Proyecto Conga según Reuters

Líderes de una región en el norte de Perú dijeron el miércoles (02 de Noviembre del 2011) que fracasó el esfuerzo del Gobierno para limar posiciones entre la estadounidense Newmont y pobladores que quieren la suspensión del desarrollo de un proyecto minero de 4.800 millones de dólares.

El proyecto de oro y cobre Minas Conga, desarrollado por Newmont y la peruana Buenaventura, representa la mayor inversión minera en el país andino y su viabilidad o no podría marcar la pauta en la relación del presidente izquierdista Ollanta Humala con los capitales privados.

Tres ministros de Estado llegaron a la región minera de Cajamarca y se reunieron con representantes de la compañía, dirigentes y autoridades de la zona que temen que la operación de Minas Conga reduzca la afluencia de agua local.

El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, dijo a Reuters que en la cita no se llegó a un acuerdo entre las partes y los pobladores mantienen su posición para que se suspendan las actividades de Minas Congas, que produciría entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales desde el 2014.

Perú, cuya minería es clave para la economía local, es el segundo productor mundial de cobre y el sexto de oro.

"No ha habido mayor conclusión, nuestro pedido es que se suspenda el proyecto Minas Conga, es el pedido de las municipalidades, del Gobierno regional", afirmó.

Santos dijo que los representantes de las zonas cercanas al proyecto se reunirán el jueves para evaluar las recientes conversaciones con el Gobierno y la empresa.

El funcionario refirió que planean realizar un paro regional el 9 de noviembre para hacer respetar la posición de las comunidades.

Miembros del equipo negociador del Gobierno, que sobrevolaron en un helicóptero la zona donde se encuentra el proyecto Minas Conga, no hablaron sobre un fracaso de las conversaciones en la jornada. Representantes de Newmont no estuvieron disponibles para realizar comentarios del tema.

NO QUIEREN VIOLENCIA

Los dirigentes han dado hasta el jueves para que se retire el campamento minero y la minera Newmont teme una invasión a su propiedad donde tiene maquinarias y personal laborando.

Wilfredo Saavedra, líder de un frente de defensa ambiental de Cajamarca, afirmó a Reuters que para el jueves esperan movilizar unas 5.000 personas hacia una localidad cerca a Minas Conga, para escuchar a sus dirigentes y evaluar el tema.

"El país ya vivió las épocas de violencia y hemos aprendido que no es la forma de resolver las diferencias. Todas las opiniones las escucho y son respetables, por eso hemos venido aquí a visitar diversas zonas de la región", dijo a periodistas en Cajamarca el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.

En muchas zonas mineras de Perú, los pobladores suelen protestar en demanda de mayores beneficios por parte de las empresas, que actualmente gozan de altos precios de los metales, y en medio de temores medioambientales, con manifestaciones que en ocasiones derivan en violencia.

"La posición del Gobierno es que al Gobierno le interesa la inversión, pero no a cualquier precio", dijo Herrera.

El rechazo a Minas Conga surgió apenas días después de que pobladores en Cajamarca bloquearan el acceso a la mina de oro Yanacocha de Newmont y Buenaventura, para presionar a la firma de un "acuerdo social" por unos 73 millones de dólares.

Esa protesta, que también derivó en violencia con la quema de maquinaria, llevó al cese temporal del yacimiento de oro.

"Hay interés en la inversión minera, el Perú es un país minero, pero queremos una minería responsable que cumpla con las obligaciones sociales y ambientales", dijo Herrera.

PROYECTOS BAJO LUPA

El Gobierno de Humala busca aplacar los conflictos sociales relacionados con unos 200 proyectos mineros y de petróleo en el país, donde un tercio de la población vive en la pobreza a pesar del auge económico de los últimos años.

Minas Conga forma parte de los proyectos por unos 45.000 millones de dólares que importantes mineras avanzan en el país rico en recursos naturales y que son amenazados por el persistente malestar social.

Además del proyecto Minas Conga, pobladores de Cajamarca rechazan otros proyectos ubicados en cabeceras de cuencas.

Entre los proyectos mineros que rechazan los comuneros figuran los proyectos auríferos La Zanja, de Buenaventura, y Tantahuatay, también de Buenaventura y la cuprífera Southern Copper, los que ya están en operación.

En el 2003, campesinos de una zona en la región norteña de Piura atacaron y expulsaron a la canadiense Manhattan Minerals, que abandonó su proyecto de cobre y oro Tambogrande cuya inversión ascendía en ese entonces a 315 millones de dólares.

Los pobladores en Piura, quienes protestaron por meses, temían que la mina contaminara sus cultivos de limones y mangos, en uno de los principales valles frutícolas del país.

Cabe acotar - para el caso de Piura - la minería informal ingreso a operar apenas la minería formal abandonara su proyecto con los resultados lamentables ya conocidos en el país.

Registro de multas en Minería

Sustentabamos en este espacio que las multas que tengan que ver con las inspecciones donde se aplican eventuales cuestionamientos por transgresiones a los Límites Máximo Permisibles son, a la luz de los hechos, pasibles de ser sujetos a revisión, toda vez que los organismos responsables de sustentar los cargos aún continúan con las falencias detectadas en su oportunidad a OSINERGMIN y que OEFA no ha estado en la capacidad de resolver por deficiencias diversas en la administración del estado peruano.

En razón a que la mayoría de las multas se han aplicado por infracciones detectadas por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2006 y que fueron transferidas (Ley N° 28964) al OSINERGMIN en Febrero del 2007.

En Junio del 2010, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, se transfiere las competencias de fiscalización y supervisión de medio Ambiente del sector minero al OEFA.

En Junio del 2011, OEFA informaba que a esa fecha tenía 25 procedimientos administrativos sancionadores abiertos a seis 6 empresas mineras, por incumplimiento a las normas ambientales especialmente por el vertimiento de aguas residuales al río Rímac.
Posteriormente, los medios daban cuenta que las multas alcanzaban un monto aproximado  de 8.2 millones de nuevos soles, y  fueron impuestas por el OEFA tras realizar un análisis de los 1540 expedientes entregados por el OSINERGMIN en octubre del 2010.

Ante esta sucesión de acontecimientos,en Agosto del 2011 y mediante Ley N° 29783 se transfiere las competencias de fiscalización y supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional al Ministerio de trabajo.

Es así que a la fecha , Octubre del 2011, el tema de la supervisión minera en el Perú, se encuentra en un proceso de afianzamiento.

Cabe anotar que el escenario donde nos situamos es la referenciada a la supervisión y fiscalización de la mediana y gran minería formales en el Perú.

El proceso histórico de las multas por infracciones dan cuenta que se han emitido 599 resoluciones en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011.

Número de Resoluciones de Multas emitidas y canceladas a nivel nacional en minería.

Monto aplicado en Multas emitidas y canceladas a nivel nacional en minería.

