo 2000-2011 y en reducción del canon minero- 2013, indicamos que las cosas se pondrían mas tensas,recomendando a la administración del gobierno peruano_siguiendo su política de nueva relación con el sector minero_tome las medidas adecuadas a efectos de mitigar los potenciales conflictos sociales que puedan surgir en las regiones mas afectadas con la reducción del canon minero.

Pese a los 13,261 millones de soles transferidos por el gobierno central en el periodo 2011-2013, algunas regiones manifestaron su disconformidad, como Ancash, a la que se destinó 20% del precitado monto, es decir,  2,729 millones de nuevos soles, distribuidos por años de la siguiente manera: 791 (2011), 985 (2012) y 953 (2013). Sin embargo, se produjeron protestas sociales en febrero del 2014 promovidas en el propio ejecutivo representado por el señor César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash. Una suerte de réplica de lo acontecido anteriormente con el señor Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca.

El hecho es que la falta de control en los gobiernos regionales y municipales que gozan de los fondos provenientes del canon minero, las han convertido en zonas altamente vulnerables a la corrupción. Ya no solamente se festinan contratos con los fondos públicos obteniendo pingues ganancias, sino que se llega hasta al asesinato de adversarios políticos en un año electoral, donde tomar "el control y manejo de la cosa pública" se hace altamente rentable. 

Juan Sheput, con el título "Ancash o el crecimiento económico sin instituciones" expone un interesante punto de vista sobre el particular:

“Acostumbrados como estamos a analizar las consecuencias de los problemas y no sus causas, un grupo de congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo,  Ministerio Público y Contraloría se han dirigido a Ancash a investigar los extraños sucesos que vienen sucediendo en esa riquísima región.  Mediatizado el tema, es importante que los funcionarios estén allí. Es una forma de alcanzar notoriedad. Cierto es que las sucesivas muertes (quince), de ciudadanos que de una u otra forma eran enemigos de César Álvarez, amerita el inicio de una investigación policial a fondo  en la zona, pero también es cierto que en esta situación tiene mucha responsabilidad el Estado que, a través de sus endebles instituciones no ha sabido manejar el “éxito” expresado en el ingreso de millones de soles, impensables antes, en las arcas de la región Ancash.

El problema no es la descentralización como señalan algunos despistados, sino la forma como a ésta le eliminaron sus controles. Un proceso de regionalización y descentralización es muy complejo. Chile y Colombia, en América Latina, y España, en Europa, tienen grandes problemas en sus procesos de descentralización. Pero insisten en él pues saben que es, en el largo plazo, positivo en el desarrollo de sus países. Colombia, Chile y España tienen en sus respectivos núcleos académicos sendos organismos de investigación que aportan políticas públicas y sugerencias a sus respectivos procesos de regionalización. Aquí en el Perú no. Nuestras universidades, movidas por el afán de maximizar sus ganancias, no tienen interés en crear centros de desarrollo regional o territorial. No es rentable y así la ignorancia impera en el análisis de los hechos recientes.

El proceso de regionalización que tuvo su primer impulso durante el gobierno de Alejandro Toledo creó un Consejo Nacional de Descentralización (CND) para que coordine y monitoree los planes de desarrollo territorial. Se exigía a las regiones construir capacidades (con capital humano adecuado) y planes de desarrollo, antes de traspasar competencias (como Salud o Educación) o recursos económicos, es decir presupuesto. Había exigencias previas y candados, en aras de un desarrollo regional adecuado.

Ello fue destruido durante el gobierno de Alan García. El expresidente, fiel a su pensamiento de corto plazo y a su afán de crecer económicamente a como dé lugar, eliminó el CND y en su lugar puso a una simbólica Secretaría de Descentralización a quien nadie hace caso; eliminó las “trabas” (capacidades y planes de desarrollo) y ordenó las transferencias de competencias y recursos, sobretodo recursos económicos,  a las regiones con el afán de que gasten sin control.

Al eliminar los planes,  los elementos intangibles de un Plan de Desarrollo como la educación o la promoción  de la cultura a través del civismo se fueron al tacho y en su lugar solo quedó el afán por la obra física, esa que se puede ver y por sobretodo licitar. Aún más se eliminó el filtro del SNIP con la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas y así, gracias al expresidente, las regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. La Contraloría, que tampoco tiene un plan de control de gobiernos locales o regionales, siguió al igual que el gobierno en piloto automático y contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes.

Claro está que eso no desestimula a los aspirantes a ocupar una alcaldía o la presidencia de un gobierno regional. Es suficiente ver cómo en Ancash, a pesar de los crímenes supuestamente atribuidos a rivalidades políticas, hay más de 10 precandidatos. El presupuesto, léase mejor el botín, es apetitoso y bien vale que se corra el riesgo. Hay en la práctica un descontrol en todo el universo de alcaldías y gobiernos regionales. Si no lo cree mire a su alrededor:  cuántas veces en su barrio o alrededores rompen, construyen y vuelven a romper las mismas avenidas, pistas y veredas; cuántas veces rediseñan los parques; con qué facilidad se cambia el ordenamiento urbano para dar cabida a monstruosos edificios que desentonan al construirse en pequeñísimas calles.

La regionalización en sí no es mala. Lo que nos sucede es consecuencia de eliminar los controles durante el gobierno pasado y también responsabilidad del actual gobierno, de Ollanta Humala, cuyo ministro de Economía entiende el piloto automático como simple consumismo o estímulos artificiales del gasto público y que no ha hecho nada por modificar las reglas de juego establecidas en el gobierno de Alan García.

Lo que sucede en Ancash, si no fuera por los crímenes execrables,  sería el remedo de lo que sucede en la mayoría de gobiernos locales y regionales donde el afán de servicio al vecino ha quedado de lado en aras de gastar, sin controles, el suculento presupuesto municipal o regional.

Gasto público & proveedores

En Obras por impuestos e inversión, explicábamos que el concepto de obras por impuestos se introdujo en el Perú el año 2008 ( Ley N° 29230) y se reglamentó el 2009, bajo un esquema para agilizar las obras públicas con la participación de las empresas privadas, entre las que se encuentran las empresas mineras.

Transcurrido el tiempo, podemos incorporar el concepto de mejora en la aplicación de calidad del gasto público.

Para explicar nuestro punto, nos referiremos a las obras de saneamiento: construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.

Por un lado, en lo que va de la administración Humala, se ha ejecutado más de cinco mil (5000) millones de nuevos soles en el desarrollo de obras de Saneamiento, lo cual permitiría reducir la presión social sobre los proyectos mineros en las zonas de influencia. Pero la realidad indica otra cosa : "Ciertas obras se encuentran inconclusas o en un estado que afecta su sostenibilidad", lo cual es apreciado por la población "beneficiaria"; algunas de las cuales se encuentran en zona de influencia minera. 

