Política antiminera & EIA

El coordinador regional de América Latina de Revenue Watch Institute ,Carlos Monge, indicó en el foro: "Perú ¿futuro sostenible?", realizado la semana pasada en Arequipa, que se debe dejar de priorizar los proyectos mineros como fuente única de trabajo e inversión y adoptar un modelo de transición que permita ampliar la dimensión económica en el país.

Esta transición, explicó, debe permitir que otras actividades económicas, como la agricultura y la pesca, se posicionen en el mercado frente a la extracción y exportación de minerales, apoyando principalmente a la pequeña y media producción.

Añadió que el modelo extrativista heredado en los años 90 ha llegado al límite debido a los conflictos sociales.

En este escenario actual se continúa en los esfuerzos para levantar los impases subsistentes sobre el proyecto cuprífero Tía María. 

Southern Perú Cooper Corporation vuelve a la carga tratando de disipar los miedos sobre el proyecto Tía María en la provincia arequipeña de Islay.

La República, desarrolla una interesante descripción del proceso en los actuales momentos:

"El próximo jueves se programó el primer taller para dar detalles de la operación minera y Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Son dos reservas de cobre ubicadas en pleno desierto de la costa sur, a 2.5 Km del valle de Tambo. Los agricultores temen que la mina contamine los cultivos y agote las fuentes de agua dulce destinadas al agro y consumo humano. Esos dos argumentos centrales agitaron la oposición al proyecto en 2011, que se cristalizaron en violentas protestas con un saldo de tres muertos y decenas de heridos. El clima de convulsión ocurrido en plena campaña presidencial obligó al gobierno aprista a cancelar el anterior EIA. Una auditoría externa de Unops le encontró 138 observaciones. El nuevo EIA lo hizo la consultora Geoservice durante un año. Los técnicos trabajaron con perfil bajo. El flamante director de Relaciones Institucionales de Southern y expresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Julio Morriberón, señaló que esos cuestionamientos se subsanaron.¿Cómo se abastecerá la minera del agua, manejo del polvo, una posible contaminación con ácido sulfúrico y la licencia social?.

Aquí sus propuestas y las objeciones de los dirigentes.

EL MAR POR EL SUBSUELO

Southern necesita siete millones de metros cúbicos (m3) de agua para lixiviación. Este proceso libera el cobre de la roca triturada. La solución de agua y ácido sulfúrico cumple tal función.

El anterior EIA planteó tres posibilidades para obtener el recurso hídrico:

a) la explotación del subsuelo en donde existe un inmenso acuífero como consecuencia de filtraciones que provienen de los cultivos.

b) agua superficial con la condición de almacenarla en una represa que la compañía financiaría.

c) la última y más costosa era desalinizar el mar, se estima que tratar un litro de agua de mar cuesta un dólar. 

En 2011 se optó por el agua subterránea, lo que prendió la chispa de la protesta. Ante el rechazo, ahora la minera desalinizará el mar. La planta costará US$ 70 millones.

En el gobierno de García, el ministro del sector, Pedro Sánchez, dijo que la actividad extractiva generaría S/.367 millones por canon minero para la región Arequipa. Este cambio encarecerá en US$200 millones más el costo del proyecto. Y ello tendrá un efecto en la rentabilidad y el canon. Si se estimaba generar S/. 367 millones, ahora el ingreso alcanzaría a S/. 300 millones.

POLVO IRÁ AL DESIERTO

Richard Ale, alcalde de Deán Valdivia y opositor al proyecto, indica que la explotación de agua ya no está en cuestión y sería absurdo protestar. Sin embargo, hay otros puntos que todavía no tienen solución. Los pobladores temen la contaminación por polvo, que desprenderá la operación minera. El polvo, dicen, dañará sus cultivos, las doce mil hectáreas sembradas fundamentalmente de arroz. Según la minera, las explosiones para fracturar la roca se realizarán cuando el viento sople con dirección al norte, es decir al desierto, lado opuesto al valle y poblaciones. En un video,se precisa que el sonido de estas explosiones serán imperceptibles. Uno de los opositores al proyecto, Pepe Julio Gutiérrez, precisa que tendría que ser un “niño de teta” para creer eso. "Jamás hemos visto que hagan una prueba de vientos".También señala que durante el año las corrientes de aire no tienen una sola tendencia, por lo general son entrecruzadas, lo que descarta la tesis del EIA. “Le puedo apostar al mejor ingeniero de la Southern que eso no se podrá evitar”.

IMPERMEABLE A FILTRACIONES

Southern descarta una contaminación del subsuelo en el proceso de lixiviación. El mineral chancado se regará con la solución de agua y ácido sulfúrico en una cancha de 1,500 metros de largo por 300 de ancho. Para evitar filtraciones se hará una impermeabilización con una capa de arcilla. Sobre la arcilla se colocará una película plástica y sobre ella una capa de grava y sobre ella otra membrana de plástico. Además sensores que advertirán las filtraciones en cualquier punto de la cancha. El ácido sulfúrico es el ácido inorgánico más fuerte que existe, su ebullición se produce a temperaturas extremas, según la minera a más de 200 grados centígrados. Lo que descarta una evaporación y posteriores lluvias ácidas. Richard Ale está convencido que esta información es falsa. Precisa que no es necesario llegar a esas temperaturas para lograr la evaporación. “Soy químico puro, a mi no me van a engañar, les reto a que me prueben lo contrario. Cuando lavas tu ropa no esperas que hierva para que se seque, simplemente el agua se evapora, ¿o no?”.

LA LICENCIA SOCIAL,LA LUZ VERDE QUE FALTA

Para que el proyecto se concrete resulta indispensable dos tipos de aprobaciones. Una formal que depende de Energía y Minas, cartera a cargo de dar el visto bueno al EIA previo consentimiento de la población de la zona de influencia. Esta etapa es clave, al igual que la obtención de la licencia social. Un acuerdo más tácito, pero de igual importancia. La licencia se entiende como un consenso entre empresa, población y Estado, y en donde la primera se compromete no solo a desarrollar su industria, sino a contribuir con el desarrollo de las comunidades cercanas. Álvaro Torres, presidente de la Junta de Regantes del Tambo, cree que los talleres no serán objetivos. Señala que en éstos expondrán los técnicos de la minera cuando esa tarea debería hacerla Energía y Minas. Son ellos quienes deberían certificar el estudio. Solo así habrá más confianza. Gutiérrez tiene la seguridad de que por el momento no existen las condiciones para el taller. Y esas condiciones dependen de un trabajo de sensibilización. "La herida se mantiene fresca. La semana pasada, en una encuesta radial, todos estaban en contra del proyecto”, dice. Sin embargo, aclaró que hay hasta tres posiciones sobre el proyecto minero. Quienes se oponen radicalmente a la minería, los que están a favor y quienes están dispuestos a oír los nuevos planteamientos y luego tomar una decisión. Aunque parezca contradictorio, dijo, este escenario resulta positivo,cuando dos partes en conflicto creen tener la razón, siempre es bueno una tercera posición que puede abrir los ojos a cualquiera de los dos”, dice. Ambos dirigentes indicaron que asistirán al taller siempre y cuando se den las garantías y si la comunidad lo pide.“Esperemos que no nos provoquen poniendo quinientos policías, filmadoras por todos lados y haciéndonos firmar papeles. No nos responsabilizamos de lo que pase”, puntualizó Pepe Julio Gutiérrez. El proyecto de Southern comprende dos yacimientos de cobre, Tía María y La Tapada. Ambos se encuentran a 4 kilómetros uno del otro, al norte del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay. La Tapada se explotará en doce años (allí se minarán 817.5 millones de toneladas métricas -Tm- a tajo abierto). Y la segunda seis años.(399.9 millones Tm). Se estima que en la construcción habrá de 2 mil a 3 mil trabajadores directos y cuando funcione la mina 650. Es una enorme posibilidad de desarrollo, pero Southern tiene una tarea fundamental, recuperar la confianza perdida, misión que parece harto difícil. Lo reconoce Julio Morriberón, la minera se ha construido una imagen de haber contaminado el valle de Tambo en décadas pasadas con los humos provenientes de la fundición de Ilo. Abonó a la mala relación lo ocurrido con Tía María en donde faltó tino para tratar a dirigentes y alcaldes que inicialmente estaban de acuerdo con la inversión minera.