Asimismo, el registro histórico en ese mismo periodo 2007-20011, establece que 45% de multas emitidas fueron canceladas y  30% de la suma total de multas fueron pagadas, dando claras manifestaciones que el sistema empleado en la aplicación de las transgresiones a la normatividad minera y que devienen en multa, son pasibles de revisión incorporando criterios como el establecido como daño ambiental,largamente analizado y discutido por el nivel académico y colectividades políticas en Perú. 

Tributos & minería informal e ilegal

La agencia peruana de noticias ANDINA difundió este 27 de Octubre del 2011, una información bastante sensible que hemos estado tratando con antelación, respecto al impacto tributario generado por el crecimiento desordenado de una minería ilegal , así como una minería informal en el país.
La publicación indica que la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.

El presidente del Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.

Luego de inaugurar el II Foro Internacional: Problemática de la Extracción Ilegal de Minerales, organizado por la SNMPE, mencionó que la minería ilegal también se concentra en la explotación de cobre y plata.

Agregó que la SNMPE respalda las medidas y acciones que está realizando el gobierno para hacer frente a la minería ilegal, ya que se está extendiendo peligrosamente por todo el territorio nacional, ocasionando graves problemas ambientales, sociales y económicos.

“El Estado peruano no se está enfrentando a una minería de subsistencia sino a organizaciones ilícitas que financian las actividades de una minería ilegal que a su paso sólo deja destrucción pues viene arrasando bosques y contaminando ríos”, subrayó.

Precisó que en la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

“El Estado tiene el desafío de controlar esta ilícita actividad no solo porque quebranta la ley sino con el fin de proteger la biodiversidad, el ambiente y la salud de los peruanos”, aseveró.

También estimó que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.

“La minería ilegal alienta la esclavitud de miles de personas que han sido captadas por su organización, para la cual no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica”, recordó.

Dijo que hace algunos años se evitó la instalación de una empresa minera formal en la zona de Tambogrande (Piura) y ahora se ha convertido en un peligroso foco de minería ilegal donde operan más de 15,000 mineros informales; mientras que en Madre de Dios esta ilícita actividad ha arrasado más de 18,000 hectáreas de bosques.

Perú : País minero

La tesis que cuestionaba la tradición minera en territorio peruano, está siendo dejada de lado progresivamente y pasamos a observar como es que ahora se originan propuestas para participar del crecimiento y desarrollo del sector minero en un país que es identificado claramente como País minero.

A efectos de dar una mejor aproximación del estado de situación en la minería peruana, nos apoyaremos en el audiovisual referenciando a la empresa Minera Volcan , donde se  describen las rutas para llegar a sus operaciones.

Se podrá apreciar el desarrollo histórico de esta empresa Volcan y subsidiarias, que se constituye como una empresa lider en el mercado nacional como primeros en la producción de Zinc,Plomo y Plata. 

La evolución y resultado de mas de cuatrocientos años de mineria artesanal y un siglo de explotación minera industrial, queda como registro histórico y paisajístico.

El informe  además de describir los métodos y características  de las operaciones y nuevos proyectos en diferentes unidades mineras , da cuenta de cómo es que se presenta esta empresa minera con sus sesenta y cinco (65) años de experiencia al servicio del país.

Tal como se expone en el precitado vídeo, estas formas empresariales - como otras que vienen operando en Perú - se constituyen en excelentes oportunidades de negocios contemplando estándares internacionales de productividad,seguridad,medio ambiente y responsabilidad social que contribuyen al crecimiento y desarrollo del sector minero peruano. 

Oro en el marañón

Con el competitivo precio del Oro, su posesión para el ámbito informal en Perú se torna cada vez más conflictiva por consideraciones sociales y medioambientales.

Los pasivos ambientales que genera su explotación carente de regulación en  vastos lugares del territorio nacional como son -entre otros- los casos de Piura, Lima, Ayacucho, Arequipa,Puno y Madre de Dios.

Para el último de los citados, Madre de Dios  , ya nos hemos ocupado con una buena aproximación de lo que viene sucediendo en relación con labores informales para extraer y obtener Oro.

En esta oportunidad haremos referencia a la forma como se desarrollan labores mineras en la cuenca del río marañón y en particular a la extracción del oro aluvial.

Cuenca del río Marañón en las alturas de Huánuco, donde se registran labores mineras.

A diferencia de las sofisticadas y costosas dragas presentadas en el caso de Madre de Dios, en el río marañón se efectúan labores utilizando dragas rudimentarias y en forma muy precaria.

En la siguiente presentación, se difunde las condiciones y forma como operan buzos en las heladas aguas del rio marañón.

El tema de seguridad ocupacional brilla por su ausencia, se trabaja sin cámaras hiperbáricas para la descompresión de buzos que ejecutan prolongadas jornadas laborales.   

Las alturas de la región Huánuco, son mencionadas como un espacio para desarrollar este tipo de labores mineras -a modo de turismo de aventura- para algunos meses del año, sin embargo, debemos tomar en consideración el impacto que podría generar en el entorno ambiental estas actividades masificadas y sin control alguno. 

Yanacocha & el problema del agua

En este espacio venimos advirtiendo la necesidad de contar con la aplicación de un programa de desarrollo sostenible por cuencas hidrográficas que articule la protección del medio ambiente a las demandas sociales y los intereses de los inversionistas.

Continuar desarrollando esfuerzos aislados trae como consecuencia los conflictos que se vienen presentando en el país, tomando como principal argumento el impacto de las actividades mineras en las cabeceras de las cuencas y la solicitación de puestos laborales.

Yanacocha y el problema del agua en Cajamarca constituye un claro ejemplo de lo que puede estar sucediéndose en forma de metástasis en las cuencas con tradición minera y más aún en las cuencas que recien ingresan a ser consideradas por los nuevos proyectos que se encuentran en cartera por ejecutarse en territorio nacional.

Yanacocha otorga 3,278 empleos directos y beneficia a más de 7 mil familias cajamarquinas a través de los servis.

Tiene previsto continuar realizando labores mineras en la cabecera de cuenca de la ciudad de Cajamarca hasta el año 2015, fecha en que iniciarán sus explotaciones en el proyecto Conga, para lo cual cuentan con la licencia respectiva para operar en la zona.

Pese a que la minera Yanacocha ejecutó su plan de negocios y programas de responsabilidad social empresarial ajustado a las normas y regulación del gobierno peruano, no podrá sustituirlo en la cobertura de atención básica que solicita la población asentada en la zona de influencia.

Cabe acotar que el Estado peruano -a través de sus diferentes niveles de gobierno- es el llamado a atender en sus solicitaciones básicas a poblaciones asentadas no solamente en zonas de influencia de proyectos mineros, sino en la totalidad de las cuencas del País. Si a este hecho, se le agrega la inadecuada gestión del gasto público en términos de carencia de capacidad de gasto y desatención de las justas demandas de la población para no ver reducida su calidad de vida afectada por la actividad extractiva ; podremos entonces estar situándonos ante una situación de franca oposición de todo lo que signifique la industria minera en los espacios comunes por disputas sobre los diversos usos y en particular del recurso agua.