LAS POSIBLES CAUSAS

Una premisa es que los recursos fueron transferidos desde el gobierno central a los gobiernos regionales y a las empresas prestadoras de agua y alcantarillado para ejecutar obras de Saneamiento, tema que tiene que ver con la forma de distribución del canon minero.
De otro lado, se tiene que el porcentaje de infracciones que cometen los proveedores del estado peruano, específicamente en la presentación de documentos falsos o información inexacta en los procesos de selección convocados por las entidades públicas, se incrementó en un 45% durante el 2012 y el 2013; según lo informado por el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 

OSCE especificó que, las infracciones pasibles a resolución del contrato u órdenes de compra se incrementaron en un 64.15% en el período 2012-2013.

Señala que en el 2012, se ingresaron 2148 expedientes al Tribunal del OSCE, mientras que en el 2013 fueron 3925, lo que representó un aumento de 1777 expedientes en comparación al año anterior.

En enero pasado (2014), el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a 17 empresas por presentar documentación falsa o información inexacta, se continúa trabajando en el esfuerzo de controlar el accionar de estas empresas que utilizan argumentos ilegales para no sólo ganar la buena pro en los procesos, sino , perjudicar directa e indirectamente la gestión de la administración del estado peruano y de sectores importantes para el crecimiento y desarrollo del país.

Gravamen minero & marco tributario

El nuevo marco tributario del sector minero en Perú  dado a finales del año 2011, en los primeros meses de la administración del presidente de la República Ollanta Humala, modificó el esquema tributario de la minería con la expectativa que el Estado peruano pueda recaudar S/. 3,000 millones de nuevos soles anuales.

Transcurridos los años, la medida está arrojando algunas cifras en aplicación de la Ley N° 29788 - Ley que modifica la Ley 28258 - Ley de regalía Minera; Ley N° 29789- Ley que crea el impuesto especial a la minería y la Ley N° 29790 _ Ley que establece el marco legal del gravamen especial a la minería.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), las recaudaciones por año son como sigue:

Año	Recaudación en millones de nuevos soles
2012	1,968
2013	1,664

Una lectura de las cifras, considera que al cierre del año 2013, se obtuvo un monto 15% menor a la suma recaudada en el 2012.

En el 2013 por concepto del Impuesto Especial a la Minería se recaudó S/. 337 millones, en Regalías Mineras S/. 515 millones y por el Gravamen Especial a la Minería S/. 809 millones.

“Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector”, señalo el MEM.

Madre de Dios & formalización minera

Hace cuatro años atrás, en "Silencio del discurso antiminero frente a una minería ilegal", afirmábamos entonces que el discurso antiminero en el país soslaya este tema crónico en el Perú, pese a que sus efectos se van agudizando en los últimos años, de modo tal, que por la magnitud alcanzada no es posible ya seguir ocultando lo evidente: inexistencia de la autoridad y la consecuente inaplicación regulatoria. Una suerte de Wild Far West americano de las películas hollywoodenses. La minería aurífera aluvial de Madre de Dios se constituye en el icono de esta actividad que empezó a captar una flujo cada vez más grande de migrantes alentados por la fiebre del oro.

Actualmente, este hecho ya trasciende las fronteras del territorio nacional y es de la siguiente manera como la observa El país :

"Desde el aire luce como un paisaje apocalíptico. Es como si hubiesen bombardeado la selva y los proyectiles hubiesen arrancado los árboles y dejado cráteres llenos de agua y barro. Cientos de hectáreas de paisaje lunar robadas al manto del Amazonas peruano para extirparle su tesoro más íntimo: el oro. Sobrevolamos la llamada “La Pampa”, el epicentro de la minería ilegal en la región de Madre de Dios, y la visión sobrecoge. Sobre todo cuando se piensa que ese trozo de selva muerta es parte del escudo protector de la reserva nacional de Tambopata.

A ras de suelo, con nuestras botas embarradas por el fango de los cráteres, la imagen pierde perspectiva y gana aún más contundencia. Hemos llegado hasta aquí por una pista de arena abierta en medio de la selva, a lomos de un mototaxi, después de varias horas de negociaciones. Este es un territorio clandestino, nada de lo que sucede aquí debería suceder. Así que los testigos no son bienvenidos. Ni siquiera venir de la mano de hombres que tienen intereses en La Pampa te libra de unas miradas que parecen decir: “¿Sois policías?”

Sobre un fondo de árboles muertos, dentro de uno de los agujeros, tres hombres se sumergen hasta el cuello en un agua de color ocre en la que flotan desperdicios de comida, latas de refrescos y ramas secas. Dos de ellos nadan hasta subirse en una plataforma que parece una mezcla de balsa de náufrago, tobogán artesanal y bomba de agua. Una especie de draga con la que succionan la arena del fondo del cráter para precipitarla por el tobogán, donde una alfombra atrapa las partículas de oro disueltas en la arena. Es una imagen que parece sacada de otra época, no de su versión 2.0.

Los caprichos de la geología han convertido las llanuras selváticas de Madre de Dios en un enorme depósito de oro en polvo. Las lluvias lo arrastran con fuerza desde las cumbres de los Andes, que descienden desde los 4.000 metros de altura hasta los 200 en unos pocos kilómetros. Y en Madre de Dios esos ríos se ralentizan y alteran constantemente su curso. El oro acaba depositado en los dos lugares ecológicamente más vulnerables: los ríos y los humedales que una vez fueron cauce de río, como La Pampa. El problema de ese oro es que está en polvo y para amalgamarlo hay que usar sustancias tan peligrosas como el mercurio que terminan contaminando los ríos. Su importación está controlada en Perú, pero todos los años llegan varios miles de kilos al país que acaban en manos de mineros ilegales. Un alto porcentaje de ese mercurio procede, según todos cuentan en la zona, de España. Un estudio de la Universidad de Stanford, muy discutido por el sector minero, mostró que el 75% de las personas analizadas en Madre de Dios mostraban niveles de mercurio por encima del máximo permitido y que el 60% del pescado tiene altos niveles de contaminación por esa sustancia.

En los humedales como La Pampa, el problema ecológico es aún mayor, porque para llegar al oro hay que arrancar el bosque y remover la capa de tierra que se conoce como greda. “Es como una arena de playa, suave. En cada metro cúbico de greda hay 0,35 gramos de oro”, dice Daniel Urresti, alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal. Vamos, que hay que mover mucha selva y mucha tierra, pero los precios actuales del oro lo compensan con creces.