EN CIFRAS

• US$ 300 millones anuales recibiría la región Arequipa por canon minero de Tía María. 
• 138 observaciones tuvo el primer EIA que fue anulado por el Minem.
• 3 muertos y cientos de heridos dejaron los enfrentamientos en Cocachacra en el 2011".

Pagos y cobros por multas ambientales

En Perú se continúa auscultando el tema de las sanciones en el sector minero , que el año pasado aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT (Cada UIT en el 2012 equivale a S/. 3,650)  y lo que va del año hasta el mes de Mayo se aplicaron cincuenta sanciones a empresas mineras por 3,252 UIT ( Cada UIT en el 2013  equivale a S/. 3,700). 

A Setiembre del 2013, se han puesto en general 266 sanciones, que significa un número de multas por encima de las 13 mil UIT.

Se anota a empresas con mayor infracción a Volcan Compañía minera con 51 sanciones, Doe Run Perú con 21 sanciones, Santa Luisa (18), Los quenuales (15), Compañía Minera Ares (13) y Compañía Minera Raura (11).

Las razones más frecuentes por las que las empresas se hacen acreedoras a estas sanciones son, en primer lugar el supuesto incumplimiento de límites máximos permisibles de diversa índole, lo cual considera la recurrencia del tema sobre la importancia de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar.

El diario Gestión recoge el proceso establecido bajo el siguiente análisis:

"Con el argumento de optimizar y facilitar a las empresas infractoras en el cumplimiento del pago de las multas ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó el reglamento de fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de esas multas, que en un caso llega al plazo máximo de cinco años.

Este beneficio se dará a las empresas sancionadas que no hayan presentado alguna impugnación administrativa, y si en caso lo hicieron entonces tendrían que desistir para acceder al incentivo.

Así, sin perjuicio del pago inicial, el saldo de las multas impuestas por OEFA podrán ser fraccionadas y/o aplazadas con lapsos en función al monto de las multas.

Para las empresas con multas mayores a 20 mil (S/. 74 millones) se contempla hasta 60 meses en caso de fraccionamiento, y hasta siete meses si es un aplazamiento.

En el caso de multas mayores a 10 mil UIT (S/. 37 millones) y menores o iguales a 20 mil UIT, se darán 48 meses por fraccionamiento, mientras que en aplazamiento es de seis meses. En multas de 5 mil(S/. 18.5 millones) y menores o iguales a 10 mil UIT, se da hasta 36 meses en fraccionamiento, y hasta cinco meses si se aplaza.

El beneficio se da desde multas menores o iguales a 500 UIT, según el OEFA.

¿Estado lento para inversión minera?

Con similar orden de ideas expuestas en ¿Gran minería es un tema de Estado?, el día de hoy viernes 11 de Octubre en diario El Comercio en su editorial propala lo siguiente:

"En la clausura de la IV Conferencia Anticorrupción Internacional, el contralor de la República, Fuad Khoury, declaró que los corruptos en el Perú no tienen miedo, pues persiste la impunidad. Y en buena medida tiene razón, sin duda. No obstante lo cual, es importante que el contralor sea consciente de que el gran reto para su institución no lo suponen solo quienes no tienen miedo en el país, sino también quienes sí parecen paralizados por él; a saber, todos los niveles con poder de decisión de la administración pública. Es decir, en revisar si está apuntando bien al corazón de la corrupción, o si más bien está gastándose en perseguir formalismos.

Las cifras que dio el mismo contralor sobre el trabajo de su organización parecen apuntar a esto último: la contraloría ha denunciado a 4 mil funcionarios públicos en los últimos cuatro años. De ellos, solo 300 casos han recibido sentencias, y únicamente 90 de estas fueron condenas. Lo que quiere decir que la tasa de éxito de las denuncias de la contraloría ha sido solo de un tercio. Una tasa sin duda demasiado baja (aun descontando la parte de culpa que puede tener nuestro Poder Judicial en ella), como para que no dé lugar a pensar que la contraloría está haciendo denuncias febles. Más aun si tomamos en cuenta que, conforme a declaraciones del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, no han sido 300 sino 904 las sentencias que en el mencionado período han recaído sobre casos iniciados por la contraloría, lo que ya hablaría de una tasa de éxito de solo 10%. Y que, por otro lado, los grandes casos de corrupción en el mismo período han sido denunciados por los medios o por terceras personas y no por la contraloría.

Ciertamente, esto ayudaría a explicar por qué nuestros funcionarios públicos parecen tener tal pavor a dar aprobaciones de cualquier tipo. Atrapados entre un fárrago infinito de normas a menudo ambiguas o incumplibles y una contraloría que busca tres pies al gato para disparar observaciones y acusaciones sin mucha discriminación, nuestros empleados públicos se comportan como en un campo minado, donde lo más seguro es no moverse. O empiezan más bien a actuar en falange, realizándose mutuamente, de entidad a entidad, consultas interminables, para intentar dar eventualmente el paso del que se trate de manera compartida.

En cualquiera de los casos, el resultado para el ciudadano y para la inversión es el mismo: un Estado escandalosamente lento (no en vano, según el Reporte Global de Competitividad, la ineficiencia de nuestra burocracia es el principal obstáculo para la realización de negocios en el Perú). Y eso, en un país que, por ejemplo, tiene un déficit de infraestructura de casi US$90 mil millones.

Naturalmente, el destrabe del Estado Peruano no pasa solo por la contraloría: exige también una poda general de nuestros regímenes administrativos para simplificar, acortar, aclarar y unificar trámites.

Y algo de ello ya está intentando hacer este Gobierno, aunque hasta ahora solo muy incipientemente. Sin embargo, mientras la situación del marco normativo lleno de vericuetos, de formalismos, de contradicciones y ambigüedades persista, lo que corresponde a la contraloría no es hacer las cosas más difíciles perdiéndose en las esquinas de nuestra inacabable tramitología, sino más bien ayudar a hacerlo más llevadero y eficaz. Para ello, nuestra contraloría, además de comenzar a concentrarse en auditar los gastos estatales, debería cambiar su actual enfoque formalista por uno de resultados: lo que tiene que contar para los funcionarios de la institución no es el número de trámites supervisados o de denuncias hechas, sino el número de casos en los que logran probar corrupción. Y a esto ayudaría, ciertamente, que se incorporase a la contraloría a la Ley del Servicio Civil, de la que, inexplicablemente, ha sido excluida.

Tiene razón nuestro contralor cuando implica que el miedo tiene una función importante que cumplir para lograr la probidad en un Estado. Pero debe ser consciente de que, para poder funcionar, el miedo tiene que estar en el lugar correcto".