En la actualidad existe un debate con visos de violencia sobre los eventuales pasivos ambientales en cuatro lagunas impactando a la población asentadas en trentiún caseríos , con mayor incidencia en Sorochuco y Huasmín en la provincia de Celendín y la Encañada provincia de Cajamarca.  

Se evidencia la carencia del programa de desarrollo sostenible por cuencas, al ver los impases subsistentes entre los inversionistas y la población, pese a que se cumplieron los protocolos establecidos por norma sectorial para dar pase a las actividades mineras en el proyecto Conga.
Javier Díaz Tacilia, dirigente del centro poblado de Combayo, señaló " que la actividad minera en la zona afecta a la cantidad del agua, pues algunas lagunas están por desaparecer y otras ya desaparecieron, esta situación se ha puesto de conocimiento a la empresa minera, pero no los escuchan", por ello iniciaron una protesta conjunta con varias comunidades.

La demandas sociales generaron disturbios pues ocho equipos pesados usados para el movimientos de tierras, de propiedad de un contratista de la minera Yanacocha, así como una retro excavadora, fueron quemados por un grupo de manifestantes.
Esta actitud violentista es inadmisible desde cualquier punto de vista y debemos invocar a las partes para que expongan sus diferencias y lleguen a un acuerdo razonable y armónico producto del diálogo.
En este contexto, el Estado peruano no puede soslayar su responsabilidad y debe trabajar con la implementación del programa de desarrollo sostenible por cuencas antes que se produscan los conflictos sociales y no lamentar hechos previsible que pudieron ser oportunamente atendidos.

Complejo Metalúrgico de La Oroya

El Complejo Metalúrgico de La Oroya fue operado por la Compañía Doe Run y cuyas operaciones se encuentran paralizadas desde mayo del año 2009.

Importantes medios de comunicación del país, como es el caso de El Comercio, dan cuenta que la minera Doe Run Perú estaría buscando una nueva ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 36 meses con la finalidad de implementar acciones que le permitan retomar sus operaciones en este Complejo Metalúrgico.

Según una nota de prensa difundida por la consultora de comunicaciones Llorente y Cuenca a nombre de los acreedores no vinculados de Doe Run Perú, esta constituiría la tercera ley de prórroga que el Estado le daría a Doe Run y la sexta ampliación en 14 años de operaciones de la minera.

Las firmas Renco Group Inc.  (propietario de Doe Run) y Doe Run Perú habían iniciado formalmente el 07 de Abril del 2011 un proceso de arbitraje contra el Estado peruano exigiéndole una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

A cambio de la ampliación del PAMA, Doe Run habría ofrecido al Gobierno suspender el proceso de arbitraje iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Asimismo, habría solicitado que el Estado Peruano sustituya al grupo Renco en los juicios iniciados en Estados Unidos en su contra por pobladores de La Oroya que piden ser indemnizados por la intoxicación con plomo a causa de las operaciones de Doe Run.

Este planteamiento no solo habría sido dado a conocer al Gobierno, sino también a los acreedores mineros que abastecían de concentrados a la fundición de Doe Run, pues a ellos la empresa les habría solicitado un crédito de seis meses que le permita seguir operando sus instalaciones, petición que no habrían aceptado.

Motilidad de la pobreza & Minería

Uno de los principales problemas que enfrentamos los investigadores sociales en Perú, es tener que lidiar con la carencia de una línea base que sustente científicamente a los programas sociales propuestos e implementados desde el gobierno de turno.

Lo antes mencionado está claramente registrado en  documentos  trabajados rigurosamente,uno de los cuales se presentó como “Elementos para una propuesta desde el Control Gubernamental”, producido en el año 2008 por la Contraloría General de la República.

El efecto que causa esta sumatoria de datos incompletos y dispersos , es el acumulado de incertidumbres en la medición de los indicadores para anotar la evolución de pobreza, pobreza extrema y la exclusión social. 
Sin embargo el principal impacto no inficiona solamente a las estadística e informática del país, si no que penetra y afecta negativamente a la misma calidad del gasto público.
Esta recurrente forma de actuar de las sucesivas administraciones del Estado, generan el debilitamiento de todo esfuerzo que apunte a una Planificación por objetivos y Presupuestos por Resultados.

Existe una relación directa entre la falta o inadecuada instalación de la plataforma de linea base con la calidad del gasto público; a medida que la línea base se debilita, también lo hace la calidad del gasto público.

En el año 2010, un grupo de investigadores sociales, con su referente Olga Andrade, realizando exaustivos ejercicios de reingeniería en las instituciones que tuvieron a su cargo a los programas sociales - aplicados históricamente hasta la fecha en el Perú - descubrieron una enorme brecha social generada por la motilidad de la pobreza.

Algunos podrán preguntarse  ¿ cómo es posible descubrir lo evidente? , pues el equipo lo hizo aplicando el método propuesto por Descartes en el fundamento que sustenta la evidencia como criterio de verdad, éste exige también que el conocimiento se retraiga a sus propios dominios y leyes, independientemente de lo que exista externamente a nuestra mente y su proceder. No hay posibilidad de experimentar una intuición sensible.
Esto no existe. Las ideas que provienen de la sensación son siempre oscuras y confusas, así como los niveles de pobreza que se propalan en el país.

En este contexto, la motilidad de la pobreza en Perú no ha sido valorada en su verdadera dimensión, de modo tal que organismos sistémicos de ámbito nacional que involucran al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no han logrado asentar su dinámica. 

Perú experimentó sucesos y eventos en el tiempo que impactaron la esencia de su sociedad, en diversas estructuras de los niveles nacional, regional y local.

Citaremos sólo cuatro de ellos entre el universo que no han podido ser suficientemente actualizados y por tanto, eximidos por los programas sociales que presentaron bajo cumplimiento en sus metas inicialmente previstas :

1. La vulnerabilidad asociada a la pobreza de poblaciones desplazadas post fenómenos naturales recurrentes históricamente como los denominados fenómeno de El niño y fenómeno de La niña.
2. El desplazamiento de poblados enteros por la guerra interna  sufrida desde la década de los ochenta y que generó profundas transformaciones en la sociedad.
3. La dinámica de miles de miembros de comunidades rurales que se desplazan  por las campañas agrícolas, se incluye a la población movilizadas en las cuencas cocaleras.
4. El despliegue de millares de familias por la fiebre del oro incentivados por los altos precios que viene alcanzando su cotización en el mercado internacional. 

Este hallazgo si bien no tiene el impacto generado por el neutrino respecto del fotón para la Física ; tiene para los académicos peruanos una importancia singular, pues abre opciones para ajustar criterios en la aplicación de modelos e indicadores para resolver el problema de la focalización del grado de pobreza o pobreza extrema producto de la realidad peruana.