“En términos ambientales hay un impacto bastante significativo. Estamos hablando de 40.000 a 50.000 hectáreas desforestadas. Lugares donde antes había bosques primarios, secundarios. Una riqueza en biodiversidad única en el mundo. Contaminación del aire, del suelo y del agua por mercurio”, dice Humberto Cordero, coordinador del equipo del Ministerio de Ambiente en Madre de Dios.

Al lado de la draga que flota en el cráter, otro minero en calzoncillos remueve con la pierna el agua de un barril. Contiene el barro salido de las alfombras del tobogán. Mientras el agua se agita, añade gotas de mercurio puro. Después de un rato, vacía el agua en el cráter y vuelve a remover. Repite el proceso varias veces, hasta que queda muy poca agua. Del fondo aparece un mercurio más espeso, que ha atrapado todas las partículas de oro disueltas en el barro. Lo vierte en un trapo y lo seca. Dentro queda una bolita metálica. “Esto ya es el oro. Está recubierto de mercurio, pero en cuanto lo quememos, el mercurio se evaporará y saldrá el oro con su color dorado”, dice Michel Franco, uno de los mineros. Son unos diez gramos de oro bruto, unos 260 euros al cambio. Tres cuartas partes se las quedará el patrón, que pone la maquinaria, el combustible, la gasolina. Los mineros se reparten el resto.

Al final le queda a cada uno 30 euros. Es casi cuatro veces más de lo se paga en Cuzco y los Andes, de donde provienen casi todos ellos, por un jornal que además escasea. Desde la cordillera salieron, como muchas otras generaciones antes que ellos, buscando el sueño del oro amazónico, de una vida un poco mejor. Lo que se encontraron fue un trabajo duro, turnos de entre 12 y 15 horas metidos en el barro y en el agua, pero a ellos no parece importarles. “No es tan malo como se cree”, dice Michel.

La nueva fiebre del oro que sacude la Amazonía proviene del Primer Mundo. A principios de la década de 2000, el precio del oro era tan bajo que en Madre de Dios fueron muchos los que abandonaron la minería. Pero la crisis financiera internacional aumentó el apetito de los mercados por un valor refugio como el oro. Y el gramo, que costaba 10 euros, subió a 26. La llamada del metal dorado se hizo sentir en todo Perú, que es el sexto productor mundial. Todas las provincias productoras recibieron mareas de inmigrantes en busca de trabajo y de gente sin escrúpulos para sacar tajada. Las selvas de Madre de Dios no fueron una excepción. De hecho, para muchos resultaron más atractivas porque se trataba de un territorio de frontera, con poco control del Estado, donde se encontraron con una minería artesanal sin regular que daba la bienvenida a los aventureros. Los que pudieron encontraron trabajo en las explotaciones legalizadas. Los más necesitados y los más codiciosos se echaron al monte para explotar lugares como La Pampa.

El sueño de un mañana mejor que comparten Michel y sus compañeros no admite detenerse en consideraciones ecológicas ni de contaminación, y menos las que puedan venir de unos gringos o de unas ONG que, según la opinión generalizada por aquí, “se preocupan mucho de los árboles y de los ríos, pero nada por gente como nosotros”. “La selva es muy grande y nosotros estamos utilizando solo una parte muy pequeña. Lo hacemos por necesidad, no por gusto. Y lo que dicen del mercurio, que pone enferma a la gente, no es verdad. Yo he trabajado toda la vida con mercurio y estoy perfectamente. Aquí lo único que quieren es que nos vayamos nosotros para que entre alguna multinacional extranjera a explotar esto. Este es un oro peruano y debería dar de comer a los peruanos”, dice uno de los compañeros de Michel.

La existencia de un territorio al margen de la ley como La Pampa no es un secreto para nadie, pero ha adquirido tales dimensiones que la policía tiene que pensarse dos veces cómo, cuándo y con cuántos efectivos entra aquí. Uno de los últimos operativos terminó en enfrentamientos y disturbios. “Cuando viene la policía hay que esconderlo todo, hundir los motores en el agua para que no los dinamiten y escapar. Vienen por tierra, por aire, es como si esto fuera una guerra, y nosotros, terroristas”, dice Michel. Uno de sus compañeros se queja de su suerte: “Yo era dueño de un motor, pero la policía me lo reventó y ahora tengo que trabajar como obrero para pagar al banco el crédito que me dio. Tengo 21 años y dos hijos. Vivo metido en la selva. Mi mujer viene a verme los fines de semana”.

A la zona en la que estamos la llaman Mega 11, y aquí ya quedan pocos mineros y poco oro. Más adentro en la selva están Mega 12 y Mega 13, los epicentros de la extracción ilegal, unos campamentos donde, según a quién le preguntes, viven cientos o miles de mineros. Una pequeña ciudad de plástico y madera. Pero hasta allí no nos quieren dejar pasar. “Nosotros les llevaríamos, pero lo más probable es que les linchen. Ahora mismo la gente está muy nerviosa porque hay rumores de que la policía va a entrar”, nos dicen nuestros anfitriones. Quizá por la inminencia de los operativos, impera en La Pampa una sensación de ultimátum. Se trabaja 24 horas al día, todos los días, una carrera contrarreloj. Extraer lo que se pueda mientras se pueda.

“Si nos sacan de aquí, no sé qué vamos a hacer. No hay trabajo. Yo conozco algunas personas que eran rateros, incluso criminales. Aquí se pueden ganar la vida, tener un empleo. Si los sacan, se volverán a la delincuencia”, se lamenta otro de los mineros.

Si eso ocurre, no será la primera vez. La Pampa ha vivido ya varias redadas. La ley peruana no prevé penas de cárcel para este tipo de actividades, pero sí multas y la destrucción de todas las instalaciones dedicadas a la extracción. Como es maquinaria pesada y resulta muy difícil sacarla de la selva, los agentes la dinamitan. Algunas intervenciones han destruido unos pocos motores, otras han supuesto desalojos masivos. “El problema es que la ganancia que ellos tienen es tan alta que las máquinas que nosotros destruimos se reponen. Para que sean efectivas, las operaciones tienen que ser continuas. En lugares donde ha habido una fiebre del oro, solo ha acabado de dos formas: una, porque se acabó el mineral, que no parece que vaya a suceder aquí, y dos, porque dejó de ser rentable. Nosotros apostamos a eso, a restringir el tráfico de combustible que en Madre de Dios es 15 veces superior al habitual y controlar el comercio de mercurio. Con todas estas medidas estamos aumentando el costo para que no sea tan rentable”, dice Urresti.