¿Gran minería es un tema de Estado ?

Los resultados de una reciente investigación sobre asuntos del Estado peruano, nos permite indicar que la presencia del Estado en la realización de los grandes proyectos mineros, constituye un catalizador de los procesos por excelencia.

La participación del Estado, a través de los gobiernos de turno, contribuye en el tema de promoción y fomento de las inversiones de capitales, ya sean nacionales o extranjeros, para dinamizar los proyectos de gran minería actuales y futuros.

Así mismo, en el marco del ordenamiento legal vigente, el ejecutivo  mantiene representación en las concesiones mineras, así como en la evaluación, supervisión, fiscalización, control, entre otras funciones _directas o indirectas_ a cargo de múltiples entidades del Estado.

Es así que dentro de sus facultades interviene aplicando incentivos a la reinversión de utilidades, contratos de estabilidad tributaria, entre otros anteriormente aplicados en el país a las labores de la gran minería.

De otro lado, el Estado asiste; garantizando el respeto a la propiedad privada y al orden público, así como el firme cumplimiento de los contratos y la estabilidad jurídica en el país.

¿Mentalidad Colonial y diezmos como Política de Estado?

El tema del desaliento de las inversiones_porque aún persisten las trabas burocráticas atribuidas a la mentalidad colonial_han sido largamente comentadas por funcionarios públicos en diversos periodos de gobierno, un caso reciente es lo manifestado por el actual presidente del Banco Central de Reserva , que menciona esta dimensión poniendo sobre la mesa alternativas diversas para fomentar la confianza entre los inversionistas.

Siguiendo este orden de ideas, aterrizamos con el impacto generado por los diezmos que persisten hasta la fecha; sólo que en la jurisdicción de algunos gobiernos regionales, provinciales o distritales donde se aplican, lo recaudado ya no se envía a la corona española y tampoco va destinado a formar parte del tesoro público.
Por ello el lavado de activos _considerado como delito_ en diversos niveles de gestión del aparato público es una actividad voyante en el país.
Esta forma de "afectación de recaudación" que antes se concentraba en Lima, en los últimos años _con la desconcentración de la ejecución del presupuesto público _ el orden del 60% se traslada fuera de la capital de la República.
Un estigma que se viene combatiendo desde que dejó de ser un secreto a voces y pasar a constituirse en una evidencia de la cultura de la corrupción en la administración pública que no constituye una Política del Estado peruano, pero que es irrefutable su existencia. 

Mito en cultura de la corrupción

El Ama sua ( no seas ladrón) practicada por la cultura de los antiguos peruanos, fue impactada por efectos de la conquista  a tal punto que no es secreto que la corrupción es un problema en el Perú  , problema estructural que penetra a personas naturales y jurídicas, mereciendo la atención del Estado a través de  sucesivos gobiernos.
Estos despliegan esfuerzos de largo aliento para reducir los niveles de connivencia con la corrupción que generan problemas de imagen y de confianza para con la población. 
Resulta que no pocas veces, es esa misma población la que se opone al desarrollo de proyectos de la gran minería.
Algunas veces exacerbada por los medios que difunden declaraciones de funcionarios como es el caso del actual Contralor General de la República afirmando que la corrupción no se castiga y está afectando a los mas pobres del Perú.
En lo que va de los últimos siete años_periodo que alcanza al boom minero en Perú_ los delitos con mayor índice de condena a funcionarios públicos, son de peculado y colusión.
Es correcto afirmar que corrupción se encuentra en diversos países del mundo, también es cierto indicar que los países que alcanzaron su desarrollo en el Planeta fueron los que pudieron controlar y reducir los niveles de corrupción aplicando acertadas políticas de Estado.
En este sentido, la lucha anticorrupción perfilada por el Estado debe merecer por parte de la sociedad peruana y los agentes económicos, el mayor de los apoyos, pues le afecta directamente en los procesos para llevar adelante proyectos de importancia nacional no solamente en el sector minero.

Falta de sostenibilidad en infraestructura Física: Un indicador

Nuestra evaluación se focaliza en la infraestructura de Saneamiento y particularmente en el tema de la gestión del agua por situarse íntimamente ligada con los procesos para grandes proyectos mineros, que finalmente son sujetos pasibles de externalidades generadas.
Partiendo de la premisa que sin el recurso agua no seria factible la gran minería y no hacemos referencia única y exclusivamente al agua utilizada en los procesos desarrollados en la gran minería, también al agua para consumo humano de los pueblos ubicados en las zonas de influencia directa e indirecta a las labores mineras.
Pese haber destinado _en los últimos tiempos_ importantes recursos económicos y financieros a la infraestructura de agua potable y alcantarillado, se tiene un significativo sector de la población peruana reclamando por el servicio del recurso agua a las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) a cargo de gobiernos locales (lease parte del Estado peruano), y que finalmente las solicitaciones de las deficiencias del servicio son trasladadas de indistintos modos al sector minero.
La data de la inversión realizada en Saneamiento : medianas y pequeñas EPS, que conforman una importante proporción de las 50 EPS reguladas, presentan dificultades en términos de su sostenibilidad. La sostenibilidad de los sistemas de agua potable construidos en zonas rurales se encuentra en niveles críticos.

¿Porqué a mayor asignación dineraria menor calidad de servicios?

Esta probado que el sector minero no es responsable de la situación crítica que pasan algunas EPS derivado de una deficiente gestión empresarial y del desequilibrio resultante al privilegiar la cobertura de los servicios y soslayar la calidad de infraestructuras; los que finalmente generan problemas en la operación y mantenimiento de los sistemas construidos.
A esta situación, se le agrega las no pocas infraestructuras construidas e inoperativas que se encuentran en proceso de arbitraje u otra figura jurídica, mucha de las cuales mantienen pinceladas de la cultura de la corrupción antes señalada.
No cabe duda que la decisión del Estado peruano, a través del ejecutivo en su oportunidad, no fue la más adecuada al diseminar múltiples Universidades que forman profesionales de grado universitario como en el caso de la ingeniería sin el debido soporte de la calidad en la enseñanza, hecho que agrava la compulsiva "necesidad de coberturar el servicio a todo costo" relacionados con proyectos vinculados a las actividades de determinados sectores de la administración pública.
Esta situación se agrega a la asesoría brindada por "funcionarios reciclados" (bajo pretexto de experiencia en el sector), muchos de los cuales habiendo sido procesados y condenados en el poder judicial por delitos de corrupción, tienen la habilidad de mimetizarse y formar parte de los gobiernos de turno en sus diferentes niveles de gestión.

¿ Y cómo se relaciona el sector saneamiento con el sector minero?

Las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso al recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios.
En el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial. 
El Estado a través de su organismo proinversión que es un organismo público descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas , quien ha demostrado_conjuntamente con el organismo rector en la materia_que desde el 2006 no ha podido hallar la senda correcta para resolver los problemas de fondo en el sector Saneamiento.
El país ha desarrollado múltiples esfuerzos legales para resolver el problema del agua y saneamiento en su territorio, encontrándose entre los últimos : En el año 2006, mediante Decreto Supremo N° 020-2006-VIVIENDA, se declaró en estado de emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento y ese mismo año se dio la Ley N° 28870 - Ley para optimizar la gestión de las EPS.
Siguiendo la política del "shock de inversiones en saneamiento ", la actual administración del estado, dictó en Junio del 2013, la Ley N° 30045 _ Ley de Modernización de los Servicios de saneamiento" donde se consigna el proceso de la recurrente evaluación y reflotamiento de las EPS.
En tanto que el recurso agua para consumo humano sea un tema de agenda en los conflictos sociales focalizados en zonas de tradición minera, los actuales y futuros proyectos del sector minero se verán impactados por el problema existente en el sector saneamiento.