La capacidad de movimiento que presentan  la pobreza, pobreza extrema y exclusión   para moverse espontánea e independientemente en respuesta temporaria de estímulos y condicionantes diversos, permiten el desplazamiento espontáneo de la población objetivo de los programas sociales, una vez que se neutraliza al mutar, reducir o desaparecer el agente social o estímulo generador que conecta el accionar de la administración pública a las necesidades de cada nicho ecológico.
Al suceder esto, los programas sociales entran en barrena , así como sus presupuestos, pues se enfrentarán a un colapso sistémico.
Es así que la población en pobreza extrema en Perú no esperan los tiempos empleados por la atención burocrática de la administración del Estado; se moviliza antes de perecer en un lugar determinado.
El surgimiento anual de un mil ciento diecinueve nuevos centros poblados menores de cien habitantes en el país explica en cierto modo esta dinámica. 
Por consiguiente, los espacios geosociales donde es aún inexistente la presencia del Estado o no es lo suficientemente contínua con la atención básica necesaria, son coyunturalmente servidos por la acción social de compañías del sector minero, energético, entre otras.
Sin embargo, este accionar se circunscribe en el ámbito de la zona de influencia de la actividad extractiva y deja el resto a la competencia del estado peruano en sus diferentes niveles de gestión.
En el periodo 2006-2010 el gobierno central transfirió diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho millones de nuevos soles (S/ 17,858 millones) a las regiones, las cuales presentaron problemas de capacidad de gasto en las administraciones de gobiernos regionales. Sin embargo, el aporte del canon minero, coadyuvó en reducir los niveles de pobreza,pobreza extrema y exclusión desde el nivel de referencia replanteado.
   

Según el Ministerio de Energía y Minas , esta suma se transfirieron a las regiones en este periodo.

El binomio Agricultura - zona rural, conjuga el escenario de lo anteriormente citado, por ello consideramos importante situar nuestro análisis en ese contexto.
El pasado 07 de Octubre del 2011, políticos peruanos convocaron a un Forum : "Visión del Agro peruano al 2021 : Plataforma de Consenso" , el cual se desarrolló en las instalaciones del Congreso de la República con multitudinaria presencia de gente vinculada al sector agrario.
El objetivo del evento fue construir un concenso sobre propuestas de desarrollo para la Agricultura con visión de largo plazo, a fin de aumentar la competitividad del sector que contribuya a la seguridad alimentaria,incremente empleo y mejore la distribución del ingreso en el sector rural, con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
De las exposiciones y conclusiones obtenidas del precitado evento, extraemos el hecho que subsisten las deficiencias históricas ya conocidas en los diagnósticos realizados y difundidos de la realidad de este sector: descapitalización del Agro, problemas de propiedad de la tierra, atomización de la producción, falta de competitividad, entre otros; asimismo, se mantiene las perspectivas del colapso de los sistemas de Planificación e información Agraria, así como en el tema de innovación y transferencia de tecnología por  falta de financiamiento.
Según esta visión del modelo vigente en el país, al continuar debilitándose el sistema de financiamiento y seguro agrario, se vuelve imperativo introducir sistemas de asociatividad y formalización agraria, fortalecer a las organizaciones de usuarios de riego, prepararse para el cambio climático y optar por mejorar las políticas de seguridad alimentaria y desarrollo rural como una tabla de salvación para mejorar la situación de los pobres focalizados en las zonas rurales del país.
A mayor abundamiento, podemos rescatar la propuesta hecha por algunos políticos para reducir los costos de fertilizantes y pesticidas de uso agrario, haciendo grandes volúmenes de compras a través del Estado, en suma  activar la acción empresarial del Estado y competir con la actividad privada para bajar los precios de los insumos agrarios coyunturalmente.
Dicho de otra manera, pero en estricto, lo antes descrito constituye la validación de parte de los  elementos que sustentan la ineficacia de los programas sociales en Perú.
Independientemente a que las políticas agrarias se mejoren o no en un futuro próximo, la migración de las poblaciones objetivo de los programas sociales focalizadas en su espacio geosocial es un hecho científico.

Javier Prado Blas _ Agua,exclusión & mineria

En el mundo entero el Agua dulce es un recurso muy sensible, en Perú no es la excepción. Es mas, constituye un recurso estratégico que en los últimos tiempos ha sido ligado con carencia de democracia y la exclusión social. Habiéndose inclusive generado la frase popular " sin agua potable no hay democracia".
El sector minero, con la minería responsable y como uno de los usuarios del recurso hídrico, participa de su manejo sostenible en territorio peruano. 
Uno de los componentes sustantivos en su manejo, viene a ser la gestión del agua para consumo humano por parte de las Empresas prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS).
Experiencias de asociación del sector privado a las EPS del país hay varias, algunas de ellas se desarrollaron en Arequipa y Cajamarca por citar dos casos en que funcionó la alianza público-privada en el tema del agua gestionado por empresas públicas municipales denominadas EPS. El gobierno central participa en la gestión de la EPS SEDAPAL (Atiende a la capital de la República - Lima) y en el caso de Tumbes es administrada por privados, pues la EPS fue dada en concesión.
Los resultados positivos son evidentes, ya que los servicios de saneamiento brindados por la EPS en las localidades con funcionamiento de alianzas público-privadas lograron importantes avances.

Sin embargo, en otras partes del país, como en el caso de Piura, no se pudo efectivizar programas de trabajo coordinados por las EPS con el componente privado , como es en el caso del sector minero responsable.

Episodios como el acontecido en Tambogrande - Piura, hizo replegar ese tipo de alianzas público - privadas entre EPS y sector minero regulado.

El resultado es la lamentable situación que se vive en localidades que no cuentan con un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado sanitario; y esto pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno Peruano, que en la pasada administración invirtió en los últimos cinco años - entre agosto de 2006 y julio de 2011-  la suma de cinco mil novecientos millones de nuevos soles en proyectos donde aplicó el modelo que prioriza la inversión pública sobre la privada para "coberturar" obras en infraestructura sanitaria.

Nuestra investigación publicada en el año 2008  sobre la Concesión de EPS de Tumbes y el Desarrollo Sostenible en el Sector Saneamiento ya daba cuenta de lo siguiente:

1. El modelo aplicado para el incremento de cobertura en la prestación de servicios, se sustenta necesariamente en el incremento de las tarifas y al no haber inversiones eficientes se reduce la capacidad de ampliar la cobertura.
2. El proceso de participación privada permite elevar los indicadores en la prestación de los servicios de saneamiento mejorando la gestión empresarial sin necesariamente elevar mayores niveles de inversiones
3. Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una  ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo.

El tiempo y los resultados de la actual situación del sector saneamiento en el País, corrobora lo antes indicado, que anticipa el efecto producido por el modelo aplicado - genera compartimentos estancos y una marcada división entre los sectores público y privado en saneamiento - lo cual inhibe la participacion de importantes capitales del sector privado - entre los que se encuentra el sector minero - en comparación a su intervención en otros servicios como transporte, telecomunicaciones, entre otros.
En este contexto, reiteramos la existencia de serias limitaciones en el modelo aplicado en este monopolio natural y que merecería una revisión por parte del actual gobierno peruano.