Pero los mineros siempre vuelven. No importa el riesgo, ni el dinero perdido en forma de maquinaria dinamitada. Tampoco importan los sobornos que haya que pagar. El poder corruptor del oro y el bajo sueldo de los policías se alían en este territorio sin Estado para que muchos de los operativos policiales contra esa minería ilegal acaben en nada. Por la zona circulan hasta unas tarifas de sobornos: tanto por evitar que dinamiten el motor, tanto por elegir que dinamiten un motor viejo en lugar del nuevo. Mucho más disciplinada y efectiva es la Marina de Guerra, que se ocupa de dinamitar todas las dragas que hay en los ríos. Por eso la mayor parte de las explotaciones hoy día están tierra adentro.

“Es cierto, entre las filas tenemos agentes corruptos. Estamos mejorando mucho en eso, deshaciéndonos de las manzanas podridas, pero aún nos queda mucho porque el orotiene un gran poder de corrupción. Cuando llegué aquí, no podías hacer un operativo sin que los mineros supieran por adelantado qué iba a ocurrir. Por eso he optado por no convocar a mis hombres hasta el último momento, a una hora en la que no puedan avisar a nadie. Muchas veces salimos de la comisaría sin que sepan exactamente adónde van. Pero se acaban enterando, porque tienen gente esperando a ver si salen nuestros vehículos”, afirma el coronel Darío Calvo, jefe de la policía en Puerto Maldonado. El coronel nos ha invitado a presenciar un operativo que tendrá lugar dentro de unos días y sobre cuyos detalles nos ha pedido que mantengamos el máximo secreto.

Hasta los alrededores del cráter donde están trabajando los mineros se acerca una mujer. Es la patrona, la dueña de la maquinaria, que viene a llevarse su parte y a traer lo necesario para que el siguiente turno de mineros pueda hacer su trabajo. Ese oro lo llevará luego a alguna de las decenas de establecimientos de compraventa que hay cerca de La Pampa o en Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios. El comprador no hace preguntas sobre su procedencia. Así, el oro ilegal termina confundido con el legal y llega a los mercados internacionales.

Mientras salimos de la zona, el teléfono de uno de los mineros ilegales pita anunciando la llegada de un mensaje. Su dueño lo lee y sonríe, mientras alarga el aparato para que leamos el mensaje. “La policía va a hacer un operativo en esta zona dentro de tres días, deberían ustedes venir a verlo para su reportaje”, dice. En el mensaje se puede leer el día, la hora y el lugar del operativo de alto secreto que nos había anunciado el coronel.

A La Pampa se llega después de conducir unos cien kilómetros desde Puerto Maldonado siguiendo la Ruta Interoceánica. Para acceder a su interior, hay que pasar por una especie de campamento, un poblado móvil surgido de la nada donde residen muchos de los mineros y toda una población que vive de darles de comer, hospedarlos… El lugar parece un campo de refugiados extendido a lo largo de varios kilómetros a los dos costados de la carretera. Ni siquiera tiene nombre. La gente se refiere a él por sus puntos kilométricos: la entrada del 103, la tienda del 104. Todo en él parece provisional, construido para ser abandonado sin mirar atrás, pero con los detalles coquetos de quien llega aquí buscando un sueño. Una pequeña ciudad hecha de palos de madera y lonas de plástico. Hay de todo: hoteles, restaurantes, talleres donde arreglar motores, bares que se esfuerzan por no parecer prostíbulos.

La Pampa es un imán para la prostitución. La llamada del oro en manos de unos jóvenes que no tienen otra distracción atrae a las mafias de la trata de blancas. Algunas de las chicas vienen voluntariamente. Muchas, quizá la mayoría, son traídas con la promesa de un trabajo como cocineras o camareras y obligadas a prostituirse en un régimen de semiexclavitud. La mayoría de los operativos policiales encuentran menores entre las prostitutas.

La Ruta Interoceánica sobre la que se asienta el campamento separa las dos realidades de la minería del oro en Madre de Dios. Al sur queda la minería ilegal y algunas pequeñas explotaciones cooperativas. Al norte está el llamado “corredor minero”, la zona habilitada para la extracción en la que se aglutina la minería informal. La diferencia entre informal e ilegal, aunque parezca sutil en ellenguaje, alumbra dos realidades sociales totalmente diferentes. La minería ilegal carece de todo tipo de permisos y se desarrolla en zonas prohibidas. La informal es la que se hace en lugares permitidos, pero solo cumple algunos de los requisitos establecidos por la ley. La mayoría de los más de 40.000 mineros informales cuentan con títulos de concesión otorgados por el Estado; muchos aseguran que pagan impuestos, y los hay que llevan dos décadas practicando la minería.

Juntas, la minería informal y la ilegal suponen el 20% de la producción de oro de Perú y ocupan a 170.000 personas. La diferencia entre una y otra está clara sobre el papel, pero a qué lado de la línea cae uno u otro minero depende de a quién se le pregunte. Demasiadas veces, desde demasiados sectores, incluida la prensa, se han presentado ambas como una misma cosa, sin ningún matiz. “Nos han satanizado, nos han convertido en terroristas”, dice Alex Condori, secretario de Fedemin, la patronal que agrupa a los mineros informales.

“Desde el punto de vista de un abogado, todos serían ilegales, porque no tienen permiso de explotación, no están pagando impuestos, están fuera de la ley. Desde el punto de vista político, tenemos que hacer una diferencia entre quiénes se pueden formalizar y los que no. La minería ilegal debemos erradicarla, y la minería informal, formalizarla, porque al formalizarla podemos fiscalizarla y podemos exigirle que trabajen con ciertas técnicas que no contaminen”, dice Urresti. El Alto Comisionado, un militar retirado, es el hombre designado por el presidente Ollanta Humala para atajar el problema de la minería ilegal antes de que el año que viene Lima albergue la Conferencia Mundial sobre el Clima. Para los mineros, Urresti es la encarnación de la traición de Humala hacia un sector que le votó en masa por la promesa de que los formalizaría. Una apuesta, dicen ellos, por la dinamita en lugar del diálogo.

Desde el aire, el corredor minero no se ve muy diferente a La Pampa. Sigue siendo un enorme páramo arrebatado a la selva con cráteres llenos de agua y árboles muertos. Se observa, eso sí, un uso del terreno un poco más ordenado, menos precario, fruto del uso de maquinaria pesada en algunas de las explotaciones. A ras de suelo es un terreno de gente combativa que se siente engañada por el Estado, atrapada en un proceso de formalización que nunca llega a buen puerto y que, para colmo, tiene una fecha de caducidad. En teoría, se acaba el próximo 19 de abril. Quienes no se hayan formalizado para entonces entrarán en la ilegalidad. “¿Cómo puede ser que a hoy día, después de años de papeles, no haya habido ni un solo minero que haya conseguido la formalización en todo Madre de Dios?”, se pregunta Alex Condori. “Tenemos títulos dados por el Estado, pagamos nuestros impuestos, hemos hecho nuestros estudios de impacto ambiental, nuestros planes de remedio. Cuando haces un papel que te ha costado una buena plata, vienen y te piden otro diferente. Y mientras, te dinamitan tu maquinaria. Lo cierto es que no quieren formalizarnos. Para la Hankoil, la petrolera americana, todos son facilidades para que busque petróleo en lugares mucho más delicados que los que nosotros ocupamos. Para nosotros, dinamita. No hay caso”, añade.