Tarea pendiente

En el escenario actual, las empresas mineras que se encuentran en operación en territorio peruano y los proyectos en ciernes tienen que remar contra la corriente y el Estado peruano no puede ni debe dejarlas solas haciendo empresa.
El rol del Estado, como se explicara en el desarrollo de la presente exposición, no acaba con la promoción teórica de la inversión privada y el aseguramiento a través de la estabilidad jurídicas, sino que necesita allanar el camino de las externalidades creadas en el tiempo por diversos factores explicados que no son responsabilidad exclusiva de las empresas que vienen operando y mucho menos de las futuras empresas que aspiran operar en el país.
El Estado peruano no debe cejar en la necesidad de realizar las medidas correspondientes para mantener el nivel de competitividad en el mercado internacional y realizar el  debido y oportuno acompañamiento a las empresas formales_ de capitales nacionales o extranjeros_ para que como socios estratégicos caminen hacia ese futuro promisorio que las actividades del sector minero y otros, presentan como alternativa para acompañar al país en su crecimiento y desarrollo armónico.

El Dato

• Diezmos y Cobos ( antes Quintos Reales) a la minería (oro,plata,cobre..) fueron los impuestos aplicados de la corona española durante la época colonial. Subsistió hasta el año 1735 aplicándose en un quinto (1/5) sobre la producción minera. Desde entonces, el quinto se convirtió en décimo (1/10), de donde tomó el nombre diezmos. 
• Cada año el impacto de la corrupción genera pérdidas al país por un estimado de tres mil quinientos millones de dólares.
• Entre 2007 y Agosto del 2013, 6,298 funcionarios y servidores públicos fueron condenados por el poder judicial por delito de corrupción.
• Entre Diciembre 2005 y Julio del 2013 se incrementó en 76% el número de ingenieros colegiados en Perú, subiendo de 84,637 a 149,060.
• En las últimas 3 décadas se colocaron más de US$4,500 millones de dólares en el sector saneamiento  a los efectos de sostener e incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura, así como la gestión, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Corresponde más del 30% del precitado monto a la inversión realizada en los últimos siete años.
• En el periodo 2008-2012, las empresas mineras reportaron US$ 13,690 millones de dólares al Estado peruano por concepto de impuesto a la Renta y permitió el ingreso de US$ 24,000 millones de dólares al país. 

Avance de Obras por Impuesto en Perú

Volcan Compañía Minera se adjudicó, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, seis proyectos que serán ejecutados en la región Pasco, por un monto de 41.4 millones y beneficiará a más de 100 mil pobladores, informó hoy la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Se trata de proyectos en agua y desagüe, servicios educativos, tratamiento de residuos sólidos y pistas y veredas.

Las poblaciones beneficiadas serán de los distritos de Chaupimarca, Huayllay, Tinyahuarco y Ticlacayán, de la provincia de Pasco, que constituyen zona de influencia de la empresa minera.

El asesor ejecutivo de Volcan, Juan Manuel Fernández, señaló que con los proyectos adjudicados, esa empresa se convierte en la compañía con el mayor número de proyectos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos. 

“La Ley 29230 de Obras por Impuestos es una gran herramienta para dinamizar inversiones en los gobiernos regionales y locales, además le permite a Volcan direccionar sus impuestos en la ejecución de proyectos de alto impacto social no sólo en su área de influencia, sino también fuera de ella”, precisó.

Anteriormente y mediante este mecanismo de Obras por Impuestos, Volcan ejecutó otros proyectos en Pachacútec – Ventanilla (Lima).

Actualmente construye el intercambio vial en Trujillo, en consorcio con Cementos Pacasmayo. A la fecha, Volcan ha financiado Obras por Impuestos por más de 76 millones de de soles.

El Dato

1. Volcan es la cuarta productora de zinc y plata en el mundo. Sus principales operaciones mineras se encuentran en Alpamarca, Cerro de Pasco, Chungar, Vinchos y Yauli en la sierra central del Perú.
2. Incluyendo la adjudicación de los proyectos de Volcan en Pasco, ésta compañía alcanza en lo que va del año compromisos de inversión en Obras por Impuestos por 290.3 millones de soles. (40.5% del total).
3. Según data de Proinversión, publicada por la Agencia peruana de noticias Andina, el total histórico acumulado de obras por impuestos en Perú desde el 2009 a setiembre de 2013 asciende a un total de 717.2 millones de soles.

Avance del proyecto Conga

El presidente Ollanta Humala afirmó que el avance del proyecto minero Conga,demorado por más de un año a raíz de protestas sociales y temores ambientales,depende de la empresa privada y “no es un problema del Estado”.

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, dijo que en el caso de Conga, proyecto cuprífero de propiedad de Newmont y Yanacocha, el Estado cumplió con garantizar la propiedad privada y el orden público en Cajamarca.

Pero creemos que hoy el ritmo de avance de este proyecto está enteramente en la cancha de la empresa privada, no es un tema del Gobierno, dijo.

Humala afirmo, además, que es un error creer que este es un tema de conflictividad entre gobierno central y el gobierno regional cajamarquino.

"No es un problema del Estado, pues este ha dado los permisos y ha cumplido con todos los requerimientos que le ha solicitado la empresa privada",señaló.

El jefe de Estado dijo que ahora es tarea de la empresa encargada del proyecto fortalecer el entorno positivo y trabajar de la mano de los alcaldes y cumplir sus compromisos con la comunidad, “creo que de esta manera este proyecto debe ir”.

Paros & Minería ilegal

Tal como lo adelantáramos en "30.9.13_Dead Line de Minería ilegal?, en la fecha las fuerzas en colisión se encuentran desplegadas en determinadas partes del territorio peruano.

Los detalles  dando la descripción del estado de situación actual lo expresa el diario La República en los siguientes términos:

"La destrucción de equipos y maquinarias en el corredor minero de Madre de Dios ha sido tomada por estos como un doble discurso del Gobierno, y por ello hoy iniciarán un paro indefinido en 14 regiones.

En diálogo con La República, el presidente de la Federación Minera de esa región, Luis Otsuka Salazar, explicó que ellos participaban en una mesa técnica de alto nivel con carácter resolutivo, y a pesar de ello, el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, "llevó comandos de las Fuerzas Armadas y comenzó a explosionar las maquinarias".

"Nosotros nos reunimos en cuatro oportunidades con el Premier Juan Jiménez y le explicamos que el paquete de normas emitidas por el Gobierno no hace viable la formalización.

Estábamos conversando, pero así no podemos dialogar, porque mientras nosotros actuamos de buena fe para solucionar el gravísimo problema de la actividad minera, en la que nosotros somos concesionarios, él (Pulgar Vidal) hace destrozos en nuestras maquinarias", señaló.

A la fecha, dijo, ya les han destruido varias excavadoras, volquetes, diez cargadores frontales e incluso campamentos que estaban en el corredor minero y no cerca de los cauces del río (zonas prohibidas). "¿Qué somos nosotros? ¿Delincuentes? No, nosotros somos concesionarios mineros, no somos ilegales. Tenemos estudios de impacto ambiental presentados y la declaración de compromisos, algunos incluso cuentan con el PAMA", aseguró el dirigente, a la vez que lamentó que el trato que el Estado le brinda a la gran minería sea tan distinto.