La primera, referida a la sostenibilidad de la inversión estatal. Ya que las tarifas actuales no garantizan que la infraestructura sea operada y mantenida adecuadamente. La segunda, tiene que ver con la deficiente gestión de las EPS. La tercera, se sustenta en la necesidad que tiene el Estado peruano de recuperar y fortalecer su función reguladora.

Para tener una idea de la gravedad del tema, podemos mencionar los casos de las EPS en Huancavelica, Moquegua y Pisco que tienen pérdidas superiores al cincuenta y cinco por ciento (55%) por agua no facturada.

Otro detalle a tomar en cuenta es que existen noventa localidades en 32 EPS de provincia, cuyo nivel de tratamiento de aguas residuales es cero por ciento (0%).
Es evidente el impacto que pueda suponerse en el ambiente y la salud humana, por la contaminación bacteriológica que generan los vertimientos de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno a los cursos de agua que posteriormente serán aprovechados en diversos usos. 

En este contexto, el premier Salomón Lerner Ghitis - durante el foro de la Cámara Peruano Británica - anunció que el Ejecutivo trabaja para que las empresas de agua y saneamiento de provincias se conviertan en empresas público-privadas “porque no es hora de seguir manteniendo a empresas que no dan buen servicio y no tienen rentabilidad”.

Explicó que con ese objetivo, el Gobierno Central y el Gobierno Regional de Piura llegaron a un acuerdo con el fin de establecer una alianza para que la EPS Grau de Piura se convierta en una empresa público-privada.
Asimismo, anotó que estos cambios son básicos para lograr la inclusión social.

Consideramos que el anuncio hecho por el representante del Ejecutivo constituye una buena señal que envía el gobierno a los actores sociales , reconociendo implícitamente la situación caótica -técnicamente quebradas - en que se encuentran gran parte de las EPS en provincias.
Hacemos votos para que se tomen las decisiones adecuadas a fin de revertir el estado de situación anteriormente descrito.

Ad portas del año 2012, el país cuenta con datos oficiales de saneamiento al año 2009 para las EPS, por lo que sólo es un estimado que aún el 24% de la población peruana no contaría con un servicio de agua potable con la calidad adecuada y el 44% no estaría conectado a ningún sistema de alcantarillado.

Para reducir la exclusión social existente en el extremo de la prestación del servicio básico de agua potable y alcantarillado es importante que la actual administración del Estado peruano tienda puentes para que la inversión privada coadyuve en los esfuerzos de alcanzar el orden de S/. 14 mil millones de nuevos soles que aún se requeriría para atender con servicios de saneamiento a la población peruana que aún carece de este servicio básico.

En ese orden de ideas, debemos considerar la necesidad de alcanzar la sostenibilidad de la infraestructura de saneamiento , lo que implica manejar adecuadamente el tema tarifario y mejorar la gestión de las EPS, para lo cual se debe fortalecer el marco regulatorio y utilizar las estrategias que han demostrado dar buenos resultados para un modelo gestado de la realidad nacional.

30 Edición de la Convención Minera

Cuando se inició la 30 Edición de la Convención Minera (Perumin),el lunes 12 de septiembre de 2011, la viceministra de Minas, Susana Vilca, anunciaba que el portafolio peruano de inversiones hasta el 2020 se había incrementado de US$42.500 millones a US$50.000 millones.

Estas afirmaciones fueron corroboradas por las empresas mineras que durante el desarrollo del encuentro indicaron que, pese a las condiciones del mercado externo y de los nuevos impuestos, continuarán con el desarrollo de sus proyectos.

Así, Sociedad Minera Cerro Verde, indicó que seguirá adelante con su proyecto de expansión, donde invertirá US$3.500 millones para triplicar la capacidad de la planta concentradora de 120 mil a 350 mil toneladas al día.

Por su parte, el representante de Antamina, señaló que la minera está desarrollando su proyecto de ampliación con US$1.300 millones de inversión, apuntando a que este empiece sus operaciones a fines de este año.

Asimismo,Hudbay Minerals manifestó que durante el segundo trimestre del 2012 iniciará la construcción de la mina de cobre Constancia -región Cusco- donde tiene previsto invertir US$1.000 millones

De igual forma , Minera Chinalco , informó que la mina cuprífera  de Toromocho     - Junín - iniciará su producción en octubre del 2013, pues en el mes de mayo se inició la construcción del proyecto con una inversión prevista de US$2.200 millones.

De otro lado, el 16 de septiembre - coincidentemente con la clausura del evento - se presentaron protestas antimineras por parte de un grupo de comuneros que nos indican el probable escenario en el cual se desarrollará el sector minero de cara al futuro; motivo por el cual se debe fortalecer el manejo de los temas relacionados a responsabilidad social, relaciones comunitarias y un adecuado nivel de comunicación para con la población, en estricto, los socios estratégicos del sector minero en Perú.   

Haciendo un balance de lo actuado, podemos concluir indicando que la Convención Minera en Perú se ha constituido en uno de los eventos más importantes de América latina.
Lo antes mencionado se sustenta no solamente por el movimiento económico que genera este tipo de certamen (el orden de los US$ 18 millones) ; también porque contribuye a dinamizar la cartera de inversiones en el marco de un constante proceso de innovación tecnológica que permite ubicar la minería peruana en el contexto mundial.

Leyes tributarias mineras

El Presidente de la República peruana, Ollanta Humala Tasso, promulgó en Palacio de Gobierno tres leyes tributarias mineras, las cuales permitirán al Estado contar con más recursos para ser invertidos  en obras de infraestructura en zonas de exclusión social  y las más pobres del país.

Promulgó la norma que modifica la Ley 28258 – Ley de Regalías Mineras, la Ley que establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería; y la Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería.

En la primera, se define a la regalía minera como la contraprestación económica que los sujetos a la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos metálicos y no metálicos.

En la segunda, que tiene el objeto de establecer el marco legal del Gravamen Especial a la Minería , considera que éste es un recurso público originario proveniente de la explotación de los recursos naturales no renovables.

En la tercera, se crea el impuesto especial a la minería gravando la utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera, provenientes de las ventas de los recursos minerales metálicos en el estado que se encuentren, así como la proveniente de los auto consumos y retiros no justificados de los referidos bienes.

Dada la trascendencia de las precitadas leyes tributarias aprobadas previamente por el Congreso de la República, es de particular importancia que haya la concordancia en los términos y definiciones en la normatividad de tal modo que no exista la posibilidad de interpretaciones auténticas en el futuro.  