En el corredor minero hay de todo. Gente más cercana a la legalidad y otros que han dado el proceso por imposible y sacan lo que pueden mientras llega el 19 de abril. Uno puede encontrar mineros que trabajan en lugares prohibidos como los lechos de los ríos y otros que, por propia conciencia o porque sienten el aliento del Estado en la nuca, han comenzado a aplicar ellos mismos planes de remediación ambiental. Casi todos utilizan ya sistemas como la “retorta” para reciclar el mercurio al separarlo del oro y evitar así tanta contaminación. Hay experiencias piloto que tapan los agujeros cuando termina la extracción y los cubren con tierra vegetal para poder utilizarla en la agricultura, o simplemente para que la selva vuelva a recuperar lo que es suyo. “Habría más planes de estos si el Estado nos echara una mano en lugar de perseguirnos. Somos gente sencilla, admitimos que hay que tomar medidas por el medio ambiente y que no sabemos, pedimos la ayuda del Estado para que podamos explotar de una manera más sostenible, pero el Estado no quiere saber nada de eso. Solo quieren volarnos nuestras máquinas”, dice Condori.

El proceso de formalización ha sido, según coinciden casi todos los implicados, un caos. Para empezar, el Estado peruano otorgó hace años licencias de explotación sobre la tierra de Madre de Dios en un afán de colonizar un territorio que era poco más que selva virgen. Pero cada ministerio hizo lo que quiso. El resultado es que sobre un mismo pedazo de tierra a veces hay hasta tres o cuatro personas que tienen derechos: unos, explotación maderera; otros, minería; otros, agricultura… Incluso se llegó a admitir peticiones de explotación sobre lugares que están considerados reservas. Todo ello fruto del desconocimiento y de unas políticas salidas de Lima que poco tenían que ver con la realidad del mundo amazónico. La desidia histórica del Estado hacia Madre de Dios ha sido tal que hasta hace poco no había ni medios en el hospital para diagnosticar ni tratar la contaminación con mercurio, que, según el propio Gobierno, es el principal riesgo para la minería. Por eso nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente se ha envenenado ni el efecto real del mercurio de la minería.

La cercanía del 19 de abril ha puesto a la minería de Madre de Dios en pie de guerra. Ha retomado las huelgas que en el pasado, allá por el año 2011, se cobraron tres vidas y derivaron en la práctica paralización de la provincia. Al fin y al cabo, la minería supone, según datos de Fedemin, el 58% del PIB de Madre de Dios.

En Huaipetue, otro de los centros mineros, los ánimos están preparados para todo. El pueblo, que tiene 5.000 habitantes y alrededor de una decena de estaciones de servicio que alimentan la maquinaria pesada con la que se trabaja el oro en esta zona, vive una auténtica cuenta atrás. Hasta el maestro de la escuela viajó a Lima para tratar de contarles a los políticos que sus alumnos tenían pesadillas por las noches con gente que venía a dinamitar las excavadoras de sus padres. “Aquí la gente ya no tiene nada que perder. Todos viven de la minería. Si les quitan sus explotaciones, si les quitan algo por lo que llevan toda la vida trabajando y luchando, ¿qué crees que van a hacer? Los van a tener que sacar muertos”, dice Tomás Díaz, vicepresidente de Fedemin y propietario de una explotación en Huaipetue.

El conflicto está servido en Madre de Dios, una tierra totalmente olvidada hasta hace bien poco, que solo la codicia por sus recursos ha devuelto a las noticias. Una tierra que guarda un tesoro en sus entrañas que bien podría acabar con ella".

$ 5.658 o € 3.900 millones

El sector minero ha contribuido significativamente al desarrollo económico del Perú y de otros sectores como es el caso del sector construcción.En el futuro, si se ejecutan los proyectos, se espera los precitados sectores continúen siendo una locomotora de crecimiento para el país. En este contexto, el diario peruano Gestión publica que la adjudicación de la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima costará US$5.658 millones con la propuesta del único postor. El Ministro de transporte Carlos Paredes afirmó que la inversión del Estado en el Proyecto bordearía los US$4.000 millones, pero aún no tiene la cifra exacta.

Desde desde el punto de vista español,ABC difunde la noticia de la siguiente manera:

"Un consorcio liderado por empresas de nuestro país (España) vuelve a lograr un megaproyecto de infraestructuras en el extranjero en lo que se ha convertido en una tradición para el sector de la construcción. Los protagonistas, esta vez, han sido ACS(el grupo presidido por Florentino Pérez participa al 25% a través de Dragados e Iridium) y (con un 19%, por medio de Vialia), líderes de un grupo de empresas -entre las que también figuran los italianos Impregilo y Ansaldo y la local Cosapi- que se encargará de la construcción y explotación de la línea 2 del Metro de Lima por 3.900 millones de euros. Es la obra de mayor envergadura de Perú y la tercera mayor obtenida por un consorcio encabezado por compañías de nuestro país, solo por detrás de la línea ferroviaria de alta velocidad entre La Meca y Medina (6.736 millones de euros) y el metro de Riad (6.070 millones de euros, de los cuales 1.700 millones pertenecen a la parte española, FCC). El contrato comprende tanto la construcción como el diseño, la financiación, la operación y el mantenimiento de la línea 2 y de un ramal de la línea 4 que, como informó el grupo en un comunicado, llegará hasta el aeropuerto. Se prevé que las obras estén finalizadas en 2019 -el plazo establecido es de cinco años-. Tras ello, comenzará la fase de explotación, que se prolongará 30 años, durante los cuales la facturación se elevará a 2.400 millones de euros.El resto de grupos internacionales tendrán una presencia menor en el capital del consorcio -llamado Nuevo Metro de Lima-, a excepción del socio de Sacyr en la ampliación del canal de Panamá, Impregilo, que tendrá una presencia idéntica a la de la constructora liderada por Esther Alcocer Koplowitz (19%). Asimismo, Metro de Madrid también participará, como asesor del proyecto, labor por lo que obtendrá 20 millones de euros durante los próximos 10 años.