Todo esto cuando, según la encuesta nacional urbana de GfK, un 79% considera que es muy importante para el país que las empresas mineras informales pasen a la formalidad. Además, se informó que un 55% cree que los mineros informales de Madre de Dios siguen sin formalizarse porque en realidad;"no tienen la intención";de hacerlo; mientras que un 32% considera que ello se debe a que el Gobierno no facilita los trámites para ello.

Incluso, respecto a la acción de interdicción que desarrolla el Gobierno, lo cual implica la destrucción de maquinaria, volquetes y retroexcavadoras, solo un 39% de encuestados dijo estar de acuerdo, y un 38% manifestó no estar de acuerdo. "¿Sabe por qué a la gran minería le dan todo y a nosotros nos bombardean? Porque hay plata y porque son unos sinvergüenzas", volvió a preguntarse Otsuka Salazar, y advirtió que esta situación en cualquier momento va a desbordar en violencia social porque, aseguró, se está generando una polarización entre los mineros.

Según dijo, ellos no entienden por qué si la Ley Minera dice que el pequeño minero puede mover hasta tres mil metros cúbicos y tener hasta dos mil hectáreas, mientras que el artesanal puede mover 200 metros cúbicos y tener mil hectáreas, en los últimos decretos no les permitan contar con maquinaria y equipos. "¿Cómo vamos a mover tres mil metros cúbicos si no es con maquinaria? ¿Con sacos? ¿Con carretillas? En el mundo desarrollado se usa maquinaria. Eso es lo que tiene que entender el Gobierno", reclamó.

Luego insistió en que es mentira que el proceso de formalización avance, y la mejor prueba de ello es que en 18 meses no ha podido formalizarse ni un solo minero informal. Pero a pesar de todo ello, informó que el paro podrían levantarlo si las autoridades del Gobierno deciden modificar los decretos referidos a la minería, se amplía el plazo para la formalización y se suspende el bombardeo.

Lo que sí no pudo asegurar es que en el paro de hoy no vayan a participar el sector de mineros ilegales que depredan en las zonas de amortiguamiento donde no hay concesiones.

Respecto a ellos, solo indicó que es competencia del Gobierno central y regional, ya que la federación minera no puede resolver su situación.

Pero quienes no se plegarán a esta medida de protesta son los mineros agremiados a la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe). Su presidente, Celso Cajachagua Güere, indicó que ellos continuarán participando en la mesa de diálogo con el Gobierno, puesto que ya han logrado varios avances.

ALERTA EN LAS REGIONES CON MINERÍA ILEGAL

En tanto, en Puno,mineros informales del sector conocido como La Rinconada se movilizaron masivamente -desde el viernes- hacia Juliaca para participar hoy en el paro nacional minero. En esa parte del país, como en otras, la Policía Nacional moviliza efectivos para custodiar el orden público y evitar desmanes como el producido en agosto en Ica.

En medio de esto, el Alto Comisionado en Asuntos de Minería, Daniel Urresti, informó que continuarán en octubre con la capacitación de mineros informales como parte del proceso de formalización.

CLAVES

La medida de fuerza de los mineros, que tiene carácter nacional, será acatada por las bases de 14 regiones del país, entre ellas Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Puno, Piura, Cajamarca, Apurímac, Ica, Áncash, Huancavelica, Huánuco, Lima y Cerro de Pasco. En Madre de Dios, unos veinte mil mineros realizarán una movilización pacífica por toda la ciudad y en horas de la tarde se congregarán en la Plaza de Armas, donde habrá un mitin".

¿Giro gubernamental minero?

En Perú se registra un hecho evidente en la gestión del Estado. que contrasta la evolución del discurso antiminero del candidato presidencial Humala en el 2011 con el proceso para alcanzar una madurez que trasciende a los dos años en frente a la administración Humala. 

En este lapso, se presentaron ruidos mayormente legislativos y de cumplimiento del ordenamiento legal ambiental vigente, como fue el caso en el año 2011 de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo; y entre otras, los actuales proyectos de ley sobre derecho humano al agua y el ordenamiento territorial respectivamente.
Las precitadas leyes o iniciativas legislativas resultan extremadamente sensibles para el desarrollo de la política e inversión minera en el país.  
También se presenta en este escenario, las controversias existentes entre el tratamiento de las diferentes minerías que se desarrollan en territorio peruano, una minería formal, la minería informal y minería ilegal.
La vorágine del crecimiento en relación a la explotación minera de oro, a escala de la denominada "minería artesanal" da cuenta del incremento _ entre Nov. 2010 y Jun. 2013_ del orden de 20% de concesiones mineras ( creció de 9,900 a 12,300) , lo que determinó el aumento de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, las áreas concesionadas para este tipo de minería.
En esta evolución plasmada en relación al tratamiento formal de la nueva relación de la administración del actual gestión del estado peruano con la gran minería al año 2013, se traduce en el discurso presidencial en la clausura de la 31 Convención minera Perumin en Arequipa:
"La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales del crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad de esta perspectiva de desarrollo e industrialización".

En este contexto, el diario El comercio opina de la siguiente manera sobre el tema en cuestión.

"La última vez que se realizó la convención minera Perumin,hace dos años por parte del Gobierno no asistió ni el ministro de Energía y Minas.

Esta semana, sin embargo, han acudido a la más reciente versión de Perumin ocho ministros y el propio presidente de la República.

La percepción del Gobierno sobre la importancia de la minería en el desarrollo del país parece, pues, haber cambiado radicalmente en estos dos años.

¿Qué es lo que ha pasado para explicar este cambio?

En resumidas cuentas, que la realidad demostró que el constante crecimiento que el Perú venía experimentando en el desarrollo de sus proyectos y producción mineros no constituía un derecho divino a prueba de balas (muchas veces literales) sino que, de hecho, podía frenarse y, peor aun, también comenzar a revertirse.

Así, los proyectos arbitrariamente detenidos a causa de protestas sociales, que en los más de los casos han estado basadas en demostradas mentiras, comenzaron a sumar decenas de miles de millones de dólares, al tiempo que nos hacían recordar la dura realidad de que el Perú no es la única opción que tienen en el mundo los inversores mineros.

Un sector empresarial que solo se puso más cuidadoso con sus decisiones de inversión desde que las cotizaciones internacionales de los metales comenzaron a descender.

Conga, La Granja, Michiquillay, Galeno, Pucamarca, Tía María, Río Blanco, Toquepala y Cañariaco, junto con otros proyectos que tuvieron que paralizarse pese a cumplir con todo lo que les exigía la normativa del sector –que desde hace muchos años ya es cualquier cosa menos laxa– representan hoy alrededor de US$22 mil millones de inversión frustrada y cerca del 40% de la cartera de proyectos mineros que tiene el país.

Esta cartera, por su parte, es a la fecha solo la mitad de la que tiene otra muy cercana opción –aunque bastante más predecible– en la presente década para la inversión minera internacional: Chile.

Comoquiera que, pese a la creciente diversificación que la economía nacional ha estado experimentando, la minería aún representa un tercio de lo que recauda cada año nuestro Estado como concepto de Impuesto a la Renta, este frenazo ha de haber hecho sentir al Gobierno que se le reducía el viento bajo las alas. Sobre todo habida cuenta de que esta parte de la recaudación representa un porcentaje igual de las posibilidades que cada año tiene el Estado para gastar en “incluir” a los que menos tienen en los beneficios de una buena salud, educación o seguridad, por solo citar tres ejemplos claves.