Se tiene previsto que las sumas de dinero a ingresar a la Renta Nacional en razón de la aplicación de las precitadas leyes, será utilizada básicamente para obras de infraestructura en zonas de extrema pobreza en la lucha contra la exclusión social; lucha que impulsa el gobierno del presidente Humala.  

En ese esfuerzo, el pleno del Congreso de la República aprobó antes (22 / 08/2011) el dictamen que dispone crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que concentrará los principales programas sociales que ejecuta e implementa el Gobierno.
Hacemos votos para que la definición de exclusión social sea absolutamente clara, así como el espíritu que guíe dónde se aplique los fondos recabados del Gravamen Especial a la Minería  y contribución de otros sectores, de tal modo poder reducir la pobreza extrema y con ella disminuir los conflictos sociales, permitiendo el desarrollo de las inversiones previstas tanto nacionales como extranjeras en Perú.

Mineria & exclusión social

El sector minero en Perú viene haciendo lo suyo en los esfuerzos para tratar de reducir la pobreza en los espacios territoriales donde interviene, sin embargo poco o muy poco podría singularmente hacer éste para resolver problemas en escenarios que involucran a otras dimensiones sociales.

Algunas voces indican que en la forma de distribución del canon y regalías mineras está implícita una manera soterrada de excluir a algunas poblaciones del Perú, responsabilizando a la minería de generar estos desequilibrios. Sustentan su posición mencionando el hecho que algunas pocas regiones se atribuyen la mayor cantidad de fondos recabados por el precitado concepto y la gran mayoría, no participan equitativamente.
Sin embargo, estas mismas voces no dejan de reconocer en la minería, una oportunidad de ver una luz al final del tunel, ya que con las exploraciones minería no sólo se encuentran los nuevos yacimientos mineros, sino que con ellas se incorporan y logran atenderse - con el desarrollo de las etapas subsiguientes - a poblaciones excluidas en espacio y tiempo histórico. 
Pero este tema -como otros del ámbito social - es de especial responsabilidad del Estado peruano ; y en ese sentido, el pleno del Congreso de la República aprobó (22 / 08/2011) el dictamen que dispone crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que concentrará los principales programas sociales que ejecuta e implementa el Gobierno.

El dictamen establece que el nuevo ministerio es el organismo rector en materia de políticas de DESARROLLO  e INCLUSION  SOCIAL del Estado, encaminadas a reducir la POBREZA , las DESIGUALDADES , VULNERABILIDADES y RIESGOS SOCIALES.
El texto aprobado establece que el nuevo portafolio tendrá dos viceministerios: uno, de Políticas y Evaluación Social; y otro, de Prestaciones Sociales.
El dictamen, consensuado por las comisiones de Inclusión Social y Descentralización, contó con 61 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones.
La pregunta que subyace a las cifras de la votación, es ¿porqué exitió tanta oposición a la creación de este ministerio?.
Presentes en las instalaciones del Congreso de la República, pudimos analizar las distintas posiciones sobre el particular e intentaremos aproximarnos a lo que estaría ocurriendo.
A nuestro juicio, no es que no haya concenso en pensar que la exclusión es un desafio para el desarrollo del país, tampoco es que se restrinja dar atención prioritaria a las poblaciones en pobreza y pobreza extrema en el país.
Lo que estaría sucediendo es que estamos en el proceso de entendimiento, que la pobreza y la exclusión en el Perú tienen características singulares a otras latitudes del Planeta.
Tras décadas de recorrer el territorio nacional y contrastar las distintas realidades en los diferentes pisos altitudinales del país, estamos en condiciones de situar al hombre peruano y sus poblaciones nucleadas y dispersas bajo un símil de comportamiento con la variabilidad de la diversidad climática y la probada biodiversidad existente en Perú.
Es por ello que "en nuestro país se dan las múltiples condiciones y factores que dan lugar al universo de la exclusión social existente en el Planeta".

Estas expresiones podríamos graficarlas siguiendo la teoría de conjuntos y ver los traslapes de porciones de población excluidas en términos de intersecciones :



La intersección de los conjuntos excluidos es el espacio que debe ser prioritariamente atendido.



Es así que las colectividades de peruanos excluidos por : Territorio (espacial),género,étnico-cultural,intergeneracional,ética-moral,discapacidad y otros ; siguiendo las consideraciones antes mencionadas, se intersectan en espacios del territorio peruano, alli donde por las características sui géneris de motilidad, balance de masas, tiempo-respuesta, entre otras, que permitieron  la dinámica altamente conocida : el recurrente bajo cumplimiento de metas sociales previstas a alcanzar por los diferentes programas sociales en las sucesivas administraciones del gobierno peruano y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados sin presentar capacidades de sincronización, resiliencia, sintonía y mucho menos armonizada con las situaciones extremas por las que transitan las colectividades asistidas como probables beneficiarios de dichos programas.
Si sumamos a toda esta calificación un difuso registro de datos que escapan de las estadisticas frecuentemente utilizadas  y rescatamos información relevante, como el hecho que cada año surgen un mil ciento diecinueve nuevos centros poblados menores de cien habitantes en el país y trescientos veintidos mil peruanos cada año se incorporan a formar parte de la población económicamente activa con expectativas de inserción laboral; veremos entonces que nos encontramos frente a un impase subsistente al cual debemos encontrar una solución.
Resultados producto de investigaciones de la dinámica en los horizontes presentados por eventos sociales y económicos como el desplazamiento de poblaciones víctimas de la violencia o las bonanzas económicas de épocas pasadas del Guano de la Islas,caucho,pesca, y de la actual fiebre del  oro, nos permite reflexionar respecto a coberturas e inversiones : " Si la inversión -  no exclusivamente gasto social - no se mantiene y es acompañada con una inadecuada gestión pública, la cobertura no será sostenible ".
Tomando en cuenta el dominio de esta realidad y  al expresarlas objetivamente en indicadores que permitan visualizar el cumplimiento de metas previstas, podría ampliar la receptividad del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ajustándola a un modelo captado de la realidad nacional que lleve adelante una política de competitividad que favorezca a todo el sistema productivo peruano. 
En ese orden de ideas, queda como tarea pendiente adecuar lo actuado para que el pliego presupuestal constituido se adecúe a las necesidades del desarrollo humano en Perú, que tiene definido oficialmente lo que es inclusión Social pero que aún requiere definir en términos reales lo que entiende como  "exclusión social".

Seguidamente presentaremos una reseña de lo que sucedió con el concepto en el mundo : 
Evolución del Concepto Exclusión Social
La exclusión social es un concepto acuñado por la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de partes de su población.

El término- al difundirse fuera de Europa- suena impreciso para países situados en diferentes latitudes del planeta y por ello se esbozan diferentes definiciones en función de sus realidades.
Un intento por definir exclusión social se acerca a la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una participación social plena.
En estricto no existe un consenso sobre el significado del concepto de exclusión social.
En la amplia bibliografía existente sobre el tema se le dan contenidos muy diferentes dependiendo del enfoque que se use.