El «fantasma» del Canal

La nueva línea tendrá una longitud de casi 27 kilómetros y cubrirá la capital del país andino de este a oeste, desde la zona de Ate hasta Callao. Las previsiones que manejan las empresas, según indicaron en un comunicado, es que una vez en funcionamiento sus 27 estaciones presten servicio a más de 600.000 personas al día. La ampliación de la línea 4 contará con ocho kilómetros de túneles y ocho estaciones. En total, el proyecto incluye la construcción de 35 estaciones de metro subterráneas unidas a lo largo de 35 kilómetros de túneles.La concesión de este proyecto llega tras la polémica en torno a la construcción del tercer juego de esclusas del canal de Panamá, que permaneció paralizada durante 16 días el pasado mes de febrero por las diferencias en torno al consorcio liderado por Impregilo y la española Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá. El conflicto se cerró a mediados de este mes después de que ambas partes llegaran a un acuerdo para realizar inyecciones de liquidez , la conversión de fianzas en financiación y el compromiso de dirimir las diferencias sobre los sobrecostes en los procedimientos del contrato. De hecho, el «fantasma» del Canal panameño ha planeado estos días en los medios peruanos, ya que el consorcio Nuevo Metro de Lima concurría al concurso en solitario, después de que los dos principales competidores -la brasileña Odebrecht y la local Grana y Montero- abandonaran la última fase del concurso, tras exigir al Ejecutivo peruano que incrementara el importe del proyecto, lo que ha llevado a los medios de comunicación del país hispanoamericano a cuestionar abiertamente la situación financiera de los grupos constructores y,como en el caso de Impregilo, su gestión en obras como la ampliación del Canal. «Les aseguro que el proyecto ha sido serio, objetivo y el resultado ha resultado positivo», tuvo que recalcar el propio ministro de Transportes peruano,Carlos Paredes. en una rueda de prensa, según recogió Reuters. Para FCC, que prevé cerrar el próximo lunes la refinanciación de su deuda por 4.600 millones de euros, que incluirá la posibilidad de transformar parte de este pasivo en crédito convertible en capital, dependiendo de diversas condiciones. Juan Béjar, el consejero delegado del grupo, por su parte,consideró el contrato de Lima «un ejemplo de la nueva política de contratación de la compañía, enfocada a proyectos singulares licitados en consorcios internacionales».

Protestas sacuden plazo minero

Gestión publica que el ministro de Energía y Minas_Eleodoro Mayorga_informó hoy que los mineros artesanales informales que declaren su compromiso de formalizarse tendrán un plazo de 120 días para poder cumplir los requisitos exigidos y para eso tendrán el apoyo total del Gobierno.

“En el acta suscrita (ayer) con los representantes de las organizaciones de mineros informales y artesanales de Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Cajamarca es muy importante pues trae un deslinde entre la pequeña minería artesanal, que es una actividad tradicional de muchos peruanos que ahora buscan formalizarse, y la minería ilegal que todos los peruanos deseamos que desaparezca”, indicó.

Agregó que la minería ilegal se caracteriza por desarrollarse en zonas prohibidas, destruye el medio ambiente y genera consecuencias sociales desastrosas.

En ese sentido, ratificó que tanto el gobierno como los gremios de mineros que suscribieron el acta de ayer acordaron culminar el proceso de formalización en un plazo de 120 días.

“Todos aquellosmineros que declaren su compromiso por formalizarse antes del 19 de abril, van a recibir todo el apoyo del gobierno para cumplir los requisitos de la formalización, hablamos de facilidades para lograr contratos de explotación, apoyo para cumplir con las obligaciones ambientales, de respeto al agua. Vamos a dar, desde el Estado, todo el apoyo para que este proceso se logre en 120 días”, comentó en RPP.

Señaló que con este acuerdo, el Gobierno busca iniciar un proceso de saneamiento que tiene una serie de componentes como promover el uso de técnicas de procesamiento más benignas para propiciar un manejo más adecuado del mercurio y así tener un efecto menos contaminante.

“Se trata también de ayudar en la situación de las mujeres que trabajan en la selección del mineral, a veces son olvidadas pero que en gran número están en esta actividad; se trata también por velar que la comercialización de oro se realice a través de empresas especializadas bajo la supervisión de Activos Mineros, de manera de asegurar que la comercialización se haga en condiciones justas”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que este proceso de saneamiento no implicará que el Gobierno detenga su lucha contra la minería ilegal y no se va a dar marcha atrás en ello.

Mayorga señaló que la minería es un sector muy importante en el Perú, ya que los precios de los metales todavía son muy atractivos y por eso hay mucha gente trabajando en esto, por lo que “vale la pena darse el esfuerzo por empujar en la formalización”.

“Reitero el compromiso del gobierno de promover la explotación minera formal de acuerdo a ley y en condiciones justas”, concluyó.

Cabe señalar que existe una facción de mineros informales y artesanales de Puno,Madre de Dios y otros, desconocen los acuerdos alcanzados en la precitada acta suscrita.

Este descontento se estaría complementando con la huelga de grifos por la dación del Decreto Supremo N° 006-2014 que fija la cuota de hidrocarburos en zonas donde se estaría utilizando al ser desviado su uso en minería ilegal y narcotráfico.

Un Decreto supremo establecerá los nuevos plazos de la denominada etapa de saneamiento que culminará el proceso de formalización distinguiéndola de la minería ilegal, a la cual se le continuará combatiendo con labores de interdicción.

Inadmisible negociación bajo presión

Según información difundida por RPP, los mineros informales continúan sus protestas en la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima, por cuarto día consecutivo.

Allí duermen desde el pasado jueves, cuando llegaron a la capital para exigir que el gobierno atienda sus demandas.

Víctor Valencia, representante de los mineros, indicó que radicalizarán las protestas, en caso el gobierno no responda a sus pedidos. “Vamos a estar acá hasta las últimas consecuencias. El gobierno nos está atropellando el señor Ollanta con su encargado el señor Daniel Urresti”, manifestó.“Lo único que nos queda es radicalizar. En nuestras zonas (de origen) ya están radicalizando. Están tomando carreteras, puentes, que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es perjudicar a la nación peruana, pero nos están empujando a eso”, expresó.

Bajo estas consideraciones, estimamos que sería un craso error de la administración Humala, negociar bajo presión.

Es simplemente inadmisible que se pueda impedir el libre tránsito de personas y vehículos por las carreteras del país. Debe primar el imperio de la ley y la justicia para poder resolver los impases subsistentes entre las partes, pero sin perjudicar los derechos de terceros.

Plazo final de formalización minera

No se ampliará el plazo en la etapa de formalización de la minería informal que vence, en forma definitiva, el 19 de abril (2014) , recalcó hoy el Alto Comisionado del Poder Ejecutivo para la Interdicción y Formalización de la Minería, Daniel Urresti.