Así es cómo han llegado los 8 ministros y el presidente a Perumin: porque, con buen sentido, el gobierno ha visto la evidente conexión entre el cuero y las correas que parece pasar totalmente desapercibida en esos líderes radicales que no parecen encontrar contradicción entre marchar por acabar con la minería en sus regiones y marchar para exigir que se incremente el canon (proveniente de la minería) de las mismas.

Por otro lado, también pueden haber formado parte de esta toma de conciencia gubernamental los enormes efectos que la inversión minera tiene de forma directa (y ya no solo a partir de lo que da el Estado) en la generación de oportunidades para la población.

Recordemos, por ejemplo, que la minería compra actualmente ni más ni menos que el 14% de lo que produce la industria nacional, lo que ayuda explicar que la inversión minera genere, según un estudio del IPE, 9 puestos de trabajo indirectos por cada puesto que crea en su propio sector.

Por lo demás, vale la pena precisar también que estos efectos colaterales de la inversión minera tienen la potencialidad de alcanzar, como los de ningún otro sector, a esos bolsones de pobreza que, según la tercera medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que publicásemos esta semana, todavía persisten en las regiones más alejadas del país y, particularmente, en las altoandinas.

Es decir, precisamente ahí en donde opera la minería y en donde suele haber, por la lejanía de los mercados y la dificultad del clima y la geografía, poco espacio para otros sectores productivos.

No es en vano que un estudio de Macroconsult haya demostrado que los distritos mineros tienen ingresos superiores en casi 36% respecto de los otros.

Aunque lo haya hecho un tanto tarde, hay pues que felicitar al gobierno por haberse decidido a no dejar pasar la oportunidad de la minería. Y más aun porque, al lado de los gestos como el de su presencia en Perumin, haya puesto manos a la obra con iniciativas como las 40 “mesas de desarrollo” en las que las empresas mineras, el Estado y las comunidades vienen coordinando a lo largo del país, en prometedor silencio, proyectos de desarrollo local a partir de los proyectos mineros.

Igual que Canadá, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y tantos otros países, el Perú ha recibido en sus recursos naturales una oportunidad dorada que tiene que ser utilizada, como sucedió en todos esos países, como palanca de una generación de riqueza que nutra a otros sectores y ayude a financiar el camino de su población hacia el desarrollo y el primer mundo".

¿30.9.13_Dead Line de minería ilegal ?

En Perú se alista para este 30 de Septiembre del 2013 una asonada promovida por la minería ilegal, con el conocido escudo de los mineros informales.

Como respuesta, la agencia peruana de noticias Andina recoge las precisiones del actual Presidente de la República en los siguientes términos:

El presidente Ollanta Humala ratificó hoy la decisión de su gobierno de erradicar la minería ilegal del país, por ser una actividad que destruye el medio ambiente y que afecta el desarrollo.

"(La minería ilegal) huele a crimen organizado, a tráfico de personas, que termina con miles de hectáreas de bosques y contamina las fuentes de agua, que se burla de todos y de los sueños de progreso, y no la debemos tolerar", enfatizó durante la ceremonia de clausura de la 31a Convención Minera Perumin.

Recordó que por primera vez en la historia del país se ha establecido la distinción entre minería informal e ilegal, la primera de las cuales, dijo, debe regularizarse de forma progresiva, y con la segunda solo queda la erradicación.

Como parte de las acciones del Gobierno contra la minería ilegal, se dispuso llevar a cabo interdicciones para la eliminación de maquinarias como dragas y retroexcavadoras en sitios como Madre de Dios.

El Ejecutivo ha determinado que la interdicción no se detendrá, pese a los reclamos de los ilegales que planean un paro a fin de mes.

Paralelamente a dicha acción, se trabaja en la formalización de los informales, es decir de aquellos que laboran en zonas permitidas pero que todavía no han regularizado su situación.

A la fecha son más de 70,000 los mineros informales que han expresado su interés por formalizarse, y de ellos más de 30,000 han iniciado ya este proceso, que culminará en abril del 2014.

Prueba de la ferocidad de la minería ilegal la dio a conocer esta semana el Ministerio del Ambiente, a través de un video de un sobrevuelo por miles de hectáreas de bosques devastados por la contaminación en Madre de Dios.

IR & Regalías mineras_2008-2012

Cuarenta y dos mil doscientos un millones de nuevos soles representa el aporte de las empresas mineras en los últimos cinco años al país en términos de Impuesto a la Renta y regalías mineras, información que recoge El comercio del evento Perumin que se viene desarrollando del 16 al 20 de septiembre en la ciudad de Arequipa.

"Las empresas mineras que trabajan en el Perú pagaron S/.7.600 millones al Estado por concepto de Impuesto a la Renta (IR) durante el 2012, informó hoy la Sociedad Nacional de Minería,Petróleo y Energía. (SNMPE).

La presidenta de la SNMPE, Eva Arias, comentó que el pago de ese tributo equivale a cubrir el costo del pliego presupuestal para el año 2013 de los diversos ministerios del Estado.

CIFRAS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO

Durante su participación en la 31 Convención Minera (Arequipa), detalló que las mineras pagaron S/.39.150 millones al Estado por concepto de IR en el quinquenio 2008 – 2012.

Para Arias resulta necesario que estos tributos sean invertidos de manera eficiente por las autoridades de los gobiernos central, regional y local, en programas y obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo y social de las regiones y comunidades. Asimismo, informó que las empresas mineras pagaron S/.3.051 millones por concepto de regalías mineras en el período 2008 – 2012.

“Sólo en el último año, el 2012, la cifra por regalías ascendió a S/.584 millones”, remarcó.

BUEN MANEJO DE FONDOS

La minería responde por el 11,3% del Producto Bruto Internacional (PBI) nacional, el 57% de las exportaciones totales del país y alrededor del 31.2% del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado peruano, acotó".

Inversiones en Minería _2008-2012

En los últimos cinco años (2008-2012), la minería ha permitido el ingreso al país de inversiones aproximadas de US$24 mil millones, reveló Eva Arias Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), durante su participación en la edición 31 de la Convención Minera de Perú‎ (Perumin), que se celebra del 16 al 20 de septiembre en Arequipa,donde se acoge a 75.000 empresarios nacionales y extranjeros de mas de 40 países del planeta.

Las inversiones captadas han permitido que el Perú se posicione como un importante productor de minerales en el mundo.

A pesar que el sector minero peruano viene siendo afectado por la caída de los precios internacionales de los minerales,el ritmo de las inversiones hacia este sector productivo se mantiene”, afirmó la funcionaria tras señalar que durante el primer semestre de este año las inversiones captadas (US$4,341 millones) han aumentado en un 19,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La presidenta de la SNMPE informó además que en el 2012 la inversión minera en el país superó los US$8,568 millones, lo que representó un crecimiento de 18.3% con relación a los US$7,242 millones registrados en el 2011.

EN QUÉ SE INVIERTE

Las inversiones se han empleado en los campos de exploración(US$ 2,937 millones),explotación (US$ 3,582 millones), nuevo equipamiento (US$ 2,571 millones) y nueva infraestructura (US$ 4,729 millones), explicó Eva Arias.

La ejecutiva añadió que esta tendencia continuará creciendo en la medida en que se garantice la estabilidad jurídica, se respete el Estado de Derecho y se fortalezca la gobernabilidad y la paz social.