Naciones Unidas (2007) dice que: “Como concepto, es descrito de la manera más elocuente en la bibliografía como nebuloso, equívoco, polivalente y polimorfo.” El Banco Mundial, dice: “no existe una clara definición o indicadores definidos sobre la exclusión social”. La Organización Mundial de la Salud (2008), expresa que “ las definiciones del concepto de exclusión social se cuentan por decenas y sus puntos en común no pasan en realidad de algunas afirmaciones acerca de sus características dinámicas, multidimensionales y relacionales.

Hilary Silver (Una de las más destacadas proponentes del concepto de exclusión social), dice al respecto: “El término es vago, ambiguo y disputado en cuanto a su contenido, permitiendo así su aplicación acomodaticia y flexible en contextos muy variados al precio de su precisión conceptual.Las dificultades para definir la exclusión social la hacen difícil de medir.”
Émile Durkheim (Sociólogo y antropólogo francés) fue pionero de la siguiente reflexión : “Lo que aquí está en cuestión no es el tema de la pobreza, que de por sí no impide una fuerte cohesión e inclusión social, sino los factores que llevan a una ruptura del sentido de pertenencia a una determinada sociedad. No se trata de una perspectiva vertical o “clasista” –pobres-ricos, dominantes-dominados, burgueses-proletarios, señores-siervos, etc. – sino horizontal; no de un estar arriba o abajo en la estructura social sino adentro o afuera, incluido o excluido.
El concepto nunca logró implantarse en Estados Unidos ni tampoco en Asia, y su presencia ha sido limitada en África.
En América Latina, países como Uruguay, Brasil, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y México,abordaron la inclusión y el desarrollo humano a través de concentrar la dirección de las políticas y programas sociales bajo un sólo organismo, delegando en éste la función de ente planificador,coordinador y rector de estas políticas y Programas.
Perú se adhirió a este grupo de países aplicando un modelo similar a Chile y México. Perú define la "Inclusión Social" , como la incorporación económica,social,política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables a la comunidad nacional,con plenos derechos y acceso a los mercados,que requieren un esfuerzo público adicional a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en la pobreza,desigualdad,vulnerabilidades y riesgos.

En general, se puede decir que fuera de Europa el concepto de pobreza ha ganado el pulso que le entabló, hace ya un par de décadas, el de exclusión social.

Incluso en la Unión Europea , si bien se sigue hablando mucho de exclusión social de hecho se sigue pensando en y midiendo la pobreza, la privación y la vulnerabilidad.

Un hecho sintomático es que en el nuevo programa estrella de la Unión Europea , Europa 2020, la iniciativa emblemática respecto de la lucha contra la pobreza y la exclusión se llame simplemente Plataforma europea contra la pobreza.

Otro hecho que retrata el debilitamiento de la degradación de la posición de la Unidad para la Exclusión Social dentro del gobierno británico en mayo de 2002 para luego, en junio de 2006, ser transformada en un organismo de mucho menor peso y rango llamado Social Exclusión Task Force (SETF, “Fuerza Operativa para la Exclusión Social”) que finalmente desaparecería en Inglaterra.

La evolución anteriormente descrita permite acercarnos a las definiciones contemporáneas del concepto de exclusión social. En términos generales, las definiciones se mueven en un eje que va desde el sentido original francés del término, que se centra en la ruptura de lo que Durkheim llamaba lien social (“lazo social”) y que en sí mismo poco tiene que ver con la pobreza, a un sentido más inglés del concepto, en el que exclusión social se define como una suma de situaciones de privación o pobreza que se supone son, en sí mismas, componentes y causas de la exclusión.

Las diversas definiciones que la Unión Europea ha ido dando del término exclusión social hasta llegar a la actualmente usada, tal como fue presentada en el Informe conjunto sobre la inclusión social de 2003: “Exclusión social es un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación. Esto las aleja de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y actividades de las comunidades. Tienen poco acceso a los organismos de poder y decisión y, por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir el control de las decisiones que les afectan en su vida cotidiana.”

Junto a los estudios más teóricos sobre la exclusión social existen hoy una serie de intentos de investigarla y medirla empíricamente, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Hilary Silver realizó en 2007 una reseña muy útil de estos estudios empíricos que aquí servirá de base para describir sus resultados. Los estudios en cuestión usan ampliamente las fuentes de datos estadísticos disponibles, en particular aquellos reunidos por estudios longitudinales tipo panel, basados en una muestra de hogares e individuos que son seguidos durante una serie de años, permitiendo así captar la dinámica real del desarrollo social.
El estudio más importante a este respecto es el European Community Household Panel (ECHP), llevado a cabo entre 1994 y 2001. En este estudio se recopiló una amplia serie de datos longitudinales, lo que permite seguir en el tiempo las trayectorias de los individuos y hogares estudiados y, además, comparar los resultados obtenidos en diversos países.

Silver no dejan de sorprender y pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

• a. la correlación entre pobreza, en particular la pobreza crónica, y otros indicadores de privación y exclusión es escasamente significativa, señalando que se trata de fenómenos distintos;
• b. la correlación entre distintos indicadores de exclusión o ruptura social tampoco queda corroborada empíricamente;
• c. la existencia de procesos acumulativos de privación y exclusión parece ser un fenómeno muy poco común;
• d. la privación no es habitualmente múltiple sino que se trata de un solo factor; y
• e. no existe una base empírica para hablar de una underclass, es decir, un grupo considerable de personas permanente desaventajadas.

Este es el resumen que la propia Silver hace de su reseña : “… uno de los hallazgos más consistentes de los estudios sobre la exclusión es que ciertas facetas de la ruptura social no están asociadas con otras.

En suma, ni la multidimensionalidad, ni los procesos acumulativos, ni la privación múltiple, ni la coincidencia de la pobreza con la exclusión, ni la formación de una clase permanente de excluidos, nada de esto ha podido ser empíricamente comprobado.

Todo lo contrario, la evidencia indica que se trata de momentos en la vida de los individuos durante los cuales éstos se ven afectados por una u otra privación o falta de inclusión que no los condena a caer en un círculo vicioso de degradación y exclusión ni a formar parte de una especie de clase de marginados o excluidos. En suma, se trata de lo que ya sabíamos acerca de la pobreza en las sociedades modernas, es decir, que es mayoritariamente una situación temporal en el seno de sociedades constantemente cambiantes y con altos niveles de movilidad social, sociedades en las que, usando el clásico ejemplo de los Estados Unidos, la gran mayoría son pobres alguna vez pero sólo muy pocos lo son para siempre.

En todo caso, la existencia de bolsones de exclusión en Perú que hoy por hoy toman la forma de conglomerados urbanos producto de la migración del campo a la ciudad en la costa,sierra y selva del país,forma un objeto de estudio y atención pública de la más alta relevancia.
Por ello es pertinente que se siga trabajando y profundizando en el tema de la exclusión social, pero dotándose de un diagnóstico correcto de la “exclusión social ”, lo que requiere de herramientas de estudio y medición adecuadas para entender un fenómeno que escapa actualmente a nuestras estadísticas comunmente utilizadas.