Aseveró que luego de esa fecha, “al día siguiente”, con los que lograron acogerse a este procedimiento, que suman unos 70,000, entrarán a una etapa de saneamiento y el Estado les brindará toda la asesoría necesaria para culminar con éxito todo el procedimiento.

“El plazo no se va a ampliar, el 19 de abril termina la etapa de formalización definitiva y entramos a la etapa de saneamiento. Los que no tengan un acuerdo de compromiso no tendrán posibilidad de formalizarse por el régimen especial”, manifestó en RPP.

Sin embargo, precisó que sí podrán recurrir a un proceso ordinario para lograr la formalización. Empero, remarcó que a través de dicho sistema no podrán operar hasta obtener todos los permisos.

El funcionario afirmó que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los gremios mineros representativos y no con organizaciones ficticias y dirigentes que defienden e impulsan la minería ilegal.

Obras por impuestos en zonas mineras

En obras por impuestos e inversión mencionábamos la desproporción existente entre el avance de la ejecución de obras por impuestos y el pago de impuestos por inversión privada minera y es en ese contexto Gestión publica una interesante forma de mejorar en tiempo y calidad la ejecución de las obras y los procedimientos constructivos en localidades del interior del país : "Tres importantes empresas, Volcan Compañía Minera, Ferreyros y Minera Chinalco Perú, conformaron un consorcio para ejecutar bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, trabajos de agua y saneamiento que beneficiará a 5,500 pobladores del distrito de Yauli en Junín.

La inversión estimada para estos trabajos es de S/. 9.5 millones con los cuales se buscará la mejora y ampliación de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

Este proyecto contó con la asistencia técnica de ProInversión y comprende la construcción de cuatro reservorios, tres plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de alcantarillado, así como la ampliación de conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, entre otras obras. Con esta adjudicación, Minera Volcan lleva ya adjudicados 14 proyectos mediante esta modalidad, mientras que para Ferreyros es su segundo proyecto y para la empresa Chinalco es su primera experiencia en Obras por Impuestos, pese a no generar aún impuesto a la renta. En lo que va del año 2014, ProInversión ha adjudicado 11 proyectos de Obras por Impuestos por S/. 197 millones, acumulando desde 2009 un monto total comprometido de S/. 1,028 millones bajo esta modalidad".

Este mecanismo de aplicación de las obras por impuestos tiene un amplio espacio para crecer y dinamizar las obras publicas demandadas por las poblaciones en el ámbito de influencia de los proyectos mineros a nivel nacional.

¿Más plazos de formalización minera?

En nuestro comentario "Progreso en formalización minera" nos referíamos a los diferentes plazos establecidos dentro del proceso para lograr el cumplimiento del ordenamiento legal vigente en materia de minería informal y resaltamos como un error estratégico tratar en los hechos por igual, tanto a la minería informal como a la minería ilegal.

Faltando treinta y dos (32) días para el cumplimiento del "último plazo" para la precitada formalización, Semana económica se ocupa del tema en los siguientes términos:

"No se ha enfatizado lo suficiente acerca del reto que significa para el actual gobierno la ambiciosa empresa de formalizar la minería ilegal. En los últimos años ha ido discretamente instalándose la idea de que se trata de un problema acaso comparable con el narcotráfico. En tal contexto, en poco más de un mes –el 19 de abril– se vence el plazo para que los informales presenten una declaración de voluntad de querer formalizarse. Es importante hacer esa precisión porque con esa presentación no se obtiene automáticamente la formalización (como pueden dar a entender ciertas noticias), sino que tan sólo se inicia un procedimiento legal que, en el mejor de los casos, terminará con ese resultado.

Un primer problema relacionado a la complejidad de ese proceso es la resistencia de buena parte de los informales a acogerse a la formalización. De hecho, el gremio que aglutina a los mineros informales, Fenamarpe, ha convocado a una ‘gran marcha nacional’ para este 17 de marzo, en la que exigirán modificaciones al régimen legal, comenzando por una extensión del plazo para la presentación de solicitudes. Se sabe en el sector minero (formal) que el gobierno –desde el presidente Ollanta Humala- tiene la voluntad declarada de no ceder y mantener la fecha inamovible. Los informales aducen que la dificultad para formalizarse deriva de que el 75% de ellos está imposibilitado de cumplir con los requisitos porque no tiene (ni, al parecer, prevé alcanzar en el corto plazo) acuerdos con los titulares oficiales de las concesiones mineras en las que operan ilegalmente. Lo cual nos lleva al siguiente problema. Y es que en realidad no es requisito para acogerse a la formalización contar con esos acuerdos.

En realidad no se sabe cuál será el remedio o la solución que finalmente dará el Estado (ya no digamos el gobierno) ante los muchísimos casos que previsiblemente se presentarán en que haya un titular formal y uno o más mineros de facto sobre la misma concesión. A falta de acuerdo, ¿debería perder toda expectativa de legalización el informal? Ésa suena, desde luego, como la solución más razonable, pero ciertamente introduce un desincentivo a la formalización, cuya expresión es precisamente la huelga de este lunes, pues estos mineros se estarían exponiendo al riesgo de ser identificados por su solicitud y luego perderlo todo por no alcanzar acuerdos. La solución contraria resulta todavía más peligrosa, pero por increíble que parezca se presentó incluso un proyecto de ley en el Congreso que apuntaba a que, a falta de acuerdo, fuera el formal el que perdiera la concesión (¡!).

Finalmente, el tercer gran problema es que, una vez vencido el plazo, ¿cómo actuará el gobierno con quienes no presenten declaración alguna? El alto comisionado para la interdicción de la minería ilegal, la formalización minera y la remediación ambiental de la PCM ha tenido recientemente una implacable intervención al desbaratar operaciones de minería ilegal, y eso podría constituir un indicio de su voluntad política para enfrentar el problema a futuro. Pero, lamentablemente, tenemos un gobierno débil, donde además el propio presidente ha visto debilitada su imagen recientemente, y el desgaste de capital político que esta guerra (que en eso podría convertirse) puede resultar demasiado alto".

Medidas para superar inestabilidad

En medio de una situación incomoda para el Ejecutivo peruano, salió el Presidente de la República para pedir que el Congreso de la República defina el tema de dar el voto de confianza al actual gabinete ministerial.
El mandatario advirtió que esta situación incierta perjudica al país en el plano económico y en su imagen en el exterior.

Asimismo, anunció que, frente a esta situación incierta sobre la voto de confianza, los ministros han puesto sus cargos a disposición.

Hacemos votos que este impase subsistente se resuelva al mas breve plazo a efectos de continuar con normalidad las actividades económicas en los distintos sectores extractivos y productivos, dando tranquilidad a los actores sociales y económicos de un país que esta creciendo pese a coyunturales ruidos políticos.