Minería ilegal y el crimen organizado

En Minería ilegal y economía sumergida , desarrollamos algunas consideraciones sobre el tema y decíamos que "Perú excluye a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado; lo que en buena cuenta significa darle oxígeno a su aliado estratégico : El Narcotráfico".
En lo que podría considerarse una pugna entre poderes del Estado, el Ejecutivo trataría de reconvenir al legislativo, sobre su decisión última de excluir a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado.
El procedimiento legislativo se moverá sobre antecedentes que ensombrecen el panorama: denuncias que mineros ilegales pagarían a congresista, que los dineros provenientes de la minería ilegal habrían contribuido en la campaña congresal de algún padre de la patria y que las incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero proveniente de la minería ilegal.    
En este contexto, reproducimos la nota propalada por la Agencia Peruana de Noticias Andina  que por sí sola se explica:

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, señaló que el Poder Ejecutivo enviará, al Congreso de la República, un proyecto de Ley para que la minería ilegal continúe siendo considerada una actividad relacionada al lavado de activos.
Ello luego de que el Poder Legislativo excluyera a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado.
Tanto Shino, como el asesor de la Alta dirección del Ministerio del Ambiente, Ernesto Raez, consideraron que la decisión del Congreso es un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. "Esperamos que en esa segunda oportunidad el Congreso apoye el combate a la minería ilegal", dijo Shino en el programa Pulso Empresarial de Radio Nacional.
Agregó que su despacho continúa la depuración del Registro Nacional de Declaración de Compromisos de los mineros informales en proceso de formalización, a fin de constatar que quienes hayan solicitado su inclusión cumplan con los requisitos.
Hasta el momento se han detectado 14 casos a los que no les corresponde pertenecer al registro en mención, anotó.
En tanto el representante del MINAM señaló que resulta preocupante la decisión del Congreso (excluir la minería ilegal de ley del crimen organizado) porque frente a este problema, todos los órganos del Estado deben ir en la misma línea.
De otro lado, el viceministro de Minas manifestó que el gobierno continúa con sus esfuerzos por atraer la inversión privada y que en breve emitirán una norma que disminuye los plazos para las obras de construcción de la minería.
Hacemos votos para que el Ejecutivo remita a la brevedad posible el proyecto de ley y en su oportunidad, el Congreso de la República reconsidere la decisión tomada e incluya a la minería ilegal en los alcances de la ley contra el crimen organizado.

Minería ilegal & economía sumergida

La amenaza de la amazonía por actividades económicas ilegales como la tala tradicional de bosques maderables realizadas por madereros que además de no pagar impuesto alguno por deforestar y desertificar los bosques amazónicos, se  constituyen en la puerta de entrada de otras actividades industriales billonarias de una economía sumergida que involucra al narcotráfico, lavado de activos y corrupción que financian a una forma de hacer minería en Perú : la minería ilegal.

Minería ilegal y Narcotráfico

En el documental gravado en el año 2007 sobre la cuenca amazónica presentada por Bruce Parry se describe parte de los detalles que explican de algún modo cómo es que gentes se enriquecen con la alianza estratégica entre el oro y el "oro blanco". La relación entre la minería ilegal y el narcotráfico está documentada en la región de las Américas y particularmente en Perú. 

Países como Brasil, Bolivia, Colombia, entre otros, vienen tratando de encontrar una solución al problema en diversos escenarios.
Un ejemplo, es la alerta que la minería ilegal y narcotráfico amenazan la Amazonía expuesta el pasado mes de Agosto del 2013 ante delegados de once (11) países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante el seminario del Centro Gestor y Operacional del Sistema de Protección de la Amazonía (Censipam).
De otro lado, en Colombia _su ex presidente_Alvaro Uribe al considerar que la minería ilegal está con el narcotráfico , sustentaba que hay que vincular a la minería informal con la minería formal, y enfrentara la ilegal, penetrada por el narcotráfico.
Asimismo, se indica que en Colombia se está exportando más oro del que se puede producir, y con papeles falsos se justifica la entrada de capitales ilícitos disfrazados de una importación de oro. 
Justamente en Perú, el oro producido ilegalmente ingresa al circuito económico formalizándose también en el exterior del país.
La estrategia anti narcóticos implementada con el "Plan Colombia", con la aplicación del orden de US$ 4,500 millones entre los años 2000 y 2005 y las acciones sostenidas de combate contra el narcotráfico en México, generaron un efecto "desplazamiento o traslado" en parte de las operaciones de los "cárteles" y "barones de la droga" a Perú, fortaleciendo el accionar de "familias" que ya desarrollaban actividades en este importante país productor de hoja de coca.
Toda vez que el año 2011, el precio del Oro llegó alcanzar precios históricamente altos, la rentabilidad de operar una alianza estratégica Oro y "Oro Blanco" se consolidó.
En este contexto de rentabilidad, Perú se convierte también en el primer productor de hoja de coca del planeta e importante productor de dólares falsos en el mundo, otro negocio colateral ilícito.

Capital de trabajo

Se estima que en Perú se lava dinero del narcotráfico por un monto de US$ 500 millones de dólares por año destinado a la minería ilegal.  
En contraparte, la minería ilegal abastece de insumos químicos al narcotráfico, lo cual hace sostenible la cadena productiva que va desde la producción de hoja de coca y su transformación en pasta básica y finalmente clorhidrato de cocaína.  
Se estima que Perú produce 320 toneladas de cocaína , en tanto que en el año 2012 se ha incautado alrededor de 14 toneladas de cocaína. (5% del total producido).

Este indicador es elocuente, en la medida que anteriormente se producía en Perú pasta básica de cocaína como insumo para elaborar clorhidrato de cocaína y en la actualidad,con el efecto antes citado, se llega a elaborar mayores cantidades del producto refinado : clorhidrato de cocaína.

Las utilidades de la alianza son claras, sólo considerando la ampliación del mercado a la comercialización del clorhidrato de cocaína, se estaría hablando adicionalmente de US$ 1,500 millones de dólares por año dentro del territorio peruano.
Esta cifra se incrementa en 10 veces cuando el producto se coloca en USA y en 50 veces, puesta en mercados de Europa o Asia. 

El otro componente del flujo financiero, forma parte del lavado de activos ejercidas por el resto de actividades ilícitas que se alimentan de parte de los S/. 65, 414 millones (55% de la inversión estatal) que son ejecutadas por gobiernos regionales y locales que pudieran ser infiltrados.

Si integramos las cifras de las ganancias obtenidas por el lavado de activos por otras actividades ilícitas, a las utilidades adicionales que da la producción de clorhidrato de cocaína y la producción de Pasta básica de cocaína_que en el año 2012 fueron incautadas 22 toneladas_ podremos tener una idea de  la rentabilidad de las utilidades y la magnitud de la economía sumergida creada.