Minería ilegal & explotación infantil

Como decíamos en nuestro comentario del 19 de Octubre del 2010 en este espacio, es necesario distinguir la naturaleza de minería informal de la condición de una minería ilegal focalizada en la extracción de Oro.

Precisábamos que detrás de la minería informal se oculta la minería ilegal, aquella asociada a los actos,ejercicios y acciones criminales para delinquir, allí donde actúan peligrosas mafias que generan no solamente problemas ambientales sino que básicamente explota a los recursos humanos que emplea.

Otro ejemplo de lo que decíamos entonces, es publicado el día de Hoy (18 09/2011) por el diario El Comercio en los siguientes términos:

MADRE DE DIOS.

 “Bienvenidos al video bar California”, se lee en la improvisada fachada de madera adornada de luces de neón. Más de 70 policías acaban de ingresar a este local ubicado a la altura del km 108 de la carretera Interoceánica, en el corazón de un campamento minero: les han informado que hay menores trabajando. Según Save The Children, se han identificado a 1.100 adolescentes explotadas sexualmente en la región. En todos los campamentos mineros siempre habrá un local como este, que parece cantina, pero que en realidad se dedica a la prostitución. La policía los llama, con razón, ‘prostibares’.

Es casi medianoche. Adentro del bar, la música se ha detenido, cuarenta mujeres (el maquillaje no logra ocultar sus rostros adolescentes) son separadas de los hombres con los que bailaban y tomaban, son acordonadas, les exigen sus DNI. Sobre las mesas de plástico los vasos de cerveza están llenos. El ambiente está cargado, el olor es repulsivo; afuera, dos policías tratan de explicar la causa: uno dice que es la cerveza que se vierte sobre la madera y que luego se seca con el sol y se abomba. El otro le rebate: no, son las heces y el sudor. “No tengo a la mano mi DNI, se lo ha llevado mi amiga, pero tengo 18, lo juro”, repiten adentro las chicas.

ORGANIZACIÓN MAFIOSA

California y Miss Sagitario son dos de los ‘prostibares’ más grandes y populares en los campamentos mineros. Están en todos lados, desde Huepetuhe hasta el km 103 de la Interoceánica (en plena zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata). En cada local trabajan entre 40 y 50 mujeres. “Funcionan como una franquicia, las dueñas y administradoras son casi siempre familiares”, asegura el coronel Miguel Fernando Navarrete, jefe de la región policial de Madre de Dios. Precisamente, inteligencia de esta institución ha identificado a las mujeres que están detrás de este negocio.

Según el reporte, las hermanas Sonia, Yolanda y Liliana Ayala Cabello dirigen el California. Las dos primeras tienen denuncias por secuestro y trata de personas. La policía asegura que en este local como en el resto siempre llegan menores de edad. “Casi siempre las adolescentes son traídas desde Cusco o Puno con engaños, para trabajar en tiendas o trabajos domésticos, pero luego terminan colocándolas en bares para ‘acompañar’ o prostituirse”, dice Hilda Calderón, psicóloga de Huarayo, una asociación que brinda albergue a las jóvenes rescatadas. Mientras más beba el cliente, mayor será la comisión.

La forma de captar a las menores es siempre la misma: por un aviso en el diario o por la visita de alguna mujer a su pueblo, una reclutadora. Ella ofrecerá pagarles los pasajes, buen trato laboral y sueldos de ensueño. Les enseñará qué decir si la policía las interviene en la carretera, dirán que viajan solas a visitar a un familiar. Una vez en el campamento, la administradora del bar les asignará una cama en un cuarto hacinado junto a otra decena de chicas, les pedirá su DNI y retendrá el equipo celular. Si la menor no acepta y se quiere ir, la administradora le dirá que le devuelva el dinero invertido en su traslado. Le cobrará dos o tres veces más. Al final, sin escapatoria, muchas adolescentes decidirán quedarse.

La trata de personas alcanza también a los niños. Hilda Calderón cuenta que los reclutadores les dicen a los padres que llevarán a sus hijos y que a cambio les darán buena educación. “Hemos recibido casos de niños de 8 y 9 años que eran explotados en los campamentos mineros”, denuncia.

Hasta la fecha solo 32 casos han sido llevados a la fiscalía penal de Mazuco, la capital del distrito de Inambari, limítrofe con Huepetuhe. Mucho menos son los casos judicializados y apenas tres las personas sentenciadas por trata en toda la región. Cuando Teresa Carpio, directora de Save the Children en el Perú, visitó los campamentos mineros la semana pasada, le sorprendió la indiferencia de las administradoras: “Ellas nos decían: ‘Por qué se alarman si la mayoría pasa por esto, nosotras ya hemos pasado por eso y ahora administro el local’”. La agresión es un círculo vicioso y repetitivo.

El hacinamiento, la promiscuidad y el alto consumo de licor han desencadenado otra bomba de tiempo: los distritos de Inambari y Huepetuhe tienen las tasas de VIH más altas de todo el país. “Pero nadie hace nada, de esto se habla un momento pero luego se olvida”, se queja Hilda Calderón.

FUTURO INCIERTO

“Esto es lo que nos queda por hacer, necesitamos la plata”, dice una de las jovencitas del California. Como las demás, ella jura que es mayor de edad y que una amiga –no precisa quién– se llevó su DNI. Durante la intervención al California y al Miss Sagitario la policía ha identificado a 20 menores. Todas serán llevadas a Puerto Maldonado. Allí, la fiscalía determinará si son trasladadas a un albergue o si volverán a la custodia de sus padres. “Por qué nos llevan, nos queremos quedar, qué hay de bueno en Puerto”, gritan.

Mientras esto ocurre dentro del bar, afuera, Margarita –ancashina que hace cinco años llegó a esta tierra “que parece el infierno”– observa sentada desde su pequeño banco la intervención policial. “Una intervención más”. Ya está acostumbrada. Ella alquila a los eventuales mineros una especie de cuartos de un metro cuadrado, separados por plásticos, donde solo cabe una cama. Su improvisado hostal se llama, vaya crueldad, Selva Alegre. Dice que solo aguanta los olores que emanan del bar del costado por el trabajo. Tiene 29 años (parecen más) y una hija de 8 por la que trabaja día y noche. “Quiero juntar dinero y largarme, no quiero que mi hija crezca aquí”. A la espalda de su negocio, el traqueteo de una bomba usada por la minería informal no deja de sonar.

LAS CIFRAS :

19,6 TONELADAS

Es la cantidad de oro que el año pasado se produjo en Madre de Dios, lo que representa el 12% de la producción nacional.

500 POLICÍAS

Tiene solamente Madre de Dios para atender los casos de minería ilegal, narcotráfico, tala, trata de personas y puestos de frontera en la región.