Minería & cuentas nacionales

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) peruano, el nuevo año base (2007) le otorga mayor relevancia a la minería que ahora tendrá una representatividad de 14.4 % (antes era de 4.7 %). Esto sucede a raíz de un cambio en el año base de las Cuentas Nacionales, antes se usaba el año 1994 y ahora es el año 2007.  

En este contexto, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, indicó que se espera que la economía tenga un mejor desempeño gracias al dinamismo de la minería y al mayor peso del sector dentro del Producto Bruto Interno (PBI)."No sólo lo afirma el MEM, sino que también otros estudios lo confirman", acotó.

Shinno apuntó que este año entrará en operación el proyecto minero Constancia, entre agosto y setiembre, mientras que siguen en construcción Las Bambas y Cerro Verde, además de la ampliación en Toromocho y Tía María próximamente.

"En el caso de Las Bambas, al margen de quien sea el dueño, el proyecto de construcción está avanzando", destacó.

Perspectivas del Cobre en Perú

En “Precio y energía para el Cobre”  (2013) comentamos el contexto de “Si Perú recibe todas las inversiones previstas para los próximos diez años_ que suman cerca de 53,000 millones de dólares para 52 proyectos_ el país producirá cinco millones de toneladas anuales de cobre a partir del 2025, cifra cercana a los 5.7 millones de Chile, el mayor productor mundial del metal”.Asimismo, indicábamos la dinámica impuesta a proyectos como Las bambas (Apurimac),Toromocho (Junín) y Constancia (Cusco), entre otros como Cerro Verde (Arequipa) ; para lograr duplicar  la producción de Cobre al 2016.

Decíamos entonces que  resultaba  paradójico que en Perú se impulse mayor velocidad a los proyectos mineros de cobre, justamente cuando sus precios vienen cayendo y existe una mayor oferta mundial, la cual eventualmente será presionada por los otros grandes productores de cobre_Chile y Australia_que probablemente realicen coberturas en el mercado de manera más agresiva mediante la venta de producción futura de cobre. 

En entonces que se pretende compensar los menores precios internacionales del Cobre con mayores volúmenes de producción y exportación.

La principal exportación minera peruana es el cobre, que genera la cuarta parte de sus exportaciones totales de $45 mil millones, y el 40% de las exportaciones mineras de $27 mil millones.

En consecuencia, la minería del cobre no puede ni debe replegarse.

El Perú actualmente produce el equivalente de 1,3 millones de toneladas de contenido de cobre, en comparación con los 5.7 millones que produce Chile.

Duplicar la producción de Cobre al 2016 , cobra mayor viabilidad con el anuncio de Cerro Verde (la tercera productora de cobre del país) de la suscripción de un crédito de 1.800 millones de dólares para financiar parte de una expansión de su unidad minera ubicada en Arequipa; la empresa estadounidense Freeport McMoRan, lleva adelante un plan de inversión de US$4.600 millones para triplicar la capacidad de procesamiento de concentrados a 360.000 toneladas métricas por día, desde las actuales 120.000 toneladas.

Si a esta iniciativa empresarial, se otorga el soporte correspondiente a los proyectos : Las Bambas (Apurímac_Compañía Glencore_450 mil toneladas, mina actualmente en proceso de venta probablemente a China Minmetals y su filial australiana MMG), Toromocho (Junín_ Compañía China Aluminium Company_ 400 mil toneladas) y Constancia (Cusco_Hudson Bay Minerals_200 mil toneladas), entre otros; se podrá entonces mirar con optimismo el crecimiento minero del cobre y las industrias y servicios conexos de nuevos emprendimientos  empresariales para coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones localizadas en las respectivas zonas de influencia y el país en general.

¿ Porqué se viene cayendo la inversión para exploración minera en Perú ?

Es una realidad que Perú viene cayendo progresivamente en el ránking de países más atractivos para capturar la inversión en exploración minera, según reporte del Metals Economic Group. 
Como últimos antecedentes registrados de los probables motivos, tenemos al Decreto Supremo N° 026-2011-EM que dispuso la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao,Puno y Yunguyo del departamento de puno por un plazo de doce (12) meses.
Asimismo, el Decreto Supremo N° 032-2011-EM que deroga el D.S. N° 083-2007-EM que involucra el caso de Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú.

A mayor abundamiento, esta minera Junior viene litigando contra el Estado Peruano en la Corte Superior de Justicia de Lima a través de la Acción de Amparo interpuesta para que se deje sin efecto el D.S N° 032-2011-EM. Está acción tiene por finalidad general la protección de los derechos constitucionales aparentemente vulnerados por el Decreto Supremo N° 032-2011-EM. La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nula la resolución del Primer Juzgado Especializado Constitucional que declaró improcedente la demanda. La Sala Civil fundamenta dicha decisión en virtud a que la resolución de primera instancia vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

En impacto de los conflictos en la exploración minera peruana, señalábamos que antes de ingresar la actual administración del Estado peruano, las áreas concesionadas para la exploración de nuevos yacimientos mineros se vieron reducidas de 0.31% a 0.27%.
Posteriormente, en tendencias & Nuevas Concesiones, ya indicábamos que a inicios del año 2013 existía un retroceso de la minería producto de los conflictos sociales.Precisábamos que la tendencia a postergar los proyectos mineros ligados a la gran minería se mantiene.También acotábamos que el gobierno peruano a través del Instituto geológico Minero y Metalúrgico_Ingemmet, otorgó ciento veinticinco (125) concesiones mineras.
A inicios del año 2014_ante un escándalo que toca al actual ejecutivo _ el gobierno peruano a través de Ingemmet anuló 110 concesiones mineras que forman parte de las 50,816 concesiones mineras que actualmente administra Ingemmet. 
En este contexto de marchas y contramarchas, El Comercio publica los comentarios del empresario peruano Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, quien indica "el problema tiene su raíz en la permisología".

“La causa está en el tiempo que demora otorgar los permisos para exploración. Ya no sé qué cosa más debemos hacer [para cambiar esta situación]. No soy de señalar con el dedo acusador para ver quién es el culpable, pero sí creo que las empresas mineras debemos ser más eficientes para que la exploración avance más rápidamente”, indicó. Benavides refirió que nuestro país necesita descubrir más recursos mineros, no solo para beneficio de las empresas mineras, sino de la población más pobre que vive en el Ande. “El Perú no puede vivir de espaldas a la serranía, pues es allí donde está la mayoría de yacimientos mineros de país. Esa es una gran posibilidad para nuestra serranía”, dijo. Para lograr este objetivo, las empresas mineras deben abocarse a controlar sus costos y aprender de las exitosas experiencias de otros países de la región".