Defensa del Estado

Queda claro que las "familias" manejan estrategias para desarrollar acciones y mantenerse sostenibles en diversas latitudes y particularmente en la región de las Américas y el Perú.
No es nuevo indicar que el crimen organizado tiende sus tentáculos para penetrar e inficionar_ haciendo metástasis_ en instituciones  tutelares y auxiliares del Estado, llegando a infiltrarse con el poder que da el dinero para obtener favores políticos que facilite su accionar.
Esta correlación de fuerzas se establecen sustentados en el soporte que le dan ciertos medios masivos de comunicación y una incipiente integración regional para hacer frente a una alianza ilícita que no tiene fronteras.
Cabe mencionar también la existencia de un periodismo serio y consecuente con el desarrollo del país, el cual es sujeto a presiones y amenazas; como es en el caso del periodista Alberto Rivera Fernández quien fuera atentado por sicarios y asesinado en represalias por sus denuncias periodísticas sobre actividades del narcotráfico en la región nororiental del Perú.
Los métodos aplicados para la infiltración son conocidos y fueron aplicados en el pasado por cabezas de organizaciones criminales, los tristemente recordados Alphonse Gabriel Capone (USA) , Pablo Escobar Gaviria (Colombia), Amado Carrillo Fuentes (México), entre otros personajes transfrontera.
En Perú, tras cada "familia" ligada a esta alianza, hay una historia que citar.
Para medir el grado de infiltración, podemos citar los secretos del narcoavión que da cuenta del hallazgo (11 de Mayo de 1996) de 170 kilos de clorhidrato de cocaína en un avión de la Fuerza Aérea Peruana  que viajaba a Rusia , contando entre sus pilotos al edecán de un ex Presidente de la República peruana que actualmente purga condena en prisión.
En marzo del 2013, se encuentra 100 kilos de clorhidrato de cocaína en una empresa ligada a un actual congresista de la República, hijo del ex presidente preso y hermano de una candidata presidencial en los últimos  comicios electorales generales del año 2011. 
Los hechos precitados son sólo un ejemplo de las múltiples incautaciones por tráfico ilícito de de drogas realizadas en Perú y que dan cuenta en la actualidad de la alianza materia del presente análisis, el cual se traslada a los indicios razonables y elementos suficientes que podrían dar pie a una investigación profunda de los llamados "narcoalcaldes", "narcocongresistas" y "narcopresidentes regionales" que en parte hace mención la revista caretas en su edición del 29 de Agosto del 2013.
Para dejar anotado los indicios de impunidad, podemos mencionar el caso de los "narcoindultos" que habría sido implementado entre julio del 2009 y marzo del 2010 para darle un trato de "gracias presidenciales" y conmutar penas aquellos condenados por narcotráfico en el Perú.
En este contexto, la alianza precitada se consolida y toma fuerza con el poder político.
La estrategia del lado oscuro pasa por hacer ver a la minería ilegal (o minería criminal) como parte de la minería informal (que si es materia de atención y responsabilidad del Estado atenderlos en su proceso de formalización).
De este modo en Perú excluyen a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado; lo que en buena cuenta significa darle oxígeno a su aliado estratégico : El narcotráfico.

Ante ello, resulta justo y necesario que las fuerzas vivas del país se integren en defensa del estado democrático y hagan frente a este flagelo con la fuerza que da la ley y la justicia.

La Historia se repite

En Historia de la minería ilegal en Perú , dejamos establecido que las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.

Por ello en el proceso de su consolidación, la minería ilegal busca la connivencia con el lado oscuro del poder político.
En el año 2000, la sociedad peruana, escribió un episodio trascendental en defensa de sus derechos ciudadanos con una movilización popular realizada los días 26 ,27 y 28 de julio del citado año, encabezada por Alejandro Toledo Manrique,líder del partido político peruano Perú Posible y secundado por diversos movimientos sociales, partidos en su mayoría de izquierda pero también de centro y de la derecha democrática.
El motivo de esta marcha fue la acusación de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú.
Hoy , 11 de Setiembre del 2013, a doce años del atentado terrorista de las Torres Gemelas del World Trade Center, en un hecho signado por el horror y caos , recordamos que hace 17 años en Perú (1996) Alberto Fujimori inició maniobras ilegales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia de la República apesar de la constitución recientemente promulgada; quien lo prohibía textualmente.
Tras el triunfo forzado que obtuvo el gobierno en elecciones con un solo candidato, Toledo propuso una marcha nacional ( "Marcha de los cuatro suyos") desde diversas partes del país hacia Lima para el 26 de julio, dos días antes de la eventual proclamación de Fujimori.
La marcha se prolongó durante toda la noche del 28 de julio del 2000 hasta la medianoche del 29; el evento dejó cientos de detenidos por los disturbios.
Fujimori usó los hechos para acusar a Toledo y apartarlo de los sectores moderados de la sociedad que lo apoyaban.
La prensa y los medios electrónicos solo emitían noticias que pasaban por el filtro del oficialismo de ese entonces, a pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la corrupción, donde muchos peruanos anónimos arriesgaron la vida, hombres que no pertenecían a ningún partido o movimiento político dieron la cara y pusieron el pecho por la democracia en el Perú.
Con la recuperación de la democracia y el estado de derecho, el Perú generó la confianza de la inversión privada extranjera y empezó su despegue económico, crecimiento y desarrollo que en la actualidad se le reconoce con el nombre de "milagro económico peruano en el mundo".
Pasados trece (13) años , fuerzas oscuras ligadas a la alianza perversa , pretenden retrotraer al estado de situación que mantuvo al país sumido en el caos y anarquía, caldo de cultivo en que se reproducen las actividades ilegales en un determinado territorio.
Se trata de arrinconar al Estado peruano, haciéndolo parecer ante los ojos del mundo que en el país absolutamente todos los políticos son corruptos y que la nación jurídicamente organizada, convalida la corrupción o convive con ella.
Este escenario novelesco, propio de mentes insanas, que pretende implantar la ley de la selva impulsando, fomentando, promoviendo y financiando tomas de carreteras y violencia generalizada, simplemente no pasara, ya que en el Perú de hoy, existe una sociedad peruana pujante que sabrá defender el Estado de derecho y estabilidad económica en un País que construye su futuro con  esfuerzo y que será legado a sus futuras generaciones.

Impactos colaterales

La sociedad peruana no ve con buenos ojos el accionar de algunos de sus legisladores (85.5% de peruanos desaprueban su labor), ven con desaliento su poco compromiso con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea, pues a pesar que el Perú tiene las tasas más altas de minería ilegal en la región y miles de hectáreas de bosques son literalmente arrasados por los efectos devastadores de la extracción ilegal de oro, los padres de la patria se resisten a ver la realidad que son mostradas por medios de comunicación no monopólicas que se mantienen aún firmes al poder del dinero que compra conciencias.

Muchos consideran que se aplica en el parlamento nacional el dicho popular : "en el juego de la corrupción, quien sabiendo que hay corrupción, no hace nada por acabarla, es porque es parte del juego."

La tendencia hacia la contracción a nivel de la recaudación de los tributos internos vinculados a la minería formal es otro efecto que no se puede soslayar en esta tarea pendiente.

Ciertamente, la recaudación minera cayó 39.7 % en ocho meses ( Entre Enero y Agosto) del año 2013 en términos reales en comparación con el mismo periodo del 2012.

A mayor abundamiento de los impactos percibidos, el actual Presidente de la República Ollanta Humala, en su mensaje a la Nación del 28 de Julio del 2013 precisó que "El narcotráfico y la minería ilegal producen el 60% de la inseguridad en el país, en la medida que, a su sombra, surgen delitos conexos como el terrorismo,tráfico de insumos,lavado de dinero,sicariato,entre otros".
Hacemos votos para que se consolide una política de Estado en Perú que integrada a la región de las Américas, luche frontalmente contra la alianza estratégica "Oro y oro blanco" y permita regular la economía sumergida que subyace al crecimiento económico sostenido que viene caracterizándose en el país.